V. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE VALLADOLID

EDICTO relativo a Sentencia Núm. 1611 en Procedimiento Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009 CP.

N.I.G.: 47186 42 1 2009 0020225.

Procedimiento: Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009 CP.

Sobre: Otras materias.

De: D. Antonio Landa Salvador.

Procurador: Sr. Julio César Samaniego Molpeceres.

Contra: D.ª Carmen Poncela Aguado, Laura Poncela Rebollo.

Procurador/a: Sr/a. María Dolores Díaz Alejo Rodríguez.

EDICTO

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 002 DE VALLADOLID

Juicio Verbal Desahucio Falta Pago 0002022/2009.

Parte demandante: Antonio Landa Salvador.

Parte demandada: Carmen Poncela Aguado, Laura Poncela Rebollo.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 1611

En Valladolid, a 20 de noviembre de 2009

Visto por el Ilmo. Sr. D. Ángel González Carvajal, Magistrado-Juez del Juzgado de la Instancia n.º 2 de Valladolid, los presentes autos de juicio verbal seguido entre las siguientes partes: demandante, D. ANTONIO LANDA SALVADOR, representado por el/a Procurador/a SR/A. SAMANIEGO MOLPECERES y defendido por el/a Letrado/a SR/A. LANDA SALVADOR; y, demandadas, D.ª LAURA PONCELA REBOLLO, en rebeldía, y D.ª CARMEN PONCELA AGUADO, representada por el/a. Procurador/a SR/A. DÍAZ ALEJO RODRÍGUEZ y defendida por el/a Letrado/a SR/A. BENITO DEL CAMPO; sobre desahucio por falta de pago y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La demandante presentó en fecha 22/9/2009 demanda de desahucio de arrendamiento urbano por impago de las rentas, y de reclamación de cantidades adeudadas, interesando la resolución del contrato de arrendamiento con el consecuente desahucio, condena de lo debido e imposición de costas.

Segundo.– Admitida a trámite la demanda, se citó a las partes a vista que se celebró el día de hoy, a la que compareció la actora que ratificó la demanda y propuso como medios de prueba los de documentos; compareció también D.ª Carmen Poncela Aguado que se allanó a la demanda y la otra codemandada no compareció, por lo que fue declarada en rebeldía; y, tras la práctica de la prueba con el resultado obrante en autos, quedó el juicio concluso para sentencia.

Tercero.– En la tramitación de este juicio se ha observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Al amparo del artículo 438,3,3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) la parte demandante en su condición de arrendadora, ejercita acumuladamente frente a la arrendataria:

1.º) una acción de resolución del contrato de arrendamiento de vivienda celebrado con las demandadas en fecha 1/5/2005, con fundamento en el impago de las rentas adeudando a la fecha de la demanda 1.924,88 €. Y,

2.º) una acción en reclamación de las rentas debidas y las que se devenguen hasta el desalojo.

Segundo.– Una de las arrendatarias demandadas, la Sra. Poncela Aguado se allana a la demanda, por lo que de conformidad con los artículos 19 y 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede sin más trámites dictar sentencia estimatoria respecto a aquella, al no suponer el allanamiento una renuncia contraria al interés u orden público o ir en perjuicio de tercero -artículo 6,2 del Código Civil-.

Tercero.– La otra codemandada no ha comparecido, por lo que procede declarar el desahucio sin más trámites a tenor de lo establecido en el artículo 440.3 LEC (que dispone que en la citación «se apercibirá al demandado que, de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin más trámites»).

En cuanto a la otra acción, por aplicación de la admisión tácita de hechos perjudiciales (autorizada por los artículos 304 y 440 LEC) que resulta de la incomparecencia de la parte arrendataria a la prueba de interrogatorio propuesta, conjuntamente con los documentos aportados y allanamiento de la otra coarrendataria, se tiene por acreditada la certeza de la deuda por rentas derivadas del contrato arrendaticio que vincula a los litigantes, por lo que también procede estimar la reclamación de cantidad formulada.

Cuarto.– Las costas se imponen a la parte demandada al estimarse la demanda en su integridad, por aplicación del artículo 394,1 LEC; incluso a la demandada que se allana con arreglo a lo previsto en el artículo 395, 1 LEC que permite su imposición al demandado que se allana a la demanda antes de contestarla, si se aprecia que obró con mala fe, que puede apreciarse no solo en aquellos supuestos en que, como señala el propio precepto en su apartado primero párrafo segundo, antes de presentada la demanda se hubiere formulado requerimiento fehaciente y justificado de pago o dirigido contra él demanda de conciliación, sino también cuando se deriva de la propia naturaleza de la reclamación, así entre otras cuando se trata del pago o abono periódico o sucesivo de un cumplimiento preestablecido del que por ello el deudor tiene perfecto, cumplido y cabal conocimiento. Y es que, la finalidad del citado precepto fundado en el «principio de causalidad», es que las costas sean satisfechas por aquel litigante que por su conducta de inhibición al cumplimiento de una obligación plenamente atendible, fuerza al actor a sostener un pleito en efectividad de ese derecho, para después de iniciado aquietarse, cuando con anterioridad a la reclamación judicial, dada el carácter periódico del devengo de la obligación (cual sucede con las rentas) debió de pagarla tempestivamente conforme le imponía el contrato.

Este criterio se comparte por la SAP Valladolid 18/1/2007 -Secc. 3.ª- que dice «Este Tribunal ha venido interpretando el precepto en el sentido de que cuando estamos en presencia de pagos periódicos, no es necesario efectuar ni requerimiento previo ni acto de conciliación para condenar en costas al demandado, aunque haya consignado la renta (A.P. Valladolid 3/10/03 y 7/11/03)».

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

FALLO

Estimo íntegramente la demanda presentada por D. ANTONIO LANDA SALVADOR contra D.ª LAURA PONCELA REBOLLO, en rebeldía, y D.ª CARMEN PONCELA AGUADO, y, en su virtud:

1.º– Declaro resuelto el contrato de arrendamiento que vincula a las partes sobre la vivienda sita en Valladolid, calle García Morato n.º 5, piso 1.º B, y, consecuentemente, declaro haber lugar al desahucio, condenando a la parte demandada a que la desaloje, bajo apercibimiento de lanzamiento.

2.º– Condeno a la parte demandada a pagar a la demandante la suma de 1.924,88 euros, más las que se devenguen hasta el desalojo.

3.º– Todo ello con imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

RECURSO: La presente resolución es susceptible de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación en la forma prevista en los artículo 457 y siguientes de la LEC, previa constitución del depósito para recurrir conforme a los previsto en el Ley Orgánica 1/1009 de 3 de noviembre; si la apelación se interpone por la parte demandada, no se admitirá el recurso si no se ha cumplido con lo previsto en el artículo 449 de la LEC de acreditar por escrito tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado.

PUBLICACIÓN: Publicada la anterior sentencia en el día de su fecha, doy fe. La Secretaria Judicial.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la sentencia de fecha 20-11-2009 a la codemandada LAURA PONCELA REBOLLO.

En Valladolid, a veinte de noviembre de dos mil nueve.

El/La Secretario Judicial,

DE VALLADOLID