IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

CONSEJERÍA DE FOMENTO

DECRETO 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y entorno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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MARCO NORMATIVO

La Comunidad Autónoma de Castilla y León tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, conforme al artículo 32.1.2.º del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, y modificado por Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero. En ejercicio de esta atribución ha sido promulgada la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, con el objeto de establecer los principios y los objetivos de la ordenación del territorio en la Comunidad Autónoma, así como de regular los instrumentos necesarios para que la Junta de Castilla y León ejerza su competencia en esta materia.

La Exposición de Motivos de la Ley 10/1998 acude a la «Carta Europea de la Ordenación del Territorio» para definir esta disciplina como «la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad». Al mismo tiempo una ciencia, una política y una técnica administrativa, la ordenación del territorio utiliza como instrumento la organización física del espacio para perseguir sus objetivos: El desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible, la mejora de la calidad de vida de la población mediante su acceso a los servicios e infraestructuras públicos y al patrimonio natural y cultural, y la gestión responsable del medio ambiente, de forma compatible con la satisfacción de las necesidades de recursos y con el respeto a las peculiaridades locales.

Asumiendo la Comunidad Autónoma estos objetivos, el contenido esencial de la Ley 10/1998 es la articulación de un sistema de instrumentos de ordenación del territorio, cuyo sentido y cuya finalidad es contribuir a solucionar las insuficiencias de los sistemas de planificación urbanística y sectorial ya existentes, en especial en cuanto al tratamiento de los problemas de ámbito supramunicipal y a la adecuada coordinación de las actuaciones sectoriales con incidencia territorial.

Dentro de este nuevo sistema de planificación, ocupa un lugar central la figura denominada «Directrices de Ordenación de ámbito subregional». La Ley 10/1998 la concibe como el instrumento destinado a la planificación de las áreas de la Comunidad que precisen una consideración conjunta e integrada de sus problemas territoriales, en especial en cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamientos, y en su artículo 14 le encomienda las siguientes funciones:

a) Proponer un modelo flexible para la utilización racional del territorio, que optimice sus aptitudes para la localización de actividades susceptibles de propiciar su desarrollo equilibrado y sostenible.

b) Establecer mecanismos de coordinación que permitan una gestión responsable de los recursos, de forma compatible con la protección del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades sociales.

c) Definir un marco de referencia, orientación y compatibilización para los planes, programas de actuación y proyectos, tanto sectoriales como locales, con incidencia sobre su ámbito, en especial para los planes de ordenación urbanística y demás actuaciones de las Administraciones públicas.

d) Concretar la ordenación urbanística de los Municipios sin plan de ordenación propio, clasificando el suelo según lo previsto en la legislación urbanística, y estableciendo cuando sea necesario la normativa sobre uso del suelo.

En cuanto a su contenido, el artículo 17 de la Ley 10/1998 aporta una lista de determinaciones, pero señala que la misma tendrá «carácter enunciativo y no limitativo, por lo que las Directrices de Ordenación de ámbito subregional podrán contener las determinaciones que resulten coherentes con sus propios objetivos y funciones». Por otro lado, el artículo 16.2 del mismo texto legal señala que «la aprobación de las Directrices de Ordenación de ámbito subregional comportará la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para la ejecución de sus determinaciones, a efectos de su expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres». Es esta una norma clave para favorecer, en los términos de la propia Ley, la compatibilidad entre los procesos de desarrollo del sistema productivo y de la urbanización, por un lado, y la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, por otro.

Por último, el artículo 6 de la Ley 10/1998 impone que todas las determinaciones de las Directrices expresen en cada caso su grado de aplicación:

a) Determinaciones de aplicación plena, que serán vinculantes y por tanto podrán eventualmente modificar los planes, programas y proyectos vigentes (cambios que deben constar de forma expresa en las Directrices para mayor seguridad jurídica, según exige el artículo 17.1.j).

b) Determinaciones de aplicación básica, que serán vinculantes en cuanto a sus fines, correspondiendo a las Administraciones competentes en cada caso establecer y aplicar las medidas concretas para su consecución.

c) Determinaciones de aplicación orientativa, que tendrán carácter de recomendaciones dirigidas a las Administraciones públicas.

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CONVENIENCIA Y NECESIDAD

La reciente aparición en España de instrumentos de ordenación de ámbito supramunicipal es fruto no sólo del acreditado interés por la conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural, sino también del reconocimiento creciente de la necesidad de coordinar las políticas sectoriales y las actuaciones concretas que afectan al territorio. La sociedad aspira a interpretar el territorio globalmente, con una visión amplia dirigida por un afán de progreso que valora las interacciones que tienen lugar en el espacio físico. Aquí está el centro de la idea de sostenibilidad.

En Castilla y León, la elaboración de instrumentos de ordenación territorial en el sentido moderno del término no se plantea hasta 1995. Tan sólo un reducido número de experiencias pueden considerarse como precedentes, siendo llamativo que Valladolid concentre dos, el Plan General de Ordenación Comarcal de 1969-70 y el Esquema Comarcal de 1982. Este retraso respecto de otras regiones europeas y españolas se justificaba por la aparente ausencia de conflictos territoriales, en el sentido de competencia entre diferentes actividades por el uso del suelo, amortiguada aquí por la baja densidad de población, la atonía económica y una topografía favorable.

En contraste con esta idea, en los años noventa surge en Valladolid una demanda de planificación coordinada de la ciudad y su entorno. Puede decirse que se ha llegado aquí a un consenso social, auspiciado por la reciente Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, sobre la conveniencia de dar un tratamiento conjunto a los problemas de ámbito supramunicipal, que a menudo degeneran en conflictos mal resueltos por los planes urbanísticos y sectoriales. Se trata de un diagnóstico común para muchas otras áreas del mundo desarrollado, allí donde coinciden niveles suficientemente elevados de dinamismo económico, densidad de población y fragmentación administrativa. También es hoy general el debilitamiento de los límites y el aumento de las relaciones entre las ciudades y su entorno, tendencias ligadas a la enorme difusión de los usos residenciales y productivos, mucho más rápida que su crecimiento cuantitativo, y al paralelo aumento de la movilidad y de las necesidades de servicios urbanos.

En las últimas décadas, la ciudad de Valladolid se ha consolidado como el núcleo más importante de Castilla y León. A su importante base industrial y a su potencial como ciudad de servicios, a su notable tamaño demográfico y a su rango de capital regional, se añade su posición estratégica en el encuentro del eje diagonal que comunica Francia y Portugal y del haz de comunicaciones radiales que se dirige desde Madrid al norte y al noroeste peninsular, haciendo del entorno de Valladolid una de las áreas urbanas más dinámicas del norte de España. En la actualidad, el área urbana de Valladolid alcanza una gran entidad territorial. Sin perjuicio de otros criterios geográficos, puede considerarse como «área metropolitana en formación». En este área se observa una tendencia firme a la difusión de las actividades urbanas en los Municipios de su entorno. Es un fenómeno reciente; basta observar la evolución de estos Municipios periurbanos para comprobar que hasta no hace mucho todavía perdían población. Pero a pesar de su novedad este proceso induce ya conflictos de competencia entre Municipios: La creciente movilidad de personas y actividades desata una lucha por atraer ciertos usos y ciertos residentes, y por evitar la instalación de otros; una lucha también en relación con las infraestructuras existentes, y más aún con las futuras o posibles. Como resultado, la falta de eficiencia del sistema urbano para distribuir espontáneamente los usos sobre el territorio constituye un pesado lastre sobre el desarrollo económico y social de Valladolid.

Otro fenómeno de gran trascendencia en el entorno de Valladolid es la acumulación de presiones urbanísticas sobre los recursos naturales, sobre todo respecto de las áreas de mayor valor ambiental o paisajístico. El entorno de Valladolid es un territorio de confluencia entre ríos, un espacio con relativa abundancia de agua y de vegetación en el contexto regional. Pero un territorio, también, de frágil equilibrio entre el medio natural y los más rentables usos urbanos.

En todo caso, la conclusión es la realidad del funcionamiento conjunto de Valladolid y de su entorno. Por ello resulta conveniente y necesario un instrumento director de planificación espacial, con escala comarcal o metropolitana: Para aprovechar las potencialidades locales, para establecer sinergias y para coordinar la inversión en infraestructuras que mejoren las condiciones del sistema urbano. Este instrumento se concibe como una directriz de ordenación territorial de escala subregional: Su ámbito es una parte de la región, urbanizada en diferentes grados y dependiente de una ciudad central, Valladolid. En términos geográficos, una aglomeración urbana en expansión espacial.

Con base en tales consideraciones fue enunciado el mandato de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de Castilla y León: «En el plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta Ley, la Consejería competente en materia de ordenación del territorio deberá elaborar la documentación necesaria para iniciar, conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18, el procedimiento de aprobación de Directrices de Ordenación de ámbito subregional sobre todo el territorio de la Comunidad. A tal efecto se entenderán como ámbitos preferentes la provincia y en especial los entornos de sus capitales, de forma que se asegure la existencia de una ordenación territorial de nivel subregional que oriente a la planificación sectorial y urbanística ...».

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno surgen del compromiso asumido por la Junta de Castilla y León en 1995, a raíz de varios contactos con responsables municipales que solicitaron de la Administración regional un papel mediador en los conflictos supramunicipales vinculados al uso del suelo. También varias instituciones de la sociedad civil (Cámara de Comercio, colegios profesionales...) habían reclamado el arbitrio de cauces institucionales para la resolución ordenada de estos conflictos, entendiendo que constituían un claro perjuicio para la imagen y el desarrollo de Valladolid.

En respuesta a dicho compromiso, en 1996 se adjudicaron los necesarios trabajos técnicos al Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid, señalando como primera fase la definición de la metodología y del ámbito de ordenación. Además las Directrices se abordaron con un mandato explícito de evitar un modelo territorial «impuesto desde arriba», y de fomentar la mayor participación social. Por esta razón, ya entonces el estudio del territorio se simultaneó con tres iniciativas de participación:

En primer lugar, se realizaron 24 entrevistas con una selección de representantes políticos, empresariales y sindicales, a fin de conocer su opinión sobre las prioridades de la ordenación del territorio comarcal. De las respuestas obtenidas pueden extraerse algunas conclusiones de interés:

– Los instrumentos de ordenación del territorio parecen sin duda necesarios, en la medida en que sean capaces de armonizar y compatibilizar los planes y programas con influencia sobre el territorio.

–  Cualquier acción de ámbito supramunicipal deber respetar la autonomía municipal: Se trata de ofrecer instrumentos y reglas que garanticen transparencia y racionalidad en la toma de decisiones.

– La mejora de la calidad de las infraestructuras y de los equipamientos territoriales o locales debe estar entre los principales objetivos.

– Es necesario tener en cuenta el frágil potencial interno de desarrollo económico de Valladolid, y consolidar su condición de capital regional.

La segunda iniciativa consistió en remitir un «cuestionario de participación institucional» a los 63 Municipios incluidos en la propuesta inicial de «Área Funcional de Valladolid». 44 de ellos respondieron el cuestionario, y con sus opiniones pueden confirmarse las conclusiones citadas más arriba, y además las siguientes:

– Los principales problemas a escala local son la escasez de puestos de trabajo y el declive de las actividades económicas, pero también el deterioro monumental y paisajístico y los problemas de tráfico y transporte.

– A nivel comarcal, se destacan los problemas económicos, pero también preocupan las dotaciones, servicios y equipamientos. Es decir, ambas cuestiones, economía y dotaciones, se piensan a nivel comarcal.

– El planeamiento urbanístico vigente, en general de reciente elaboración, se valora en un alto porcentaje como bueno, si bien para la mayoría «no define un modelo de ciudad atractivo y consensuado».

Por fin, esta participación previa se completó el 26 de febrero de 1997 con un encuentro con los representantes municipales en la Diputación Provincial. Allí se presentó el trabajo a partir de sus objetivos iniciales, y los asistentes formularon diversas sugerencias, de las que pudieron extraerse también algunas conclusiones:

–  El consenso general en la necesidad de introducir orden en los a menudo conflictivos procesos urbanísticos del entorno de Valladolid, para lo que resulta adecuado el instrumento planteado por la Junta de Castilla y León.

–  El rechazo a la creación de una nueva entidad administrativa, sea «área metropolitana» o cualquier otra denominación, prefiriéndose por el contrario el uso de los cauces institucionales existentes.

– La existencia de numerosos conflictos de intereses activos, así como de recelos entre distintas Administraciones públicas, en particular desde los Ayuntamientos del entorno hacia la capital.

La primera fase del trabajo concluyó con la presentación del «Inventario Territorial», un completo análisis de los medios físico, socioeconómico, territorial y urbanístico del entorno de Valladolid, y con la propuesta para delimitar el ámbito de ordenación, a partir de los datos sobre los problemas urbanos y territoriales, y en particular sobre la extensión de los fenómenos de periurbanización: Se abandonó el área inicialmente prevista, que incluía numerosos Municipios rurales, por un ámbito limitado a 23 Municipios situados en las dos primeras coronas que circundan la capital, con una superficie en torno a los 1.000 km2:

1.– Cigales, Santovenia de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga, Fuensaldaña y Mucientes, por el valle del Pisuerga hacia el norte.

2.–  Renedo de Esgueva, Castronuevo de Esgueva, La Cistérniga y Tudela de Duero hacia el este, por los valles del Duero y la Esgueva.

3.–  Laguna de Duero, Boecillo, Aldeamayor de San Martín, Viana de Cega, La Pedraja de Portillo, Valdestillas y Villanueva de Duero, hacia el sur (Tierra de Pinares).

4.–  Simancas, Arroyo de la Encomienda, Geria, Ciguñuela, Zaratán y Villanubla hacia el oeste, al otro lado del Pisuerga.

De la documentación presentada se extrajo una «Síntesis divulgativa» de la que se distribuyeron más de 60 ejemplares en junio de 1997 entre los Municipios afectados e instituciones más relevantes (Consejerías de la Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamientos, Delegación del Gobierno, C.H.D., etc.). Para conocer las reacciones a la misma se convocó otra reunión con los Ayuntamientos, que tuvo lugar de nuevo en la Diputación, el 30 de junio de 1997. Esta reunión tuvo un mayor carácter institucional, y se caracterizó por una mayor abundancia de toma de posiciones, en torno a los aspectos de mayor interés:

– Los problemas derivados de la competencia por la captación de residentes y actividades económicas entre la capital y los Municipios del entorno, donde la Junta de Castilla y León debe asumir un papel mediador.

–  La evidencia de que, a efectos funcionales, el conjunto constituye una sóla área urbana, que reclama soluciones comunes para los problemas comunes, en particular la dotación de infraestructuras y servicios.

–  El papel de las Mancomunidades, como solución parcial aunque no del todo satisfactoria, tanto por su limitación territorial como por su sectorialidad.

Para mejorar la permeabilidad de las Directrices a las visiones sectoriales, se desarrollaron en octubre de 1997 varias reuniones de expertos. La primera reunión, sobre «paisaje, desarrollo urbano y protección del medio natural», estaba enfocada a identificar los espacios a proteger y las modalidades que debe adoptar dicha protección. Dos primeros criterios compartidos fueron la evidencia de que el cumplimiento de la legislación vigente produciría una mejora de la calidad ambiental, y la necesidad de proteger los espacios valiosos que aún existen, buscando su protección homogénea con independencia de los límites administrativos y su conexión para favorecer la circulación de la fauna. A partir de ahí se analizaron las distintos grados de protección para los bosques de ribera, las masas de encinares, robledales y pinares, así como a las cuestas y páramos y a las zonas de agricultura en regadío, cuyo valor actual se entiende más cercano a lo cultural y paisajístico que a los aspectos meramente económicos.

La segunda reunión, dedicada a los «problemas del sistema urbano», analizó problemas como la fragilidad de la base económica de Valladolid, la escasa identificación de los residentes con el territorio circundante, la ineficiencia del sistema global de transporte frente a la veloz periurbanización, y las opciones de desarrollo urbanístico futuro para el conjunto del área. Preocupan en este sentido las dificultades para evitar las infracciones urbanísticas de pequeña escala, y en el otro extremo la concentración del suelo urbanizable en muy pocas manos, lo que genera en conjunto un escenario de oligopolio para las grandes actuaciones legales, frente al que la reacción espontánea de ciertos sectores sociales es la autoconstrucción marginal.

Una última reunión, a la que acudieron representantes técnicos de las Administraciones involucradas, analizó la situación de las Directrices en el contexto normativo marcado por la entonces reciente anulación de la Ley del Suelo por el Tribunal Constitucional y las iniciativas del gobierno regional al respecto. También se estudió un guión de contendidos de la segunda fase del trabajo, centrándose la discusión en la relación futura de las Directrices con el planeamiento municipal. De este tipo de análisis fue surgiendo la idea del sistema de «vinculación flexible» que finalmente recogería la Ley 10/1998, entonces en anteproyecto.

A partir de los datos obtenidos en el inventario territorial y el diagnóstico, junto con los resultados obtenidos de las diferentes iniciativas de participación, se preparó entre noviembre de 1997 y marzo de 1998 el documento de «Avance de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno» que respondía al contrato suscrito entre el Instituto de Urbanística y la Junta de Castilla y León.

En ese momento se valoraron las opciones para continuar avanzando. La tramitación administrativa de las Directrices no resultaba posible ya que el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, aprobado por la Junta de Castilla y León en diciembre de 1997, se encontraba en tramitación parlamentaria. Por tanto se disponía de al menos un año para la difusión de las Directrices y el debate público en torno a las mismas. Por esta razón se realizaron entre los meses de marzo y abril de 1998 una serie de reuniones explicativas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, en las que se convocó a los Municipios afectados formando cinco grupos (norte, sur, este y oeste, más la propia capital), que además comparten características y problemas de ámbito subcomarcal. En dichas reuniones se expuso el contenido del trabajo realizado y las repercusiones que podría tener una vez aprobado, y se atendieron las dudas suscitadas relacionadas tanto con sus conclusiones globales como respecto del tratamiento particular a cada uno de los Municipios.

Asimismo se decidió la edición de un libro comprensivo no sólo de las conclusiones y propuestas más importantes del trabajo, sino destinado a contener, aún de forma resumida, gran parte del materia elaborado como análisis y diagnóstico de la situación del ámbito. El objetivo no era otro que ofrecer a la sociedad vallisoletana el resultado de dos años de trabajo, de forma que cuando menos fuese útil como análisis y diagnóstico de la situación actual, y como formulación de propuestas para la reflexión colectiva. La preparación del libro consumió el resto del año 1998, dada la complejidad del contenido deseado, en particular en cuanto a la calidad de la cartografía, ya que se pretendía que al abordarse la información pública de las Directrices, el libro editado sirviese como medio de consulta detallada del documento.

El libro titulado «DOTVAENT: Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno» estaba dividido en seis grandes capítulos: Una reflexión previa, un comentario sobre el enfoque metodológico, una síntesis del inventario territorial y otra del correspondiente diagnóstico, las denominadas «hipótesis generales de ordenación» que incluyen la propuesta de modelo territorial, y por último la propuesta de Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno propiamente dichas.

a) Reflexión previa: El documento se abría con un capítulo denominado «La ciudad en su región: desafíos de la planificación a escala supramunicipal» donde se analizaban sucesivamente:

– Los desafíos económicos y los cambios en los modelos urbanos a los que deben hacer frente las ciudades: La ordenación del territorio propone estrategias para afrontarlos.

– Los conceptos de «alfoz», «área funcional», «comarca» y «ciudad-región» como posibilidades explicativas de la realidad del entorno de Valladolid.

– Los objetivos de las propias Directrices, desde los inicialmente planteados por la Junta de Castilla y León, que se reformulan con los resultados del proceso de participación.

– La calidad del modelo territorial como objetivo de las Directrices, con especial insistencia en la calidad de vida como objetivo estratégico fundamental.

– La estructura de las Directrices como instrumento normativo, que ha de tener en cuenta las legislaciones sectoriales con incidencia sobre el territorio.

b) Enfoque metodológico: El segundo capítulo desarrollaba el enfoque metodológico adoptado, insistiendo en la definición de las Directrices como «instrumento abierto, aplicable y adaptable», con tres premisas: La consideración del «territorio-ambiente» como patrimonio, el sistema urbano supramunicipal como problema, y el consenso en la toma de decisiones. Especial importancia se otorgaba al enlace con la obligación legal de asignar un grado de vinculación a cada una de las determinaciones de las Directrices:

– Nivel I de certeza y condición vinculante, directamente comprometido con la salvaguarda de los espacios ambientalmente más valiosos.

– Nivel II de certeza y condición dependiente, asociado a decisiones estructurantes que requieren consenso institucional, como las grandes infraestructuras y los servicios y equipamientos de interés comarcal.

– Nivel III de certeza y contenido orientativo, asociado al desarrollo de las Directrices en cada Municipio, en especial en lo referido al urbanismo y a las materias sectoriales no incluidas en los niveles superiores.

c) Inventario Territorial: El tercer capítulo recogía la «Síntesis del Inventario Territorial» que a pesar de su extensión no era sino un apretado resumen de los trabajos previos efectuados, divididos en diez apartados:

– Valladolid en su contexto, donde se analizaba su rango en el sistema urbano: Capital regional en una Europa de las regiones, metrópoli del noroeste peninsular, centro del sistema urbano de Castilla y León, corazón de la aglomeración urbana, el «área metropolitana en formación» de Valladolid.

– El medio físico, caracterizado por la dualidad campiña-páramo, la importancia del agua, y un paisaje vegetal netamente antropizado a través de la historia.

– El medio rural, donde coexisten en precario equilibrio usos agrarios que resisten de forma desigual a la urbanización, con una creciente presencia de lo urbano.

– El paisaje como patrimonio y como recurso. El Inventario divide el territorio en «unidades paisajísticas» y señala varias «áreas de singular valor ecológico».

– La estructura histórica del territorio, que alude a la construcción de una red de asentamientos centrada en Valladolid y a la formación del paisaje rural: la importancia territorial de la red de vías pecuarias.

– La estructura de la población, con referencia a los procesos demográficos de difusión en el entorno: «una comarca en proceso de suburbanización».

– La actividad económica y su influencia en el territorio, con análisis del I.A.E., del mercado inmobiliario y de la gestión de las Administraciones públicas.

–  Movilidad y transporte en un área de accesibilidad creciente, estudiando las condiciones de accesibilidad rodada, la ausencia de un sistema de cercanías y el aeropuerto como estructura no consolidada.

– La evolución del sistema urbano hacia la periurbanización residencial, analizando las tendencias del núcleo central y del entorno.

d) Diagnóstico territorial: El cuarto capítulo, subtitulado «la dificultad de un proyecto territorial compartido», aludía primero a los elementos positivos: el potencial del área metropolitana en formación, sus ventajas de posición y rango-tamaño a escala interregional, las oportunidades que se derivan de la estructura histórica y de la calidad ambiental del territorio, la importancia de las infraestructuras y las acciones estratégicas en curso, la competitividad de algunos sectores (universidad, industria, servicios, agricultura) y las sinergias entre la capital y su entorno. En el otro lado, las debilidades del sistema urbano, los problemas de funcionamiento conjunto de Valladolid y su entorno, la fragilidad de la base económica, la incoherencia del planeamiento vigente, la espontaneidad de las dinámicas de urbanización residencial e industrial, el retraso en la construcción de las grandes infraestructuras previstas, así como de los pequeños y medianos equipamientos a escala local, y las agresiones ambientales y paisajísticas persistentes, que podrían tener su origen en la minusvaloración del paisaje y del territorio circundante.

e) Definición del Modelo Territorial: el quinto capítulo, previo a la fase propiamente propositiva a modo de introducción o de planteamiento de los criterios básicos de las Directrices, se titulaba «Hipótesis generales de ordenación y propuesta de modelo territorial». En primer lugar, las «hipótesis generales de ordenación» definían tres escenarios futuros que podrían servir como guía de orientación para las Directrices:

1.– Consolidación y desarrollo del modelo actual, por adición de planes heterogéneos, dispares en sus criterios, modificados con frecuencia, fruto de las aspiraciones locales, generadores de un modelo indefinido: una ciudad central que concentra la actividad económica, con un centro congestionado y sin proyectos de centralidad competitiva, y un entorno básicamente residencial, disperso y mal servido.

2.–  Conservación activa a partir de la protección estricta del patrimonio paisajístico y cultural, del medio físico y del espacio rural valioso. Un modelo de sostenibilidad basado en la conservación de los recursos naturales, la restauración de la calidad ambiental y la articulación de nuevos espacios vinculados al ocio.

3.– Desarrollo preferente apoyado en el potencial del sistema urbano, en su capacidad para crear un sistema urbano eficiente a partir de las áreas de urbanización preferente, corredores o enclaves bien servidos por infraestructuras de movilidad, transporte, dotaciones y demás servicios.

A continuación se aglutinaban las acciones propuestas en dos «proyectos estructurantes del modelo territorial», dos propuestas integradoras complementarias, que imbrican la lógica de los asentamientos con la estructura del paisaje, fundadas en una estructura histórica y en una realidad territorial asentada:

– Proyecto de corredores verdes y de sistema de parques, vinculado a la mejora de la calidad ambiental.

– Proyecto de «capitalidad y desarrollo estratégico» orientado a la calidad competitiva del sistema territorial.

El modelo territorial propuesto no pretende ignorar las tendencias consolidadas en la aglomeración. Por el contrario, reconoce el papel protagonista de la ciudad central, pero pretende moderar su dominio promoviendo «áreas de nueva centralidad» que reduzcan los costes de congestión, e insistiendo en el potencial derivado de los corredores de comunicaciones. Por todo ello el modelo territorial se concibe integrado por dos elementos básicos:

– El sistema urbano continuo, formado por la ciudad central y los núcleos contiguos, para cuya eficiencia es preciso un reequilibrio de los servicios mediante la consideración de algunos núcleos como centros intermedios, al servicio del conjunto del territorio.

–  El sistema urbano discontinuo, formado por los demás Municipios del ámbito, donde la prioridad es mejorar la accesibilidad y los servicios apoyándose en los núcleos existentes y en el perfil de cada Municipio, y fomentando por tanto los crecimientos compactos.

f) Propuesta de Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno: El sexto capítulo desarrollaba la propuesta de Directrices propiamente dichas, de las cuales los capítulos anteriores constituían su justificación y antecedente. Sintéticamente pueden recorrerse los seis grupos de Directrices:

1.– Directrices medioambientales, orientadas a mejorar la adecuación de los usos a la naturaleza del suelo y a proteger los espacios valiosos y la agricultura periurbana, y promoviendo la puesta en valor del paisaje, la introducción de indicadores ambientales para los nuevos crecimientos y el control de la dispersión residencial. Se organizan en torno al «Modelo de Ciudad-Región 1: Proyecto de Protección Ambiental» que implica la creación de un sistema metropolitano de parques y corredores verdes.

2.– Directrices estructurantes del modelo territorial: las estrategias para las infraestructuras de transporte y comunicaciones, los grandes equipamientos, la política de vivienda y el desarrollo de lugares estratégicos. Se organizan en torno al llamado «Modelo de Ciudad-Región 2: elementos estructurantes del modelo territorial».

3.– Directrices sectoriales de movilidad y transporte, que incluyen las acciones de mejora de la red viaria, los criterios de adecuación de los sistemas de transporte a la escala metropolitana y de orientación de la oferta de suelo según la accesibilidad, y las directrices sobre movilidad alternativa, peatonalidad, vías verdes, etc.

4.–  Directrices sectoriales de servicios básicos y equipamientos, como el abastecimiento de agua, la depuración de aguas residuales y la recuperación de los ríos, la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo de las infraestructuras de energía y telecomunicaciones.

5.–  Directrices urbanísticas, concebidas como guías para el desarrollo del modelo territorial, donde se contienen criterios para la implantación de áreas urbanas especiales y de nuevas áreas residenciales, y directrices para la calidad urbana de los núcleos tradicionales y la mejora de la calidad de la forma urbana y de la urbanización.

6.–  Directrices orientativas de la gestión y gobierno del territorio, que exploran el modelo de gobierno del territorio y las posibles nuevas formas de gestión: corresponsabilidad fiscal asociada a la gestión de servicios, mecanismos de articulación de acciones prioritarias, evaluación de costes y sistemas de financiación, etc.

La tercera fase del proceso de elaboración de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno se inicia con la aprobación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Este acontecimiento se complementó con la edición de 2.000 ejemplares del libro «DOTVAENT: Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno». Así en enero de 1999 se daban ya las condiciones necesarias para iniciar el procedimiento formal para la aprobación de las Directrices.

En consecuencia fue dictada la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de 11 de febrero de 1999, por la que se dispuso la apertura del procedimiento de aprobación de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno. Esta Orden se publicó en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 19 de febrero, y en la prensa de Valladolid («ABC de Castilla y León», «El Mundo de Valladolid» y «El Norte de Castilla») con fecha 18 de febrero. Por tanto, el preceptivo período de tres meses de información pública habría de extenderse hasta el 19 de mayo de 1999.

En la Orden de 11 de febrero de 1999 se indicaba que la documentación podría consultarse en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Sin embargo, pareció conveniente completar los parcos trámites legalmente exigibles con una serie de iniciativas de difusión en orden a lograr un mayor conocimiento de las Directrices por la población. La primera fue la distribución de 2.000 ejemplares del libro editado, buscando que llegara a todos aquellas instancias cuya opinión fuera interesante recabar: Administraciones autonómica, local y del Estado, Cámara de Comercio, sindicatos y asociaciones empresariales, colegios profesionales, universidad, asociaciones de vecinos, etc. Como segunda iniciativa se celebró otro encuentro con los representantes municipales, de nuevo en la Diputación Provincial, el 22 de febrero de 1999. La tercera iniciativa fue la celebración de una «Jornada de Presentación Pública» abierta al público en general, el 15 de abril de 1999.

Finalizado el período de información pública el 19 de mayo, procedía continuar la tramitación según lo previsto en el artículo 18.3 de la Ley 10/1998, solicitando informe a los Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices. Pero la inminencia de las elecciones municipales aconsejó paralizar durante dos meses la tramitación, a fin de que fueran las nuevas Corporaciones Locales, y no las salientes, las que se pronunciaran sobre las Directrices. Por esta razón se esperó hasta el 10 de agosto de 1999 para solicitar el informe de los 23 Ayuntamientos afectados, otorgándoles un plazo de tres meses que finalizaba el 10 de noviembre. Sin embargo, este plazo fue aún ampliado una vez más hasta el 25 de diciembre. Además, durante el mismo tuvo lugar un nuevo encuentro con representantes municipales en la Diputación Provincial, el 7 de octubre de 1999. Con las mismas condiciones fueron solicitados informes específicos a la Diputación Provincial de Valladolid y a la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En conjunto, durante el largo período de información pública y audiencia a las Administraciones públicas, que se extendió desde el 18 de febrero hasta el 25 de diciembre de 1999, fueron presentados los siguientes 34 escritos, en forma de alegaciones, informes o sugerencias:

1.– Aeropuerto de Valladolid.

2.–  Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (primera).

3.–  Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (segunda).

4.–  Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (primera).

5.–  Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (segunda).

6.–  Ayuntamiento de Boecillo.

7.–  Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

8.–  Ayuntamiento de Castronuevo de Esgueva.

9.–  Ayuntamiento de Cigales.

10.–  Ayuntamiento de Geria (primera).

11.–  Ayuntamiento de Geria (segunda).

12.–  Ayuntamiento de Laguna de Duero (primera).

13.– Ayuntamiento de Laguna de Duero (segunda).

14.–  Ayuntamiento de Renedo de Esgueva.

15.–  Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (primera).

16.–  Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga (segunda).

17.– Ayuntamiento de Simancas (primera).

18.–  Ayuntamiento de Simancas (segunda).

19.–  Ayuntamiento de Valladolid.

20.–  Ayuntamiento de Villanubla (primera).

21.–  Ayuntamiento de Villanubla (segunda).

22.–  Ayuntamiento de Zaratán.

23.–  Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid.

24.– Comisiones Obreras.

25.–  Delegación del Gobierno en Castilla y León.

26.– Dirección General de Carreteras (primera).

27.–  Dirección General de Carreteras (segunda).

28.–  Dirección General de Comercio y Consumo.

29.–  Dirección General de Industria, Energía y Minas.

30.–  Dirección General de Telecomunicaciones.

31.–  Dirección General de Turismo.

32.–  Dña. Rosa Pindado Hernández, vecina de Cabezón de Pisuerga.

33.– Servicio Territorial de Educación y Cultura.

34.–  Servicio Territorial de Medio Ambiente.

A estos escritos cabe añadir la propuesta formulada por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid el 7 de enero de 2000, solicitando «que se lleve a cabo el establecimiento de un Área Metropolitana o Plan de Conjunto, al objeto de conseguir una unidad de criterios en el desarrollo de las actuaciones urbanísticas del conjunto de las poblaciones integradas en la comarca de Valladolid». Por último, el 17 de enero de 2000 la Diputación Provincial da cuenta del resultado de una «Jornadas Técnicas» organizadas por esa institución en torno a las Directrices, y que se celebraron los días 11 y 12 de enero de 2000.

En cuanto a los restantes trámites exigidos en el artículo 18.3 de la Ley 10/1998 para la tramitación y aprobación de las Directrices de ámbito subregional, se describen a continuación su desarrollo y resultado:

En primer lugar, con fecha 25 de septiembre de 1999 se solicitó de la Consejería de Medio Ambiente el dictamen ambiental de evaluación estratégica previa previsto en el artículo 18.3.c) de la Ley 10/1998. El dictamen ambiental fue emitido, en sentido favorable y con una serie de prescripciones, con fecha 24 de noviembre de 1999, y fue publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 31 de diciembre de 1999.

Por su parte, el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, en su sesión 13 de octubre de 1999, analizó el documento sometido a información pública y acordó por unanimidad emitir en sentido favorable el informe previsto en el artículo 18.3.a) de la Ley 10/1998, previa propuesta de su Ponencia Técnica, convocada el 30 de septiembre de 1999. Las conclusiones del citado informe eran las siguientes:

«El documento de Directrices ... presentado para su informe por el Consejo ... se encuentra completo en cuanto a las determinaciones y documentos exigidos por la legislación vigente, la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio.

Asimismo puede señalarse que se trata de un instrumento técnicamente apto para abordar los objetivos que se le han impuesto, al extremo de desbordar en muchas ocasiones las expectativas previamente creadas en orden a la definición de un modelo territorial ‘abierto, aplicable y adaptable’, comprensivo de criterios para el desarrollo socioeconómico y para la protección del medio ambiente, y a su vez orientados a que el entorno de Valladolid resulte más atractivo para la localización de actividades que mejoren el sistema económico y productivo.

No obstante, su marcado carácter experimental y su exhaustiva documentación técnica dificultan su inteligibilidad por los agentes afectados y en particular por la Administración local, por lo que previamente a su aprobación definitiva por la Junta de Castilla y León, se deberá perfeccionar el documento presentado en orden a solucionar dicha circunstancia que, de otro modo, no dejaría de imponerse como un obstáculo a la correcta aplicación de las Directrices.

En tal sentido destaca sobre las demás la necesidad de determinar con toda claridad y el mayor nivel de pormenorización posible, el grado de vinculación de todas determinaciones contenidas en las Directrices, dentro del marco señalado en el artículo 6 de la Ley 10/1998. Ello sin perjuicio de la valoración favorable que merecen las notables aportaciones que realiza el documento en este punto.

Asimismo parece conveniente atender la demanda de algunos Municipios en el sentido de confeccionar un fichero que explique la forma en que las determinaciones de las Directrices afectan a cada uno de los Municipios, y las ponga en relación con el planeamiento urbanístico vigente de forma didáctica.

Por último, el carácter novedoso de este instrumento de ordenación del territorio aconseja la máxima prudencia para su puesta en marcha, y si el consenso en la definición de las estrategias de ordenación del territorio es en todo caso un valor positivo y un logro deseable, lo es aún más en esta ocasión. Por todo ello, debería hacerse el mayor esfuerzo para integrar las sugerencias y alegaciones recibidas, y a las que aún han de recibirse desde los Ayuntamientos y las demás Administraciones públicas, sin dejar por ello de atender a la coherencia e integridad del instrumento».

A la vista de los informes, alegaciones y sugerencias presentados durante el período de información pública, así como del resultado de los demás trámites citados en los anteriores Antecedentes, la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento ha realizado las modificaciones oportunas y ha formulado, con fecha 22 de diciembre de 2000, la Propuesta de Decreto para la aprobación de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno. Sobre esta Propuesta, se reciben informes, dentro de la propia Consejería de Fomento, de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, de 5 febrero de 2001, del Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento, de 20 de febrero de 2001, y de la Asesoría Jurídica, de 20 de febrero de 2001.

Durante el periodo comprendido entre los días 15 de mayo y 15 de junio de 2001 se ha llevado a cabo un trámite excepcional de audiencia a los Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices de Ordenación de Valladolid y entorno, con el fin de realizar las correcciones finales al documento. Durante este período se han realizado reuniones con dichos Municipios en la Consejería de Fomento, nuevamente dividiéndolos en cinco grupos: norte, sur, este, oeste y Valladolid capital, y se han recibido escritos y/o planos de los Ayuntamientos de Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Cabezón de Pisuerga, Cigales, Geria, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, Valladolid, Viana de Cega, Villanubla, Villanueva de Duero y Zaratán.

Con fechas 27 de junio y 18 de julio de 2001 se reunió el Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León para el debate e informe sobre las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno, con base en la Propuesta de la Ponencia Técnica de 13 de junio de 2001, acordándose en la sesión de 18 de julio, por unanimidad, emitir informe favorable a la aprobación de las Directrices.

Por último, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 10/1998, corresponde a la Consejería de Fomento realizar las modificaciones oportunas y formular una Propuesta de Decreto para la aprobación de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno, a efectos de su elevación a la Junta de Castilla y León para su aprobación por Decreto, si procede.

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MEMORIA

FUNDAMENTOS DEL MODELO TERRITORIAL

Las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno afrontan un doble problema: Por un lado, la ausencia hasta el presente de instrumentos que articulen con equilibrio las cuestiones que trascienden los límites municipales de Valladolid y los núcleos de su entorno; y por otro lado, la evolución del modelo urbano (el tránsito de una ciudad compacta a un desarrollo difuso, con la creación de amplias periferias complejas) en un contexto global inestable, vinculado a cambios no sólo económicos o tecnológicos, sino también en los valores y estilos de vida.

En este sentido, el objetivo de las Directrices es introducir criterios de racionalidad, equilibrio y eficiencia en un sistema urbano condicionado por desarrollos pensados exclusivamente a escala local y sin referencias territoriales precisas. Se trata de plantear un instrumento capaz de proponer un modelo de desarrollo territorial equitativo, dinamizador y sostenible, en un contexto global de transformación progresiva de la economía y de la sociedad, y en un contexto local de desarrollo que puede comprometer el futuro al buscar la consecución de necesidades coyunturales.

Estas Directrices se fundamentan en la colaboración y el compromiso de las Administraciones públicas. Se conciben como instrumento de coordinación y articulación de acciones y estrategias hasta ahora exclusivamente sometidas a lógicas sectoriales o locales. Las Directrices deben introducir coherencia en los procesos espaciales que se suceden en un territorio complejo, al servicio de objetivos básicos: Prosperidad económica, calidad de vida y preservación de la identidad local.

La Junta de Castilla y León puede, conforme a la legislación vigente, promover el ajuste de la planificación local a las condiciones que la sociedad y el territorio plantean. La interpretación del territorio ha estado sometida a la lógica del planeamiento municipal, centrado en «lo urbano», con una visión de la ciudad desligada de su territorio o región. Existe una tradición de planificación espacial propia, solvente en cuanto a las formas y a los instrumentos, pero cuyo reajuste es necesario.

A partir de estos fundamentos y de los resultados del Inventario Territorial realizado en la primera fase de los trabajos (Anexo 3), el Modelo Territorial propuesto por las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno se apoya en los siguientes criterios:

1.º– Las Directrices combinan dos criterios básicos:

a) La conservación de los espacios, lugares y paisajes valiosos.

b) La búsqueda de la eficiencia del sistema urbano-territorial.

Los espacios valiosos deben ser preservados porque apoyan la calidad global del sistema, y las áreas urbanas deben estar servidas con eficacia en cuanto a infraestructuras y equipamientos. Por eso el Modelo Territorial propuesto exige para todo nuevo desarrollo urbano su adecuación a la naturaleza de los espacios y la disposición de las infraestructuras y servicios necesarios en cada caso.

2.º– El criterio de conservación exige la identificación de los espacios, lugares y paisajes valiosos y de sus características, y su agrupación en una serie de categorías, a fin de sistematizar las condiciones que se imponen a las iniciativas de transformación:

a) Áreas frágiles singulares: Espacios con una alta calidad paisajística y ambiental. Las Directrices las identifican como «Áreas de Singular Valor Ecológico» (A.S.V.E.) y el objetivo principal es conservar su estado, limitando las intervenciones a su restauración, conservación o puesta en valor.

b) Áreas frágiles: Espacios con características paisajísticas y ambientales particulares (encinares, quejigares, pinares, cuestas, regadíos...) que poseen determinados valores a conservar, limitándose las intervenciones a la recuperación o mejora de los recursos naturales, sin perjuicio de su aprovechamiento extensivo.

c) Áreas en transformación: Conjuntos dominados por las transformaciones antrópicas, donde las intervenciones deben favorecer su reequilibrio y mejora cualitativa.

d) Áreas urbanizadas: Tejidos urbanos que pueden ser mejorados en términos de calidad de vida, mediante el fomento de la relación con la naturaleza, el control de la contaminación, etc.

3.º– El criterio de eficiencia del sistema urbano-territorial implica el señalamiento de directrices para el desarrollo de nuevas áreas urbanas, que guardan relación con la sistematización de ámbitos a que se refiere el apartado anterior:

a) En las «Áreas de Protección», definidas para proteger las A.S.V.E. y los terrenos afectos a la propuesta de Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes, las condiciones de protección y conservación resultan incompatibles con el desarrollo urbano.

b) El ámbito de las Directrices se divide en 13 zonas homogéneas o «Unidades Paisajísticas», cuyas características condicionan las actuaciones en el territorio a fin de controlar las transformaciones para cada unidad, según su fragilidad y el control de impactos.

4.º– El Modelo Territorial propuesto se apoya en la evolución real del área urbana: No se proponen desarrollos en zonas sin tensiones de urbanización, ni tampoco la creación de nuevas infraestructuras no planteadas desde la planificación sectorial. Se trata de aprovechar las tendencias positivas y de reconducir las negativas.

Para ello el sistema urbano se desdobla en un «Sistema Urbano Continuo» y un «Sistema Urbano Discontinuo»: Las Directrices pretenden reforzar la compacidad del primero y controlar la dispersión de usos urbanos en el segundo, respetando los criterios de ordenación urbana del artículo 34.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

5.º– La normativa de las Directrices se recoge en el articulado de este Decreto, y en ella se plasma el Modelo Territorial propuesto, estructurado en seis Títulos que se corresponden con los diferentes ámbitos de análisis, diagnóstico y propuesta de las Directrices. Para cada uno de los artículos se indica su carácter o grado de vinculación conforme al Art. 6.3 de la Ley 10/1998: De aplicación plena (P), de aplicación básica (B) o de aplicación orientativa (O).

a) Los Títulos I y II son sin duda los más relevantes, y por ello concentran la mayoría de las determinaciones de aplicación plena, totalmente vinculantes. Ambos Títulos conforman juntos el «Modelo de Ciudad-Región» que constituye el centro o núcleo de las Directrices: el Título I desarrolla el proyecto de protección ambiental, centrado en los espacios valiosos, y el Título II desarrolla los elementos estructurantes del Modelo Territorial propuesto.

b) Los Títulos III y IV incluyen las «Directrices Sectoriales» relativas a movilidad, transporte y servicios básicos, bases de referencia para favorecer la acción coordinada de los planes y programas sectoriales. En general son determinaciones de aplicación básica u orientativa, salvo las exigencias de correspondencia entre infraestructuras y urbanización, que serán de aplicación plena.

c) El Título V contiene las «Directrices Urbanísticas», o guías para el desarrollo del Modelo Territorial, cuya finalidad es la ordenación de los sistemas urbanos y la mejora de la calidad de los espacios existentes y futuros. Se trata de determinaciones con diferente grado de vinculación para los planes locales, aunque prevalece el carácter básico.

d) El Título VI recoge las «Directrices Administrativas», que comprenden orientaciones para la gestión del territorio y una programación de actuaciones cuyo carácter orientativo se justifica por la multiplicidad de las acciones y agentes implicados. Hay sin embargo algunas indicaciones básicas como el «Ámbito Mínimo Mancomunable» asociado a la mejora en la prestación de servicios.

6.º– Las determinaciones de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno se plasman en los planos de ordenación a escala 1:25.000 (Anexo 1). Para facilitar la lectura del Modelo Territorial, se incluyen 6 planos de síntesis del Modelo Territorial a escala 1:100.000 y sin valor normativo (Anexo 2), sobre las áreas protegidas, las estrategias de desarrollo del sistema urbano, los centros y lugares de excelencia, el sistema de movilidad urbana, las infraestructuras de servicios básicos, y el Sistema subregional de Parques y Corredores Verdes. Por último, en el Anexo 3 se reproduce el Inventario Territorial, bajo la forma del libro editado en 1999.

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MEMORIA

JUSTIFICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL

TÍTULO I

Modelo de Ciudad-Región 1: Directrices para la protección

de ámbitos valiosos

1.– La ciudad de Valladolid, los núcleos de población de su entorno y el territorio relacionado con todos ellos componen una única realidad compleja, un paisaje dinámico, cuya transformación implica la transformación de todo el sistema. La ciudad central y los demás núcleos son inseparables de su territorio, su futuro está intrínsecamente ligado a ellos. El diagnóstico del área indica que el sentido de la transformación es el de una mayor relación entre lo rural y lo urbano.

Las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno deben establecer los criterios y normas de protección de los recursos naturales y culturales presentes en su ámbito de aplicación. La gestión del territorio, fundada en estos valores, debe utilizar criterios que permitan mantener la biodiversidad y la riqueza cultural, relacionando los usos posibles con la capacidad de acogida del medio, y garantizando la sustentabilidad de los recursos.

Estas Directrices aplican y desarrollan los mandatos de protección de los valores naturales y culturales y de las infraestructuras contenidos en la legislación sectorial (aguas, espacios naturales, actividades clasificadas, montes, minería, patrimonio cultural, comunicaciones, energía, etc.). Aunque el simple cumplimiento de la legislación sectorial garantiza una amplia protección del territorio, estas Directrices pretenden contribuir a la aplicación conjunta y coordinada de la misma.

2.– Los criterios utilizados para la valoración de los ecosistemas existentes en el ámbito de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno han sido diversos, y su combinación ha permitido valorar la calidad o el interés de los espacios más valiosos:

– Madurez: Los ecosistemas maduros suelen ser complejos y diversos y a menudo presentan variedad de hábitats y relaciones ecológicas, y capacidad para modificar el medio sobre el que se asientan, como los bosques maduros de encinas y quejigos de Torozos.

– Diversidad: Se refiere al número de especies que pueblan un área y a la distribución de sus ejemplares en ella; un buen ejemplo es el entorno de La Parrilla, donde conviven diferentes comunidades forestales en un mosaico fino, con gran riqueza en flora y fauna.

– Fragilidad: En ciertos lugares acciones relativamente discretas pueden generar graves consecuencias; en comunidades dependientes de áreas de descarga de acuíferos (Boecillo-Aldeamayor-Pedraja), pequeñas alteraciones de caudal o composición afectan rápidamente a circuitos ecológicos complejos.

– Singularidad: Se trata de elementos con valor añadido por su espectacularidad, dimensiones o historia, como las sequoias del Canal del Duero, el Monte de las Encinas o las formaciones de ribera y soto (por el contraste de su verticalidad en un paisaje plano).

– Significación: Las áreas que tienen una relevancia especial o contienen elementos relevantes, por ser muy utilizados, por ser objeto de actividades especiales, etc., son más valoradas que otras similares; un ejemplo son los pinares de pino piñonero en el entorno de la capital.

– Rareza: Se valoran las áreas con comunidades o especies endémicas o al menos raras; por ejemplo, las comunidades botánicas de saladar no son raras a nivel global, pero en Valladolid la presencia de sisallares en zonas de afloramiento gípsico es una rareza botánica.

– Complejidad: Aunque suele ir asociada a la evolución y madurez del ecosistema, la complejidad (es decir que entre especies, poblaciones o comunidades se establezcan relaciones múltiples, escalonadas con muchos elementos) es un indicador más para valorar los ecosistemas.

– Grado de evolución: Los ecosistemas más evolucionados se valoran por razones ligadas a la madurez y complejidad del ecosistema; no obstante, ecosistemas evolucionados (como algunas comunidades esteparias) en condiciones cambiantes o extremas no alcanzan gran madurez.

3.– Para estas Directrices, los montes o terrenos forestales, las riberas de los ríos y arroyos y los humedales son espacios valiosos a conservar o, en su caso, a recuperar. Tras el análisis y diagnóstico del medio se han identificado un grupo de estos espacios valiosos y singulares que por su elevada calidad ambiental y fragilidad constituirán las «Áreas de Singular Valor Ecológico» (A.S.V.E.), que deberán ser clasificados como suelo rústico con protección natural:

a) Las zonas húmedas que se relacionan o se señalan en los planos.

b) Las riberas de los ríos Pisuerga, Esgueva, Duero, Cega y Adaja, y de los arroyos Hontanija, Jaramiel y de aquellos que el planeamiento determine.

c) Los terrenos de borde del Canal de Castilla y del Canal del Duero con sus acequias.

d) Las siguientes 13 áreas singulares: Lagunas de Aldeamayor, Cuesta de La Parrilla, Monte de Fuentes de Duero, Valle del Doctor, Monte de Torozos, Laguna de Laguna de Duero, Pinares de Simancas-Antequera-Laguna, Esparragal-Monte de Duero, Monte de Boecillo, Cortados de Cabezón, Sotos de Medinilla y Zamadueñas, Vallejo del Arroyo Valcaliente y Pinar de Santinos.

4.– Estas Directrices definen también ámbitos relativamente homogéneos de paisaje denominados «Unidades Paisajísticas» (U.P.), con el objetivo de moderar los impactos de la urbanización sobre los mismos. La urbanización no debe hacerse a costa u obviando las condiciones peculiares de los espacios valiosos (relieve, vegetación, orientación, sistema del agua), amenazados hasta ahora por acciones de parcelación y edificación ilegal o insensible.

Entre las U.P., los pinares destacan como espacios de gran valor, importantes para la identidad del Área Urbana y para el tiempo de ocio de sus habitantes. Además existe una cultura de conservación que se ha preocupado de fomentar y mantener el recurso. La protección de los pinares se justifica, por lo tanto, por valores históricos, paisajísticos y ecológicos. En gran medida se han conservado por la condición de montes públicos de muchos de ellos. Sin embargo habrá que prestar más atención a las comunidades de fauna y flora que conviven con los pinos. Las Directrices promueven comunidades ecológicas con mayor diversidad, madurez e interés natural, sin perjuicio de su aprovechamiento. El conjunto de los Montes de Utilidad Pública cuenta con una tradición de defensa y gestión de las masas forestales, apoyada en la legislación sectorial y en una Administración consolidada y responsable. En los encinares y quejigares, la identidad de la formación y su escasez relativa exigen una atención específica. Por último, en las cuestas, los factores paisajísticos se unen a las exigencias de control de la erosión para recomendar su estricta protección, tengan o no vegetación arbórea, arbustiva o de matorral.

5.– Las Directrices proponen un Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes, asociado a la salvaguarda de las riberas y de las A.S.V.E., así como a la expansión de las actividades de ocio al aire libre. Un «corredor verde» no equivale a un corredor ecológico vinculado a la salvaguarda del ecosistema (como son, en nuestro ámbito, las riberas). El corredor verde liga ocio y naturaleza, protege algunas zonas de la intervención transformadora del hombre, controla la accesibilidad a las áreas valiosas y contiene el crecimiento urbano, introduciendo el medio ambiente como elemento de calidad de los asentamientos. Además, los corredores verdes pueden acondicionarse con pequeñas inversiones, para lograr una infraestructura blanda, acorde con el lugar y con un impacto reducido.

6.– Cada Municipio del ámbito de las Directrices tiene una identidad histórica específica, arraigada en las condiciones geomorfológicas y tipológicas de su entorno. Entre todos configuran una estructura territorial coherente cuyos valores deben ser salvaguardados. Hoy en día, muchos centros tradicionales están muy deteriorados, profundamente ruralizados o invadidos por construcciones agresivas, a veces urbanizados sin consideración con su entorno. Por ello se plantea un programa de mejora y revitalización de centros históricos, a fin de contribuir a su calidad paisajística y material, su puesta en valor y su acondicionamiento para convertirse en lugares centrales del sistema urbano, garantes no sólo de su identidad, sino de su calidad en la prestación de servicios en el futuro.

7.– Pero a esa identidad histórica específica no contribuyen sólo los núcleos de población, sino también los paisajes rurales. La ordenación de los usos agrarios se relaciona estrechamente tanto con la planificación territorial como con la conservación de los valores naturales. La agricultura modela, diversifica y enriquece el paisaje, protege el medio ambiente en función de su aporte material y energético al ecosistema, y puede ser también una actividad recreativa y educativa.

La imagen objetivo de las Directrices consiste en un conjunto territorial complejo, análogo a un mosaico, donde lo urbano se mezcla con un paisaje agrario productivo (huertas, regadíos, parcelas de secano), separados entre sí por líneas de árboles paralelas a los cursos de agua, setos entre parcelas o entre éstas y las infraestructuras de comunicación y el resto de elementos del medio (montes y riberas). Es especialmente interesante la recuperación de cultivos leñosos que ocupaban una parte importante del entorno de Valladolid (viñedos, almendros y otros frutales e incluso olivos, algunos de los cuales sobreviven en Las Contiendas). A su vez, los pinares a menudo están bordeados de un sotobosque de encinas, retamas y otros matorrales que limitan parcelas de secano con los bordes sin tratar y algunos pinos aislados en su interior. Conforme el secano va aumentando de tamaño, los pinares se van transformando en pinares isla intercalados en el cereal. Entre ellos se destacan claramente los cursos de agua enmarcados por la vegetación propia y, en la zona de descarga del acuífero, la presencia de lavajos y bodones, con sus formaciones vegetales y geomorfológicas asociadas y los pastizales favorecidos por el alto nivel freático y una carga ganadera adecuada. Finalmente, los páramos presentan grandes extensiones de secano orladas por bandas que conservan la vegetación arvense, rodeadas por setos bajos de encinas rastreras y matorrales calcícolas, con sus majanos (importantes para los reptiles y algunas aves), arroyos definidos por las líneas verticales de la vegetación de ribera y parcelas de pastizales, barbechos y cultivos leñosos intercaladas.

8.– En fin, la protección de la agricultura periurbana puede ser un instrumento de gestión ambiental de gran importancia. Pero esta opción requiere tanto la formación de las personas vinculadas al sector como la promoción de una adecuada gestión ambiental, que prevenga sus efectos nocivos sobre el medio. La conservación y enriquecimiento del acervo cultural agrario, componente importante de la cultura y de la identidad locales, supondría un incremento neto del patrimonio común.

Por ello se establece un ámbito de protección de las «Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola» (A.P.H.A.) seleccionadas por la concurrencia de varios factores: Suelos valiosos para el cultivo, diversidad y riqueza ecológica, calidad visual y existencia de estructuras agrarias históricas con valor patrimonial y paisajístico. Las 10 A.P.H.A. seleccionadas en el ámbito de las Directrices son las siguientes: Meandros del Pisuerga y Canal de Castilla, Meandros del Pisuerga y Canal del Duero, Valle del Esgueva, Entorno de la Acequia de Tudela y Jaramiel, Entorno Duero-Canal del Duero, Encuentro Cega-Duero, Aniago y encuentro Adaja-Duero, Pesqueruela y encuentro Pisuerga-Duero, Paisajes y granjas de las acequias del Duero y Entorno del Adaja.

TÍTULO II

Modelo de Ciudad-Región 2: Elementos estructurantes

del Modelo Territorial

1.– El sector de los transportes terrestres está cambiando aceleradamente. Su cada vez más estrecha relación con la producción, venta y distribución de los bienes ha exigido su adaptación a las nuevas necesidades: Una eclosión de la logística, que engloba transporte, almacenaje, distribución, etc. Hay además otros factores importantes que revelan la «mutación del transporte»: El auge del transporte combinado, la deslocalización de las instalaciones productivas, el control de la información mediante la informática y las telecomunicaciones. Para responder a esta nueva situación se crean instalaciones destinadas al transporte multimodal: Terminales de mercancías, zonas francas, puertos secos, etc., hasta los «Centros Intermodales de Transporte» o «Plataformas Logísticas», que abarcan servicios de información, contratación, carga y descarga, aduana, almacenamiento, aparcamiento, etc., además de muchos otros servicios complementarios. Este fenómeno trasciende al sector del transporte, y de hecho tiene amplias repercusiones espaciales, relacionadas con la calidad de vida en la ciudad (disminución del paso de vehículos pesados) y con las políticas de equipamientos, redes viarias y suelo industrial.

Desde la planificación pública se impulsa tanto la coordinación entre Administraciones como la concertación con la iniciativa privada para la creación de Zonas de Actividades Logísticas (Z.A.L.) y grandes Centros Intermodales de Transporte, vinculados a nuevas áreas industriales, donde aeropuerto, ferrocarril y carretera puedan ser combinados. El Centro de Transporte de Valladolid (situado en El Cabildo, con una extensión de 15,2 Ha.) es una Z.A.L. en los términos de la planificación autonómica. Para el futuro, la vocación de Valladolid como centro logístico de primer orden exige plantear un Centro Intermodal de Transporte (en adelante, C.I.T.) como centro de una verdadera «Plataforma Logística», como equipamiento de rango supramunicipal conectado tanto a la red de autovías como al ferrocarril (estación de mercancías) y al aeropuerto. Las Directrices plantean una localización estratégica para el C.I.T. en el área de industria abandonada situada al norte de la ciudad (Carretera de Santovenia) con el aliciente de propiciar la rehabilitación de un espacio hoy marginado.

2.– El desarrollo de las infraestructuras viarias, sobre todo de la llamada red arterial, que está definida por las rondas y los accesos radiales a la aglomeración urbana, es de vital importancia para la eficiencia futura del sistema urbano. En el ámbito de las Directrices, el conjunto de las infraestructuras propuestas articula un proyecto de gran coherencia formulado por varias Administraciones.

Las Directrices consideran estratégicas para el Modelo Territorial todas las acciones vinculadas a la red arterial de carreteras. En concreto, la ronda exterior se concibe como una gran herradura invertida que bordeará a medio plazo la aglomeración urbana. En cuanto al transporte ferroviario, las Directrices consideran estratégico el nuevo trazado de velocidad alta y de mercancías, con el acceso a la estación en posición central y con resolución del paso de mercancías ligado al C.I.T. y a la nueva estación de mercancías, en gran medida compatibles. Para el transporte en la Ciudad-Región, las Directrices plantean conservar el trazado ferroviario de Ariza y estudiar la viabilidad para recuperar el corredor existente como sistema de transporte metropolitano entre Valladolid, Laguna y Tudela, buscando el medio de transporte mas adecuado. Por último, se insiste en la necesidad de emplazar los talleres de RENFE de forma coherente con la estrategia general, a fin de generar sinergias y economías de escala.

3.– Para la activación de gran parte de los proyectos relacionados con la capitalidad regional, resultan de importancia clave propuestas de regeneración y transformación de espacios con posiciones de centralidad en el sistema urbano, por su capacidad de generar áreas dinámicas y con potencial para catalizar nuevos procesos de inversión y densificación de usos y actividades urbanas, asociados a una condición de centralidad atractiva desde el punto de vista inversor.

Las Directrices definen un «Área de Nueva Centralidad» vinculada al desarrollo del conjunto de espacios vacíos inmediatos al centro de Valladolid, como el lugar de excelencia y de oportunidad más importante de la aglomeración urbana. Los nuevos equipamientos de escala Ciudad-Región deben concentrarse allí, para atraer la inversión privada, en combinación con una acción de diseño urbano de calidad. Con la mejora de la red viaria, la recuperación del Pisuerga y la ejecución de la variante del Guadarrama y sus efectos derivados, este Área de Nueva Centralidad puede fortalecer y mejorar la imagen y la articulación de los proyectos de futuro de Valladolid. Por otro lado, la posibilidad de una competencia cualificada con otras ciudades como Bilbao, Zaragoza o Valencia, de gran tradición ferial, y su relación con el área metropolitana madrileña, en un contexto de creciente especialización y competencia en la calidad de los servicios, exige pensar a largo plazo en la ampliación del Ferial, imposible en su ubicación consolidada actual. Para ello las Directrices plantean su traslado a la carretera del Aeropuerto.

4.– Las Directrices también establecen las bases para el desarrollo de los nuevos grandes sectores urbanizables, mediante una serie de instrumentos: «Áreas de Urbanización Preferente» cuyo desarrollo se fomenta, «Áreas de Urbanización Saturada», típicamente en forma de «corredor» donde se limitan los nuevos desarrollos, y «Áreas de Urbanización Autónoma», separadas del sistema urbano continuo, donde se señalan condiciones para el control de crecimientos dispersos.

La gran homogeneidad de la oferta del mercado de vivienda, afectada por la lenta emergencia de nuevas formas de habitar, con escasa cuota de alquiler, es un factor que debe añadirse al fenómeno de reajuste residencial propio de la difusión urbana en el territorio. La relación entre política de vivienda y planificación urbanística alcanza sentido cuando se despliega junto con voluntad política para gestionar iniciativas concretas. La diseminación de las funciones urbanas dificulta la configuración de centros atractivos de servicios, por falta de densidad, de control de los espacios libres o por la carencia de áreas recreativas de calidad. Los problemas que supone la congestión de tráfico en determinados puntos, generados por la inadecuación entre el soporte infraestructural y las sobrecargas funcionales que se le imponen, fruto de una falta de planificación, hacen imprescindible vigilar el impacto sobre las infraestructuras existentes de cada nuevo sector urbano que se propone con lógica de autonomía.

5.– La corrección de los déficit dotacionales a escala local resulta trascendental, considerando la escala de los núcleos de población y sus tensiones de crecimiento. Además de las dotaciones de escala regional señaladas para el conjunto del sistema urbano, estas Directrices detectan en los Municipios del entorno de Valladolid un déficit local en equipamientos educativos, sanitarios, asistenciales, culturales, deportivos e incluso en cuanto a espacios libres de uso público. Ello revela un fracaso de los sistemas existentes y la necesidad de plantear las dotaciones como objetivo estratégico.

Las dinámicas de crecimiento y transformación urbana tradicionales han generado un sistema de respuesta institucional para la creación de dotaciones sobre demandas a posteriori. La legislación urbanística prevé reservas de suelo para los nuevos sectores, pero son las diferentes Administraciones las que deben ejecutar las dotaciones y garantizar su funcionamiento. Además la acumulación de crecimientos dispersos imposibilita la planificación ajustada. Y a la vez los procesos de transformación urbana suponen incrementos residenciales no vinculados siempre desde el sistema legal a nuevas exigencias dotacionales. Esta sobrecarga genera a su vez una política sectorial atenta únicamente a solventar las carencias sobrevenidas. En el ámbito de las Directrices este diagnóstico se agudiza, generando dependencias hacia la capital, que acaba por asumir gran parte de la prestación de servicios de los Municipios vecinos. Además de la corrección de déficit locales, las Directrices señalan estándares para asegurar unos mínimos en todos los Municipios, que deben ser incorporados en sus Planes. Dichos estándares han sido deducidos de mediciones en espacios bien servidos y de estudios especializados, a fin de racionalizar el dimensionado de las dotaciones y no abandonarlo a la lógica de la «demanda no resuelta». Los Municipios considerados «Centros Intermedios» (Laguna, Tudela, Cistérniga, Santovenia, Zaratán, Arroyo y Simancas) tendrán en este sentido un papel protagonista.

TÍTULO III

Directrices Sectoriales de Ordenación 1: Movilidad

y transporte

1.– Algunas de las acciones señaladas en las Directrices como estratégicas afectan al sistema de infraestructuras de transporte. En relación con este sistema, las Directrices tienen por finalidad definir las bases espaciales, con su fundamento urbano-territorial, que han a servir de referencia a los planes y programas sectoriales en materia de movilidad y transporte, tanto urbanos como interurbanos, dentro de su ámbito. Y ello porque la movilidad y el transporte son materias clave para la calidad funcional y la eficiencia del Modelo Territorial propuesto, y tienen además múltiples implicaciones: carreteras, transporte público, políticas aparcamientos, etc.

2.– Los programas de inversión pública en infraestructuras (consecuencia de los planes sectoriales de la Administración del Estado, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación Provincial y de los Municipios con competencias en la materia) encuentran en estas Directrices los fundamentos de su correspondencia con las condiciones del territorio y con una propuesta de Modelo Territorial para el futuro. Pero corresponde en todo caso a los planes y programas sectoriales, conducir a una mejora efectiva y óptima de la movilidad y el transporte en el entorno de Valladolid. Por ello el planteamiento de las Directrices es que cualquier nuevo trazado será definido desde su proyecto específico, que deberá reconocer en las Directrices su lógica de servicio eficaz a Valladolid y su entorno.

TÍTULO IV

Directrices Sectoriales de Ordenación 2: Infraestructuras

de servicios básicos

1.– La calidad ambiental es un objetivo prioritario de nuestra sociedad. Sectores considerados hasta hace poco como simples infraestructuras serán en el futuro más importantes, y su gestión llegará a ser clave para el control del desarrollo urbano. El ciclo del agua, los residuos sólidos, la contaminación atmosférica, la optimización energética o la relación global entre procesos naturales y urbanización, serán cuestiones determinantes en el futuro.

Pero no todos los problemas ambientales son reconducibles a una simple cuestión de infraestructuras. El enorme gasto que implican exige resolver los problemas en origen: Modos de urbanización adecuados, reducción de consumos y vertidos, recogida y tratamiento selectivo de residuos, fomento de energías renovables, etc. En suma, se debe orientar la interacción entre las formas del territorio y la organización de las actividades humanas. Por otro lado, las infraestructuras no pueden ser una simple consecuencia de la demanda generada por un crecimiento urbano que no las ha tenido en cuenta, como una externalidad negativa del proceso urbanizador. Deben por el contrario internalizarse, garantizándose el cumplimiento de los niveles mínimos de servicio, en cantidad y calidad.

2.– Estas Directrices plantean las bases espaciales, asociadas al Modelo Territorial establecido, que deben orientar los planes y programas sectoriales de infraestructuras, para adecuar sus estrategias a lógicas territoriales articuladas. Estos planes y programas tienen una intensa relación con los procesos de urbanización, siendo causa y efecto de su calidad. En el contexto actual de esfuerzo inversor público, es imprescindible su coordinación con las condiciones presentes y futuras del territorio, para rentabilizar las inversiones y garantizar que el Modelo Territorial propuesto se apoye en la calidad y competencia que fundamentan la continuidad en las acciones inversoras.

Las Directrices recogen los planes y programas en curso de ejecución, acentuando los elementos de racionalización de inversiones y promoviendo complementariedades locales, bien de la ciudad central con los Municipios de su entorno inmediato (sistema urbano continuo), o bien de agrupaciones de Municipios entre sí (sistema urbano discontinuo). Estas Directrices son en gran medida de carácter orientativo: Son los planes y programas sectoriales los que deben cumplir sus objetivos, y su eficacia dependerá de la capacidad de colaboración interadministrativa para aplicar unos recursos escasos: El cumplimiento responsable de los compromisos es esencial para evitar conflictos.

3.– En todo caso, un factor clave será la coordinación de la gestión técnica y del mantenimiento de los servicios instalados, cuyas exigencias superan en muchas ocasiones la capacidad económica y técnica de los Municipios, y que puede mejorar si se definen sinergias locales, disminuyendo los costes y garantizando la calidad de instalaciones y de los servicios. En cuestiones relacionadas con la calidad medioambiental, el acierto y la continuidad en la gestión de los servicios e infraestructuras es tan importante o más que la inversión en instalaciones, en la medida que su eficiencia depende de su mantenimiento y de la inteligencia con la que se administra su servicio.

TÍTULO V

Directrices Urbanísticas: Guías para el desarrollo

del Modelo Territorial

1.– Además de protección ambiental (Título I), acciones estratégicas estructurantes (Título II) y ordenación sectorial (Títulos III y IV), la construcción de un Modelo Territorial para Valladolid y su entorno requiere coherencia interna, es decir, la articulación de su estructura básica con la ordenación espacial a escalas menores.

Por ello estas Directrices definen condiciones para la localización y la forma de ocupación del suelo de las actividades de mayor repercusión. Condiciones que orientan al planeamiento urbanístico municipal con criterios comunes que facilitan un desarrollo de calidad. Se trata de diseñar mecanismos que, sin negar la competencia entre Municipios, encaucen su dinámica hacia la calidad ambiental y urbana. Se establecen así directrices orientativas que, desde una perspectiva global y con un objetivo de coherencia, definen pautas que habrá de concretar el planeamiento urbanístico municipal. En este Título, las reflexiones sobre el desarrollo del sistema urbano en relación con el Modelo Territorial propuesto se abordan en los capítulos 1 y 2, mientras que los criterios comunes sobre la ordenación urbanística local se desarrollan en los capítulos siguientes.

En el ámbito de las Directrices existen grandes cantidades de suelo urbanizable clasificado y no desarrollado. Esta falta de relación entre el crecimiento planeado y su materialización efectiva se debe a las «tomas de posición» sobre la oferta de suelo y a la competencia entre Municipios. Una tendencia creciente, aunque de dudosa eficacia: De hecho hay muchos suelos clasificados y nunca desarrollados. Sin duda, es preciso un margen para que el mercado actúe, pero sus efectos no deben comprometer la sostenibilidad del sistema en su conjunto. La legitimidad de la competencia es innegable, pero también la necesidad de controlar sus disfunciones; de lo contrario se resentirá la competitividad global del sistema territorial. No tiene sentido pensar en crecimientos ilimitados, cuando el horizonte es de transformación más bien cualitativa. Pero tampoco se pueden establecer modelos rígidos, y deben ser los Municipios los que ofrezcan un sistema abierto de oportunidades de desarrollo en un contexto de competencia interior. Por ello el Modelo Territorial simplemente orienta la transformación a los espacios más preparados.

2.– El planeamiento urbanístico municipal debe ponderar las perspectivas veraces de desarrollo de cada Municipio y ajustar la clasificación de suelo a las mismas en su período temporal de vigencia. Sabemos que, en un área de múltiples y complejos factores de dinamización interna, estas previsiones son difíciles de establecer en rigor. Por ello estas Directrices establecen un horizonte de referencia. El planeamiento urbanístico municipal debe definir sus contenidos de forma independiente, pero de forma que el desarrollo de sus propuestas dependa de su propia capacidad de administrar los procesos o, en su defecto, de compromisos concretos con otras Administraciones públicas.

3.– El incremento de la oferta depende de muchas circunstancias, y con un horizonte demográfico entre 400.000 y 500.000 habitantes, no debe desorientar. Hay suelo disponible para ello, respetando los espacios valiosos y sin someter al modelo a tensiones insoportables, tanto en la aglomeración urbana como en los Municipios del entorno. En todo caso cada Municipio debe garantizar el nivel de servicios correspondiente al umbral de crecimiento que su propio planeamiento marque como horizonte. Como complemento se incluye un cuadro sobre el rango urbano de los Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices.

4.– Como base de partida para la determinación de criterios y condiciones en los nuevos sectores urbanizables residenciales, se han considerado dos grandes grupos: Crecimientos continuos a partir de los núcleos urbanos consolidados y crecimientos discontinuos propuestos bajo criterios de independencia, real o aparente, respecto de la estructura urbana agregada.

Entre los crecimientos continuos, los principales han surgido como barrios en continuidad con la ciudad central y han generado una corona al sur y al oeste con gran densidad de viviendas. Salvo el caso excepcional de Parquesol, el resto de los crecimientos se plantean como polígonos relativamente autónomos, nunca mayores de 50 Ha. y con densidades en torno a las 50 viviendas por Ha. Una cifra equivalente en superficie a la de barrios consolidados de Valladolid; sin embargo, las densidades en casi todas las áreas consolidadas citadas sextuplican las de los nuevos crecimientos.

En cuanto a los crecimientos discontinuos se distinguen los asentamientos con una estructura de agregación organizada y planificada urbanísticamente y los dispersos en el territorio, sujetos tan sólo a la lógica de las infraestructuras y las condiciones físicas del medio natural. Fuera del continuo urbano de la capital o de los núcleos del entorno, y desde hace dos décadas fundamentalmente, han surgido asentamientos urbanos autónomos residenciales poco densos (con viviendas unifamiliares). En las nuevas propuestas de suelo urbanizable de los planeamientos municipales más recientes aparecen extensiones de suelo muy por encima de las habituales. Así, aún manteniendo intensidades medias sobre las 10 viviendas por Ha., «El Moral» en Renedo y «Las Cigüeñas» en Aldeamayor se proyectan con superficies de 67 y 214 Ha. respectivamente. Analizando las reservas de dotaciones y equipamiento para el suelo residencial, se puede conseguir un nivel de equipamiento suficiente para satisfacer las necesidades de un asentamiento que se plantea bajo una lógica de funcionamiento relativamente autónomo. Así pues, aunque resulta difícil concretar la dimensión óptima de un asentamiento, la capacidad de desarrollar sus propios servicios, equipamientos y dotaciones aconseja unidades de viviendas grandes (más de 500 viviendas), pese a implicar sobrecargas funcionales mayores en las infraestructuras de comunicación y transporte.

5.– En función de estas consideraciones y bajo la opción preferencial de crecimientos compactos, las Directrices imponen condiciones generales para los nuevos asentamientos residenciales. Pero la compacidad en el desarrollo urbano no es por sí sola condición suficiente para responder a los imperativos de sostenibilidad y de cohesión social: los sistemas urbanos continuos deben atender también a requerimientos de tipo estructural y a otros de calidad espacial definidos en la pequeña escala, no siempre debidamente considerados.

La degradación o pobreza espacial de muchas zonas urbanas desarrolladas en continuidad con los espacios tradicionales puede desacreditar o comprometer la opción por el crecimiento compacto. Incluso las intervenciones sobre los espacios más antiguos de los núcleos consolidados a menudo se realizan con menoscabo de su calidad original. El carácter modesto de la mayoría de los centros históricos exige centrar los esfuerzos de protección en criterios amplios, sobre las características morfológicas y estructurales de los conjuntos y paisajes, más que en un sistema convencional de catalogación arquitectónica (sólo eficaz en los ámbitos declarados como Bien de Interés cultural: El centro histórico de Valladolid y la villa de Simancas). Por ello, para contrarrestar la amenaza que los procesos de transformación suponen para la supervivencia de las características históricas, ambientales y tipológicas de edificios y espacios tradicionales, estas Directrices aportan criterios para la protección global y flexible del patrimonio desde el instrumento adecuado para ello, que es el planeamiento urbanístico municipal.

TÍTULO VI

Directrices Administrativas: Orientaciones para la gestión

del territorio

1.– En el ámbito de las Directrices, los 23 Municipios cuentan con planeamiento urbanístico propio. La planificación municipal, mediante los Planes Generales de Ordenación Urbana o equivalentes, se proyecta sobre la ciudad y el entorno definido por el término municipal. El Municipio es la unidad de planificación. La ordenación resultante es concebida y gestionada por el Municipio como expresión institucional de la comunidad local, y asimismo como entidad administrativa descentralizada.

Pero cuando la realidad urbana desborda con claridad los límites del Municipio o cuando la planificación pretende orientar transformaciones territoriales y salvaguardar valores paisajísticos que dependen de la interacción entre un sistema urbano complejo y una realidad espacial, regional o subregional, superando la reducida delimitación de los Municipios, la planificación necesita de una condición supramunicipal, proyectándose sobre un continuo territorial complejo en el que coexisten realidades urbanas y no urbanas de distinto signo y densidad, y dónde la unidad de planificación se legitima funcionalmente en atención a las exigencias y demandas que emergen de la propia forma dinámica de los hechos, urbanísticos o no, consolidados o en vías de conformación.

Las dimensiones territoriales que en su desarrollo han experimentado algunos núcleos urbanos y su entorno, impulsan la necesidad de una planificación adaptada a la naturaleza y circunstancias del territorio. Las Directrices deben configurarse como un sistema de ordenación con el fin de coordinar y articular acciones y estrategias, hasta ahora sometidas a lógicas de escala municipal y sectorial. Su objetivo es introducir, en un territorio comprendido como un todo complejo e interactivo, coherencia en los procesos espaciales en correspondencia con los objetivos básicos de prosperidad económica, calidad de vida y conservación de la identidad histórica y paisajística.

2.– Es función de las Directrices establecer criterios y normas de coordinación de la planificación municipal y sectorial con incidencia sobre el territorio, y en especial de la urbanística. Sin embargo, las Directrices no cuestionan el modelo institucional vigente. Durante el proceso de redacción ha quedado claro el rechazo a la creación de nuevos entes administrativos (comarca, área metropolitana). Por lo tanto es la Administración regional, a través de sus organismos provinciales, la que debe asumir sus competencias y responsabilizarse de la gestión de las Directrices. Sin embargo, la relevancia de la prestación coherente de servicios a los ciudadanos en el ámbito ha exigido que las Directrices planteen un «Ámbito Mínimo Mancomunable», espacio de referencia para la coordinación y la gestión eficaz de servicios, unida a la solvente gestión de las infraestructuras.

3.– En España, las relaciones administrativas entre Municipios próximos con características físicas y económico-sociales necesitadas de una gestión común se han visto dificultadas por cierta tendencia aislacionista de las comunidades locales, con una plasmación evidente en sus instrumentos de planeamiento general. Estas Directrices se fundan en la colaboración administrativa, pero la Junta de Castilla y León es la Administración pública responsable de la aprobación de las Directrices, y por tanto a ella corresponde también, en primera instancia, su interpretación.

Así pues, estas Directrices son, sobre todo, un marco de referencia y de control de los impactos negativos de la urbanización, dejando un amplio margen a los planes municipales y sectoriales. No se imponen límites de tamaño a los Municipios, sino que se acentúan las exigencias que los crecimientos, de cualquier tipo, deben llevar consigo, salvaguardando los espacios más valiosos y eliminando falsas referencias de crecimiento expansivo allí donde los nuevos sectores son claramente realidades que deben ser planteadas como autosuficientes, resolviendo todas sus infraestructuras y servicios. Cada Municipio debe asumir un contexto homogéneo de exigencias en infraestructuras, en servicios y en conservación positiva del medio natural, resolviendo localmente lo que le corresponda y trasladando a la responsabilidad regional o mancomunada sólo aquello que sea capaz de consensuar y de comprometer mediante acuerdos concretos y fiables.

4.– Las Directrices no se concretan mediante un único programa de actuación, sino que plantean a lo largo de su desarrollo una secuencia de programas, cuyos objetivos se establecen, pero que pueden concretarse de maneras diferentes, adaptándose a las circunstancias. De hecho la coherencia de las Directrices con las políticas y programas de las Administraciones públicas y de la Unión Europea, y la priorización de las actuaciones relacionadas con los sistemas de estructuración territorial, se demuestra en su estructura. Se establece un orden de prioridades distinguiéndose entre acciones y programas. Pero su eficacia depende del cumplimiento que planes sectoriales y locales le den en la práctica. La credibilidad de las Directrices no reside en la programación o en la financiación, sino en su coherencia y en la capacidad de compromiso que esta coherencia despierte.

El desarrollo de esta herramienta de planificación de escala supramunicipal propone una ordenación adaptada a las condiciones que concurren en Valladolid y Entorno. Propone un modelo flexible para la utilización racional del territorio, que optimice sus aptitudes para la localización de actividades bajo la perspectiva de un desarrollo sostenible y equilibrado. A la vez establece el marco espacial de referencia compatible para los Planes, Programas de Actuación y Proyectos, tanto sectoriales como locales, con incidencia sobre el territorio del ámbito afectado, y en especial para el planeamiento urbanístico municipal y demás actuaciones de las Administraciones públicas.

En cuanto a la relación de las Directrices con los planes sectoriales, se apoya en el respeto del Modelo Territorial con lo ya actuado y con el sistema normativo. El Modelo Territorial propuesto impone un marco espacial estable de referencia y una garantía para que la programación sectorial no sea ajena a sus efectos reales o potenciales, para que no se sitúe exclusivamente en lógicas aisladas. El principal mecanismo de coordinación que permita una gestión responsable del territorio, de forma compatible con la protección del medio ambiente y la satisfacción de las necesidades sociales, consistirá en la vigencia de unas Directrices administradas con responsabilidad y con la creatividad necesaria para introducir las oportunas modificaciones.

Vistos, las Disposiciones Adicional 3.ª y Final 1.ª de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, y el Decreto 222/1999, de 5 de agosto, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento, y previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su sesión de 2 de agosto de 2001.

DISPONGO:

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto y ámbito de las directrices

Artículo 1.– Objeto de las Directrices (P).

El objeto de las Directrices de Ordenación de ámbito subregional de Valladolid y Entorno es la planificación del Área Urbana de Valladolid, mediante la consideración conjunta y coordinada de sus problemas territoriales, en especial en cuanto a sus recursos, infraestructuras y equipamientos.

Artículo 2.– Ámbito de las Directrices (P).

El ámbito de aplicación de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno está constituido por la totalidad de los siguientes términos municipales de la provincia de Valladolid: Aldeamayor de San Martín, Arroyo de la Encomienda, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales, Ciguñuela, La Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Laguna de Duero, Mucientes, La Pedraja de Portillo, Renedo, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, Valdestillas, Valladolid, Viana de Cega, Villanubla, Villanueva de Duero y Zaratán.

TÍTULO I

Modelo de Ciudad-Región 1: Directrices para la protección

de ámbitos valiosos

Capítulo 1

Directrices para la protección de los espacios valiosos

Artículo 3.– Directrices para la protección de las Áreas de Singular Valor Ecológico (P).

1.– Las Áreas de Singular Valor Ecológico (A.S.V.E.) son espacios de alta calidad ambiental, tanto por sus valores naturales como por su fragilidad frente a los usos urbanos.

2.– En el ámbito de estas Directrices, se definen como A.S.V.E.:

a) Las riberas, y los humedales que se relacionan a continuación, más los que se establezcan en el planeamiento urbanístico:

1. Laguna de Laguna de Duero

2. Bodón Molinero

3. Laguna del Suero

4. Laguna del Pepino

5. Bodón de las Palomas

6. Laguna de la Sal

7. Bodón Blanco

8. Las Navas

9. Bodón de la Carretera de Aldeamayor

10. Bodón Salado

11. Bodón del Pozo

12. Bodón Navafría

13. Bodón del Camino de la Negralada

14. Bodón Aparicio

15. Lavajo de las Aguadas

16. Lavajo Redondo

17. Charca del Bodón Grande

18. Charca de la Dehesa

b) Las siguientes áreas singulares identificadas y delimitadas en los planos de ordenación:

1. Lagunas de Aldeamayor

2. Cuesta de La Parrilla

3. Monte de Fuentes de Duero

4. Valle del Doctor

5. Monte de Torozos

6. Laguna de Laguna de Duero

7. Pinares de Simancas-Antequera-Laguna

8. Esparragal-Monte de Duero

9. Monte de Boecillo

10. Cortados de Cabezón

11. Sotos de Medinilla y Zamadueñas

12. Vallejo del Arroyo Valcaliente

13. Pinar Viejo, Santa Marina y Santinos

3.– Las A.S.V.E podrán ser propuestas a la Administración con competencia en la materia para su declaración como Zonas Naturales de Interés Especial, según la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León.

4.– El planeamiento urbanístico municipal de los Municipios en cuyos términos existan terrenos incluidos en las A.S.V.E. clasificará los terrenos como suelo rústico con protección natural, y establecerá un régimen de protección conforme a las siguientes directrices:

a) Los usos permitidos se limitarán a los de mantenimiento, conservación y puesta en valor de las propias áreas, en función de sus características peculiares y en correspondencia con lo establecido en las Directrices siguientes para cada tipo de hábitat.

b) Los usos excepcionales sujetos a autorización se limitarán a los destinados a la gestión forestal, la educación ambiental o a aquellas infraestructuras de carácter territorial que deban transcurrir necesariamente por estos espacios. En estos casos se exigirá la Evaluación de Impacto Ambiental.

c) Serán usos prohibidos los que impliquen cualquier tipo de parcelación o desarrollo urbanístico, ya sea mediante planeamiento general o de desarrollo o mediante implantación de infraestructuras de carácter urbanístico.

Artículo 4.– Directrices para la recuperación y conservación de las riberas (B).

1.– A efectos de estas Directrices se entiende por riberas los ámbitos más próximos a los cursos de agua y las áreas de transición entre el río y la tierra, donde la vegetación está estrechamente ligada a la humedad del suelo. Por su arraigo cultural y valor ambiental y paisajístico, se consideran también riberas los espacios aledaños a los canales de Castilla y del Duero y a sus acequias principales.

2.– Las riberas relacionadas tendrán consideración de Área de Singular Valor Ecológico (A.S.V.E.) y su régimen de protección se ajustará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 3, respetando además las siguientes directrices:

a) Se asegurará el mantenimiento de la vegetación riparia, de forma que se conserven o recuperen las siguientes condiciones:

1.– Continuidad espacial de la ribera como faja territorial con su vegetación asociada.

2.– Conectividad, entendida como interconexión entre cauce y ribera.

3.– Heterogeneidad, entendida como variabilidad fisiográfica que incide en la biodiversidad.

b) La planificación del uso de las riberas se orientará a la eliminación y prohibición de agresiones ambientales, pero será respetuosa con los usos tradicionales que no alteren el ecosistema (circulación de personas, pesca...) Fuera de la aglomeración urbana y de los tramos incluidos en parques y áreas recreativas, debe reducirse la accesibilidad a las riberas, especialmente dentro las áreas singulares.

c) Las siguientes actividades serán corregidas o sometidas a vigilancia estricta con el fin de evitar agresiones ambientales:

1.– La instalación de choperas, con clones de crecimiento rápido, eliminando para ello ecosistemas riparios autóctonos.

2.– Los usos y actividades agrícolas que presionan sobre las riberas llegando hasta la eliminación del arbolado en algunos sectores de los ríos.

3.– Las actuaciones hidráulicas como dragados, rectificaciones o encauzamientos con eliminación del bosque de galería.

4.– Las minicentrales hidroeléctricas, que sin medidas correctoras y compensatorias condicionan la recuperación de la ribera en situaciones físicas desfavorables.

5.– Las actividades recreativas y deportivas, que sin control (de afluencia, de uso de automóviles, de uso del fuego, etc.) pueden perjudicar a la masa vegetal y a la calidad ambiental.

3.– El principio general de actuación es la restauración de las riberas como parte de la restauración del río, armonizando los objetivos hidráulicos, la conservación de la naturaleza y los eventuales usos recreativos. Por ello se establecen las siguientes directrices para las acciones dirigidas a recuperar, prevenir y garantizar la conservación y mejora de las riberas:

a) Las restauraciones de los ríos exigen el previo cumplimiento de la legislación de aguas. La restauración demanda, en buena parte de los casos, ampliar el espacio disponible, lo que exige el deslinde del dominio público hidráulico.

b) Todas las riberas deben presentar una franja de al menos 5 m. de ancho desde el cauce, con vegetación de especies autóctonas (sauces, chopos, alisos, fresnos e incluso nogales, saúcos y cerezos) manteniendo su disposición natural. En los tramos sin vegetación deberá recuperarse el bosque de galería, evitándose la plantación de especies inadecuadas (ailantos, robinias, variedades de jardinería).

c) El aprovechamiento forestal se hará preferentemente por entresaca, evitando molestias a la nidificación de la avifauna, y en especial de las ardeidas. Serán prioritarias las actuaciones de restauración hidrológico-forestal para combatir la erosión (revegetación de riberas y laderas asociadas con especies y técnicas adecuadas).

4.– En aplicación de las Directrices señaladas en el número anterior, se podrá desarrollar un programa de mejora de riberas que establecerá las actuaciones prioritarias de restauración:

a) El programa incluirá la restauración de todos los cursos de agua, incluidos los canales con sus principales acequias y también los arroyos, en especial los siguientes: De Hontanija (Villanubla), de San Pedro (Cigales), del Prado (Mucientes y Cigales), de Jaramiel (Tudela), del Rodastillo y de la Cárcaba o Malaza (Ciguñuela, Arroyo y Simancas), del Prado (Geria) y el sistema de arroyos y zanjas del área de descarga del acuífero en Boecillo, Aldeamayor y La Pedraja, en especial el arroyo Sangueño o del Molino (Aldeamayor y Boecillo) y la zanja de la Sal (Aldeamayor).

b) El programa dará prioridad a la restauración del Esgueva, aplicando la normativa para controlar las detracciones de agua. Asimismo se replanteará el trazado y la sección del cauce y se estudiará la realización de pequeñas represas para mejorar el acuífero, así como el traslado de los diques de tierra o malecones que delimitan el cauce y la disminución de las pendientes laterales para aumentar el espacio ripario. Se dará prioridad a la restauración del tramo actualmente más desnudo, aguas arriba de Renedo.

Artículo 5.– Directrices para la recuperación y conservación de los humedales (B).

1.– A efectos de estas Directrices se entiende por humedales las tierras inundadas o encharcadas, natural o artificialmente, de manera permanente o temporal, de agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada. Los humedales son ecosistemas fundados en láminas de agua continentales originados sobre todo por la descarga del acuífero regional, y entre ellos se incluyen bodones, lavajos, lagunejas, saladares, áreas encharcadizas, juncales, carrizales y prados húmedos, y asimismo los saladares de Aldeamayor y Boecillo (lagunas estacionales y complejos bodón-montículo, sobre todo en Dehesa Longar).

2.– Todos los humedales tendrán consideración de Área de Singular Valor Ecológico (A.S.V.E.) y su régimen de protección se ajustará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 3, respetando además las siguientes directrices:

a) Aunque la presencia de agua es importante para mantener o recuperar la composición biológica y el valor ecológico de los humedales, la fluctuación de su nivel es un fenómeno natural. La restauración se orientará a restituir los aportes naturales y no a sustituirlos, y se evitará la adición artificial de agua.

b) Se procurará conservar la vegetación propia de los humedales, en función de las características fisicoquímicas del agua y de la topografía, promocionando el taray, el olmo, el escaramujo, el pino, los juncos y la castañuela, y evitando la colonización de robinias, ailantos o chopos de repoblación.

c) Se impedirán los usos del suelo contrarios a la protección de los humedales, especialmente toda excavación, roturación, remoción o drenaje, y se procurará corregir las acciones pasadas de drenaje, aterramiento y desecación, como las zanjas de los humedales de La Pedraja, Aldeamayor y Boecillo, que han alterado el paisaje de pastizales con prados húmedos basados en la descarga del acuífero. Por el contrario, los ganadería extensiva es compatible con la protección de los humedales.

d) La protección de los humedales se extenderá a su entorno inmediato, formado por una banda de 50 m. de anchura desde su borde exterior, a fin de proporcionar un ámbito de descanso y refugio para la fauna. En esta banda se prohibirán las actividades contrarias a su protección.

3.– En aplicación de las directrices señaladas en el número anterior, se podrán desarrollar proyectos de regeneración y mantenimiento de los humedales a una escala que permita atender a las peculiaridades concretas de cada uno de ellos, así como un programa de estudio, planificación y gestión del acuífero regional, cuya dinámica es esencial para la conservación de los humedales.

Artículo 6.– Directrices para la protección de cuestas y laderas (P).

1.– A efectos de estas Directrices se entiende por cuestas y laderas tanto el espacio plano en la cornisa del páramo como el sector inferior con mayores pendientes y los espacios arbolados de su ámbito. Son espacios de transición entre el páramo y la campiña, y un elemento definitorio del paisaje. Sufren procesos erosivos fuertes por su inclinación y por sus características litológicas y edafológicas. Las laderas de mayor pendiente, vinculadas con fenómenos naturales como los taludes de las terrazas fluviales, presentan al mismo tiempo fragilidad e interés paisajístico.

2.– Todas las cuestas y laderas delimitadas en los planos de ordenación de estas Directrices son espacios de interés natural y paisajístico: Las cuestas de los tres páramos que rodean Valladolid (Torozos, Cerrato y Portillo), junto con los taludes de las terrazas del Pisuerga y del Duero. Su tendencia erosiva, su papel de continuidad en el tejido territorial y la fragilidad de sus suelos hacen necesario limitar su uso, protegiendo la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea de acuerdo a las siguientes directrices:

a) El planeamiento urbanístico municipal clasificará las cuestas y laderas como suelo rústico con protección natural, con la sola excepción del entorno inmediato de los núcleos de Ciguñuela y Villanubla, debido a sus peculiares características de localización.

b) Se procurará la revegetación de las cuestas y laderas, tratando de dar continuidad a las masas vegetales para crear una banda verde continua en las cuestas y en los taludes de las terrazas del Pisuerga y el Duero, a fin de amortiguar los impactos sobre los espacios más singularmente protegidos.

c) En las cuestas y laderas con mayores inclinaciones, factores como los cultivos en pendiente, el sobrepastoreo y la ausencia de cubierta vegetal favorecen los procesos erosivos y la pérdida de suelo. Por ello el uso de estas cuestas y laderas más inclinadas se restringirá a la ganadería extensiva y a la circulación a pie, que incluso podrán prohibirse en caso de profundización de los procesos erosivos.

d) En las cuestas y laderas no se permitirán actividades que favorezcan los procesos erosivos.

e) Queda prohibida toda nueva construcción en las cuestas y laderas, y en una franja del páramo de 10 m. de ancho desde la cornisa. Como excepción, en las zonas con bodegas u otras edificaciones tradicionales, se permitirá consolidar las construcciones existentes y completar los pequeños vacíos entre las mismas con construcciones similares a las existentes, aplicando medidas correctoras frente a la erosión y en todo caso sin construir nunca en la parte más alta, evitando que los edificios sobresalgan por encima de la línea del páramo.

f) En particular, las cuestas del A.S.V.E. Cortados de Cabezón demandan una protección más estricta. Por ello en éste área se prohibirá cualquier uso exceptuando el pastoreo extensivo (y siempre que su intensidad no ponga en peligro las comunidades vegetales existentes) y la circulación a pie. Se recomienda la señalización y cierre de los caminos.

Artículo 7.– Directrices para la protección de los encinares y quejigares (B).

1.– Todos los encinares y quejigares señalados en los planos de ordenación de estas Directrices son espacios valiosos, en los que debe garantizarse la conservación y mantenimiento de la vegetación. Para ello el planeamiento urbanístico municipal clasificará los encinares y quejigares como suelo rústico con protección natural:

2.– El régimen de protección de los encinares y quejigares respetará las siguientes directrices:

a) Solamente se autorizarán construcciones menores asociadas al mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los encinares y quejigares.

b) Se fomentará la ampliación de los encinares de páramo, integrando en su dinámica ecológica terrenos agrícolas situados en las proximidades.

c) La extensión de las principales manchas de encinar de campiña posibilitan su transformación en encinares maduros, mediante labores de resalveo intensivo y entresaca.

d) Deberá mantenerse y extenderse el área de distribución de los quejigares , dada su escasez.

e) Se procurará no aislar la fauna, debiendo evitarse los vallados que imposibiliten o dificulten su movilidad.

Artículo 8.– Directrices para la gestión de la biodiversidad de los pinares (B).

1.– Todos los pinares señalados en los planos de ordenación de estas Directrices son espacios valiosos, en los que debe garantizarse la conservación de la vegetación, con independencia de su estado actual y de su régimen de propiedad. Para ello el planeamiento municipal clasificará los pinares de forma preferente como suelo rústico con protección natural. Excepcionalmente, pinares no incluidos en A.S.V.E. ni en Montes de Utilidad Pública podrán ser clasificados como suelo rústico común o suelo urbanizable a fin de hacer posible la autorización de actividades extractivas o sectores urbanizables, en las condiciones señaladas en el número 4 de este artículo, manteniendo su condición de pinares y con obligación de reponer el arbolado eliminado.

2.– El régimen de protección de los pinares incluidos en A.S.V.E. se ajustará a lo dispuesto con carácter general en el artículo 3, respetando además las directrices señaladas en este articulo. En los demás pinares incluidos en Montes de Utilidad Pública se evitarán las talas no orientadas por las autoridades forestales ni asociadas a proyectos de restauración y mejora.

3.– La gestión de todos los pinares debe respetar un delicado equilibrio entre actividad económica, conservación y usos vinculados al ocio. Para ello las actuaciones forestales utilizarán los siguientes criterios para mejorar la biodiversidad y la madurez del ecosistema, de forma complementaria con los criterios consolidados de explotación forestal y protección frente a incendios:

a) Se fomentará la madurez ecológica de los pinares favoreciendo la diversidad de especies.

b) Se conservarán los pinares-refugio (pequeñas formaciones aisladas rodeadas de cultivos de herbáceas) presentes en el sur del ámbito de las Directrices, de indudable valor ecológico.

c) Se fomentará la diversidad ecológica, aprovechando la complementariedad entre pinares, formaciones dunares, cultivos, pastizales, humedales, orlas y riberas arboladas.

d) Las infraestructuras de explotación, pistas y cortafuegos, esenciales para el mantenimiento del pinar, deben planificarse y ejecutarse cuidadosamente, evitando las prácticas de alto impacto.

4.– Excepcionalmente, los pinares no incluidos en A.S.V.E. o en Montes de Utilidad Pública podrán ser clasificados como suelo rústico común o suelo urbanizable y en ellos podrán autorizarse:

a) Usos extractivos, en el marco de la normativa sobre actividades clasificadas y Evaluación de Impacto Ambiental, exigiéndose siempre el correspondiente proyecto de restauración.

b) Sectores de suelo urbanizable, con parcela mínima de 1.000 m2 cuando su uso predominante sea residencial en viviendas aisladas y de 10.000 m2 en otros usos, garantizando la conservación de al menos el 75 por ciento del arbolado existente y previa Evaluación de Impacto Ambiental (exigible por ser los pinares zonas naturales). Asimismo se exigirá estudiar y adoptar las medidas adecuadas para la prevención de incendios.

Capítulo 2

Sistema subregional de parques y corredores verdes

Artículo 9.– Puesta en valor del paisaje mediante el Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes (P).

1.– El Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes tienen como objeto valorizar el paisaje, recurso de gran potencial en el ámbito de estas Directrices, conjugando los intereses culturales, ecológicos, recreativos y económicos que la naturaleza ofrece en una región urbanizada.

2.– El Sistema Subregional de Parques está formado por lugares naturales de cierto tamaño que puedan ser conectados, y se constituye a partir de los Parques Metropolitanos y de Áreas Recreativas existentes.

3.– Los corredores verdes son rutas o recorridos relacionados con la naturaleza y destinados al deporte, al paseo o a la contemplación del entorno, al disfrute del paisaje y de la riqueza cultural. La Red de Corredores Verdes se forma a partir de un conjunto de vías pecuarias, caminos rurales y sendas de los canales y acequias, en conexión con los núcleos de población y articulado con el Sistema Subregional de Parques, de forma que constituyan entre ambos una amplia estructura de ocio fundado en el disfrute de la naturaleza, capaz de fomentar cohesión territorial y sentido de pertenencia.

4.– Para el desarrollo del Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes se elaborará y tramitará un Proyecto Regional conforme a la Ley 10/1998, que estudiará con detalle las actuaciones a llevar a cabo en los espacios incluidos por estas Directrices en ambos sistema.

Artículo 10.– Directrices para el Sistema Subregional de Parques (B).

1.– Son Parques Metropolitanos los siguientes espacios arbolados, concebidos como lugares accesibles y seguros donde la protección de la naturaleza sea compatible con una oferta variada de actividades recreativas, cuyo fin es cumplir con las funciones de parque al servicio de la aglomeración urbana y de los municipios de su entorno, y asimismo ser centros de la Red de Corredores Verdes:

a) El A.S.V.E. Pinares de Simancas-Antequera-Laguna.

b) El Pinar de Solafuente y Valles (Monte de Utilidad Pública y área recreativa) en Laguna de Duero, junto con el espacio que se extiende entre su límites y el río Duero.

c) La Playa de Cabezón, con el abrevadero y descansadero de la Cañada Real Leonesa Oriental.

d) El río Pisuerga desde La Overuela hasta el soto de Arroyo de la Encomienda.

2.– Son Áreas Recreativas los espacios así denominados y ya existentes en los Montes de Utilidad Pública (La Playa en Puente Duero, Colagón en Villanueva de Duero, Peñalta en Viana de Cega, Tamarizo en Valdestillas y los Valles en Laguna de Duero) y las nuevas áreas recreativas y de descanso vinculadas a los corredores verdes de nueva creación, además del A.S.V.E. Laguna de Laguna de Duero.

3.– En los Parques Metropolitanos y Áreas Recreativas solamente podrán ser autorizadas construcciones vinculadas a los usos recreativos. En particular, en los espacios incluidos en A.S.V.E. y Montes de Utilidad Pública se someterán al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de perfeccionar su adaptación al entorno y de garantizar la introducción de las medidas correctoras necesarias para garantizar la conservación de los valores afectados.

Artículo 11.– Directrices para la Red de Corredores Verdes (B).

1.– La Red de Corredores Verdes se constituirá mediante la recuperación y puesta en valor del complejo y denso sistema de vías pecuarias, caminos rurales y sendas de los canales y acequias existente en el ámbito de estas Directrices, compatibilizando los nuevos usos con los tradicionales.

2.– La Red de Corredores Verdes articulará el conjunto de espacios y lugares del ámbito de esta Directrices con potencial para generar demanda o interés histórico y paisajístico, como son los asentamientos tradicionales, las áreas arboladas y otros enclaves singulares. Asimismo la red crea y promociona un modo de transporte alternativo al motorizado: Una red cerrada que permita recorridos de gran diversidad, peatonal o senderista, en bicicleta y a caballo.

3.– La Red de Corredores Verdes se diseñará de forma que los núcleos de población existentes sean los lugares de origen y destino de los corredores, ofreciendo la infraestructura de servicios básica necesaria para la utilización de los mismos.

4.– La Red de Corredores Verdes engloba algunos enclaves singulares infrautilizados (Casa Ibarra-Smith en Renedo, Monasterio de Aniago en Villanueva, Iglesia de Palazuelos en Cabezón) que forman en su interior una red potencial de equipamientos al servicio de la educación ambiental y de las grandes rutas pecuarias regionales.

5.– La Red de Corredores Verdes se diseñará de forma que pueda incorporar las Áreas Recreativas de los Montes de Utilidad Pública existentes en el exterior del ámbito de estas Directrices, pero situados en las cercanías de sus límites: Fuente Mínguez y Llano de San Marugán en Portillo, Puente Hinojo en Traspinedo y El Pisón en Mojados.

6.– Previa o simultáneamente a la implantación de la Red de Corredores Verdes, se elaborará un manual de diseño de los mismos, ya que el diseño es un factor importante para la coherencia y la calidad global de la red, donde la seguridad y la señalización homogénea, las secciones viarias, etc. pueden enriquecer y asegurar sus objetivos.

Capítulo 3

Directrices Ambientales por Unidades Paisajísticas

Artículo 12.– Las Unidades Paisajísticas como elemento de protección ambiental (P).

A fin de constituir un marco de referencia para las acciones de mejora del paisaje y para el control de su transformación, estas Directrices dividen la totalidad de su ámbito en 13 Unidades Paisajísticas (U.P.) delimitadas en los planos de ordenación.

Artículo 13.– Directrices para el control de las transformaciones por Unidades Paisajísticas (B).

Para la conservación y puesta en valor de las áreas sin protección especial, pero valiosas para la calidad y la identidad del paisaje, se señalan las siguientes directrices para cada Unidad Paisajística, teniendo en cuenta, en todo caso, que las áreas especialmente protegidas que se encuentran en cada U.P. se regirán por sus directrices específicas:

a) U.P. 1 (Páramo de Torozos): Unidad homogénea, frágil y vulnerable por la existencia de áreas con valor natural (masas de quercíneas) y por el carácter seminatural del páramo. El control de impactos debe basarse en la exclusión de cambios de uso en el entorno del A.S.V.E. Montes de Torozos y en la Evaluación de Impacto Ambiental de las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma.

b) U.P. 2 (Cuestas y Terrazas del Pisuerga): Las terrazas del Pisuerga son vulnerables visualmente por la disposición del parcelario y los cultivos, ya que los cantiles de las terrazas y los árboles frutales y viñedos otorgan carácter al espacio. En las cuestas hay fajas y rodales de encinas, quejigos y pinos, cuyo valor natural se eleva en el A.S.V.E. Vallejo del Arroyo Valcaliente. Se exigirá Evaluación de Impacto Ambiental a las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma, procurando el control de impactos, la recuperación de arroyos y la rehabilitación de las zonas del paisaje dañadas por vertidos, escombreras o deforestación.

c) U.P. 3 (Ribera del Pisuerga): Unidad de más valor ecológico que paisajístico, que incluye el río y sus márgenes, la cuesta del páramo cercenada por la erosión del río (A.S.V.E. Cortados de Cabezón) y los espacios arbolados del valle, sobre todo los que tienen quercíneas (A.S.V.E. Valle del Doctor). Las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, y toda acción o programa tendrá en cuenta la protección de la agricultura periurbana y las directrices para la mejora de las riberas.

d) U.P. 4 (Páramos del Cerrato): Tanto los páramos de Valderrueda y Valdeviñazos como los de El Perdigón y La Encomienda son espacios planos, homogéneos, con horizontes libres, de elevada fragilidad a los impactos visuales y poco accesibles. Apenas quedan testigos de los montes autóctonos y sus valores naturales no destacan. Conviene evitar actividades industriales fuertes y la urbanización intensiva. Las acciones sobre el paisaje tenderán a minorar las agresiones paisajísticas.

e) U.P. 5 (Valle del Esgueva): Unidad relativamente homogénea y regular, cuya fragilidad reside en el sistema del agua y en el paisaje asociado. Se deben excluir las instalaciones industriales de entidad y la implantación de usos residenciales dispersos, fomentándose el desarrollo compacto. Es prioritario el programa de mejora de riberas, con la restauración del río y de sus márgenes en toda su longitud.

f) U.P. 6 (Aglomeración de Valladolid): En la aglomeración coexisten en mosaico gran diversidad de espacios, desde áreas naturales valiosas hasta otras completamente urbanizadas. Usos fuertes como los industriales deben concentrarse en el sistema urbano continuo, en las Áreas de Urbanización Preferente. Se aplicarán los programas de mejora de riberas, restauración de espacios degradados y fomento de la agricultura productiva. La protección de las A.S.V.E. Sotos de Medinilla y Zamadueñas y Laguna de Laguna de Duero se vinculará a las acciones de mejora del paisaje y al Sistema Subregional de Parques.

g) U.P. 7 (Cuestas y laderas de Fuensaldaña a Simancas): Unidad de transición entre el páramo y el espacio plenamente urbano. Las cuestas son el elemento predominante, con algunas terrazas del Valle del Pisuerga, caracterizadas por la fuerte fragilidad visual y el carácter histórico del paisaje. El control de impactos implica la exclusión de la gran industria y de la urbanización extensiva. Las acciones deberán fomentar la revegetación de los arroyos y cuestas y la rehabilitación de los lugares degradados.

h) U.P. 8 (Duero-Pinares Periurbanos): Unidad de gran valor natural, paisajístico e histórico, poco percibido (riberas y A.S.V.E. Monte de Boecillo y Pinares de Simancas-Antequera-Laguna), sometida a tensiones urbanísticas, ya que existen zonas adecuadas para la urbanización en las cercanías de áreas frágiles. Excluidas las actividades industriales dispersas, las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental y a una planificación urbanística que buscará la sustentabilidad mediante la compacidad, la adecuación a las infraestructuras viables y la protección del paisaje.

i) U.P. 9 (Ribera del Duero): Con tres A.S.V.E. (Pinar Viejo, Santa Marina y Santinos, Monte de Fuentes de Duero y en parte Cuesta de La Parrilla), tiene gran valor natural y un paisaje agrario frágil frente a los cambios de uso. Las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma y actividades estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, evitándose actividades fuertes dispersas. Las acciones de mejora del paisaje se centrarán en la mejora de riberas (Duero y Jaramiel) y en la rehabilitación de graveras y vertederos.

j) U.P. 10 (Tierra de Pinares): Unidad frágil por la presencia de grandes áreas naturales asociadas a extensos montes (A.S.V.E. Monte de Duero), al área de descarga del acuífero profundo (A.S.V.E. Lagunas de Aldeamayor) y a la abundancia de arenosoles. El control de impactos exige la exclusión del uso residencial extensivo y la aplicación de Evaluación de Impacto Ambiental a las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma. Las acciones de mejora deberán centrarse en la mejora de riberas (Adaja y Cega y sus arroyos) y en la recuperación de espacios degradados por graveras, basureros, etc.

k) U.P. 11 (Terrazas de La Moya): Unidad con cierta homogeneidad física y paisajística, frágil a los impactos visuales. Como salvaguardia se evitarán usos urbanos intensivos y actividades industriales fuertes dispersas. Son necesarias acciones de rehabilitación de graveras.

l) U.P. 12 (Vega del Duero): Diversas agresiones confluyen en este reducido y vulnerable espacio: riberas maltratadas, graveras sin restaurar, campos abandonados. Se debe exigir Evaluación de Impacto Ambiental a las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma y excluir la industria dispersa de entidad.

m) U.P. 13 (Cuestas y Laderas de Geria): Unidad pequeña relativamente estructurada y homogénea, con fragilidad a impactos visuales y a transformaciones de uso. Se exigirá Evaluación de Impacto Ambiental a las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma, fomentándose el desarrollo compacto del núcleo de Geria.

Capítulo 4

Directrices para la orientación del crecimiento urbano

Artículo 14.– Directrices para el fomento del crecimiento urbano compacto (P).

1.– La forma urbana compacta tiene grandes ventajas sociales frente al desarrollo disperso, ya que favorece la optimización territorial y ambiental de las infraestructuras y servicios, la preservación de la identidad cultural de los espacios y la consecución de un modelo de crecimiento urbano concertado, planificado y sostenible.

2.– En el ámbito de las Directrices, el planeamiento urbanístico municipal deberá fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población existentes, apoyándose en su malla urbana, a fin de garantizar las sinergias necesarias para el funcionamiento de los servicios urbanos, fomentar una identidad territorial arraigada en la estructura histórica del territorio y favorecer la reconversión y reutilización de los inmuebles abandonados, con preferencia a los procesos de extensión discontinua o exterior a los núcleos.

3.– Los conjuntos urbanos de borde (sobre suelo urbanizable contiguo a un núcleo de población) o Áreas de Urbanización Autónoma (sobre suelo urbanizable sin conexión con un núcleo de población) deberán justificar la adecuación de sus infraestructuras y la corrección de su impacto sobre los sistemas generales y otras dotaciones urbanísticas existentes, así como su solvencia ambiental, exigiéndose Evaluación de Impacto Ambiental en los casos establecidos por estas Directrices y de acuerdo con la legislación autonómica vigente para áreas naturales o seminaturales.

Artículo 15.– Directrices para la moderación del crecimiento urbano disperso (P).

1.– El crecimiento urbano disperso tiene un doble efecto negativo sobre el territorio: Introduce una forma de ocupación del espacio sin referencias estables, acumuladora de externalidades negativas; y además, la ocupación espacial por edificación dispersa es a menudo ajena al control del planeamiento o a la eficiencia de las infraestructuras, de modo que el territorio se ve sometido a una acumulación de pequeños impactos que genera daños difíciles de reconducir. Por ello el planeamiento urbanístico municipal moderará el crecimiento urbano disperso, y a tal efecto:

a) Deberá detallar con precisión los usos del suelo, estableciendo condiciones pormenorizadas para el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable delimitado y no delimitado, impidiendo situaciones de vacío normativo que permitan actuaciones fuera de control.

b) Procurará moderar el efecto de borde asociado a la proliferación y dispersión de usos en torno a los límites entre áreas compactas y áreas protegidas.

c) En los espacios en los que exista una infraestructura histórica con valor paisajístico, como en las zonas de regadíos con sistemas de granjas, canales y acequias, evitará transformaciones ajenas a la estructura preexistente.

2.– En el ámbito de las Directrices y dentro de sus respectivas competencias, las Administraciones públicas tendrán como prioridad evitar la realización de parcelaciones al margen los procedimientos de la legislación urbanística, y en particular impedir la prestación de servicios urbanos o la realización de obras de urbanización destinadas a las actuaciones urbanísticas ilegales.

Artículo 16.– Directrices para el control de las construcciones aisladas (P).

1.– En el ámbito de las Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno quedan prohibidas las viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico.

2.– Se permitirán las construcciones rurales necesarias para la explotación agraria o ganadera y las construcciones e instalaciones aisladas vinculadas al mantenimiento y servicio de las infraestructuras, salvo en el ámbito de las A.S.V.E., de acuerdo a las siguientes directrices:

a) Las edificaciones deberán atender a criterios de adaptación al paisaje circundante, entendido según sus elementos básicos: color, forma, textura, línea, escala y carácter espacial.

b) Los vallados deberán atenerse a modelos tradicionales, basados en la piedra o en el barro, o adoptar modelos transparentes, solos o acompañados por setos o pantallas vegetales.

Capítulo 5

Directrices para el fortalecimiento de la identidad territorial

Artículo 17.– Directrices para la protección y mejora del patrimonio histórico (P).

1.– El planeamiento urbanístico municipal deberá incluir en catálogos, a efectos de su conservación, todos los elementos valiosos de arquitectura religiosa, civil y militar (puentes, casas-torre, castillos, palacios, casonas solariegas, humilladeros, ermitas, fuentes), así como los edificios de arquitectura tradicional de valor singular (casas, palomares, bodegas, granjas, tenadas, chozos, silos).

2.– Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo los elementos de cualquier tipo destinados a la seguridad, la publicidad y la decoración, deberán ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno inmediato y del paisaje circundante. Todas ellas deberán armonizar con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situación, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios.

3.– Los yacimientos arqueológicos más relevantes, indicados en los planos de ordenación, deberán protegerse de forma explícita en el planeamiento urbanístico municipal.

4.– La calidad de la urbanización de los espacios públicos centrales de los núcleos de población existentes deberá ser objetivo prioritario de las inversiones programadas en el planeamiento urbanístico municipal, fomentando la solvencia y sobriedad de las soluciones.

5.– La edificación respetará los parajes tradicionales en los bordes o en el interior de los núcleos de población (vegas, laderas con vegetación, plantíos, huertos y prados, linderos de piedra o arbolados, eras, etc.), adaptándose a su configuración y respetando los elementos de interés paisajístico: arbolado, caminos, cursos de agua, así como muretes, setos y otros elementos tradicionales de división parcelaria.

6.– Las construcciones de nueva planta se integrarán en el entorno geográfico y construido y asumirán, en su implantación y en la disposición de sus elementos, las formas que configuran su paisaje específico, sin modificar sus elementos valiosos y procurando mejorarlo. A tal efecto habrán de tenerse en cuenta al menos los siguientes elementos de referencia:

a) En el interior de los núcleos de población, la forma tradicional de ocupación de parcela.

b) Los elementos de cierre tradicionales y la estructura del parcelario, cuando esté referida a sistemas estables de caminos, acequias, arbolados o linderos vegetales.

c) La disposición y forma tradicionales de los volúmenes edificados, atendiendo con respeto los factores de estructura, escala y dimensión que moderen los impactos sobre su entorno.

d) La composición general de fachadas, así como sus materiales y colores y la relación articulada del edificio con su entorno inmediato y con la contemplación visual de sus elementos singulares.

7.– El planeamiento urbanístico municipal procurará la conservación y mejora de la estructura urbana existente, y sus determinaciones deberán poner en valor las características de cada núcleo de población.

Artículo 18.– Programa de mejora y revitalización de centros históricos (B).

1.– Los Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial, deberán incentivar la conservación y restauración de los edificios y otros elementos de interés, disponiendo las medidas económicas de fomento oportunas organizadas en torno a programas específicos.

2.– Con objeto de conservar y proteger el patrimonio inmobiliario no monumental, especialmente la arquitectura tradicional, los Municipios incluidos en el ámbito de las Directrices deberán elaborar un Catálogo de Elementos Protegidos integrado en su planeamiento urbanístico municipal, así como un programa de mejora y revitalización de su centro histórico, en desarrollo del anterior.

3.– A fin de colaborar en el cumplimiento de la obligación establecida en el número anterior, la Junta de Castilla y León elaborará un estudio previo sobre los elementos que deberán ser recogidos en los correspondientes Catálogos municipales.

Artículo 19.– Programa de mejora de áreas protegidas y paisajes valiosos (O).

1.– El programa de mejora de áreas protegidas (A.S.V.E. y Montes de Utilidad Pública) y paisajes valiosos pretende su puesta en valor y fortalecer sus potencialidades. Las actuaciones, valorando su fragilidad y las amenazas que sufren, tendrán como objetivo la preservación del medio o su restauración ambiental, comenzando por los proyectos de revegetación, de acuerdo a las siguientes directrices:

a) La accesibilidad de los espacios protegidos no será facilitada, salvo en el caso de los parques. Al mismo tiempo será mejorada la accesibilidad y señalización de los parques y las áreas recreativas.

b) La continuidad en los espacios valiosos protegidos será prioritaria. La exigencia de establecer conexiones se facilitará con el desarrollo de elementos de protección en red, uniendo diferentes áreas: Las riberas y las cuestas y laderas pueden llegar a conformar esta red.

2.– A efectos de estas Directrices, se consideran paisajes valiosos en peligro:

1. El corredor natural del río Adaja desde el puente de Aniago hasta la confluencia con el Duero.

2. El río Duero en el entorno de Puente Duero, del puente de la carretera de Madrid.

3. La confluencia Pisuerga-Duero, desde el núcleo de Simancas hasta Pesqueruela.

4. El área oriental del término de Laguna de Duero, junto al Canal del Duero.

5. El río Duero aguas arriba y abajo de Herrera.

6. La Huerta de Tudela, sobre el eje de la CN-122.

7. La Ribera del Pisuerga en Medinilla y Zamadueñas.

8. La Ribera del Pisuerga en Palazuelos.

Capítulo 6

Directrices para la protección de los paisajes agrarios

Artículo 20.– Directrices para la protección de los espacios agrícolas periurbanos: Las Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (B).

1– La protección de la agricultura periurbana, clave de un desarrollo urbano sostenible, exige contener la presión urbanística sobre los espacios agrarios en los que confluyen valores, integrándolos en figuras estables de protección del suelo. Estas medidas resultan especialmente necesarias en las áreas de borde urbano, ya que la perspectiva de crecimiento urbano tiende a producir el abandono del uso agrario.

2.– En las áreas de borde urbano, la instalación de infraestructuras agrarias con fines educativos (huertos, granjas escuela, viveros escolares, etc.) es una prioridad, con la restauración de antiguas granjas y huertos. Se conservarán las infraestructuras agrarias en las áreas periurbanas: Granjas y edificaciones, acequias, caminos y vías pecuarias, que formen parte del paisaje agrario, y presenten cualidades culturales y estéticas locales.

3.– Las parcelas destinadas a labores agrarias en las inmediaciones de los cascos urbanos deberán ser clasificadas por el planeamiento urbanístico municipal como suelo rústico con algún régimen de protección (suelo rústico con protección agropecuaria o cultural, suelo rústico de asentamiento tradicional o suelo rústico de entorno urbano) al menos en las siguientes situaciones:

a) Cuando se trate de la salvaguardia de suelos valiosos para el cultivo.

b) Cuando se trate de paisajes valiosos.

c) Cuando existan estructuras históricas vinculadas (canales, acequias y otras similares) que incrementen su valor patrimonial y paisajístico, o existan formas de asentamiento estructuradas, como granjas, cuya conservación protege de la degradación de los márgenes de las poblaciones.

d) Cuando los terrenos se encuentren en alguna de las Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (A.P.H.A.) delimitadas en los planos de ordenación, que forman un espacio continuo vinculado al entorno de los ríos y de los canales, correspondiente a parajes agrarios con identidad y valor:

1. Meandros del Pisuerga y Canal de Castilla.

2. Meandros del Pisuerga y Canal del Duero.

3. Valle del Esgueva.

4. Entorno de la Acequia de Tudela y Jaramiel.

5. Entorno Duero-Canal del Duero.

6. Encuentro Cega-Duero.

7. Aniago y entorno encuentro Adaja-Duero.

8. Pesqueruela y encuentro Pisuerga-Duero.

9. Paisajes y granjas de las acequias del Duero.

10. Entorno del Adaja.

4.– La proximidad de áreas urbanas justifica cierta tolerancia de usos en las A.P.H.A. delimitadas, siempre de forma compatible con la conservación de su carácter abierto y rústico. A tal efecto, solo se permitirán:

a) Usos asimilables a los agrarios, como viveros y otras instalaciones productivas.

b) Equipamientos urbanos, públicos o privados, incluso los relacionados con el ocio, con una ocupación máxima del suelo del 30 por ciento.

c) Casas rurales y usos hoteleros con usos recreativos vinculados al carácter de los espacios, con ocupación máxima del suelo del 25 por ciento, edificabilidad máxima de 0,2 m2/m2, altura máxima de 9 m. a cornisa y 12 m. a cumbrera, garantizándose la conservación total del arbolado preexistente y la puesta en valor de las infraestructuras de regadío históricas. A excepción de frutales y especies de huerto, se prohíbe la introducción de arbolado ajeno a las especies propias de las formaciones vegetales del entorno: Bosque de ribera, encinares y pinares.

d) Sistemas generales o locales, de espacios libres públicos, adscritos o integrados, respectivamente en sectores urbanizables. El tratamiento protector y de recuperación se incluirá en el ámbito que se haya integrado dentro de estas áreas, tanto en los sistemas generales, como en la ordenación detallada de los sectores.

5.– La rehabilitación de las granjas será prioritaria. Se permiten acciones de transformación en agrupaciones residenciales, interpretando con libertad el volumen edificado, que será referencia obligada y que podrá incrementarse en un 25 por ciento. Se establece como altura máxima de 9 m. a cornisa y 12 m. a cumbrera. Se prohíbe cualquier subdivisión parcelaria, garantizándose el carácter abierto de las parcelas afectadas y tolerándose vallados adaptados al paisaje.

Artículo 21.– Directrices para la protección de la agricultura periurbana y el fomento de las prácticas agroambientales (O).

1.– Debe fomentarse el mantenimiento de la actividad agraria en las áreas periurbanas, o al menos que su sustitución por otros usos garantice el mantenimiento de su valor paisajístico. A tal efecto las Administraciones públicas competentes promoverán la plantación de cultivos permanentes de protección y los programas de forestación de tierras agrarias.

2.– En los terrenos con uso agrícola, los aportes de materia orgánica se harán utilizando materiales compostados maduros, evitando la dispersión de olores hacia las áreas urbanizadas.

3.– El uso de infraestructuras de riego conllevará el compromiso de cuidado y mantenimiento en un estado satisfactorio, garantizando tanto su uso agrario como su papel ecológico y paisajístico.

4.– Los terrenos periurbanos de titularidad pública vocacionalmente agrarios deberán ser preservados del desarrollo urbanístico y de otros usos que modifiquen su potencialidad. Deberá fomentarse el uso agrícola de los mismos, mediante instalaciones propias (viveros o granjas-escuela por ejemplo), mediante convenios con asociaciones, entidades o particulares para el desarrollo de usos agrícolas con fines lúdicos, educativos o ambientales, o mediante su permuta por otros terrenos de diferente vocación a cambio del compromiso de respetar el uso agrario.

5.– Estas Directrices promueven la interacción entre el medio agrícola y el urbano en los límites que comparten y en su relación con las áreas protegidas, con el fin de garantizar un enriquecimiento de los valores del paisaje y de la naturaleza.

6.– Se recomienda la adopción de medidas con incidencia sobre la conservación y estructuración del paisaje, y por tanto en la diversidad y en otros factores ambientales:

a) Se evitarán construcciones agrarias cuyos materiales o tipología produzcan contrastes fuertes con las tradicionales de la zona, y la roturación, quema o alteración de lindes, caminos, setos, arroyos y cualquier otro elemento apropiado para la vida silvestre.

b) Se incorporarán a los linderos formaciones como setos, bosquetes, árboles y construcciones rústicas que, sin alterar la fisiografía básica del paisaje agrario, eviten la monotonía y aumenten la variedad.

c) Las bandas de vegetación acompañantes de cursos de agua y lagunas deben protegerse evitando su roturación; asimismo, se protegerá la vegetación en el borde alto de los páramos y terrazas, de cara a definir una banda continua con funciones paisajísticas.

7.– Los cultivos que confieren una especial variedad al paisaje local, enriquecedora del conjunto, serán especialmente protegidos. Destacan las huertas que se sitúan en los suelos más fértiles y profundos de muchos pueblos, los huertos de frutales que aún se mantienen, los cultivos arbóreos de almendros, cerezos, manzanos u olivos, los viñedos y los cultivos herbáceos que incluyan árboles, como los cultivos de cereal con encinas. Se tendrán en cuenta las siguientes Directrices:

a) Los cultivos de especial interés en peligro de degradación deberán ser objeto de recuperación. Se protegerán los cultivos protectores que se localicen en terrenos susceptibles de erosión como cuestas, terrazas y terrenos inclinados y los importantes para la conservación de ecosistemas.

b) Los cultivos de almendros y olivos constituyen una oportunidad para intervenciones que restablezcan sus características, como limpieza y desbroce, podas blandas y sucesivas de rejuvenecimiento, fertilización del suelo y tratamientos fitosanitarios.

c) Deberán estudiarse medidas de conservación respecto de las actividades complementarias, como la apicultura, que resulten importantes para la dinámica histórica de las áreas cultivadas.

d) Los espacios con cultivos de especial interés se clasificarán como suelos rústicos con protección, facilitando ayudas para su conservación.

8.– Se conservará la diversidad y las relaciones entre los ecosistemas en las tierras cultivadas que se localizan en áreas de paisaje variado, intercaladas entre pinares, riberas y montes y ocupando extensiones limitadas. Los catálogos generales de buenas prácticas agrarias son compatibles con:

a) Promover comunidades de borde (sobre todo en el límite de los páramos sobre las cuestas o en el límite de las riberas, a modo de amortiguadores paisajísticos o buffers, como setos vivos y bandas de vegetación silvestre en los márgenes de los cultivos. Los setos pueden irse incorporando a los terrenos de cultivo mediante la desaparición del laboreo en una franja delgada junto al borde o la plantación directa de especies locales que puedan aportar recursos no sólo a la fauna local sino también a los propios agricultores como son frutas silvestres, mimbre, acción protectora frente al viento y la erosión, control de plagas, polinización, etc.

b) Limitar en los bordes de las parcelas los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes. Las técnicas de control que impliquen mayor especificidad, menor concentración de elementos tóxicos o menor uso de sustancias peligrosas tiene un efecto similar. Esta limitación se llevará a efecto cuando las parcelas contacten con áreas silvestres y cualquier tipo de comunidad de interés, cuando pueda afectarse a caminos, parques o instalaciones que usen las personas.

c) Eliminar las prácticas más agresivas, como la quema de rastrojos, la eliminación de arroyos y linderos (por quema, roturación o enterramiento), el paso de maquinaria por zonas sensibles, etc.

d) Mantener pequeños espacios silvestres entre los cultivos, incorporando árboles, bosquetes o pinares-isla, arroyos, lagunas y charcas, etc. para establecer intercambios más complejos entre los diferentes sistemas y componer un mosaico de paisajes diversos.

e) Liberar del cultivo las tierras que sean marginales o poco productivas y dedicarlas a labores forestales y de protección, contribuyendo a diversificar el paisaje.

9.– Las buenas prácticas agrarias para la conservación del medio incluyen también un uso ganadero adecuado, conforme a las siguientes directrices:

a) Los rebaños pueden ser utilizados, con precauciones, como herramienta de gestión de áreas protegidas por estas Directrices, para el control de la vegetación y el desbroce de algunas áreas, tanto montes de quercíneas como riberas.

b) Algunas manchas de vegetación, como los pastizales asociados al acuífero profundo en el área de Aldeamayor-Boecillo y los pastizales calcícolas de los páramos, pueden necesitar una carga ganadera adecuada para mantenerse en buenas condiciones y evitar procesos de degradación.

c) Es preciso un diseño cuidado y un cálculo ajustado de los proyectos de explotaciones ganaderas, así como una gestión que minimice los posibles impactos; un buen manejo del estiércol, gestión de los residuos, control de las condiciones sanitarias y de los malos olores.

10.– Las vías pecuarias deben ser objeto de un proyecto de conservación promovido desde las instituciones que incluya su clasificación o reclasificación, deslinde y amojonamiento, la retirada y desaparición de las ocupaciones ilegales (intrusiones), la limpieza y retirada de vertidos, y el desarrollo de labores de restauración ambiental.

Capítulo 7

Otras directrices ambientales

Artículo 22.– Directrices para la protección de la avifauna (O).

1.– La disposición, forma y acabado de los elementos arquitectónicos y urbanísticos pueden facilitar el desarrollo de la avifauna si tienen en cuenta las necesidades de las especies de aves en relación con la construcción de sus nidos en abrigos, grietas, orificios u oquedades inaccesibles a sus predadores.

2.– El arbolado debe ser promocionado en lugares como carreteras, caminos y arroyos, garantizando protecciones y distancias para evitar accidentes.

3.– Deben desarrollarse actuaciones sobre los tendidos eléctricos que aminoren su impacto visual y que eviten el impacto y la electrocución de las aves: Sustitución de las torres de ángulo y de aislamientos rígidos por las de pórtico con aislamiento suspendido, y en las A.S.V.E., señalización de los cables y enfundado de los conductores inmediatos a los aisladores, los apoyos y las instalaciones especiales.

4.– Se realizarán aportaciones conscientes a la diversidad construyendo estructuras tales como refugios o nidales, plantando especies que favorezcan a determinados animales, introduciendo puntos de agua o de observación, evitando la destrucción de nidos con cosechadoras y otras máquinas, y cultivando especies o variedades que favorezcan a especies de interés.

Artículo 23.– Directrices sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (O).

1.– El ámbito de las Directrices será un espacio prioritario para el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación atmosférica y acústica por parte de las Administraciones públicas competentes. Para ello se prestará especial atención a los factores de diseño relevantes para la protección de impactos contaminantes, sobre todo en materia de ruidos. El término municipal de Valladolid cuenta con unas ordenanzas municipales estrictas, que deben ser tomadas como referencia para el ámbito de las Directrices.

2.– La inexistencia de normativa en materia de control de contaminación lumínica aconseja la adopción de las siguientes Directrices en la materia:

a) Las luminarias incluirán lámparas eficaces y reflectores que eviten la dispersión de la luz por encima del horizonte o en sentido vertical ascendente.

b) Al menos en las áreas verdes, la altura de instalación no superará 3 m. y se evitará utilizar luminarias con emisión de luz directa hacia el hemisferio superior. Todas las superficies de la luminaria con flujo de luz saliente cuya normal tenga un ángulo con la horizontal igual o superior a 0º deberá opacarse. Las lámparas se instalarán lo más cerca posible de las superficies opacadas de la luminaria. En el caso de que la lámpara sobresalga de la zona opacada los laterales o difusores deberán ser opalinos de forma que disminuya el brillo de la lámpara hacia o sobre el horizonte.

TÍTULO II

Modelo de Ciudad-Región 2: Elementos estructurales

del modelo territorial

Capítulo 1

Acciones estratégicas en las infraestructuras de transporte

Artículo 24.– Inserción en el eje europeo de transporte combinado: «Plataforma Logística» (B).

1.– Las Administraciones públicas orientarán su actuación para resolver las necesidades de infraestructura y aprovechar las posibilidades estratégicas asociadas a la situación de Valladolid en un corredor de transporte combinado (carretera y ferrocarril) transeuropeo así como en una posición clave del sistema de transportes terrestres del noroeste de España.

2.– Las políticas de transporte tendrán en cuenta que el corredor que conecta por carretera Francia y Portugal (carretera E-80) y por ferrocarril Madrid y Lisboa con la frontera francesa (eje Irún-Pampilhosa) es uno de los grandes ejes europeos de comunicación y también uno de los corredores mixtos más importantes de la Península Ibérica, cuya relevancia como instrumento de comunicación de evidente carácter internacional debe ser aprovechada.

3.– De acuerdo a las directrices de la Unión Europea, las políticas de transporte deben potenciar el transporte combinado, por su eficiencia social y económica: Se trata de transferir las mercancías del camión al tren para recorridos largos. En particular, el corredor que conecta Burdeos con Oporto y Lisboa, de importancia continental, precisa tanto mejoras sustanciales como infraestructuras y equipamientos intermodales.

4.– En el ámbito de las Directrices, la «Plataforma Logística» de Valladolid debe ser una de las principales acciones estratégicas de futuro, concebida como una gran infraestructura intermodal, una zona de actividad logística de nivel regional: El Centro Intermodal de Transporte (C.I.T.). Su ubicación ideal es el norte del área urbana de Valladolid, en una zona con espacio y buenos accesos viario y ferroviario, próxima a las futuras Rondas Exteriores, rehabilitando el gran paquete de superficie industrial situado entre los términos municipales de Santovenia y Valladolid: Un área con potencial expansivo y que exige, para su regeneración, una importante y solvente inversión.

Artículo 25.– La red ferroviaria básica: la variante de Guadarrama y la adecuación de la línea férrea hacia Medina del Campo y Palencia (B).

1.– Estas Directrices asumen las previsiones de la Administración del Estado estatales en materia de inversiones ferroviarias, ya que la línea Madrid-Irún forma parte de la red ferroviaria básica y se han previsto para ella especiales acciones modernización de carácter estructurante:

a) Una línea nueva Madrid-Valladolid, también llamada variante ferroviaria de Guadarrama y oficialmente denominada «Nuevo Acceso Ferroviario al Norte y Noroeste de España».

b) El acondicionamiento para altas prestaciones de los tramos de Valladolid a Medina del Campo, de Valladolid a Palencia y León, y de Valladolid a Burgos y Vitoria.

2.– Entendiendo que las actuaciones citadas en el número anterior tienen carácter estratégico y prioritario para el Modelo Territorial propuesto en estas Directrices, las actuaciones de las Administraciones públicas se orientarán a facilitar el paso del ferrocarril por la aglomeración urbana, aprovechando las oportunidades de modernización del sistema urbano que ello proporciona, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Garantizar la centralidad urbana de la futura estación ferroviaria, de forma preferente situada en el entorno de la estación Valladolid-Campo Grande.

b) Ubicar la nueva estación de mercancías y los talleres de RENFE en un área idónea que permita ampliaciones y sinergias, preferentemente en las inmediaciones del Centro Intermodal de Transporte, en torno al límite entre Valladolid y Santovenia.

c) Concebir el paso del ferrocarril por Valladolid en una oportunidad para desarrollar una actuación integral ferroviaria y urbanística, donde estén presentes todas las Administraciones públicas afectadas, más las empresas propietarias de grandes bolsas de suelo.

d) Garantizar, mediante pasos inferiores o superiores, la permeabilidad en los Municipios del entorno: Santovenia de Pisuerga, Cabezón de Pisuerga, Viana de Cega, Valdestillas. En planos se indican los tramos ferroviarios conflictivos con los espacios urbanos, donde se deberá procurar en lo posible la integración del trazado ferroviario en el territorio, garantizando una adecuada permeabilidad y un tratamiento de sus bordes.

Artículo 26.– El Aeropuerto de Valladolid (B).

1.– Estas Directrices asumen las previsiones del Plan Director del Aeropuerto de Valladolid en el marco del Plan Estratégico de la sociedad AENA y con la colaboración de las autoridades militares de la base aérea, con el objeto de consolidar el Aeropuerto de Valladolid como aeropuerto de tercer nivel, modesto pero plenamente eficaz, sin equivalente posible en la región para favorecer la descongestión del aeropuerto de Barajas, el desarrollo del transporte aéreo de mercancías y la concreción de proyectos alternativos de transporte aéreo. Las acciones del Plan Director pueden completarse con inversiones como el aprovechamiento del antiguo cuartel de artillería antiaérea.

2.– Las Administraciones públicas colaborarán para llevar a cabo actuaciones que contribuyan a consolidar las previsiones señaladas en el número anterior, tales como las siguientes:

a) Disponer de un nuevo acceso al aeropuerto desde Valladolid, incluida la variante de Villanubla.

b) Disponer un servicio de transporte público entre el centro urbano y el aeropuerto, que atienda la demanda generada por el aumento del volumen de tránsito, frecuencias de vuelo y servicios.

c) Habilitar el entorno meridional del aeropuerto como espacio para el desarrollo de actividades económicas, estableciendo una reserva de suelo como área de desarrollo preferente, complementaria al desarrollo del corredor Valladolid-León propuesto.

Artículo 27.– Otros grandes ejes: El corredor del Duero y la conexión con León (B).

1.– El corredor del Duero no es aún un eje de actividad consolidado, a pesar de su evidente interés estratégico para la Comunidad Autónoma. Las Administraciones públicas colaborarán para que la futura autovía del Duero, con voluntad de acercar a la región tanto a Portugal como al corredor del Ebro, comience a ser una realidad en el entorno de Valladolid.

2.– Respecto del área urbana de Valladolid, en especial desde el sistema urbano continuo, la necesidad de construir esta vía de gran capacidad responde a un problema urbanístico, prioritario en cuanto acceso con importantes interacciones que deben resolverse, mejorando nudos y facilitando las conexiones transversales. Su entrada en servicio potenciará las relaciones Valladolid-Cistérniga-Tudela, claves en el Modelo Territorial propuesto.

3– La carretera CN-601 conecta Valladolid y León, los dos centros urbanos de mayor tamaño en la Comunidad Autónoma, si se considera el conjunto de sus áreas urbanas y no solamente los términos municipales centrales. Las Administraciones públicas colaborarán para facilitar su conversión a medio plazo en autovía, comenzando por sus extremos; por tanto, en el área urbana de Valladolid resulta prioritaria la conexión con el Aeropuerto.

4.– En el ámbito de las Directrices, con los planteamientos estructurantes definidos, se fomenta un nuevo trazado de gran capacidad hasta el aeropuerto, incluida la variante de Villanubla. Previamente se mejorará el acceso por la CN-601 desde Valladolid a la variante de Villanubla, teniendo en cuenta la adecuación de las vías de servicio laterales hasta las cuestas que definen el páramo.

Artículo 28.– La consolidación de la red arterial de Valladolid: Rondas y accesos a la ciudad (B).

1.– La ejecución completa de la red arterial viaria es esencial para la eficiencia del sistema urbano y la consecución del Modelo Territorial formulado. Las rondas de circunvalación y los principales corredores de acceso a las mismas son elementos estratégicos de primer orden, cuya terminación evitará el agravamiento de los problemas de congestión del sistema urbano, e introducirá equilibrio en los grandes accesos a la aglomeración, lugares clave del desarrollo futuro.

2.– La Ronda Interior Sur es la solución arterial de conexión entre importantes polígonos urbanos y colectores de tráfico de creciente intensidad, que resolverá la estructuración de los viajes pendulares entre Valladolid y su entorno y la congestión de los accesos de la zona Sur.

3.– La Ronda Exterior, que deberá ejecutarse con características de autovía y enlaces a distinto nivel, facilitará las relaciones de los núcleos del entorno urbano entre sí y el desarrollo de acciones estratégicas, permitiendo la descongestión de tramos con importantes sobrecargas de tráfico aportadas por los nuevos sectores residenciales e industriales en desarrollo.

4.– Los principales accesos a Valladolid, progresivamente mejorados con desdoblamientos o nuevos trazados, estructuran el Modelo Territorial propuesto. La densificación del viario en la zona sur y la conexión con el aeropuerto reequilibrarán el desarrollo de la aglomeración urbana.

Capítulo 2

Acciones estratégicas en las infraestructuras

de comunicación y energía

Artículo 29.– El desarrollo de las telecomunicaciones en Valladolid y Entorno (B).

1.– Valladolid y Entorno debe ser progresiva y eficazmente un espacio incorporado a la sociedad de la información, en el marco regional orientado por los Planes Directores de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación de Castilla y León.

2.– La rápida modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones (digitalización de la red telefónica, desarrollo de los servicios de inteligencia de red, implantación de la red digital de servicios integrados) exige planteamientos estables en sus implicaciones espaciales, vinculados a criterios de equidad en la distribución y eficiencia competitiva. Las Administraciones públicas están realizando un importante esfuerzo de armonización entre los entes reguladores, los operadores y los proveedores de servicios. Estas Directrices asumen los objetivos de dicho esfuerzo: Infraestructuras de transporte local, infraestructuras de tránsito, comunicaciones móviles e infraestructuras y servicios de valor añadido.

3.– Para el desarrollo de la infraestructura tecnológica en el ámbito de las Directrices es necesaria la implantación de los distritos de telecomunicaciones previstos, modernizando las redes de tránsito entre núcleos principales para servicios de telefonía y datos y facilitando redes de transporte y modulaciones analógicas para distribución de señales de televisión desde cabeceras o servidores centralizados.

4.– En función de las pertenencia de núcleos menores a la aglomeración urbana, es urgente la instalación en las zonas rurales de una infraestructura de servicios mínimos, otorgando prioridad a los núcleos con más de 2.000 habitantes. En el futuro, franjas de canalización del cableado deben conectar todos los núcleos de población del ámbito.

5.– Las Administraciones públicas cooperarán con la Universidad de Valladolid, con su potencial de investigación y desarrollo, y con empresas que invierten en tecnología avanzada en la zona (como las ligadas al Parque Tecnológico de Boecillo) para configurar escenarios de futuro en los que la Comunidad Autónoma y su capital participen con relevancia en el desarrollo tecnológico del país. Valladolid puede acoger el Centro Regional para el Desarrollo de la Telemática, como instrumento para cumplir los compromisos suscritos para el fomento de la Innovación Tecnológica.

Artículo 30.– La consolidación de Valladolid como un nodo estratégico en relación con la infraestructura de transporte y distribución de energía (O).

Valladolid es un centro destacado en la estructura energética regional. Tanto la red eléctrica como las redes de oleoductos y de gasoductos tienen, en el entorno de la aglomeración urbana, nodalidades relevantes. La disponibilidad de estas infraestructuras, sistemáticamente potenciadas y en expansión con el proceso de ampliación de la competencia, es un factor estratégico favorable para la instalación de actividades productivas y asociado a la calidad de los servicios derivados.

Capítulo 3

Acciones para el desarrollo de lugares estratégicos

Artículo 31.– Proyecto de capitalidad regional: Áreas de Nueva Centralidad y Polos Potenciales de Desarrollo (B).

1.– Para aprovechar el potencial de Valladolid como área metropolitana emergente de primer rango, las Administraciones públicas colaborarán de forma unitaria, flexible y continuada en el marco de un horizonte de objetivos conjuntos para Valladolid y su Entorno. La consolidación de la capitalidad regional depende las acciones planteadas en relación con las grandes infraestructuras de comunicación y transporte (carreteras, ferrocarril, aeropuerto y telecomunicaciones).

2.– Las Áreas de Nueva Centralidad son lugares claves del desarrollo futuro, al servicio de la eficacia urbana de la capital regional, que deben ser impulsadas por las Administraciones públicas, sin perjuicio de su desarrollo autónomo. Son áreas para la implantación de actividades de excelencia y atractivo ambiental, con usos mixtos, si bien con predominio del terciario:

a) Área de Nueva Centralidad Regional, de desarrollo prioritario, sobre los terrenos de RENFE y Ariza y el Paseo del Arco de Ladrillo: En el corazón de la ciudad, integrando actividades económicas, equipamientos de escala regional y viviendas en conexión con los corredores de desarrollo.

b) Avenida de Salamanca-Feria de Muestras, con su entorno administrativo y de servicios.

c) Recinto Ferial propuesto en la carretera del aeropuerto.

d) Área de Nueva Centralidad de Laguna de Duero (Avenida de Madrid).

e) Área de Nueva Centralidad de Tudela de Duero (centro histórico).

3.– Los Polos Potenciales de Desarrollo se conciben como centros capaces de articular el desarrollo de las actividades económicas en Valladolid y Entorno. Su desarrollo, desde la iniciativa pública, exige el compromiso institucional para dar a las infraestructuras que sirven a estos espacios la prioridad máxima. En particular, la plataforma logística plantea gran complejidad, pero sin embargo su desarrollo beneficiará de manera determinante a la aglomeración urbana:

a) Centro Intermodal de Transporte entre Valladolid y Santovenia, ligada a un amplio espacio para la actividad industrial, incluidos los nuevos talleres de RENFE. El conjunto de todas estas instalaciones constituiría una verdadera «Plataforma Logística».

b) Entorno del Aeropuerto.

c) Parque Tecnológico de Boecillo.

d) Area de Servicios Integrados al servicio del gran espacio industrial sur.

4.– Las Administraciones públicas procurarán articular en torno al sector de las telecomunicaciones un programa estratégico para la capital regional, de forma que Valladolid sea el centro neurálgico de las telecomunicaciones y de la difusión audiovisual en la región: Telepuerto, «ciudad telemática» en conexión privilegiada con las nuevas autopistas de la información, sede de la futura T.V. de Castilla y León, sede de centros de investigación. El Área de Nueva Centralidad Regional puede ser su sede, en interacción con otros sectores claves por su potencial para el desarrollo en un futuro inmediato, presentes en la actividad de la Universidad y del Parque Tecnológico de Boecillo.

Artículo 32.– Fortalecimiento de Valladolid como Centro Regional de servicios: Lugares Estratégicos y Espacios Singulares (B).

1.– Para fortalecer la pujanza de Valladolid como centro suprarregional de servicios, se requieren proyectos de futuro con efecto de regeneración urbanística. Estas Directrices definen como Lugares Estratégicos algunos espacios que requieren acciones coordinadas de planificación local y sectorial:

a) El Aeropuerto.

b) El centro histórico de Valladolid, por su amplitud y potencial comercial e institucional.

c) La Universidad, incluida la zona hospitalaria y su nuevo Campus Miguel Delibes, regenerador del norte de la aglomeración urbana, con su potencial de excelencia urbanística.

d) La nueva dimensión de la estación Valladolid-Campo Grande, ligada a la alta velocidad.

e) El espacio de concentración de actividad industrial en torno al polígono San Cristóbal.

2.– Además de las Áreas de Nueva Centralidad, los Polos Potenciales de Desarrollo y los Lugares Estratégicos, estas Directrices definen como Espacios Singulares aquellos que, sin perjuicio de su autonomía funcional, resultan relevantes para el funcionamiento del área urbana en su conjunto, que se beneficiaría de un desarrollo adecuado de los mismos:

a) Los espacios históricos protegidos: Los Conjuntos Históricos de Valladolid y Simancas, el Canal de Castilla y las áreas arqueológicas.

b) Los grandes equipamientos urbanos: Nuevo Hospital de Zambrana, Teatro Calderón, Museo de la Ciencia y área deportiva Fuente La Mora.

c) Los espacios militares, sobre todo el gran territorio militar entre Cabezón y Renedo.

d) Los polos comerciales periféricos en torno a grandes superficies comerciales.

3.– La eficacia del sistema de transporte planteado en estas Directrices y el desarrollo de las infraestructuras de servicio facilitaran la interacción y complementariedad de los espacios señalados como Lugares Estratégicos y Espacios Singulares.

Artículo 33.– Los equipamientos de escala Ciudad-Región: Una visión de conjunto (O).

1.– Las Administraciones públicas impulsarán la planificación y creación de un gran Centro de Ferias, Congresos y Exposiciones, como foro de eventos de relevancia nacional o internacional. El espacio ferial actual es relativamente pequeño, y, sobre todo, no tiene posibilidades de crecer. La localización óptima de la nueva Feria está en el corredor del aeropuerto, apoyada en la oportunidad derivada de la mejora de las infraestructuras de transporte, interactuando con el actual recinto, incorporada al Área de Nueva Centralidad asociada, con servicios institucionales, empresariales y hoteleros, con conexión ágil con el nuevo centro urbano.

2.– Asimismo las Administraciones públicas colaborarán para el adecuado emplazamiento de las Cortes de Castilla y León y de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de acuerdo a su categoría institucional y a su capacidad para beneficiar ámbitos urbanos concretos.

3.– Se recomienda estudiar la posibilidad de crear una gran superficie de agua con fines recreativos. A tal efecto se sugieren para su ubicación los tramos del río Duero comprendidos entre Simancas y Puente Duero, entre Boecillo y Herrera de Duero y entre Herrera de Duero y Tudela.

Articulo 34.– El transporte en la Ciudad-Región: Una visión de conjunto (O).

1.– La nueva conexión con Madrid por ferrocarril incidirá en el desarrollo urbano, por la posición de la estación en su entorno inmediato. Razones ferroviarias y urbanísticas, en función del espacio disponible, animan la exigencia de mantener la centralidad urbana de la estación ferroviaria. Ello garantiza la conectividad y competitividad ferroviaria como modo de transporte de viajeros y aprovecha el potencial dinamizador de los espacios urbanos que una actividad tan sólida lleva siempre vinculada.

2.– El soterramiento del ferrocarril debe decidirse desde la técnica ferroviaria, el impacto urbano y la evaluación de costes. La amplitud del espacio disponible debe permitir integrar el ferrocarril y la ciudad con soluciones más o menos experimentadas, pero que exigen calidad proyectual muy alta, y no deben depender de expectativas y condicionantes exclusivamente inmobiliarios.

3.– Las Administraciones públicas fomentarán el transporte público de forma prioritaria en el ámbito de las Directrices. En particular, serán objeto de estudio los siguientes proyectos innovativos, que pueden contribuir a reconducir los costes de movilidad de forma sostenible:

a) Recuperación del corredor de la «vía ferroviaria de Ariza» entre Valladolid y Tudela de Duero, pasando por Laguna de Duero, para el servicio de transporte de cercanías, que potenciaría el desarrollo urbano sobre las áreas de mayor tamaño y potencial de demanda del sistema urbano.

b) Conexión con el Aeropuerto, con alcance hasta el Área de Nueva Centralidad Regional e interacción con la nueva estación ferroviaria.

c) Instalación de un tranvía desde el Camino Viejo de Simancas, por el Paseo Zorrilla hasta el área hospitalaria y el Campus, concebido como sistema rápido de gran capacidad y complementario al de autobuses, sin interferir el tráfico rodado.

Capítulo 4

Directrices para el desarrollo de los sectores urbanos

y urbanizables

Artículo 35.– Orientación del crecimiento urbano a partir del Modelo Territorial propuesto (P).

1.– El Modelo Territorial orienta el desarrollo urbanístico favoreciendo el crecimiento compacto y continuo, para compensar un modelo hasta ahora apoyado en las rondas y vías de acceso a la ciudad central desde la CN-620 y desequilibrado hacia el sur, conforme a las siguientes Directrices:

a) Las Áreas de Urbanización Preferente, zonas con potencial de crecimiento y calidad viable de los servicios necesarios, pertenecen al sistema urbano continuo. Son los corredores de desarrollo preferente de la aglomeración urbana y el entorno inmediato de sus Centros Intermedios.

b) Se fomentará el crecimiento compacto de los núcleos de población que forman el sistema urbano discontinuo, complementario a la aglomeración urbana.

c) Las Áreas de Urbanización Saturadas, con potencial de crecimiento fundado en las infraestructuras existentes, tendrán un desarrollo moderado por el control de impactos.

d) Con el control de los crecimientos dispersos y sus procesos derivados, se definen como Áreas de Urbanización Autónoma todas los que no se corresponden con las situaciones anteriores.

2.– El planeamiento urbanístico municipal aplicará las directrices citadas en el número anterior para consolidar el Modelo Territorial propuesto, priorizando las formas de crecimiento compactas, en continuidad con los espacios urbanos consolidados y colmatando vacíos existentes.

Artículo 36.– Las Áreas de Urbanización Preferente (P).

1.– Estas Directrices definen como Áreas de Urbanización Preferente los espacios que pertenecen a la lógica expansiva del sistema urbano continuo: El Corredor Valladolid-León, hacia el aeropuerto, y el Complejo de corredores Valladolid-Laguna-Tudela.

2.– En estas áreas, el planeamiento urbanístico municipal fomentará la instalación de actividades y el desarrollo de nuevos crecimientos, a fin de colmatarlos apoyándose en las infraestructuras existentes y en su desarrollo previsto y en el potencial de las lógicas de servicio que en ellos se despliegan.

Artículo 37.– Las Áreas de Urbanización Saturadas (P).

1.– Estas Directrices definen como Áreas de Urbanización Saturadas los espacios que concentran congestivamente los desarrollos en curso más relevantes. Sin negar su potencial para el desarrollo, es preciso el control de los efectos que las nuevas actividades tengan en las existentes y en las infraestructuras disponibles. En particular, la autovía CN-620 es límite del sistema urbano continuo, fuera del cual todo desarrollo tendrá la condición de autónomo, y por tanto deberá resolver todas las infraestructuras asociadas y conectarse con el sistema urbano continuo a su costa. Las Áreas de Urbanización Saturadas definidos en las Directrices son:

a) Los bordes de la CN-620 hacia Burgos.

b) Los bordes de la CN-620 hacia Tordesillas.

c) El Camino Viejo de Simancas.

2.– En estos corredores, las Administraciones públicas tendrán en cuenta, para autorizar la instalación de actividades clasificadas o sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental, los efectos acumulativos negativos. Asimismo, en los sectores urbanizables los refuerzos exigibles sobre las infraestructuras generales tendrán en cuenta los efectos de contigüidad o yuxtaposición con los espacios urbanos consolidados de su entorno. No se tolerarán sectores sin tamaño específico para resolver sus infraestructuras y los planes de desarrollo garantizarán las infraestructuras exigibles, especificando sus condiciones técnicas y de entrada en servicio.

Artículo 38.– Las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma y el control de la agregación de crecimientos dispersos (P).

1.– Estas Directrices definen como «Áreas de Urbanización Autónoma» todos aquellos sectores que no puedan ser interpretados como desarrollo compacto de los núcleos existentes (por posición o por dimensión), porque no sean directamente contiguos al espacio urbano consolidado o no puedan ser servidos desde éste, por afectar de forma definitiva a las infraestructuras existentes.

2.– La necesidad de garantizar para las Áreas de Urbanización Autónoma niveles de servicio que satisfagan los requerimientos de infraestructura y equipamiento básicos de manera independiente, no supone solamente asegurar la mejora de las condiciones sociales y de calidad de vida de los residentes en dichas áreas, sino también las de los habitantes de los núcleos urbanos receptores de externalidades ajenas y, en definitiva, de todos los ciudadanos que resultan afectados por la falta de eficacia del sistema urbano global. La acumulación no planificada de usos urbanos, planteados inicialmente como realidades aisladas, conduce a problemas ambientales y de déficit de infraestructuras básicas.

3.– El planeamiento urbanístico municipal debe orientar la urbanización hacia los suelos idóneos, ya que en el ámbito de las Directrices resultan necesarios los procesos regulares de urbanización, adaptados a la naturaleza de los espacios y con solvencia justificada de infraestructuras.

4.– De acuerdo al modelo de protección ambiental establecido en el Título I para cada Unidad Paisajística, se exigirá el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental cuando la fragilidad ecológica o visual de los espacios lo requiera, y en todo caso en los páramos, riberas y áreas arboladas.

5.– Las Áreas de Urbanización Autónoma independientes de los núcleos existentes o no integradas en la malla urbana, resolverán de forma autónoma sus infraestructuras, y cumplirán las siguientes condiciones:

a) Cada sector y su consiguiente planeamiento de desarrollo deberán calcularse para un tamaño mínimo de 500 viviendas.

b) La gestión y ejecución de estas áreas podrá preverse por etapas mediante la delimitación de Unidades de Actuación, debiendo desarrollarse la primera etapa para un mínimo de 200 viviendas, y exigiéndose para las sucesivas etapas un mínimo de 100 viviendas.

c) Las dotaciones urbanísticas correspondientes al sector se distribuirán adecuadamente entre cada una de las etapas previstas, según la edificabilidad en el uso predominante de cada Unidad de Actuación. El Ayuntamiento podrá exigir la localización y ejecución de las mencionadas dotaciones en las diversas etapas en función de las previsiones municipales, garantizando la equidistribución de beneficios y cargas entre los propietarios del sector. En el caso del sistema de servicios básicos urbanos, las infraestructuras se dimensionarán y ejecutarán de manera adecuada y suficiente para servir al conjunto de viviendas previstas en la totalidad del sector.

Artículo 39.– Reservas de suelo para fines específicos (B).

1.– Se establecen las siguientes directrices para adecuar el territorio a las condiciones del tejido productivo y corregir las carencias de suelo industrial que afectan tanto a la pequeña como a la gran industria, a causa de una oferta excesivamente uniforme:

a) El planeamiento urbanístico municipal debe favorecer áreas de actividades económicas con nuevos tipos de productos inmobiliarios, acordes con la variada gama de requerimientos funcionales y espaciales de las nuevas actividades productivas y con la creciente especialización, donde el factor suelo no grave el desarrollo positivo de la empresa. Estas nuevas áreas deben tener capacidad de adaptación a exigencias concretas y ser capaces de convivir con el tejido urbano mixto.

b) Las Áreas de Urbanización Preferente serán localizaciones idóneas para la industria, de forma que se aprovechen los espacios intersticiales bien situados, complementarios a los grandes sectores industriales en polígonos programados, consolidando los vacíos existentes en zonas urbanas periféricas de la ciudad central y en los núcleos del entorno.

c) Para el emplazamiento de industrias singulares el planeamiento urbanístico municipal podrá prever ámbitos de suelo urbanizable no delimitado, en los lugares y espacios no protegidos.

2.– Se establecen las siguientes directrices para atender a las demandas de los sectores sociales menos solventes y responder a las carencias y disfunciones en materia de vivienda:

a) La gestión urbanística municipal orientará parte de los beneficios de la urbanización hacia acciones de vivienda pública o protegida, mediante la consecución de suelo y la colaboración entre las Administraciones implicadas, de acuerdo con el Plan Regional de Vivienda y Suelo.

b) El planeamiento urbanístico municipal de los Centros Intermedios (Tudela, Laguna, Arroyo, Simancas, Santovenia, Cistérniga y Zaratán) definirá los espacios para el desarrollo de los instrumentos establecidos en la legislación sobre intervención en el mercado del suelo.

c) La reutilización del patrimonio inmobiliario existente será un criterio predominante, promoviendo actuaciones de recuperación para usos residenciales mediante una política eficaz de rehabilitación de viviendas, con la incorporación de solares en los programas de vivienda, beneficiando la recuperación de los núcleos existentes.

d) Las promociones públicas de vivienda en el ámbito de las Directrices incorporarán condiciones de tamaño y de posición tendentes a asegurar su calidad urbanística y la eficacia en la gestión de los servicios vinculados. Asimismo se fomentará la variedad tipológica que rompa la homogeneidad de la oferta actual, introduciendo lógicas innovadoras compatibles con la normativa.

Capítulo 5

Directrices para el dimensionado y la adecuación

de las dotaciones urbanísticas

Artículo 40.– Centros Intermedios (B).

Estas Directrices definen como Centros Intermedios Tudela de Duero y los núcleos de la primera corona (Arroyo, Santovenia, La Cistérniga, Simancas, Laguna y Zaratán), con la función de equilibrar los servicios en el Modelo Territorial propuesto, en transición con el sistema urbano discontinuo. En los Centros Intermedios, las Administraciones públicas favorecerán la diversidad de actividades y el fortalecimiento de la centralidad local.

Artículo 41.– Equidad en las dotaciones urbanísticas (O).

1.– Para fomentar la equidad de acceso a las dotaciones urbanísticas, el planeamiento urbanístico debería respetar los siguientes estándares mínimos, aplicables al Municipio en su conjunto, como reservas mínimas de terrenos destinados a cada uso, expresadas en m2 de suelo por habitante:

a) Equipamientos sanitarios: En las Cabeceras de Zona Básica de Salud y en los Centros Intermedios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 0,5 m2 de suelo por habitante, con un mínimo apto para albergar un Centro de Salud de 500 m2; en los demás Municipios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 0,2 m2 de suelo por habitante, con un mí nimo apto para albergar un Consultorio Local de 80 m2.

b) Equipamientos educativos: En todos los Municipios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 1 m2 de suelo por habitante; en los Centros Intermedios, el planeamiento urbanístico preverá superficies complementarias con destino a centro de enseñanza secundaria y formación profesional. Todo ello como actuación previsora para la ejecución de los equipamientos que contemple la correspondiente planificación y ordenación educativa.

c) Equipamientos de asistencia social: En todos los Municipios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 0,5 m2 de suelo por habitante, con un mínimo apto para albergar un Centro de Acción Social; en los Centros Intermedios, el planeamiento urbanístico preverá superficies complementarias con destino a residencia de ancianos y guardería.

d) Equipamientos culturales: En todos los Municipios, el planeamiento urbanístico preverá una reserva de al menos 0,5 m2 de suelo por habitante; en los Centros Intermedios, el planeamiento urbanístico preverá superficies complementarias con destino a biblioteca y casa de cultura. La ejecución de los equipamientos se hará de acuerdo con las previsiones de las Corporaciones Locales o de la Consejería competente.

e) Equipamientos deportivos: En todos los Municipios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 2 m2 de suelo por habitante; en los Centros Intermedios, el planeamiento urbanístico preverá superficies complementarias con destino a pabellones polideportivos, cuya ejecución se atendrá a los planes y programas de las Corporaciones Locales o de la Consejería competente.

f) Espacios Libres Públicos: En todos los Municipios, el planeamiento urbanístico preverá al menos 5 m2 de suelo por habitante, sin contar los espacios vinculados al viario ni los residuales, y aplicados sobre la población total. El planeamiento urbanístico exigirá continuidad entre los espacios libres vinculados a sectores limítrofes.

2.– El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta los efectos acumulativos de los sectores autónomos sobre suelo urbanizable, a fin de facilitar una mejora general de las dotaciones urbanísticas en el Municipio. La ejecución conjunta de equipamientos y servicios será exigible en el caso de sectores residenciales próximos y menores de 500 viviendas.

3.– Los suelos objeto de cesión y destinados a dotaciones urbanísticas públicas deberán mantener en todo caso su carácter dotacional, sin que puedan ser objeto de enajenación o permuta con fines diferentes a los previstos en el planeamiento urbanístico.

Artículo 42.– Corrección de los déficit dotacionales a escala local (O).

1.– Se establecen las siguientes directrices para el desarrollo y mejora de los sistemas de dotaciones urbanísticas, y en especial de los sistemas de equipamientos sanitarios, educativos, asistenciales, culturales, deportivos y comerciales y de los espacios libres públicos:

a) Sistema de equipamientos sanitarios:

1.– Cada Zona Básica de Salud deberá estar asistida por un Centro de Salud accesible desde todos los Municipios que comprenda, dimensionado según el incremento demográfico consolidado y la tendencia comprobada de redistribución de la población en el territorio. En el Municipio Cabecera de la Zona Básica de Salud estará ubicado el Centro de Salud, y en el resto de Municipios existirán Consultorios Locales de Atención Primaria.

2.– La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en la materia, realizará los cambios oportunos de los límites territoriales de cada Zona Básica de Salud, conforme a los criterios generales y específicos de la ordenación y planificación sanitaria y los movimientos demográficos consolidados, de forma que se garantice la protección y la asistencia sanitaria de los ciudadanos.

b) Sistema de equipamientos educativos:

1.– El desarrollo de los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria se ejecutará de acuerdo con los programas de la planificación y ordenación educativa, que tendrá en cuenta la evolución demográfica de cada localidad y la redistribución de la población en el territorio en orden a acercar, con la necesaria eficiencia, el servicio educativo a una demanda consolidada.

2.– El planeamiento urbanístico municipal tendrá en cuenta la normativa sobre condiciones y estándares de los Centros de Educación, ya que los nuevos Planes educativos implicarán una demanda importante de Centros de Secundaria.

c) Sistema de equipamientos de asistencia social: Aún considerando las ofertas privadas, las carencias de locales de reunión, centros para discapacitados, centros de infancia y juventud, guarderías y jardines de infancia, hogares de la 3.ª Edad, etc. deberán ser progresivamente subsanadas.

d) Sistema de equipamientos culturales: Se recomienda mejorar las dotaciones en los Municipios que cuentan con menos de dos tipos de centros, pero sobre todo debería corregirse el déficit en los que carecen de una dotación mínima. La Biblioteca pública, aconsejable en todos los Municipios, es indicada para aquéllos con más de 5.000 habitantes.

e) Sistema de equipamientos deportivos: Es conveniente completar la dotación con instalaciones básicas en todos los Municipios, un polideportivo en los de mayor población, y un pabellón polideportivo en los que cuenten con una población superior a 5.000 habitantes existentes o previstos.

f) Sistema de Espacios Libres Públicos: El déficit global detectado en el ámbito de las Directrices debe corregirse con actuaciones que vinculen la creación de nuevos espacios libres al desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no consolidado, y en especial a las Áreas de Urbanización Autónoma.

g) Sistema de equipamientos comerciales: Conforme al Plan Regional de Equipamiento Comercial, en los Centros Intermedios debe fomentarse el equipamiento comercial, en forma de «Centros Comerciales Abiertos», asociados a programas de actuación comercial. En particular, en Valladolid, Laguna y Tudela se desarrollarán Planes de Revitalización Integral del Comercio (P.R.I.C.O.) para favorecer el comercio tradicional y la revitalización del centro urbano.

2.– Las acciones recogidas en el número anterior se desarrollarán de forma complementaria o en combinación con los siguientes programas especiales:

a) El programa de mejora y revitalización de centros históricos, planteado para mejorar la calidad espacial de los núcleos tradicionales a partir de los valores de su estructura patrimonial y paisajística, mediante acciones de diseño de los espacios públicos, que se apoyen en lo existente o que introduzcan nuevos elementos de calidad y referencia, mejorando su potencial como centros de servicios.

b) El programa de mejora de la base económica local, orientado al fomento de acciones de centralidad local en los Centros Intermedios, la definición de espacios donde el terciario urbano pueda ofrecer atractivos de localización, y la localización de industrias urbanas.

c) El programa de recuperación de granjas, orientado a recuperar el patrimonio inmobiliario en desuso y a fomentar la conservación de la estructura histórica del asentamiento y sus valores, su rehabilitación para usos abiertos, incluido el uso residencial.

TÍTULO III

Directrices sectoriales de Ordenación 1: Movilidad

y transporte

Capítulo 1

Acciones de mejora de la red viaria

Artículo 43.– Acciones de mejora de la red viaria: Fomento de la interconectividad municipal (O).

Además de las acciones sobre el viario principal señaladas en los artículos 27 a 28, las siguientes acciones de mejora sobre la red local, estudiadas por las Administraciones competentes, proporcionarían un sólido fundamento al Modelo Territorial propuesto:

a) En la zona sudoeste, ejecución de las variantes de Puente Duero (puente sobre el Duero), Viana y Simancas (puente sobre el Pisuerga), mejora del Camino Viejo de Simancas y de la VP-9000, entre Puente Duero y Simancas, y mejora de las conexiones con Ciguñuela, Geria y Wamba.

b) En la zona sur y sudeste, mejora general de la «Carretera de Las Maricas», gran colector de la zona: Variante de Viana de Cega, by pass sur de Tudela de Duero y conexión con la CN-122.

c) En la zona norte, mejora de las conexiones entre Cigales, Mucientes y Fuensaldaña, por un lado, y Cabezón, Santovenia y la CN-620, por otro, de forma que el sistema funcione como un bucle.

d) En la zona este, mejora de la «carretera del Esgueva» VA-100 y de las conexiones de Tudela y Renedo con Villabáñez, y creación de una vía de conexión desde Laguna a la CL-601 y la CN-122.

Capítulo 2

Directrices sobre transporte público

Artículo 44.– Control del impacto de los sectores urbanizables sobre la red viaria interurbana (B).

1.– Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema viario global debe asegurarse que la variante de la CN-620 y las rondas de circunvalación exterior no sufran acometidas de conexiones urbanas que dificulten su régimen de servicio. Para ello se exigirá que los crecimientos que planteen los Municipios de su entorno sean autosuficientes, resolviendo sus propias infraestructuras y los costes de enlace con los nudos existentes o previstos, y no se permitirán más conexiones que las previstas en los proyectos sectoriales y en estas Directrices.

2.– La planificación estratégica no puede concebir el desarrollo urbano desde una perspectiva puramente inmobiliaria. Las Administraciones públicas deben asegurar el funcionamiento equilibrado del costoso soporte infraestructural. El planeamiento urbanístico municipal y la planificación sectorial garantizarán que las inversiones públicas no sean internalizadas abusivamente por sectores privados, vigilando la equidad de las políticas de transporte, servicios básicos y dotaciones urbanas.

Artículo 45.– Dependencia del transporte interurbano de una red de concesiones locales y desarrollo de acciones complementarias (O).

Aunque gran parte de los núcleos del ámbito de las Directrices están servidos por líneas directas de transporte mediante autobús interurbano, los servicios se perciben como escasos, con problemas funcionales y de rentabilidad potencial debido a la falta de densidad y a la dispersión urbana, lo que dificulta la consolidación de las demandas. El análisis del binomio rentabilidad/servicio, que define los límites del alcance del sistema de transporte público, debe abordarse con una óptica de funcionamiento global de la aglomeración urbana. Por todo ello se proponen las siguientes directrices orientativas para la mejora de los servicios de transporte público interurbano:

a) Construcción de las Terminales de Autobuses de Laguna y Tudela.

b) Negociación de acuerdos entre la Sociedad Municipal de Autobuses Urbanos de Valladolid y los Municipios del entorno, fundados en la experiencia y en los derechos de los concesionarios.

c) Mejora de las conexiones con los Municipios del Valle del Esgueva (actualmente con dos autobuses diarios), Geria y Ciguñuela (por su alejamiento relativo) y Valdestillas (sin autobús).

d) Implantación de nuevos trayectos que refuercen el funcionamiento del sistema con recorridos periféricos, suplementarios a los estrictamente radiales actuales. En particular se recomiendan la creación de dos servicios «circulares», para servir tanto al incremento de la conectividad entre Valladolid y los distintos núcleos como a ellos mismos entre sí.:

1.– Arco norte: Valladolid-Fuensaldaña-Mucientes-Cigales-Cabezón-Santovenia-Valladolid.

2.– Arco sur: Valladolid-Cistérniga-Tudela-Aldeamayor-Boecillo-Viana-Valladolid; la coordinación de esta línea, por transferencia con el sistema radial de Valladolid-Laguna, Valladolid-Puente Duero y Valladolid-Simancas, con frecuencias elevadas, completaría las dotaciones de transporte público como un sistema auténticamente metropolitano.

Artículo 46.– Acciones innovadoras en transporte urbano: Transporte de cercanías y metro ligero (O).

Sólo Cabezón, Viana y Valdestillas aprovechan el ferrocarril como medio de comunicación con Valladolid. Debe estudiarse la implantación a medio plazo de un sistema de transporte de cercanías, en interacción con las conexiones a Medina del Campo y a Palencia, que ofrezca un servicio público rápido y eficaz. Para ello se establecen las siguientes directrices orientativas:

a) Estudio de una red ferroviaria ligera (tranvía) en el continuo urbano vallisoletano, aprovechando los recorridos más demandados, en complementariedad con el sistema de autobuses urbano.

b) Conservación del corredor de la vía de Ariza hasta Tudela de Duero, y estudio de un servicio Valladolid-Laguna-Tudela, como acción de carácter estratégico a largo plazo, que conectaría con un transporte público eficiente, sostenible y no congestivo, tres centros importantes del ámbito.

Capítulo 3

Directrices sobre movilidad alternativa, peatonalidad y vías verdes

Artículo 47.– El carril-bici y otros «recorridos verdes»: Sus posibilidades de extensión (B).

1.– La positiva intención del Plan General de Valladolid de crear una red de carril-bici en la capital debe reforzarse con una propuesta que extienda su recorrido, pese a las objetivas dificultades de la estructura urbana de la capital. Estas Directrices proponen alcanzar un sistema continuo con ramificaciones hacia núcleos de población y áreas recreativas próximas, articulado con el Sistema Subregional de Parques y la Red de Corredores Verdes definidos en el artículo 9.

2.– Se establecen las siguientes Directrices para la red de vías pecuarias:

a) Las vías pecuarias integradas en la Red de Corredores Verdes requieren medidas de conservación activa que además de asegurar su conservación espacial, permitan la integración de actividades ligadas al ocio y acciones capaces de organizar y homogeneizar la Red de Corredores Verdes.

b) Allí donde la transformación de las vías pecuarias en vías urbanas resulte inevitable, se preverán acciones que permitan su identificación (señalización, diseño) en coexistencia con el viario.

c) El resto de las vías pecuarias requiere medidas de conservación pasiva, como espacios rurales ligados al tránsito de ganado, tanto en los recorridos lineales como en descansaderos y refugios.

Artículo 48.– Peatonalidad, centralidad y sistema articulado de estacionamientos disuasorios (B)

1.– Las actuaciones de peatonalización se atendrán en las previsiones del planeamiento urbanístico municipal y tendrán en cuenta los requerimientos globales de movilidad en el área urbana.

2.– El centro urbano de Valladolid necesita un plan de movilidad y accesibilidad coherente, que se articule con las políticas de control de los usos de los espacios. Las actuaciones de peatonalización y el fomento de un sistema integrado de espacios libres públicos benefician la revitalización de espacios urbanos valiosos. Es preciso articular la secuencia de espacios de aparcamiento, como un sistema en torno al centro tradicional, de proximidad razonable para su uso peatonal.

3.– Es preciso el estudio sistemático de la movilidad y la promoción de sistemas mixtos de control del tráfico rodado y de gestión de la demanda, con técnicas de pacificación del tráfico y de diseño viario, y con políticas que primen el transporte público.

4.– El planeamiento urbanístico municipal debe procurar un eficiente control global de los usos y las actividades en el centro urbano, que sirviendo de base a la política de intervenciones públicas y privadas, aseguren la pervivencia de un tejido urbano vivo y mixto.

TÍTULO IV

Directrices sectoriales de Ordenación 2: Infraestructura

de servicios básicos

Capítulo 1

Directrices sobre abastecimiento de agua

Artículo 49.– Directrices para los sistemas de abastecimiento de agua (B).

1.– La naturaleza local de muchas de las condiciones que determinan las características y la calidad del diseño de las redes de abastecimiento de agua potable produce grandes diferencias en la calidad del servicio en el ámbito de las Directrices. Las previsiones del Plan Director de Infraestructura Hidráulica Urbana de Castilla y León, marco de las actuaciones sectoriales, deben completarse con criterios de colaboración sobre prestación de servicios y mantenimiento de instalaciones.

2.– La corrección de los déficit estructurales y el crecimiento urbano no deben plantear sobrecargas funcionales ni empeorar los problemas existentes. La solución de problemas locales, como la calidad del agua o las deficiencias de distribución, debe orientarse hacia un horizonte de optimización de los recursos hídricos, conforme a las siguientes directrices:

a) Se fomentará el acuerdo entre Municipios para la gestión del sistema: La creación de órganos mancomunados, el mantenimiento coordinado de las instalaciones o la programación conjunta de inversiones contribuirán a reducir costes y eliminar la diseminación de captaciones.

b) Cuando se consuma agua superficial, los sistemas de abastecimiento municipal deben incluir una Estación de Tratamiento de Agua Potable (E.T.A.P.) local o mancomunada, de forma que se cumplan las exigencias legalmente establecidas en cuanto a la potabilidad y calidad del agua suministrada.

c) Los Municipios cuyos crecimientos de población o viviendas hayan superado en los seis últimos años el 25 por ciento deberán analizar las repercusiones urbanísticas generadas, previamente a la aprobación definitiva de su planeamiento general o de su revisión.

d) Será condición imprescindible para la aprobación de crecimientos urbanos continuos que supongan incrementos de población o de consumo superiores al 15 por ciento, o las que planteen en el futuro crecimientos de viviendas o población por encima de la media detectada en los últimos 10 años, garantizar la posibilidad municipal o mancomunada de incrementar el servicio, con las garantías de caudal y calidad exigibles, dimensionado razonablemente las infraestructuras para absorber los crecimientos demográficos previsibles pero evitando sobredimensionamientos que lleven al despilfarro en el consumo de agua.

e) Será condición imprescindible para la aprobación de las Áreas de Urbanización Autónoma, exteriores al sistema urbano continuo, resolver con plenas garantías y de forma autónoma su propio abastecimiento de agua, con las garantías de caudal y calidad exigibles, conforme con las normativas en vigor y teniendo en cuenta las nuevas tendencias comunitarias europeas.

f) Se fomentará la colaboración en el mantenimiento y gestión del sistema, optimizando los costes globales del tratamiento. El redimensionamiento de las mancomunidades existentes para una gestión viable del ciclo del agua facilitará la eficiencia de las estaciones de tratamiento.

Artículo 50.– Directrices orientativas para la mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua (O).

Se establecen las siguientes directrices para la coordinación de las infraestructuras ambientales y su programación eficiente, teniendo en cuenta la forma de la aglomeración urbana:

a) La situación actual de la red de abastecimiento de agua de Valladolid permite un incremento de su rendimiento, con el fin de dar servicio a otros Municipios, como Villanubla, Arroyo, Simancas, Santovenia, Zaratán, Fuensaldaña o Mucientes, con problemas de cantidad y calidad de agua. Pero dicho incremento no puede ser ilimitado, sino que debe prevalecer la eficiencia de la red.

b) A medio plazo el sistema de abastecimiento de agua desde Valladolid a Municipios limítrofes puede cubrir demandas correspondientes a crecimientos moderados. Para crecimientos mayores se exigirán inversiones específicas de cada Municipio, a costa de cada desarrollo urbanístico.

c) El desarrollo y ejecución de las infraestructuras necesarias recomiendan el acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los Municipios afectados, como el Convenio Marco de Colaboración suscrito el 5 de febrero de 1999. La creación de una mancomunidad de servicio permitirá mayor eficacia en el uso del agua y en la gestión de las infraestructuras, especialmente en su explotación y mantenimiento.

Capítulo 2

Directrices sobre depuración de aguas residuales

Artículo 51.– Directrices para los sistemas de depuración de aguas residuales (B).

1.– Aún cuando no contamos con sistemas técnicos óptimos para la depuración de aguas residuales, pueden señalarse ciertos criterios sobre la idoneidad y el uso correcto de las instalaciones. Asegurar la continuidad en la gestión es fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones, ya que gran parte de los problemas detectados se derivan del coste de explotación de las depuradoras, algunas veces inabordable de forma autónoma para los Municipios.

2.– Las propuestas recogidas en el Plan de Saneamiento Integral de Castilla y León, marco de las actuaciones sectoriales, pueden completarse con criterios de colaboración sobre prestación de servicios y mantenimiento de instalaciones, de acuerdo a las siguientes directrices:

a) Las prioridades de actuación en el ámbito de las Directrices serán las siguientes:

1.– Corregir los déficit existentes en Municipios con carencias netas actuales.

2.– Intervenir en los Municipios con crecimientos recientes que hayan generado desajustes en las instalaciones existentes o nuevos requerimientos de servicio.

3.– Optimizar funcionalmente la eficacia de las instalaciones existentes.

b) Se fomentará la colaboración en el mantenimiento y gestión del sistema, optimizando los costes globales del tratamiento. El redimensionado de las mancomunidades existentes para una gestión viable del ciclo del agua facilitará la eficiencia de las depuradoras que entren en servicio.

c) El planeamiento urbanístico municipal protegerá y promoverá la recuperación de los cauces, riberas, zonas húmedas, acuíferos, canales y otros elementos hidráulicos, en el marco de la normativa sectorial, a la que deberá exigirse referencia en todo lo relacionado con el control de vertidos.

d) Se elaborará un inventario de los pozos negros, fosas sépticas y puntos de vertido diseminados en el territorio, para facilitar su vigilancia y el control sistemático, así como un estudio hidrogeológico detallado, que permita conocer los acuíferos de Valladolid y su entorno.

e) Los Municipios que propongan crecimientos urbanos superiores al 15 por ciento, en población o consumo equivalente, deberán garantizar la capacidad de depuración de los vertidos previsibles, previamente a la aprobación de su planeamiento general.

f) La obligación de resolver de forma autónoma, mediante sistemas de depuración adecuados, los vertidos de aguas residuales en las Áreas de Urbanización Autónoma, será condición previa a su aprobación. En particular:

1.– Las unidades residenciales aisladas (Áreas de Urbanización Autónoma) o los crecimientos sobre urbanizaciones ya consolidadas que supongan una cifra igual o superior a las 200 viviendas deberán incorporar su propia planta de depuración o bien resolver mediante acuerdo entre diferentes urbanizaciones las exigencias de tratamiento y depuración, incluido el impacto posible en la infraestructura existente.

2.– Los polígonos industriales o las industrias aisladas de nueva creación tendrán como requisito obligatorio la exigencia de planificar y ejecutar una planta de depuración específica, sin relación directa con los sistemas instalados para áreas residenciales, con las condiciones de vertido a la red legalmente vigentes.

3.– Serán excluidas de la localización de instalaciones o plantas depuradoras aquellas zonas afectadas por riesgos naturales y las consideradas Áreas de Singular Valor Ecológico.

Artículo 52.– Directrices orientativas para la mejora y ampliación de los sistemas de depuración de aguas residuales (O).

1.– Se recomienda aprovechar la capacidad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Valladolid en servicio, para dar servicio a los municipios limítrofes donde exista viabilidad para conectar las redes de saneamiento a dicha depuradora y, siempre, sin comprometer su funcionamiento actual y a corto plazo.

2.– La eficacia de la red de saneamiento exige el fomento del crecimiento compacto, dentro de las capacidades definidas para las depuradoras.

3.– En los núcleos de población con menos de 2.000 habitantes equivalentes, las Administraciones públicas deben fomentar las sinergias locales para garantizar sistemas de depuración viables.

4.– Es urgente la depuración de las aguas residuales de Laguna de Duero y de Tudela de Duero.

Capítulo 3

Directrices sobre gestión de residuos, calidad del aire

y fomento de energías renovables

Artículo 53.– Directrices sobre gestión y tratamiento de Residuos Sólidos (B).

1.– La gestión de los residuos urbanos se enmarcará en un sistema provincial con centro de tratamiento en las actuales instalaciones de Valladolid.

2.– Se recomienda eliminar los vertederos locales o comarcales de residuos urbanos que puedan existir en el ámbito de aplicación de estas Directrices.

3.– Hay que dar adecuado tratamiento a los residuos industriales no peligrosos generados en la zona, así como es conveniente la implantación de un centro de tratamiento de residuos inertes.

4.– Se orientará la gestión paulatinamente hacia la implantación de sistemas de recogida selectiva, vinculada a su reciclado o valorización, apoyándose en la disposición positiva de los ciudadanos, y verificando las posibilidades de realizar tratamientos con aprovechamiento energético.

5.– Se elaborará un inventario de los puntos de vertido incontrolado de residuos urbanos y de las escombreras, imprescindible para articular políticas coordinadas de recuperación de espacios y de control de impactos ambientales.

6.– Las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma, asumirán la puesta en servicio del sistema de recogida de sus residuos urbanos, participando en los costes generales del sistema provincial, que deberán ser evaluados antes de su aprobación urbanística.

Artículo 54.– Directrices sobre calidad del aire y fomento de las energías renovables (B).

1.– En cuanto a la calidad del aire se adoptarán las medidas adecuadas para:

a) Avanzar en la reducción general de las emisiones a la atmósfera procedentes de todas las fuentes y en la ubicación de las principales fuentes localizadas en zonas donde sea favorable la dispersión de los contaminantes emitidos.

b) En el ámbito urbano se fomentará el uso del transporte público.

c) En las zonas residenciales se plantea la progresiva sustitución de combustibles por otros, de mejor calidad, y la mejora de instalaciones y plantas de calefacción y agua caliente. En la planificación de nuevas actuaciones urbanísticas se favorecerá la implantación de sistemas de obtención de energía solar.

d) En las zonas industriales se hacen necesarias la mejora de los rendimientos energéticos, la sustitución de combustibles por otros más limpios, la mejora y modernización de las instalaciones, y el fomento del uso de energías renovables.

2.– Las directrices sobre ruido se refieren a actuaciones potencialmente ruidosas que paulatinamente se trasladarán a zonas donde el impacto sea pequeño. Cualquier actividad potencialmente ruidosa requerirá un pormenorizado estudio de su incidencia antes de su aprobación urbanística. En cualquier caso, en el desarrollo de las planificaciones urbanísticas se evitará que estén juntos usos de suelo incompatibles por cuestiones de ruido; a tal efecto, se recomienda que la distancia mínima entre ambas, en línea recta, no sea inferior a 100 metros.

3.– En relación con el aprovechamiento energético se dan las siguientes directrices:

a) Eficiencia energética de la edificación: Además de los problemas de aislamiento y soleamiento, se tendrán en cuenta otros aspectos cuyo diseño cuidado permite abaratar costes energéticos, como el régimen de vientos, la relación energética edificio-calle y los sistemas de aire acondicionado.

b) Energías renovables: Actualmente su éxito no reside ya en la mera suficiencia tecnológica, sino más bien en la rentabilidad económica (desde el punto de vista particular, resultan convenientes donde la energía es cara o el servicio inseguro o poco fiable). Sin embargo, siendo más clara su rentabilidad social, las Administraciones públicas deben fomentar la instalación de sistemas basados en la energía solar (paneles solares) o eólica (aerogeneradores). Al mismo tiempo debe profundizarse en el estudio de soluciones para la integración de estas instalaciones en el paisaje urbano y rural, a fin de moderar su impacto visual y su repercusión sobre la fauna.

TÍTULO V

Directrices urbanísticas: Guías para el desarrollo del modelo territorial

Capítulo 1

Directrices para la implantación de áreas urbanas especiales

Artículo 55.– Sobre las Áreas Urbanas Especiales (B).

1.– Estas Directrices consideran Áreas Urbanas Especiales (A.U.E.) los espacios destinados entera o parcialmente a usos relacionados con actividades económicas industriales y terciarias y con alcance territorial por su desarrollo funcional. Su desarrollo urbano exige singular eficacia.

2.– Los factores de localización derivados de la propia actividad deben ser ponderados eficazmente mediante criterios de carácter territorial y urbanístico, tanto desde la lógica de lo estructural (relación con el Modelo Territorial) como desde el marco local (modo de implantación y proyecto concreto). Se fomentará la instalación de las Áreas Urbanas Especiales en las Áreas de Urbanización Preferente.

Artículo 56.– Grandes factorías o polígonos industriales en enclaves discontinuos (O).

1.– Son Áreas Urbanas Especiales con uso industrial las grandes factorías y los polígonos industriales de cualquier rango que configuren enclaves discontinuos. No se incluyen en esta categoría las zonas con usos industriales o de almacenamiento insertas en áreas mixtas de la ciudad continua.

2.– La ubicación de Áreas Urbanas Especiales con uso industrial en enclaves discontinuos debe vincularse a la estructuración formal y funcional de los emplazamientos, ya que las formas estructuradas de ocupación presentan un mayor potencial de adecuación ambiental. El planeamiento urbanístico municipal debe asumir que toda instalación industrial o de almacenaje que haya de localizarse en el sistema urbano discontinuo, debe tratarse como Área Urbana Especial con uso industrial, de acuerdo a las siguientes directrices:

a) Las Áreas Urbanas Especiales con uso industrial se desarrollarán preferentemente ligadas a los corredores principales; tan sólo los pequeños polígonos se podrían localizar con apoyo sobre conexiones locales.

b) La ubicación de Áreas Urbanas Especiales con uso industrial tendrá en cuenta las directrices por Unidades Paisajísticas señaladas en el artículo 13, y estará condicionada a la conservación de los valores del territorio.

c) Las Áreas Urbanas Especiales con uso industrial deberán garantizar su autonomía en la resolución de los accesos a las principales infraestructuras de transporte, de las conexiones a las redes que precisen y de la gestión medioambiental adecuada de sus flujos de materiales y energía.

d) El planeamiento urbanístico municipal velará por la adecuación de la movilidad derivada de la actividad en los accesos a la red viaria principal. Las estimaciones pertinentes se harán separadamente sobre cada Área Urbana Especial con uso industrial bajo la hipótesis de máximo desarrollo del planeamiento vigente.

e) La clasificación de suelo urbanizable industrial de cualquier rango en enclaves discontinuos quedará condicionada en el planeamiento urbanístico municipal por los siguientes criterios:

1.– Adecuación al emplazamiento y relieve de la estructura del desarrollo.

2.– Dotación infraestructural suficiente en relación con la movilidad y la demanda de servicios.

3.– Incorporación efectiva de los espacios libres a la estructura urbana del polígono.

4.– Articulación paisajística del polígono con corrección de posibles afecciones a espacios valiosos.

Artículo 57.– Centros de actividad terciaria, grandes superficies comerciales, servicios a las empresas y al transporte e I+D (O).

1.– Son Áreas Urbanas Especiales con uso terciario aquellas con usos dominantes de servicios a las empresas, oficinas, I+D o similares. Los factores de localización comunes son: Accesibilidad desde el viario arterial, imagen coherente y atractivo ambiental de su entorno y del espacio proyectado.

2.– Las Áreas Urbanas Especiales con uso terciario deben localizarse en vinculación al sistema urbano continuo, donde la densidad mejora el efecto interactivo, donde el nivel de dotación infraestructural está garantizado y donde la movilidad tiene posibilidades de ser más sostenible. Los emplazamientos preferentes serán las Áreas de Nueva Centralidad, las Áreas de Urbanización Preferente, los Centros Intermedios o las inmediaciones de las principales áreas productivas. El planeamiento urbanístico municipal deberá establecer las determinaciones necesarias para garantizar que en las Áreas Urbanas Especiales con uso terciario cumplan requerimientos de calidad y eficacia:

a) Accesibilidad local articulada para que la actividad del área, incluso en sus fases de máxima intensidad, produzca el menor impacto negativo sobre el sistema en su entorno espacial.

b) Resolución solvente y autónoma de las conexiones a las infraestructuras básicas de servicio y telecomunicaciones.

c) Calidad de la implantación y de la estructura en toda la extensión del área proyectada, con control de la articulación visual del Área Urbana Especial con su entorno.

4.– Son Áreas Urbanas Especiales con uso comercial las que presentan como uso dominante el comercial, sin perjuicio de la presencia minoritaria de otros usos terciarios, y en particular las grandes superficies comerciales definidas por la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León.

5.– El marco sectorial definido en el Plan Regional de Equipamientos Comerciales dibuja un horizonte de crecimiento estabilizado pero con evidentes posibilidades de reorganización interna, de acuerdo a las siguientes Directrices:

a) Las nuevas Áreas Urbanas Especiales con uso comercial se ubicarán de forma preferente en el sistema urbano continuo, próximas a los corredores primarios y en relación con los Centros Intermedios. El planeamiento urbanístico municipal tendrá en cuenta criterios relacionados con su articulación urbanística, sus requerimientos funcionales y el control de sus impactos:

1.– Adecuación entre el nivel de movilidad que inducirán en su entorno y los accesos a los corredores de soporte, verificando su incremento con efectos de congestión urbana.

2.– Dotación suficiente de aparcamiento.

3.– Reducción del impacto ambiental y paisajístico sobre las áreas circundantes.

b) El planeamiento podrá prever la implantación de Áreas Urbanas Especiales con uso comercial de forma articulada con otras de almacenaje o industriales con venta directa.

6.– Son Áreas Urbanas Especiales de servicios al transporte aquellas cuyo uso dominante son los servicios al transporte de mercancías o pasajeros, sin perjuicio de su convivencia con otros usos minoritarios (hostelería, pequeño comercio). Para su desarrollo observarán las directrices establecidas en el artículo 56 para las Áreas Urbanas Especiales con uso industrial, y además las siguientes:

a) Las Áreas Urbanas Especiales de servicios al transporte ligadas a las mercancías se ubicarán prioritariamente sobre las grandes infraestructuras de transporte y con un criterio estratégico que facilite el intercambio modal.

b) Las Áreas Urbanas Especiales de servicios al transporte ligadas a la movilidad de pasajeros se localizarán sobre el espacio urbano continuo y en las áreas de crecimiento compacto de sus bordes, de forma articulada con el acceso a los corredores territoriales y conexiones locales y con la estructura urbana local.

Artículo 58.– Grandes equipamientos y nuevos centros de ocio a escala comarcal (O).

1.– Son Áreas Urbanas Especiales de servicios de ocio las ligadas de forma dominante a actividades recreativas de escala comarcal. En general, debido a su búsqueda de calidad ambiental, las Áreas Urbanas Especiales de servicios de ocio no suelen generar conflictos graves con su entorno, aunque sí impactos directos o indirectos sobre las infraestructuras existentes que les dan apoyo. Para su ubicación se establecen las siguientes directrices:

a) Deberán localizarse sobre corredores de cualquier categoría, previo estudio de movilidad.

b) El control de impactos (incluida la Evaluación de Impacto Ambiental en caso de ubicaciones en Unidades Paisajísticas frágiles) deberá asegurar el cumplimiento de las condiciones señaladas para la Unidad, con un atención a la gestión del agua y de los residuos.

2.– Son Áreas Urbanas Especiales con uso dotacional las vinculadas a equipamientos de rango urbano o comarcal. Dado que se trata de áreas con exigencias muy diversas, la única condición es que su localización guarde relación con las condiciones que definan sus lógicas de servicio.

Capítulo 2

Directrices para la implantaicón de nuevas áreas residenciales

Artículo 59.– Fomento de los crecimientos compactos en los núcleos de población (B).

Se favorecerán los crecimientos urbanos en forma de desarrollo compacto, continuo y articulado en torno a los núcleos de población existentes, priorizando la compleción de los vacíos intersticiales frente a las operaciones de simple expansión. Las nuevas áreas residenciales asociadas al crecimiento compacto de los núcleos existentes tendrán en cuenta los siguientes factores:

a) Factores de condicionamiento estructural:

1.– Solamente se considerarán crecimientos compactos los sectores articulados de forma directa y coherente con la estructura urbana preexistente.

2.– Cada área deberá resolver sus conexiones a las infraestructuras viarias y a las redes de servicios urbanos, y costear las instalaciones de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento.

3.– En sectores con más de 250 viviendas se evaluará el impacto acumulado del crecimiento sobre el conjunto de los espacios libres públicos y dotacionales del Municipio.

4.– La nuevos sectores residenciales en las áreas de crecimiento continuo facilitarán la salvaguardia de los espacios valiosos, incorporándolos al sistema de espacios libres, siempre que el uso sea compatible.

b) Factores de condicionamiento local:

1.– El proyecto se ajustará a criterios de sensibilidad con la topografía original, control del impacto visual e integración de valores naturales y culturales.

2.– La estructura urbana de cada área se organizará en torno a los espacios libres públicos y dotacionales, integrándose con las estructuras urbana y territorial preexistentes.

Artículo 60.– Crecimientos autónomos en el sistema urbano discontinuo (B).

1.– La localización de nuevos crecimientos autónomos en el sistema urbano discontinuo (Áreas de Urbanización Autónoma, en los términos del artículo 38) deberá respetar las condiciones señaladas para cada Unidad Paisajística en el artículo 13, especialmente en cuanto a su Evaluación de Impacto Ambiental, y además tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) Factores de condicionamiento estructural:

1.– El número de viviendas previstas en cada una de las Áreas de Urbanización Autónoma no será inferior a 500, a fin de garantizar la solvencia técnica y económica de la actuación.

2.– Se evaluarán los costes de la entrada en servicio del nuevo enclave sobre las infraestructuras generales existentes para garantizar la ejecución de los refuerzos necesarios.

3.– Se asegurará la autonomía del nuevo enclave en cuanto a abastecimiento de agua, gestión de residuos, accesos y conexiones a la infraestructura viaria y a las redes de servicio generales.

4.– Se podrá exigir colaboración entre Áreas de Urbanización Autónoma para asumir conjuntamente sus obligaciones y compromisos de urbanización.

b) Factores de condicionamiento local:

1.– La densidad global en este tipo de las Áreas de Urbanización Autónoma no superará nunca las 30 viviendas por hectárea, sin incluir en el cómputo los sistemas generales.

2.– Se evitará la acumulación de impactos por la concentración de este tipo de áreas en un territorio. Para ello la distancia mínima entre sectores independientes será de 1.000 m.

3.– Se respetarán las condiciones naturales y paisajísticas del entorno, aprovechando la capacidad articuladora de los espacios libres públicos y la diversidad de usos y formas edificadas.

2.– El desarrollo de agrupaciones de viviendas unifamiliares no podrá realizarse en parcelaciones sin planeamiento de desarrollo que incluya infraestructuras comunes. El planeamiento urbanístico municipal no podrá definir sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable sometidos exclusivamente a regulaciones de parcela mínima y autoconexión a las redes existentes.

3.– Los sectores con uso predominante de vivienda unifamiliar, ya sea aislada, pareada o adosada, se atendrán a las siguientes directrices:

a) Se procurará la adaptación a las condiciones naturales del espacio, respetando las características topográficas y la adecuación tipológica al medio.

b) Los Planes Parciales determinarán con precisión las exigencias de infraestructuras, en especial las relacionados con el ciclo del agua, garantizando su gestión y mantenimiento mediante entidades de conservación vinculadas al desarrollo en su conjunto.

Capítulo 3

Directrices para la mejora de la calidad en el sistema

urbano continuo

Artículo 61.– Directrices para el desarrollo de los planes urbanísticos municipales en suelo urbano (P).

Las Administraciones públicas colaborarán para difundir y fortalecer la «cultura urbana» y la calidad de los espacios públicos, de acuerdo a las siguientes directrices:

a) Se promoverá la «accesibilidad compartida», favoreciendo la convivencia de la movilidad motorizada con modos menos agresivos (peatonales, ciclistas y transporte público).

b) Se promoverá de forma prioritaria la colmatación de espacios intersticiales, con una estructura abierta, orientada a la articulación de las áreas circundantes. Su ordenación paliará en lo posible los déficit que existan en áreas colindantes consolidadas:

1.– El sistema de espacios libres asumirá una función articuladora del espacio urbano y guardará una relación directa con el sistema de equipamientos.

2.– Se fomentará la articulación en el tejido urbano de pequeños espacios productivos, con especial atención a los micropolígonos de usos mixtos.

3.– Los bordes urbanos se tratarán con criterios paisajísticos, de forma que no se condicionen las posibilidades de crecimientos futuros en continuidad.

c) Se favorecerán las actuaciones de rehabilitación frente a las de sustitución, orientándose las características arquitectónicas y urbanísticas de cada intervención hacia la mejora en la calidad de los espacios, con especial atención a su calidad estética.

Artículo 62.– Directrices para el fomento de la calidad espacial en los centros urbanos (P).

Para la protección real y eficaz del patrimonio edificado y de las formas históricas de asentamiento, el planeamiento urbanístico municipal deberá promover la recuperación de los valores urbanísticos y paisajísticos de sus espacios tradicionales, valorando en especial la tipología de la arquitectura y de los espacios urbanos preexistentes, incluidas las formas de asentamiento discontinuo (granjas) y otros sistemas territoriales (canales, acequias, fuentes, etc.), así como la adecuación de la escala de intervención a las estructuras existentes, el fomento de formas relevantes de espacios públicos y la mezcla racional de usos y actividades.

Capítulo 4

Directrices para la conservación del suelo rústico

Artículo 63.– Protección de la estructura tradicional de los paisajes agrarios (B).

En cada Municipio, el «campo» tiene caracteres específicos. El planeamiento urbanístico municipal debe proteger el paisaje agrario a partir de su adecuada interpretación, de acuerdo con lo establecido en el Título I, y estudiando en particular las vías pecuarias con sus descansaderos y abrevaderos, las infraestructuras hidráulicas (pozos, norias, canales, acequias, almorrones, etc.), las construcciones rurales aisladas con valor cultural (palomares, molinos, abrevaderos, fuentes, etc.), así como las granjas y pequeñas casas agrícolas tradicionales.

Artículo 64.– Programa de recuperación de granjas (O).

Estas Directrices protegen las Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (A.P.H.A.), con especial consideración con el sistema tradicional de asentamiento definido por las granjas, que puede ser considerado como un verdadero patrimonio territorial, con una interesante estructura de relaciones territoriales cuya protección garantiza la calidad del espacio heredado. Por el contrario, su simple transformación en urbanizaciones eliminaría rasgos distintivos del paisaje. Por ello estas Directrices establecen la necesidad de articular un programa de medidas prioritarias para su recuperación y rehabilitación, admitiendo nuevos usos (residenciales, dotacionales, de ocio y agrario), e incluso la ampliación limitada de la superficie edificada en torno al núcleo original de la granja y la reestructuración del conjunto con respeto a la identidad del asentamiento original.

TÍTULO VI

Directrices administrativas: Orientaciones para la gestión

del territorio

Capítulo 1

Directrices para la gestión del territorio

Artículo 65.– Articulación con los planes y programas municipales y sectoriales (P).

1.– Estas Directrices son, ante todo, un instrumento de control de los impactos negativos de la urbanización, que deja un amplio margen de actuación a los planes y programas municipales y sectoriales. No se señalan límites de tamaño a los Municipios, pero se impone la protección de los espacios más valiosos, y se exige que los nuevos crecimientos resuelvan por sí mismos todas las infraestructuras y servicios necesarios.

2.– A tal efecto, el planeamiento municipal debe respetar las directrices de aplicación plena (P) y cumplir los objetivos de las directrices de aplicación básica (B), según sus propias condiciones y de acuerdo a sus legítimas aspiraciones. Por último, las directrices de aplicación orientativa (O) pretenden introducir racionalidad en el proceso de toma de decisiones, sin llegar a establecer modelos rígidos: corresponde a los Municipios ofrecer un sistema abierto de oportunidades de desarrollo.

3.– La relación de las Directrices con los planes y programas sectoriales se apoya en el respeto a lo ya actuado y al sistema normativo. Se trata, ante todo, de que las acciones ligadas a inversiones en infraestructuras o equipamientos no sean ajenas a su incidencia en el territorio. El Modelo Territorial constituye un marco espacial estable de referencia y una garantía para que la planificación y programación sectorial comprenda sus efectos potenciales sobre el espacio.

Artículo 66.– Complementariedad con la normativa sectorial (B).

El concepto de desarrollo sostenible plantea una profunda revisión de los modos de urbanización y el establecimiento de condiciones que moderen sus impactos negativos. Por ello estas Directrices exigen la colaboración de las Administraciones públicas con los siguientes objetivos:

a) Profundizar en la integración, en la práctica administrativa, de la normativa sectorial con incidencia sobre el territorio, cuya concurrencia es imprescindible para una ordenación más racional del mismo:

1.– Normas que ordenan de forma genérica espacios característicos: Espacios naturales, montes, aguas, vías pecuarias, patrimonio histórico.

2.– Normas que regulan actividades específicas en su relación con el territorio: Minería, actividades clasificadas, caza y pesca, carreteras, ferrocarriles.

3.– Normas que procuran la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos: Fauna y flora silvestres, atmósfera, residuos.

4.– Normas de carácter instrumental para la intervención en el territorio: Evaluación de Impacto Ambiental, ordenación del territorio, bases del régimen local.

b) Desplegar eficazmente la tutela administrativa, asociada al cumplimiento de la normativa, como marco estable de calidad. En particular, la tutela ambiental es ante todo una cuestión cultural: Orienta el sentido de la transformación que cualquier actividad humana realiza en el medio habitado.

c) Fomentar modos de urbanización fundados en la calidad de los servicios, promoviendo que la implantación de todas las dotaciones urbanísticas necesarias se realice de forma simultánea al proceso de urbanización y no posteriormente al mismo.

Artículo 67.– Directrices para el fomento de la gestión mancomunada de los servicios (B).

1.– Los Municipios han de ser las instituciones más directamente implicadas en un proceso que beneficia a la calidad global del territorio, fundado en el conocimiento de sus particularidades y en la búsqueda de una mayor eficiencia del sistema urbano. En un contexto globalizado y competitivo, la colaboración entre Municipios es imprescindible para comprender los problemas, colaborar en su respuesta y comprometerse con un territorio con características e identidad comunes.

2.– Las Mancomunidades de Municipios deben dimensionarse según el alcance de los servicios que presten. Por ello se señala un «Ámbito Mínimo Mancomunable» coincidente con el sistema urbano continuo (Arroyo, La Cistérniga, Laguna, Santovenia, Simancas, Valladolid y Zaratán) ampliable según los servicios que asuma, pero centrado en torno a la actual Mancomunidad de Tierras de Valladolid. Los servicios que deben ser resueltos de forma mancomunada son, al menos:

a) Abastecimiento y regulación del agua potable y gestión de aguas residuales.

b) Tratamiento de residuos sólidos urbanos y control de la calidad ambiental.

c) Transporte público metropolitano.

3.– En los Municipios exteriores al sistema urbano continuo, las Directrices no señalan ámbitos mancomunables, ya que las Mancomunidades existentes pueden resultar válidas. Sin embargo puede ser conveniente promover sinergias locales para gestionar con eficacia las instalaciones, por ejemplo mediante convenios de mantenimiento con la Mancomunidad central.

4.– La participación de empresas de servicios, públicas, mixtas o privadas, a través de concesiones administrativas, de alcance intermunicipal y con la participación de los Municipios, es una alternativa viable para la mejora real de la prestación de los servicios.

Artículo 68.– Directrices sobre relaciones entre Administraciones públicas: gestión y toma de decisiones a escala subregional (O).

1.– Las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma cooperarán para la coordinación de las políticas sectoriales, entre sí y con la Administración local, correspondiendo a la Diputación Provincial la coordinación de los intereses locales y la asistencia a los Municipios.

2.– La diversidad de intereses presentes en el urbanismo hacen del planeamiento una potestad compartida por las Comunidades Autónomas y los Municipios que las integran, sin perjuicio del principio constitucional de autonomía municipal. La intervención autonómica sobre los planes municipales ha de controlar no sólo sus aspectos reglados, sino también los discrecionales que por su conexión con intereses supralocales (plasmados en el Modelo Territorial definido en estas Directrices) hayan de ser valorados para asegurar la prevalencia de tales intereses superiores. En suma, la competencia autonómica para la ordenación del territorio no puede circunscribirse a la simple capacidad de planificar las actuaciones que por otros títulos ha de llevar a cabo la Junta de Castilla y León. Para ejercerla ha de tenerse en cuenta la repercusión territorial de todas las actuaciones públicas, a fin de garantizar el mejor uso de los recursos naturales y el equilibrio entre las distintas partes del territorio.

3.– Estas Directrices son un instrumento de mediación para la gestión del territorio: Organizan el conocimiento y articulan los procesos de toma de decisiones a escala supramunicipal. Su gestión podría encomendarse a una entidad administrativa creada al efecto, pero en todo caso dependerá de la coordinación y colaboración de las Administraciones implicadas. Así pues, no es imprescindible la creación de un ente específico para la gestión de las Directrices, sin perjuicio de que pudiera ser un adecuado instrumento que evite la proliferación de órganos institucionales ad hoc.

4.– Una Mancomunidad para Valladolid y Entorno mejoraría la prestación de servicios básicos en su ámbito. La Mancomunidad, en su definición y caracterización como asociación de Municipios, está orientada a la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia, y por lo tanto su acción está limitada por los mismos. De forma complementaria, para alcanzar los objetivos de las Directrices puede ser útil cualquiera de las siguientes propuestas:

a) Una Sociedad Anónima Pública para la gestión de los patrimonios públicos de suelo y la acción ejecutiva en materia de vivienda e infraestructuras.

b) Un Plan Estratégico, como herramienta para consensuar la proyección del territorio y garantizar una posición de futuro. El contexto global de competencia exige a las ciudades proyectar imágenes colectivas atractivas y solventes, apoyadas en la fortaleza y creatividad locales.

c) Una Gerencia de Servicios e Infraestructuras, como instrumento para la gestión de los servicios básicos, con participación técnica, económica y administrativa de los Municipios, la Diputación y la Junta de Castilla y León. La complejidad de los servicios a gestionar aconseja su subdivisión en dos consorcios: Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos, y Transportes e Infraestructuras.

d) Una Comisión de Coordinación de Valladolid y Entorno, como foro de coordinación y consenso formado por Municipios, Diputación, Junta de Castilla y León y los Consorcios citados, en su caso. Eventualmente, podría asumir las competencias de la Comisión Territorial de Urbanismo.

5.– No obstante lo propuesto en los números anteriores, estas Directrices pueden ser aplicadas por los Municipios, por la Diputación Provincial y por la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, con la asistencia de los servicios centrales de la Junta de Castilla y León. La colaboración de todas las Administraciones implicadas garantizaría un horizonte de ordenación coherente y responsable.

Capítulo 2

Programación

Artículo 69.– Horizonte temporal de las Directrices (O).

1.– Estas Directrices se configuran, en primer lugar, como instrumento de conocimiento territorial orientado a la racionalización de los procesos de toma de decisiones en su ámbito territorial, que puede ser completado con estudios puntuales para su desarrollo en cada caso.

2.– Las Directrices son un instrumento abierto, actualizable y utilizable como herramienta de trabajo, tanto actualizando la información como verificando el alcance de decisiones concretas en relación con el Modelo Territorial propuesto. Por ello su horizonte temporal debe ser amplio y estable, y la necesidad de su ajuste se derivará de la evolución de las circunstancias sociales, económicas y urbanísticas de su ámbito, y de su relación con los planes y programas municipales y sectoriales.

3.– La Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio elaborará, por cada periodo de 5 años desde la aprobación de las Directrices, un informe sobre su aplicación y seguimiento. Este informe será remitido a los Ayuntamientos, Diputación Provincial y Delegación del Gobierno a los efectos de que se pronuncien sobre su contenido, que se entenderá favorable si no se produce expresamente en el plazo de un mes, de modo que la Consejería pueda evaluar la conveniencia de modificar el documento en aquellos aspectos que se consideren adecuados para el cumplimiento de sus fines.

4.– Se establece un periodo de 10 años para la revisión del documento de Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno, en caso de que las circunstancias así lo exigieran, previa evaluación de su aplicación y vigencia, conforme al procedimiento expuesto en el apartado anterior.

Artículo 70.– Programación (O).

Se recomienda que las Administraciones con competencias sobre el ámbito de las Directrices elaboren un programa-marco para definir y orientar la inversión en actuaciones prioritarias. Las actuaciones y programas propuestos en las Directrices pueden resumirse en tres apartados:

a) Infraestructuras y equipamientos para equilibrar el territorio:

1.– Infraestructuras de transporte: Centro Intermodal de Transporte, nueva estación Valladolid-Campo Grande, desdoblamientos en la CN-601 y la CN-122, acondicionamiento del corredor sur (con variantes y puentes en Simancas, Puente Duero, Viana y Tudela), y mejoras de accesibilidad local.

2.– Infraestructuras ambientales: Ciclo del agua y gestión de residuos.

3.– Infraestructuras de energía y telecomunicaciones.

4.– Equipamientos.

b) Programas especiales para revitalizar los núcleos, mantener su identidad y diversificar su base económica, y actuaciones estratégicas para generar centralidad:

1.– Áreas de nueva centralidad y grandes ejes de actividad.

2.– Programa de mejora y revitalización de centros históricos.

3.– Programa de mejora de la base económica local.

4.– Programa de recuperación de granjas.

c) Programas y actuaciones en el medio rural, orientados a mejorar la calidad ambiental:

1.– Sistema Subregional de Parques y Corredores verdes.

2.– Programa de mejora de las áreas protegidas y paisajes valiosos.

3.– Programa de restauración de espacios degradados.

4.– Programa de fomento de la agricultura productiva.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Determinaciones de planeamiento modificadas (P)

1.– Estas Directrices no alteran la planificación sectorial vigente en el momento de su entrada en vigor, que no contradice el Modelo Territorial propuesto.

2.– Estas Directrices no alteran las determinaciones relativas al suelo urbano y al suelo urbanizable del planeamiento urbanístico municipal vigente en el momento de su entrada en vigor, que no contradicen el Modelo Territorial propuesto.

3.– Estas Directrices alteran las siguientes determinaciones relativas al suelo rústico del planeamiento urbanístico municipal vigente en el momento de su entrada en vigor, puesto que contradicen claramente el Modelo Territorial propuesto:

a) Estas Directrices clasifican como suelo rústico con protección natural todos los terrenos incluidos en «Áreas de Singular Valor Ecológico» (A.S.V.E.) y «Cuestas y Laderas», y que actualmente estén clasificados como suelo no urbanizable o suelo rústico en cualquiera de sus categorías.

b) Estas Directrices clasifican como suelo rústico con protección agropecuaria todos los terrenos incluidos en «Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola» (A.P.H.A.) y que actualmente estén clasificados como suelo no urbanizable o suelo rústico en cualquiera de sus categorías. Los planes urbanísticos municipales podrán incluir suelos urbanizables en estas áreas, solo a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 20.4 b) y d) de estas Directrices.

c) En el ámbito de estas Directrices, la vivienda unifamiliar aislada se considerará en todo caso como uso prohibido en suelo rústico.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Grado de aplicación de la memoria (P)

Los apartados número 4 y 5 de la Exposición de Motivos de este Decreto, correspondientes a la Memoria de las Directrices (Fundamentos y Justificación del Modelo Territorial), serán considerados como determinaciones de aplicación básica, según el artículo 6.3.b de la Ley 10/1998 de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Anexos (P)

1.– Cuentan con valor normativo los planos de ordenación incluidos en el Anexo 1 de estas Directrices de Ordenación de Valladolid y Entorno. No obstante, valorando que la escala de referencia en la ordenación de cada Municipio y el desarrollo de los planes sectoriales suele ser 1:10.000, se considerarán admisibles ajustes de los límites con variaciones de hasta 10 m., siempre que dichos límites no se correspondan con un elemento físico determinado (río, cornisa de páramo, carretera, canal, etc.) que, en tal caso, se considerará un posición precisa como punto de referencia.

2.– Los restantes Anexos carecen de valor normativo:

Anexo 2: Planos de síntesis del Modelo Territorial propuesto.

Anexo 3: Inventario Territorial.

Anexo 4: Localización de Humedales.

Anexo 5: Índice General.

DISPOSICIÓN FINAL

1.– Se autoriza al Consejero de Fomento para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de este Decreto.

2.– Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, a 2 de agosto de 2001.

El Presidente de la Junta

de Castilla y León,

Fdo. Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de Fomento,

Fdo: José Manuel Fernández Santiago

ANEXO 1

PLANOS DE ORDENACIÓN

Escala 1:25.000

A. PROTECCIÓN DE ÁMBITOS VALIOSOS

Serie de 15 planos que recoge las determinaciones contenidas en el Título I de las Directrices, en especial las contenidas en sus tres primeros capítulos: Directrices para la protección de los espacios valiosos (Áreas de Singular Valor Ecológico, riberas, humedales, cuestas y laderas, encinares y quejigares, y pinares), Sistema Subregional de Parques y Corredores verdes, y las directrices ambientales por unidades paisajísticas.

B. DESARROLLO TERRITORIAL. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES

Serie de 15 planos que recoge las determinaciones más relevantes de las contenidas en los restantes Títulos de las Directrices, en especial las contenidas en el Titulo II, sobre elementos estructurantes del modelo territorial: Acciones estratégicas en las infraestructuras de transporte, comunicación y energía, acciones para el desarrollo de lugares estratégicos y directrices para el desarrollo de grandes sectores urbanizables.

ANEXO 2

PLANOS DE SÍNTESIS DEL MODELO TERRITORIAL

(sin valor normativo)

1. Áreas de valor ecológico, paisajístico y agrario.

2. Estrategias de desarrollo del sistema urbano.

3. Centros y lugares de excelencia.

4. Sistema de movilidad urbana.

5. Infraestructuras de servicios básicos.

6. Sistema Subregional de Parques y Corredores verdes

7. Usos del suelo

ANEXO 3

INVENTARIO TERRITORIAL

La documentación correspondiente al Inventario Territorial de estas Directrices se encuentra recogida en los capítulos I, II, III y IV del libro «Directrices de Ordenación Territorial de Valladolid y Entorno» publicado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en 1998 (I.S.B.N. 84-7846-835-8):

I.– La Ciudad en su Región: Desafíos de la planificación espacial a escala supramunicipal

I.1. Desafíos económicos y cambio de los modelos urbanos.

I.2. Alfoz, Área Funcional, Comarca, Ciudad-Región.

I.3. Los objetivos de las Directrices

I.4. Calidad del Modelo Territorial propuesto.

I.5. Estructura Normativa: La calidad ambiental como objetivo.

II.– Del Inventario al Proyecto: elementos de una metodología de planificación renovada

II.1. Estructura metodológica del Avance de Directrices.

II.2. El perfil técnico del Avance de Directrices: Un instrumento abierto, aplicable y adaptable.

II.3. Diseño de un Sistema de Información Territorial interactivo.

II.4. Proceso de participación y toma de decisiones.

III.– Síntesis del Inventario Territorial

III.1. Valladolid en su contexto regional y europeo.

III.2. Medio físico: La dualidad campiña-páramo.

III.3. Medio rural: Necesidad de equilibrio de usos en los espacios periurbanos.

III.4. El paisaje, patrimonio cultural y recurso.

III.5. Estructura histórica del territorio.

III.6. Importancia territorial de la red de vías pecuarias.

III.7. Estructura de la población.

III.8. La actividad económica y el espacio.

III.9. Movilidad y transporte en un espacio de accesibilidad creciente.

III.10. Evolución de la estructura del sistema urbano.

IV.– Diagnóstico sintético: Dificultad de un proyecto territorial compartido

IV.1. Sobre el potencial del área metropolitana en formación: Valladolid y entorno en un contexto global de competencia.

IV.2. Sobre las debilidades del sistema urbano: Problemas de funcionamiento conjunto de Valladolid y entorno como rémora de su potencial.

IV.3. Factores de calidad de los espacios rurales y urbanizados.

ANEXO 4

LOCALIZACIÓN DE HUMEDALES

1.– Laguna de Laguna de Duero

Término municipal de Laguna de Duero

Altitud 700 m.

Coordenadas UTM: 30TUM564055.

2.– Bodón Molinero

Término municipal de Boecillo

Altitud 698 m.

Coordenadas UTM: 30TUM585978.

3.– Laguna del Suero

Término municipal de Aldeamayor de San Martín:

Altitud 696 m.

Coordenadas UTM: 30TUM602989.

4.– Laguna del Pepino

Término municipal de Aldeamayor de San Martín

Altitud 698 m.

Coordenadas UTM: 30TUM61449896.

5.– Bodón de las Palomas

Término municipal de Aldeamayor de San Martín

Altitud 726 m.

Coordenadas UTM: 30TUM65249564.

6.– Laguna de la Sal

Término municipal de Aldeamayor de San Martín

Altitud 700 m

Coordenadas UTM: 30TUM620964.

7.– Bodón Blanco

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 702 m.

Coordenadas UTM: 30TUM60059481.

8.– Las Navas

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 702 m.

Coordenadas UTM: 30TUM598955 y 30TUM60069532.

9.– Bodón de la Carretera de Aldeamayor

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 710 m.

Coordenadas UTM: 30TUM62809308.

10.– Bodón Salado

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 705 m.

Coordenadas UTM: 30TUM612918.

11.– Bodón del Pozo

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 708 m.

Coordenadas UTM: 30TUM62259216.

12.– Bodón Navafría

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 715 m.

Coordenadas UTM: 30TUM62959121

13.– Bodón del camino de la Negralada

Término municipal de La Pedraja de Portillo

Altitud 712 m.

Coordenadas UTM: 30TUM58529051.

14.– Bodón Aparicio

Término municipal de Viana de Cega

Altitud 705 m.

Coordenadas UTM: 30TUM58789558.

15.– Lavajo de las Aguadas

Término municipal de Valdestillas

Altitud 705 m.

Coordenadas UTM: 30TUM52359222.

16.– Lavajo Redondo

Término municipal de Valdestillas

Altitud 705 m.

Coordenadas UTM: 30TUM52569114.

17.– Charca del Bodón Grande

Término municipal de Villanueva de Duero

Altitud 694 m.

Coordenadas UTM: 30TUM45729722.

18.– Charca de la Dehesa

Término municipal de Villanueva de Duero

Altitud 695 m.

Coordenadas UTM: 30TUM46489705.

ANEXO 5

ÍNDICE GENERAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Marco normativo.

2. Conveniencia y necesidad.

3. Procedimiento de elaboración y aprobación.

4. Memoria: fundamentos del Modelo Territorial (B)

5. Memoria: justificación del Modelo Territorial (B)

Tít. Prel. OBJETO Y ÁMBITO DE LAS DIRECTRICES

Art. 1. Objeto de las Directrices (P)

Art. 2. Ámbito de las Directrices (P)

Tít. I. MODELO DE CIUDAD-REGIÓN 1: DIRECTRICES PARA LA PROTECCIÓN DE ÁMBITOS VALIOSOS

Cap. 1.º Directrices para la protección de los espacios valiosos

Art. 3. Directrices para la protección de las Áreas de Singular Valor Ecológico (P)

Art. 4. Directrices para la recuperación y conservación de las riberas (B)

Art. 5. Directrices para la recuperación y conservación de los humedales (B)

Art. 6. Directrices para la protección de cuestas y laderas (P)

Art. 7. Directrices para la protección de los encinares y quejigares (B)

Art. 8. Directrices para la gestión de la biodiversidad de los pinares (B)

Cap. 2.º Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes

Art. 9. Puesta en valor del paisaje mediante el Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes (P)

Art. 10. Directrices para el Sistema Subregional de Parques (B)

Art. 11. Directrices para la Red de Corredores Verdes (B)

Cap. 3.º Directrices ambientales por unidades paisajísticas

Art. 12. Las Unidades Paisajísticas como elemento de protección ambiental (P)

Art. 13. Directrices para el control de las transformaciones por Unidades Paisajísticas (B)

Cap. 4.º Directrices para la orientación del crecimiento urbano

Art. 14. Directrices para el fomento del crecimiento urbano compacto (P)

Art. 15. Directrices para la moderación del crecimiento urbano disperso (P)

Art. 16. Directrices para el control de las construcciones aisladas (P)

Cap. 5.º Directrices para el fortalecimiento de la identidad territorial

Art. 17. Directrices para la protección y mejora del patrimonio histórico (P)

Art. 18. Programa de mejora y revitalización de centros históricos (B)

Art. 19. Programa de mejora de áreas protegidas y paisajes valiosos (O)

Cap. 6.º Directrices para la protección de los paisajes agrarios

Art. 20. Directrices para la protección de los espacios agrícolas periurbanos: las Áreas de interés Paisajístico, Histórico y Agrícola (B)

Art. 21. Directrices para la protección de la agricultura periurbana y el fomento de las prácticas agroambientales (O)

Cap. 7.º Otras directrices ambientales

Art. 22. Directrices para la protección de la avifauna (O)

Art. 23. Directrices sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (O)

Tít. II. MODELO DE CIUDAD-REGIÓN 2: ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL MODELO TERRITORIAL

Cap. 1.º Acciones estratégicas en las infraestructuras de transporte

Art. 24. Inserción en el eje europeo de transporte combinado: «Plataforma Logística» (B)

Art. 25. La red ferroviaria básica: la variante de Guadarrama y la adecuación de la línea férrea hacia Medina del Campo y Palencia (B)

Art. 26. El Aeropuerto de Valladolid (B)

Art. 27. Otros grandes ejes: el corredor del Duero y la conexión con León (B)

Art. 28. La consolidación de la red arterial de Valladolid: rondas y principales accesos a la ciudad (B)

Cap. 2.º Acciones estratégicas en las infraestructuras de comunicación y energía

Art. 29. El desarrollo de las telecomunicaciones en Valladolid y Entorno (B)

Art. 30. La consolidación de Valladolid como un nodo estratégico en relación con la infraestructura de transporte y distribución de energía (O)

Cap. 3.º Acciones para el desarrollo de lugares estratégicos

Art. 31. Proyecto de capitalidad regional: Áreas de Nueva Centralidad y Polos Potenciales de Desarrollo (B)

Art. 32. Fortalecimiento de Valladolid como Centro Regional de servicios: lugares estratégicos y espacios singulares (B)

Art. 33. Los equipamientos de escala Ciudad-Región: una visión de conjunto (O)

Art. 34. El transporte en la Ciudad-Región: una visión de conjunto (O)

Cap. 4.º Directrices para el desarrollo de grandes sectores urbanizables

Art. 35. Orientación del crecimiento urbano a partir del Modelo Territorial propuesto (P)

Art. 36. Las Áreas de Urbanización Preferente (P)

Art. 37. Las Áreas de Urbanización Saturadas (P)

Art. 38. Las nuevas Áreas de Urbanización Autónoma y el control de la agregación de crecimientos dispersos (P)

Art. 39. Reservas de suelo para fines específicos (B)

Cap. 5.º Directrices para el dimensionado y la adecuación de las dotaciones urbanísticas

Art. 40. Centros Intermedios (B)

Art. 41. Equidad en las dotaciones urbanísticas (O)

Art. 42. Corrección de los déficit dotacionales a escala local (O)

Tít. III. DIRECTRICES SECTORIALES DE ORDENACIÓN 1: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Cap. 1.º Acciones de mejora de la red viaria

Art. 43. Acciones de mejora de la red viaria: fomento de la interconectividad municipal (O)

Cap. 2.º Directrices sobre transporte público

Art. 44. Control del impacto de los sectores urbanizables sobre la red viaria interurbana (B)

Art. 45. Dependencia del transporte interurbano de una red de concesiones locales y desarrollo de acciones complementarias (O)

Art. 46. Acciones innovadoras en transporte urbano: ferrocarril de cercanías y metro ligero (O)

Cap. 3.º Directrices sobre movilidad alternativa, peatonalidad y vías verdes

Art. 47. El carril-bici y otros «recorridos verdes»: sus posibilidades de extensión (B)

Art. 48. Peatonalidad, centralidad y sistema articulado de estacionamientos disuasorios (B)

Tít. IV. DIRECTRICES SECTORIALES DE ORDENACIÓN 2: INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS

Cap. 1.º Directrices sobre abastecimiento de agua

Art. 49. Directrices para los sistemas de abastecimiento de agua (B)

Art. 50. Directrices orientativas para la mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua (O)

Cap. 2.º Directrices sobre depuración de aguas residuales

Art. 51. Directrices para los sistemas de depuración de aguas residuales (B)

Art. 52. Directrices orientativas para la mejora y ampliación de los sistemas de los sistemas de depuración de aguas residuales (O)

Cap. 3.º Directrices sobre gestión de residuos, calidad del aire y fomento de energías renovables

Art. 53. Directrices sobre gestión y tratamiento de Residuos Sólidos urbanos (B)

Art. 54. Directrices sobre calidad del aire y fomento de energías renovables (B)

Tít. V. DIRECTRICES URBANÍSTICAS: GUÍAS PARA EL DESARROLLO DEL MODELO TERRITORIAL

Cap. 1.º Directrices para la implantación de Áreas Urbanas Especiales

Art. 55. Las Áreas Urbanas Especiales (B)

Art. 56. Grandes factorías o polígonos industriales en enclaves discontinuos (O)

Art. 57. Centros de actividad terciaria, grandes superficies comerciales, servicios a las empresas y al transporte e I+D (O)

Art. 58. Grandes equipamientos y nuevos centros de ocio a escala comarcal (O)

Cap. 2.º Directrices para la implantación de nuevas áreas residenciales

Art. 59. Fomento de los crecimientos compactos en los núcleos de población (B)

Art. 60. Crecimientos autónomos en el sistema urbano discontinuo (B)

Cap. 3.º Directrices para la mejora de la calidad en el sistema urbano continuo

Art. 61. Directrices para el desarrollo de los planes urbanísticos municipales en suelo urbano (P)

Art. 62. Directrices para el fomento de la calidad espacial en los centros urbanos (P)

Cap. 4.º Directrices para la conservación del suelo rústico.

Art. 63. Protección de la estructura tradicional de los paisajes agrarios (B)

Art. 64. Programa de recuperación de granjas (O)

Tít. VI.DIRECTRICES ADMINISTRATIVAS: ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Cap. 1.º Directrices para la gestión del territorio

Art. 65. Articulación con los planes y programas municipales y sectoriales (P)

Art. 66. Complementariedad con la normativa sectorial (B)

Art. 67. Directrices para el fomento de la gestión mancomunada de servicios (B)

Art. 68. Directrices sobre relaciones entre Administraciones públicas: gestión y toma de decisiones a escala subregional (O)

Cap. 2.º Programación

Art. 69. Horizonte temporal de las Directrices (O)

Art. 70. Programación (O)

Disposición Adicional Primera

Determinaciones de planeamiento modificadas (P)

Disposición Adicional Segunda

Grado de aplicación de la Memoria (P)

Disposición Adicional Tercera

Anexos (P)

Disposición Final (P)

Anexo 1. PLANOS DE ORDENACIÓN

Escala 1: 25.000

A. Protección de Espacios Valiosos

B. Desarrollo Territorial. Elementos Estructurantes

Anexo 2. PLANOS DE SÍNTESIS DEL MODELO TERRITORIAL

Escala 1: 100.000

1. Áreas protegidas.

2. Estrategias de desarrollo del sistema urbano.

3. Centros y lugares de excelencia.

4. Sistema de movilidad urbana.

5. Infraestructuras de servicios básicos.

6. Sistema Subregional de Parques y Corredores Verdes.

Anexo 3. INVENTARIO TERRITORIAL

Anexo 4. LOCALIZACIÓN DE HUMEDALES

Anexo 5. ÍNDICE GENERAL