I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 67/2010, de 1 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban nuevas medidas de austeridad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

El actual escenario económico está presidido por una profunda crisis económica y financiera, de origen y alcance internacional, que está prolongando sus efectos por tercer año consecutivo.

Los tres datos principales que definen, e incluso diferencian, la evolución más reciente de la economía española son un mayor decrecimiento, una mayor cifra de desempleados, y un enorme déficit público. Los tres son los datos más elevados de todas las series históricas disponibles. Esta situación está teniendo graves consecuencias sobre cada una de las instancias fundamentales de la sociedad: familias, empresas y administraciones.

El Gobierno de la Comunidad de Castilla y León ha hecho frente a esta situación desde mayo de 2008 a través del impulso a la inversión pública productiva, el apoyo a la financiación e inversión empresarial, el fortalecimiento de nuestras políticas de empleo, y la simplificación y reducción de trámites administrativos, con medidas recogidas en sendos Acuerdos de la Junta de Castilla y León de fechas 8 de mayo de 2008 y 8 de enero de 2009.

Junto a estas medidas, el Gobierno de la Comunidad lleva desarrollando en los dos últimos años una política de austeridad en el gasto público.

Siguiendo esta línea de actuación, en un contexto en el que el Gobierno de la Nación ha declarado la reducción del déficit público como la prioridad fundamental de todas las políticas económicas, el Presidente de la Junta de Castilla y León en el reciente Debate sobre Política General, celebrado en las Cortes los días 23 y 24 de junio, descartó un incremento de los impuestos, optando por reducir el gasto público y dirigir los recursos disponibles hacia las verdaderas y grandes prioridades como los dos mejores caminos para hacer frente a la importante reducción de los ingresos públicos que está teniendo lugar en la Comunidad.

Y para lograr esa disminución del gasto público, resulta preciso adoptar nuevas medidas de austeridad para la Administración de la Comunidad, así como para el conjunto de instituciones y entidades públicas.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de julio de 2010, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar las medidas de austeridad en el ámbito público de la Comunidad de Castilla y León que se recogen en el Anexo.

Segundo.– El presente Acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 1 de julio de 2010.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de la Presidencia, Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

ANEXO

MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL ÁMBITO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

1.– Medidas de racionalización de entidades administrativas y recursos humanos.

  • 1.1. Reestructuración y reducción del número de entidades instrumentales. Este proceso se iniciará antes del 31 de julio de 2010.
  • 1.2. Congelación de la Oferta de Empleo Público hasta 2013, excepto en los Centros y Servicios de SACYL, Servicios Sociales y Educación.
  • 1.3. Limitación a supuestos excepcionales de la contratación de personal interino y laboral, previa autorización de las Consejerías de Administración Autonómica y de Hacienda.
  • 1.4. Modificación, antes del 1 de septiembre de 2010, del Decreto 252/1993 de 21 de octubre sobre indemnizaciones por razón del servicio, para establecer nuevos límites en las cuantías de las dietas.

2.– Medidas de restricción presupuestaria.

  • 2.1. Reducción de un 10% de las transferencias a realizar a los Entes Públicos de Derecho Privado de la Comunidad.
  • 2.2. Reducción de un 20% de las aportaciones o subvenciones para la financiación de los gastos de funcionamiento de las Fundaciones Públicas y de las Empresas Públicas que reciben fondos procedentes de los Presupuestos de la Comunidad.
  • 2.3. Reducción de un 10% del crédito disponible para 2010 para otras transferencias y subvenciones en los Capítulos IV y VII de las distintas Consejerías.
  • 2.4. Reducción de un 10% del crédito disponible para 2010 en el Capítulo VI no vinculado a la ejecución de obra pública, salvo el destinado a equipamientos esenciales previa autorización de la Consejería de Hacienda y a la prevención y extinción de incendios forestales.
  • 2.5. Elaboración por cada una de las Consejerías para el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año 2011, antes del 1 de septiembre de 2010, de un Plan de eficiencia y racionalización de las subvenciones que concede la Administración de la Comunidad con la finalidad de proceder a su reducción y optimizar su destino.
  • 2.6. Reducción de los Presupuestos para el año 2011 de las Instituciones de la Comunidad, en el mismo porcentaje de reducción de los Presupuestos de la Administración de la Comunidad.

3.– Medidas de optimización de infraestructuras.

  • 3.1. Centralizar a partir del año 2011, a través de la Consejería de Hacienda, la contratación del suministro de la energía eléctrica para los inmuebles al servicio de la Administración de la Comunidad, y establecer nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética.
  • 3.2. Limitar las actuaciones en inmuebles al servicio de la Administración de la Comunidad a atender las reparaciones y mantenimientos estrictamente necesarios conforme a criterios legales y de seguridad, previa autorización de la Consejería de Hacienda, salvo las actuaciones de emergencia.
  • 3.3. Revisar, por el respectivo órgano de contratación, todos los contratos de arrendamiento de inmuebles con el objetivo de optimizar los espacios disponibles y reducir su cuantía un 5%.

4.– Medidas de optimización de servicios, suministros y medios materiales.

  • 4.1. Centralizar, a través de la Consejería de Administración Autonómica, la contratación de todos los servicios de telecomunicaciones de la Administración de la Comunidad.
  • 4.2. Centralizar progresivamente, a través de la Consejería de Administración Autonómica, los servicios de atención telefónica de la Administración de la Comunidad mediante el teléfono de información administrativa 012.
  • 4.3. La adquisición o alquiler en cualquiera de sus modalidades, con o sin opción de compra, de mobiliario de uso general, vehículos automóviles y equipamientos informáticos o electrónicos cuyo importe sea superior a 3.000 euros requerirá autorización previa de la Consejería de Hacienda. La solicitud de autorización, acompañada de la justificación de su necesidad e idoneidad, se realizará por los Secretarios Generales o Gerentes respectivos y se resolverá en un plazo máximo de 15 días. En todo caso, la sustitución de material inventariable exigirá la previa justificación de su necesidad y amortización.
  • 4.4. Renegociar, por cada una de las Consejerías, los contratos de suministros con el objetivo de intentar alcanzar una reducción en su cuantía del 5%, manteniendo el nivel de prestación de los servicios públicos.
  • 4.5. Centralizar a partir del año 2011, a través de la Consejería de Hacienda, los servicios de reparación y adquisición de recambios para los vehículos turismos al servicio de la Administración de la Comunidad, sin perjuicio de su ampliación futura a otras categorías de vehículos.
  • 4.6. Restricción de la disponibilidad de vehículos oficiales, creando en cada Consejería una bolsa de uso compartido gestionada por los Secretarios Generales.
  • 4.7. Reducción de un 50% de las partidas presupuestarias previstas para la realización de estudios, trabajos técnicos y consultorías realizados por empresas externas.
  • 4.8. Reducción de un 10% de las partidas presupuestarias previstas para gastos de edición y de un 50% para gastos de publicaciones de la Administración de la Comunidad.
  • 4.9. Reducción de un 50% de las partidas presupuestarias previstas para todo tipo de campañas y actos institucionales y promocionales tanto en la Comunidad como en el exterior, salvo supuestos excepcionales previa autorización de la Consejería de la Presidencia.
  • 4.10. Reducción en un mínimo de un 10% de las partidas presupuestarias previstas para gastos de atención protocolaria y representativa.