IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

ORDEN de 4 de julio de 2001, de la Consejería de Fomento, de aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora.

Visto el expediente relativo a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, promovido por el Ayuntamiento de Zamora, y teniendo en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.– El Término Municipal de Zamora se encuentra ordenado por un Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, de fecha 28 de julio de 1986, publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 1 de agosto de 1986. En el momento de la aprobación de este Plan General la legislación urbanística aplicable estaba constituida por el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y por los Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanísticos de 1978.

Durante los casi quice años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, han sido aprobadas diecisiete modificaciones del mismo, así como diversos instrumentos de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales y Estudios de Detalle). De particular importancia, tanto en sí mismo como por su influencia futura sobre el desarrollo urbanístico zamorano, resulta el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Zamora con fecha 4 de mayo de 2000.

Segundo.– Con fecha 13 de marzo de 1995, el Pleno del Ayuntamiento de Zamora acordó por mayoría absoluta aprobar el Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana vigente, abriendo un período de exposición al público para la presentación de sugerencias sobre el contenido de dicho Avance (anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 23 de marzo de 1995).

Tercero.– Una vez elaborado el documento completo de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, con fecha 27 de enero de 1999 el Pleno del Ayuntamiento de Zamora acordó por mayoría absoluta aprobar inicialmente esta Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, previos informes de los servicios municipales (técnico y jurídico), de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo, y de la Unidad de Carreteras del Estado.

Cuarto.– La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora ha sido sometida al preceptivo trámite de información pública, previa publicación de anuncios en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 25 de febrero de 1999, en el «Boletín Oficial de la Provincia» de 17 de febrero de 1999, en el periódico «La Opinión - El Correo de Zamora» de 17 de febrero de 1999 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Posteriormente, por acuerdo municipal de 24 de marzo de 1999 fue prorrogado el período de información pública hasta el 15 de abril de 1999, lo que fue anunciado al menos en el periódico «El Norte de Castilla» de 1 de abril de 1999. Según la documentación remitida, dentro del citado período de información pública fueron presentadas 181 alegaciones (más otras 7 fuera de plazo), que fueron informadas por el equipo redactor del Plan General, proponiendo la aceptación total de 59, la aceptación parcial de 49 y la desestimación del resto.

Quinto.– En relación con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, el Ayuntamiento ha solicitado los preceptivos informes de la Subdelegación del Gobierno, la Demarcación de Carreteras del Estado, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y Comisión Territorial de Urbanismo), la Diputación Provincial y el Registro de la Propiedad, siendo emitidos los siguientes:

– La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural emite informe favorable a la Revisión con fecha 27 de mayo de 1999.

– La Comisión Territorial de Urbanismo emite informe favorable a la Revisión mediante acuerdo de 6 de febrero de 2001.

– La Unidad en Zamora de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León occidental, con fecha 11 de enero de 2001 emitió su informe señalando en el marco de sus competencias una serie de precisiones que debían realizarse en el documento de Revisión.

Sexto.– El Pleno de la Corporación Municipal de Zamora, con fecha 23 de marzo de 2001, acordó por mayoría absoluta aprobar provisionalmente esta Revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, previos informes favorables de los servicios municipales (jurídico) y de la Comisión Informativa de Urbanismo.

En el documento aprobado provisionalmente se introducen, respecto del texto que fue objeto de aprobación inicial, una serie de modificaciones derivadas de la adaptación final de la Revisión a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, que fue aprobada durante la tramitación de la Revisión. En tal sentido se suprimen algunas instituciones inexistentes en el nuevo marco legal, como las áreas de reparto o el aprovechamiento tipo, se adaptan las denominaciones de las clases y categorías de suelo así como otros términos urbanísticos a las denominaciones previstas en el nuevo texto legal, y se adecuando los aprovechamientos en aquellas Unidades de Actuación respecto de las cuales se preveían inicialmente densidades superiores a las permitidas en el artículo 36 de la nueva Ley 5/1999 de Castilla y León.

Además, el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora aprobado provisionalmente también incorpora otras modificaciones respecto del texto aprobado inicialmente, derivadas de la estimación total de 59 de las alegaciones presentadas, de la estimación parcial de otras 49 de las alegaciones presentadas, del cumplimiento de las prescripciones contenidas en los informes de la Unidad de Carreteras del Estado y de las Comisiones Territoriales de Patrimonio Cultural y de Urbanismo, así como de otras circunstancias sobrevenidas durante la tramitación de la Revisión, en particular la delimitación de una Unidad de Actuación sobre los terrenos propiedad de la Diputación Provincial en la carretera de La Aldehuela, el ajuste de las alineaciones en la zona afectada por la apertura de una nueva vía pública entre las calles de la Vega y Dr. Fleming, y la adecuación de las determinaciones de la Unidad de Actuación N-16.

Séptimo.– El 3 de abril de 2001 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de Castilla y León el expediente administrativo, por triplicado ejemplar, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, para su aprobación definitiva.

Con fecha 13 de junio de 2001 se reunió la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León para el debate y posterior formulación de la correspondiente propuesta, con base en los informes técnico y jurídico del Servicio de Urbanismo. La Ponencia acordó elevar una propuesta de informe favorable a la aprobación definitiva de la Revisión, previa subsanación de una serie de deficiencias técnicas indicadas en dicha propuesta:

a) En las páginas 123 y 154 de la Memoria, así como en los artículos 200, 203 y 204 de las Normas Urbanísticas Específicas, se menciona la categoría de suelo rústico común, que sin embargo no aparece en los planos de la serie 1, entendiendo la Ponencia que debía resolverse esa contradicción o bien aclararse si se pretende que la regulación del suelo rústico común se aplique al suelo urbanizable no delimitado en tanto éste no sea objeto de desarrollo. En todo caso, debe quedar claro que la inexistencia de suelo rústico común es una opción ejercida por el Ayuntamiento de Zamora. Es cierto es que no sería posible la existencia de suelo rústico común sin que se acreditasen los valores que justificaran su exclusión del proceso urbanístico, según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, cuyo artículo 1 modifica la redacción del artículo 9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Reforma de Régimen del Suelo y Valoraciones, con carácter de legislación básica, suprimiendo la potestad municipal para clasificar como suelo no urbanizable los terrenos «inadecuados para un desarrollo urbano». Por su parte, el artículo 15 de la Ley 5/1999 de Castilla y León desarrolla esta norma básica estatal, y de hecho se produce un paralelismo expresivo entre su apartado d) y el inciso final del precepto estatal suprimido por el R.D.-L. 4/2000, que ha podido propiciar la interpretación de que existe una relación unívoca entre ambos artículos y que, suprimido el precepto estatal, su desarrollo autonómico queda sin base legal. Extendiendo el razonamiento, se ha dudado de la vigencia de la categoría de suelo rústico común prevista en el artículo 16.a) de la Ley 5/1999, que respondería de forma exclusiva al artículo 15.d) integrándose los «terrenos inadecuados para su urbanización» en el suelo rústico común de forma automática. Y recíprocamente, la categoría de suelo rústico común estaría constituida única y exclusivamente por dichos terrenos inadecuados para su urbanización. Por el contrario, cabe interpretar que el artículo 15.d) de la Ley 5/1999 de Castilla y León no se corresponde tan obviamente con el párrafo estatal suprimido.

El artículo 15 de la Ley 5/1999 desarrolla, es cierto, el artículo 9 de la Ley 6/1998; pero su análisis debe realizarse de forma conjunta, no párrafo a párrafo. En concreto el apartado d) del artículo 15 puede interpretarse como remate de su enunciado inicial, el cual señala que «tendrán la condición de suelo rústico los terrenos que deban ser preservados de su urbanización». Se indican a continuación varios casos concretos en los apartados a), b) y c), y el apartado d) deja abierta una reserva a su mayor concreción reglamentaria. Conforme a esta interpretación, el precepto autonómico mantendría su vigencia, ya que sólo estaría vedado uno de sus posibles desarrollos: El que admitiese la protección discrecional de terrenos que no poseyeran valores objetivos. Es más, cabe defender que una cláusula final abierta a la pormenorización reglamentaria resulta aconsejable como técnica normativa, cuando un precepto legal establece un listado de situaciones, que no puede ser exhaustivo a nivel de Ley. Por ello parece que mantiene su vigencia el artículo 15.d) de la Ley 5/1999 (y por extensión, la categoría de suelo rústico común prevista en el artículo 16.a). Pero aún puede añadirse un argumento más de fondo: Se trata del carácter del suelo rústico en la legislación de Castilla y León, que se aparta del carácter residual que mantenía el suelo no urbanizable en la legislación urbanística anterior. No se trata de un simple cambio de nombre. El suelo rústico en la Ley 5/1999 tiene un carácter reglado: Es el suelo que muestra valores que justifican su exclusión del proceso urbanizador. Es cierto que la Ley 6/1998 habilitó a los planificadores para incluir en el suelo no urbanizable los terrenos «inadecuados para un desarrollo urbano». Pero la Ley de Castilla y León simplemente no hizo uso de esa potestad, y en la misma el suelo rústico está formado por los terrenos que deben ser preservados de su urbanización por razones objetivas. Otra cosa es que la Ley ofrezca un amplio listado de dichas razones objetivas, y que deje abierta una cláusula de reserva para su ulterior pormenorización en el Reglamento. En cuanto al papel del suelo rústico común en la Ley de Castilla y León, o dicho de otra forma, a su diferencia con las demás categorías de suelo rústico, la respuesta es el grado o nivel de protección. Grado de protección que varía de unas categorías a otras según sus diferentes aptitudes, desde el más estricto del suelo rústico con protección natural, hasta el más ligero del suelo rústico común, donde la protección es compatible con muchas actividades humanas, sin perjuicio de que quede excluida su transformación urbanística. En conclusión, manteniendo su vigencia el apartado d) del artículo 15 de la Ley 5/1999 de Castilla y León (y con éste, el suelo rústico común previsto en el apartado a) del artículo 16 de la misma norma), no habría impedimento para que la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora clasifique terrenos en esta categoría de suelo, siempre que se acrediten en la Memoria de la Revisión las razones que objetivamente justifiquen su exclusión del proceso urbanizador. Pero al mismo tiempo, también resulta legítima la opción planteada de no incluir terreno alguno en dicha categoría, utilizando la regulación contenida en las Normas Urbanísticas Específicas simplemente como régimen aplicable al suelo urbanizable no delimitado, en tanto no sea éste desarrollado.

b) En la Revisión del Plan General de Zamora, la expresión «instrumentos de desarrollo en situación transitoria» se refiere a ciertos Planes Parciales en suelo urbanizable y Unidades de Ejecución en suelo urbano, aprobados según el Plan General vigente y en distintas fases de desarrollo. Estos instrumentos se citan y regulan en las páginas 104, 114, 120 y 161 de la Memoria y en los artículos 105 y 193 de las Normas Urbanísticas Específicas. La Ponencia entendió que debían unificarse y clarificarse dichas referencias, con remisión en todo caso a las Disposiciones Transitorias 6.ª, 7.ª y concordantes de la Ley 5/1999, y que asimismo debería elaborarse un listado de los citados instrumentos. Por último, al igual que constan en el plano 4.3 los sectores de suelo urbanizable en situación transitoria, también deberían constar en el plano 4.2 las unidades de ejecución (suelo urbano no consolidado) en la misma situación.

c) La Ponencia entendió que debía constar en la Revisión un cuadro general de las superficies resultantes en todo el término municipal, desglosando las distintas clases y categorías de suelo así como los sistemas generales de todo tipo, a modo de resumen de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y que al tiempo sirviera para justificar los estándares de espacios libres públicos y equipamientos exigidos por el artículo 41.c) de la Ley 5/1999.

d) Las referencias al Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Zamora se reparten de forma dispersa a lo largo de toda la documentación, especialmente en las Normas Urbanísticas. En este sentido, la Ponencia consideró necesario completar el apartado de la página 133 de la Memoria con otro específico donde se detalle con precisión el carácter prevalente o subsidiario de las determinaciones del Plan Especial y del Plan General referentes a la edificación, usos, condiciones estéticas, etc. Asimismo pareció conveniente incorporar a la documentación gráfica la delimitación tanto de este Plan Especial como la del Plan Especial de Protección de las Márgenes del Río Duero a su paso por Zamora, también vigente.

e) A efectos de lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 58.3 de la Ley 5/1999, se consideró necesario incorporar a la documentación un listado distinguiendo las determinaciones de los distintos documentos (escritos y gráficos) que se consideran de ordenación general y las que se consideran de ordenación detallada, si bien éstas últimas pueden definirse de forma residual.

f) En la Memoria de la Revisión del Plan General, la Ponencia entendió que debían corregirse algunos errores en sus páginas 3, 65 y 168. Asimismo, respecto del contenido de las Normas Urbanísticas se efectuaron una serie de precisiones en su mayor parte con carácter de recomendación, al tratarse de materias de competencia municipal, sobre los artículos 25, 29, 34, 40, 43, 62, 73, 76, 78 y 80. Por último, respecto del artículo 210 (usos y construcciones fuera de ordenación), dado que no se incluye una relación de los usos y construcciones que se declaren fuera de ordenación, sino una serie de situaciones o casos genéricos, la Ponencia entendió que el artículo no hace referencia a los usos y construcciones expresamente declarados fuera de ordenación, sino a los usos y construcciones disconformes con el planeamiento.

g) Las fichas de las Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado denominadas C-2, N-15, E-15 y E-16 debían completar sus determinaciones sobre aprovechamientos y cesiones, incorporando los convenios que les afectan en el caso de las unidades E-15 y E-16.

h) En cuanto a los planos, la Ponencia señaló varios errores que debían corregirse en los planos de ordenación, así como la ausencia en la documentación remitida de los planos de información expuestos al público en su día.

Octavo.– Con fecha 26 de junio de 2001, el Ayuntamiento de Zamora presentó la documentación necesaria para subsanar las deficiencias observadas en la Propuesta de la Ponencia Técnica: Ejemplares corregidos de la Memoria, las Normas Urbanísticas y los Planos de Ordenación, un certificado del secretario municipal sobre la exposición al público de los planos de información, y un documento de «Disposiciones Adicionales» con las precisiones citadas en los apartados b), c), d) y e) del Antecedente anterior.

Posteriormente, el Consejo de Urbanismo y Ordención del Territorio de Castilla y León, en su sesión de 27 de junio de 2001, estudió la citada propuesta de la Ponencia Técnica, así como la documentación presentada por el Ayuntamiento de Zamora con fecha 26 de junio de 2001 a fin de subsanar las deficiencias indicadas en la Propuesta de la Ponencia Técnica. Finalmente el Consejo acordó por unanimidad informar favorablemente la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, debiendo el Ayuntamiento elaborar un texto refundido que incorpore las modificaciones posteriores a la aprobación provisional, así como las correcciones derivadas de la subsanación de las deficiencias señaladas en la propuesta de la Ponencia Técnica, a efectos de su diligenciado y publicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I.– La aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de conformidad con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, corresponde al Consejero de Fomento dicha aprobación definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 136.2 de la citada Ley 5/1999 y en el Decreto 222/1999, de 5 de agosto, que establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento.

II.– La tramitación de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora se adecúa a lo establecido en los artículos 52 y 54 y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Cumpliendo dichos preceptos el Ayuntamiento de Zamora ha aprobado inicialmente la Revisión y la ha sometido a información pública insertando anuncios en prensa, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial de la Provincia», y asimismo ha solicitado los preceptivos informes de las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma, de la Diputación Provincial y del Registro de la Propiedad.

Como último trámite municipal, el Ayuntamiento de Zamora ha aprobado provisionalmente la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, introduciendo una serie de modificaciones respecto del texto aprobado inicialmente.

Una gran parte de estas modificaciones responden a la adaptación final de la Revisión a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, que fue aprobada estando en curso la tramitación de la Revisión del Plan General de Zamora. Estas modificaciones, en la medida en que se limitan a eliminar instituciones inexistentes en el nuevo marco legal, a adaptar diversos términos y denominaciones a los previstos en la nueva Ley, y a respetar los límites que en materia de densidad de población y edificación señala el artículo 36 de la norma legal (Antecedente Sexto), no pueden entenderse como modificaciones sustanciales que exijan un nuevo trámite de información pública, entre otras cosas porque al ser cambios obligados por la propia normativa, de nada servirían las posibles reclamaciones de quienes se sintieran perjudicados, puesto que las nuevas determinaciones resultarán inamovibles en tanto mantenga su vigencia la citada Ley 5/1999 de Castilla y León. En este sentido resulta de particular importancia el criterio municipal de que la reducción de aprovechamiento operada en determinadas Unidades de Actuación se haya limitado a rebajar el mismo hasta el tope máximo permitido en la Ley, con lo que la decisión municipal no se ha sustentado en criterio discrecional alguno, sino tan sólo en el respeto al marco legal aplicable en Castilla y León desde el 5 de mayo de 1999.

En cuanto al resto de las modificaciones introducidas en el documento de Revisión aprobado provisionalmente, derivadas de la estimación total o parcial de gran parte de las alegaciones presentadas, del cumplimiento de las prescripciones contenidas en el informe de la Unidad de Carreteras del Estado, así como de otras circunstancias sobrevenidas durante la tramitación (Antecedente Sexto), tampoco pueden considerarse de naturaleza tan sustancial como para exigir un nuevo trámite de información pública, habida cuenta de su carácter de detalle, y sobre todo del mantenimiento del modelo territorial propuesto para la ciudad y término municipal de Zamora, ya en el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana que fue objeto de aprobación inicial e información pública.

Ya en sede autonómica, corresponde al Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León informar al Consejero de Fomento sobre la procedencia de aprobar la Revisión propuesta, previa propuesta de resolución de la Ponencia Técnica de dicho Consejo, de conformidad con lo señalado en el artículo 137.2.b de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, y Decreto 145/2000, de 29 de junio, por el que se regula el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

III.– Los acuerdos de aprobación inicial y provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora han sido adoptados por el Pleno de la Corporación Local de conformidad con lo señalado en el artículo 22.1c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y aprobados con la mayoría establecida en el artículo 47.3 del mismo Texto Legal.

IV.– La Revisión del Plan General de Ordenación Urbaza de Zamora se encuentra completa en cuanto a su documentación y determinaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 41, 42 y 51 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y preceptos concordantes y aplicables del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio (según lo dispuesto en el Decreto 223/1999, de 5 de agosto).

En cuanto a la justificación de la conveniencia y necesidad de la Revisión, baste citar los casi quince años transcurridos desde la aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Zamora, así como el mandato expreso a los Municipios de Castilla y León con población superior a 20.000 habitantes, contenido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/1999, para que adapten su planeamiento general a dicha norma, antes de transcurridos cuatro años desde su entrada en vigor.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora elevada a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para su aprobación definitiva consta de los siguientes documentos técnicos:

Volumen I: Memoria.

En la Memoria de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora se encuentra la justificación de su conveniencia y oportunidad, incluyendo un historial del expediente desde la formulación del Avance.

Asimismo se contiene allí la información urbanística sobre la evolución histórica de la ciudad, el medio físico y el paisaje del término municipal, la relación de la ciudad con el contexto regional y el análisis del desarrollo del Plan General vigente.

Capítulo aparte merecen los objetivos y criterios de la Revisión, incluyendo los que se han mantenido válidos desde el Avance, los derivados de la nueva legislación y los específicos para el suelo urbano (definición de áreas homogéneas y otras determinaciones de ordenación detallada en suelo urbano consolidado, delimitación de unidades de actuación y determinación de su aprovechamiento en suelo urbano no consolidado), el suelo urbanizable (incidencia de la nueva legislación, delimitación de nuevos sectores y situación de los siete sectores con Plan Parcial aprobado y los dos sectores con Plan Parcial en tramitación) y el suelo rústico (donde se distinguen las categorías de suelo rústico con protección agropecuaria, suelo rústico con protección de infraestructuras, suelo rústico con protección cultural, suelo rústico con protección natural de interés paisajístico y suelo rústico con protección natural de interés medioambiental). En cuanto a la justificación del modelo territorial propuesto, la Memoria se refiere a sus antecedentes, a las infraestructuras con impacto territorial, a la estructura urbana, al sistema de espacios libres y a la política de suelo.

De forma complementaria la Memoria se refiere a los criterios para la determinación de los aprovechamientos urbanísticos asignados en las distintas clases de suelo, a los criterios para la definición de los Sistemas Generales (que se relacionan, distinguiendo los de nueva creación y cuantificando los correspondientes al Sistema General de Espacios Libres), y al resultado del trámite de información pública.

Anexo al Volumen I: Informe sobre alegaciones.

Como Anexo, El Volumen I incluye un informe sobre las 188 alegaciones presentadas durante el período de información pública. El informe incluye copia de las alegaciones, junto con el informe individualizado del equipo redactor que recomendó la estimación total de 59 alegaciones, la estimación parcial de 49 y la desestimación de 77, mientras que otras 3 fueron consideradas no procedentes.

Volumen II: Normas Urbanísticas.

Las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora se dividen en cuatro capítulos, dedicados sucesivamente a las Disposiciones Generales, a las Normas Urbanísticas Generales, a las Normas Urbanísticas Específicas y a los usos y construcciones fuera de ordenación. Las Normas Urbanísticas Generales incluyen normas de edificación, normas de urbanización, usos, condiciones estéticas y ordenanza arqueológica. Por su parte, las Normas Urbanísticas Específicas para el suelo urbano establecen doce ordenanzas para las distintas zonas, definiendo de manera pormenorizada usos y aprovechamientos; también se regulan las unidades de actuación en el suelo no consolidado y se fijan plazos para su desarrollo. En suelo urbanizable, las Normas Urbanísticas Específicas definen los sectores en suelo urbanizable delimitado y fijan las condiciones generales de superficie mínima y edificabilidad para el suelo urbanizable no delimitado. Por último, las Normas Urbanísticas Específicas en suelo rústico definen las categorías utilizadas (con protección agropecuaria, con protección de infraestructuras, con protección cultural y con protección natural de interés paisajístico y de interés medioambiental) y regulan sus usos y aprovechamientos.

Anexo I al Volumen II: Fichas de Unidades de Actuación.

El Volumen II incluye en un anexo las fichas de las 43 Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado (asimiladas a sectores). En este Anexo constan las cesiones para espacios libres y equipamientos, el listado de las Unidades de Actuación «en situación transitoria» (19), y fichas individualizadas de todas las Unidades citadas, donde se recoge su identificación, su superficie estimada, las propiedades catastrales incluidas y las condiciones vinculantes para su desarrollo: Edificabilidad y altura máxima, obligaciones y cargas, cesiones, ordenanzas de referencia, otras condicionies vinculantes, sistema de actuación (como referencia indicativa), aprovechamiento urbanístico correspondiente a los propietarios del suelo, y según los casos, localización de parcelas, viales, suelo libre de uso público y suelo destinado a equipamientos cuando dichos emplazamientos son vinculantes.

Anexo II al Volumen II: Fichas de Sectores de suelo urbanizable delimitado y Planes Especiales.

El segundo Anexo del Volumen II incluye las fichas individualizadas de los 25 sectores propuestos en suelo urbanizable delimitado y de los ámbitos que deben ser objeto de planeamiento especial (1), señalando la identificación del sector, con superficie orientativa y propiedades catastrales incluidas, y las condiciones vinculantes: Uso global asignado, aprovechamientos (detallando la densidad máxima de viviendas y, en su caso, el suelo de sistemas generales asignado), cargas urbanísticas del sector, determinaciones de estructura urbana, condiciones de las edificaciones y otras, señalando incluso la localización de parcelas, viales, suelo libre de uso público y suelo destinado a equipamientos cuando dichos emplazamientos son vinculantes. De forma complementaria se aportan una tabla justificativa de la asignación de aprovechamientos a los sectores y a los sistemas generales vinculados (8), una tabla resumen de asignación de suelo de sistemas generales (8), y un resumen de estimación del suelo urbanizable, cuantificando suelos por usos, número de viviendas, suelo de sistemas generales asignados y de sistemas locales.

Volumen III: Catálogo de Edificios y Conjuntos Protegidos.

El Catálogo detalla su objeto y ámbito, los criterios de catalogación y definición de niveles de protección, los criterios de intervención y tipos de obras, el listado de los edificios catalogados fuera de la delimitación del conjunto histórico artístico (6 edificios con protección de nivel 1, más 15 edificios con protección de nivel 2, y por último otros 24 edificios con protección de nivel 3), y las fichas individualizadas de los edificios catalogados, indicando su identificación, emplazamiento y referencia a planos de ordenación, el nivel de catalogación (nivel 1, nivel 2 o nivel 3), las características históricas y constructivas, uso actual y estado de conservación, las obligaciones de conservación y directrices de actuación, los usos propuestos, y las condiciones especiales de aprovechamiento y volumetría. Por último se incluyen fichas con la definición gráfica de los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural exteriores al conjunto histórico-artístico (5).

Volumen IV: Estudio económico-financiero.

El estudio analiza la capacidad inversora municipal y señala las estrategias y acciones del Plan, de acuerdo a lo previsto en la Memoria. Por último el listado de acciones indica de forma las necesidades detectadas y la propuesta del Plan General al respecto, el modo de obtención y, en su caso, financiación del suelo necesario, los organismos responsables de la ejecución de la acción, y una estimación de costes.

Planos de Ordenación, Serie 1: Clasificación del suelo.

Esta serie incluye un plano guía (1:50.000) y 12 planos (1:10.000), donde se recogen los terrenos clasificados como suelo rústico en sus diferentes categorías, y como suelo urbanizable no delimitado. Asimismo se señalan los nuevos trazados viarios propuestos con sus bandas de protección y los grandes equipamientos exteriores al suelo urbano y urbanizable delimitado.

Planos de Ordenación, Serie 2: Estructura Orgánica del Territorio.

Esta serie incluye un plano donde se recogen los siguientes Sistemas Generales a escala 1:5.000: Espacios Libres Públicos (14); Vías Públicas y Comunicaciones (red estructurante y red básica; Infraestructura de transportes (3); Equipamientos (7 de uso cultural, 10 de uso docente, 2 de uso sanitario, 7 de uso administrativo, 5 de uso deportivo y de recreo y 5 de otros usos); y Servicios Urbanos (2).

Planos de Ordenación, Serie 3: Ordenación.

Esta serie incluye 13 planos (1:2.000) con la ordenación de los terrenos de suelo urbano y suelo urbanizable delimitado. La ordenación detallada del suelo urbano consolidado comprende el señalamiento de alineaciones exteriores e interiores, espacios libres de uso público y dotaciones comunitarias, ordenanzas de edificación, alturas y edificabilidad. Para el suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable delimitado se indican los límites de los sectores y unidades de actuación y la referencia a su ficha específica. También se señalan Sistemas Generales, sectores y unidades de ejecución «en situación transitoria», elementos catalogados y áreas arqueológicas.

Planos de Ordenación, Serie 4: Gestión.

Esta serie comprende 3 planos a escala 1:5.000, los cuales delimitan 81 zonas homogéneas en suelo urbano consolidado, 43 sectores y unidades de actuación en suelo urbano no consolidado, así como los 25 sectores en suelo urbanizable delimitado, con 8 sistemas generales asignados.

Planos de Ordenación, Serie 5: Infraestructuras.

Comprende 3 planos (1:5.000) relativos a la red eléctrica, con las subestaciones, centros de transformación y líneas aéreas de alta tensión, la red de abastecimiento de agua, con captación, depósito, circuitos y ramales principales, y la red de saneamiento y depuración, definiendo colectores de márgenes y red principal y secundaria.

VISTA la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, así como la normativa de desarrollo y demás disposiciones concordantes en la materia, de general y pertinente aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Fomento HA RESUELTO:

Aprobar definitivamente la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Zamora, debiendo el Ayuntamiento elaborar un Texto Refundido que incorpore las modificaciones posteriores a la aprobación provisional, así como las correcciones derivadas de la subsanación de las deficiencias señaladas en la propuesta de la Ponencia Técnica del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, a efectos de su diligenciado y publicación.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa de conformidad con lo establecido en el Art. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el Art. 41.2b) de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1988, de 21 de julio, podrá interponerse recurso administrativo de reposición o recurso contencioso-administrativo. El recurso de reposición se interpondrá ante el mismo Órgano que dicto el acto impugnado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, según lo establecido en los Arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, y no se podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que no se haya resuelto, de forma expresa o presunta, el recurso administrativo. El recurso contencioso-administrativo se interpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en los Arts. 10, 14.1 y 46, respectivamente, de la citada Ley 29/1998.

Zamora, 4 de julio de 2001.

El Consejero,

Fdo.: José Manuel Fernández Santiago