II. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

DECRETO 180/2001, de 28 de junio, por el que se regula el derecho de los consumidores y usuarios al presupuesto previo de los servicios que se les oferten.

La Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece en su artículo 3.º el derecho básico de los consumidores y usuarios a la protección de sus legítimos intereses económicos y, en desarrollo del mismo, el artículo 7.5 reconoce a los consumidores el derecho a un presupuesto previo escrito en la prestación de servicios, en la forma y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

Por otra parte, el presupuesto, como documento escrito previo a la contratación de un servicio, ha sido objeto de regulación por disposiciones de ámbito estatal para los servicios de reparación de aparatos de uso doméstico y los talleres de reparación de automóviles, y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para los servicios funerarios y la prestación de servicios a domicilio. La aplicación de esta normativa sectorial ha puesto de manifiesto la idoneidad del presupuesto previo y por escrito como instrumento para facilitar el conocimiento detallado del coste de los servicios ofertados que se desean contratar y para vincular dicho importe al que posteriormente debe ser facturado, sin olvidar otros elementos informativos como son el compromiso de ejecución del servicio en una fecha aproximada o el derecho a la garantía en los supuestos de reparaciones de bienes de naturaleza duradera.

En base a estos razonamientos, se pretende mediante el presente Decreto regular con carácter general la forma y requisitos del derecho al presupuesto previo escrito.

Este Decreto se dicta en el marco de las competencias de desarrollo normativo que la Comunidad de Castilla y León tiene asumidas en materia de defensa de los consumidores y usuarios en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, y Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero.

En la tramitación del procedimiento llevado a cabo para la aprobación del presente Decreto se ha dado audiencia al Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios y a los sectores afectados, habiendo emitido su informe preceptivo la Asesoría Jurídica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, oído el Consejo de Estado, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su reunión del día 28 de junio de 2001.

dispongo:

Artículo 1.º– El presente Decreto tiene por objeto establecer la regulación del derecho de los consumidores y usuarios al presupuesto previo en la prestación o contratación de servicios en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 2.º– Los consumidores y usuarios tendrán derecho a un presupuesto previo por escrito en toda prestación de servicios que se les oferte, cuyo precio se halle vinculado o condicionado a conceptos variables en función del concreto servicio o prestación solicitada.

Salvo renuncia expresada por escrito del usuario, previamente a la realización del servicio, deberá someterse a la firma del consumidor o usuario un presupuesto del servicio demandado.

La renuncia a la elaboración del presupuesto previo se hará constar de forma expresa en la orden de servicio, el resguardo de depósito o cualquier otro documento en el que conste el servicio contratado, mediante la frase «Renuncio al presupuesto previo», escrita de puño y letra por el cliente, seguida de su firma.

Artículo 3.º– El presupuesto será redactado, en todo caso, en castellano y contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Número de orden del presupuesto.

b) Nombre y apellidos, o denominación social, domicilio, número de identificación fiscal y teléfono del prestador del servicio. En el supuesto de que el prestador de servicio lo preste a través de un tercero, hará constar esta circunstancia.

c) Nombre y apellidos del consumidor o usuario y su domicilio.

d) Descripción detallada del servicio solicitado.

e) Importe total del servicio, desglosado en sus diferentes conceptos, impuestos incluidos, y la forma de pago.

f) Número del resguardo de depósito, en su caso.

g) Fecha aproximada de ejecución o conclusión del servicio.

h) Período de validez del presupuesto.

i) Período de duración y condiciones de la garantía del servicio, en el supuesto de reparación o arreglo de bienes de naturaleza duradera.

j) Fecha y firma del titular o empleado de la empresa prestadora del servicio.

k) Fecha y firma de la recepción del presupuesto por el usuario. A tal efecto, existirá una casilla en la que constará, en letras mayúsculas, la frase «Presupuesto recibido antes de la prestación del servicio», seguida de las expresiones «Fecha de recepción» y «Firma del cliente».

l) Fecha y firma de la aceptación del presupuesto por el usuario. A este fin existirá una casilla distinta de la anterior en la que constará, en letras mayúsculas, la frase «Acepto el presupuesto previo», seguida de las expresiones «Fecha de aceptación» y «Firma del cliente».

m) El texto informativo al que hace referencia el artículo 7.º del presente Decreto.

Artículo 4.º– En los presupuestos y en los carteles, anuncios o publicidad alusiva a los mismos queda prohibida la inclusión de cláusulas o condiciones que se opongan a lo establecido en este Decreto y, en general, las contrarias a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes que tengan la consideración de abusivas conforme a la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Las cláusulas y condiciones generales deberán redactarse en un tamaño de letra no inferior a 1,5 milímetros de altura.

Artículo 5.º– El presupuesto confeccionado tendrá una validez mínima de quince días hábiles, contados desde la fecha de recepción por el usuario.

Si el presupuesto elaborado no fuese aceptado por el consumidor, podrá cobrarse en concepto de coste por su confección una cantidad variable no superior al uno por ciento del importe total del servicio presupuestado, o bien una cantidad fija de tres euros (499,16 pesetas), siempre que se haya informado de esta circunstancia y de su coste mediante anuncio en lugar visible al público.

Una vez aceptado el presupuesto, toda modificación al mismo, cualquiera que sea la causa sobrevenida que la motive, deberá someterse por escrito al cliente para su aceptación o rechazo, indicándose el incremento del importe del servicio y las causas de la modificación del presupuesto inicial. En los presupuestos ya aceptados no cabrán modificaciones al alza motivadas por errores en las mediciones o valoraciones efectuadas por el prestador del servicio.

Los precios presupuestados para la prestación del servicio deberán corresponderse con las tarifas o precios anunciados previamente por el prestador del servicio. Igualmente, el importe consignado en la factura o justificante de pago se corresponderá con el presupuestado.

Artículo 6.º– El presupuesto constará de tres ejemplares idénticos. Uno será para el prestador del servicio, y los otros dos se entregarán al usuario, quien firmará los tres ejemplares en la casilla correspondiente a la recepción del presupuesto.

Cuando el usuario acepte el presupuesto, suscribirá los dos ejemplares recibidos en la casilla correspondiente a la aceptación del presupuesto y entregará uno de ellos al prestador del servicio.

Las modificaciones posteriores al presupuesto inicialmente aceptado se presentarán al usuario, para su aceptación o rechazo, mediante un presupuesto adicional formado por dos ejemplares idénticos, de los cuales uno se entregará al usuario y el otro se quedará en poder del prestador del servicio. Ambos ejemplares deberán suscribirse por las dos partes si existiese conformidad con la modificación. De lo contrario se entenderá que no se acepta el presupuesto adicional, el cual no podrá dar lugar al cobro de gastos de confección.

El prestador del servicio deberá conservar los ejemplares de los presupuestos iniciales y, en su caso, de los adicionales durante un plazo no inferior a seis meses, contados desde la fecha de recepción del presupuesto por el usuario.

Artículo 7.º– El presupuesto, como información al usuario, deberá contener el siguiente texto:

«Si el presupuesto no es aceptado podrá cobrarse en concepto de coste por su elaboración una cantidad no superior al uno por ciento del importe total del servicio presupuestado, o bien una cantidad fija de tres euros (499,16 pesetas).

Las modificaciones posteriores al presupuesto aceptado deberán someterse por escrito al cliente para su aceptación o rechazo. Este presupuesto adicional habrá de firmarse por ambas partes si existiese conformidad. No cabrán modificaciones al alza de los presupuestos ya aceptados motivadas por errores en las mediciones o valoraciones imputables al prestador del servicio.

El importe consignado en la factura o justificante de pago deberá corresponderse con el precio presupuestado del servicio.

El usuario tiene derecho a garantía del servicio prestado, en el supuesto de reparación o arreglo de bienes de naturaleza duradera».

Artículo 8.º– El incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en la presente disposición, se considerará infracción en materia de protección al consumidor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

Las infracciones a que se refiere el presente artículo se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 25 de la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, y serán sancionadas con multa de acuerdo con la graduación establecida en el artículo 27 de la misma.

disposición adicional

Las actividades de prestación de servicios con normativa específica reguladora del derecho al presupuesto previo se regirán por dicha normativa, sin perjuicio de la aplicación supletoria del presente Decreto.

disposiciones finales

Primera.– Se faculta al Consejero de Industria, Comercio y Turismo para dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias para el desarrollo de lo establecido en este Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Fuensaldaña (Valladolid), 28 de junio de 2001.

El Presidente de la Junta

de Castilla y León,

Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de Industria,

Comercio y Turismo,

Fdo.: José Luis González Vallvé