I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El Gobierno de Castilla y León, en los últimos años, ha adoptado medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la Administración para hacerlo más eficaz, eficiente y transparente y adaptarlo a las necesidades actuales de los ciudadanos.

Además, la Administración del Estado ha creado y puesto en marcha la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA) que el pasado año elaboró un informe con un conjunto de medidas encaminadas a mejorar la actuación y coordinación entre las Administraciones.

A la vista del resultado de las medidas que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha y de las recomendaciones incluidas en el informe de la CORA, es el momento oportuno para abordar un conjunto de medidas de reforma de la Administración de la Comunidad con la finalidad de avanzar en la racionalización, eficacia, eficiencia y transparencia de su funcionamiento.

Por ello, el Presidente de la Junta de Castilla y León, en el Debate de Política General del año 2013, se comprometió a que el Gobierno de la Comunidad presentaría en las Cortes de Castilla y León una Comunicación comprensiva de las medidas de reforma llevadas a cabo y de las nuevas propuestas de actuación, que constituirán la aportación de Castilla y León a la reforma de la Administración.

Con fecha 10 de diciembre de 2013, la Junta de Castilla y León presentó ante el Pleno de las Cortes una Comunicación relativa a las medidas de reforma llevadas a cabo y a las que se proponían abordar. Y como resultado del debate de las propuestas planteadas por los Grupos Parlamentarios se aprobaron once resoluciones.

Por último, la comunicación presentada por la Junta de Castilla y León se incluyó en el Portal de Gobierno Abierto para que los ciudadanos realizaran todas las aportaciones y sugerencias que consideraran oportunas.

Las medidas de reforma que recoge el presente acuerdo son fruto de las propuestas elaboradas por la Junta de Castilla y León, de las resoluciones aprobadas por el Pleno de las Cortes de Castilla y León y de las aportaciones formuladas en el proceso de participación que se ha desarrollado a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El presente acuerdo aprueba 65 medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se estructuran en cuatro apartados: medidas institucionales y organizativas, medidas de coordinación y reducción de duplicidades, medidas de modernización administrativa y medidas de reestructuración del sector público. En cada uno de esos apartados, se detallan las actuaciones ya realizadas y se recogen las medidas a poner en marcha indicando el plazo de ejecución y el órgano responsable de su ejecución.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 30 de enero de 2014, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que se adjuntan como Anexo.

Segundo.– El seguimiento de la implantación de las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se efectuará por la Comisión de Secretarios Generales.

Tercero.– La aprobación de las normas y actos necesarios para la puesta en marcha de las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se efectuará por el procedimiento de urgencia y gozarán de preferencia en su tramitación.

Cuarto.– En el primer trimestre de 2014, se aprobará un proyecto de ley que recoja todas las modificaciones normativas con rango de ley que requiera la ejecución de las medidas, cuyo impulso y tramitación se efectuará por la Consejería de la Presidencia.

Quinto.– El presente acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 30 de enero de 2014.

El Presidente de la Junta de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de la Presidencia, Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López

ANEXO

MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

I.– MEDIDAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS.

En los últimos años se han llevado a cabo diversas acciones con la finalidad de racionalizar la organización tanto del Gobierno como de las instituciones propias previstas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

En lo que se refiere al Gobierno de la Comunidad, en 2011 se redujo el número de Consejeros, pasando de doce a nueve y el número de altos cargos experimentó una disminución superior al 20%. Y ese mismo año, durante el debate de investidura, el Presidente de la Junta de Castilla y León se comprometió a enviar a las Cortes, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, un proyecto de ley con la finalidad de reformar las leyes reguladoras del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas, así como la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, para que los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas pasaran de cinco a tres, todos ellos nombrados por las Cortes, y que el número máximo de consejerías de la Junta de Castilla y León no excediera de diez.

En cumplimiento de ese compromiso, se remitió a las Cortes un proyecto de ley con ese contenido y mediante la Ley 5/2011, de 19 de septiembre, se aprobaron modificaciones relativas a la organización y funcionamiento del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas, así como del Gobierno de la Comunidad. En aplicación de esta ley se redujo en un 40% el número de consejeros tanto en el Consejo Consultivo como en el Consejo de Cuentas, pasando de cinco a tres. Y en lo que se refiere al Gobierno de la Comunidad, se fijó para el futuro y por ley que el número máximo de consejeros de la Junta de Castilla y León será diez.

Durante el año 2012, se avanzó en las reformas del Gobierno racionalizando su reducida presencia en el exterior. Así, mediante la firma, con fecha 10 de julio de 2012, del Protocolo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se acordó que la Delegación Permanente de la Comunidad de Castilla y León, en Bruselas, así como la red de agentes comerciales en el exterior se instalarían en los locales de las misiones diplomáticas de España. Estas medidas se unieron a la acumulación de las funciones de la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León ante la Unión Europea a la Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior.

También en 2012, en lo que se refiere al Gobierno, se puso marcha el Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León que incluye los apartados de transparencia, datos abiertos, participación y presencia en redes sociales. La Junta de Castilla y León ha sido calificada con un sobresaliente en transparencia en el último informe de la organización «Transparencia Internacional» por encima del 7,8 que es la media de las Comunidades Autónomas.

Y en 2013, se dio un paso más para avanzar en el proceso de racionalización de las instituciones con la finalidad de garantizar su continuidad. De esta manera, las Cortes de Castilla y León han aprobado la Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León que ha supuesto un ahorro de 2,5 millones de euros. Mediante esta ley se han adscrito presupuestariamente a las Cortes las cuatro instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León: el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y el Consejo Económico y Social. Asimismo, se crea una Secretaría General única para las cuatro instituciones, se suprimen los altos cargos, se reduce su estructura administrativa y se equiparan las condiciones del personal de estas instituciones a las del personal de la Administración de la Comunidad.

Sin perjuicio de todo lo anterior, se considera necesario seguir adoptando medidas que contribuyan a agilizar y simplificar el funcionamiento de los órganos de gobierno y de las instituciones de la Comunidad.

I.A.– INSTITUCIONES PROPIAS.

I.A.1.– Racionalización de dictámenes preceptivos del Consejo Consultivo.

Si bien es importante mantener el carácter preceptivo de los dictámenes del Consejo Consultivo, es preciso delimitar aquellos supuestos en los que ese carácter es imprescindible.

Hay que tener en cuenta que en el caso de los anteproyectos de leyes, existen casos, como el anteproyecto anual de presupuestos, que tiene unas características especiales en cuanto a contenido y procedimiento de tramitación. Además, y ya como proyecto de ley, debe someterse a una tramitación parlamentaria específica, detallada y preferente. Este hecho supone que las Cortes pueden efectuar un control posterior del texto remitido aportando todas las modificaciones y matizaciones que se estimen oportunas. Por ello, para agilizar su tramitación, se considera que no debe ser preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo en el caso del anteproyecto de ley anual de presupuestos de la Comunidad.

  • – Medida: Excluir de los asuntos sometidos a dictamen preceptivo el anteproyecto de ley anual de presupuestos de la Comunidad.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León.

I.A.2.– Flexibilización de presentación de cuentas de entidades locales menores.

Teniendo en cuenta la realidad de las entidades locales, en general, y de las entidades locales menores, en particular, de nuestra Comunidad, se considera necesario facilitar a las entidades locales menores la presentación de sus cuentas ante el Consejo de Cuentas.

  • – Medida: Facilitar a las entidades locales menores el cumplimiento de la obligación de presentar sus cuentas ante el Consejo de Cuentas.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: antes de finalizar marzo de 2014.

I.B.– GOBIERNO DE LA COMUNIDAD

I.B.1.– Racionalización de órganos colegiados de gobierno.

Es preciso lograr una mayor agilidad en la aprobación de los asuntos por parte de los órganos colegiados de gobierno. Además del Consejo de Gobierno, en la actualidad existen dos Comisiones Delegadas de Gobierno que, por el tiempo transcurrido desde la aprobación de su normativa, es necesario racionalizar.

Por ello, es preciso ajustar el número de órganos colegiados de gobierno y clarificar sus competencias.

  • – Medidas: Mantener una única Comisión Delegada de Gobierno.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Decreto 85/2007, de 23 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural.
    • • Decreto 86/2007, de 23 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.

I.B.2.– Procedimiento de tramitación de asuntos ante los órganos colegiados de gobierno.

La reducción de los tiempos de tramitación es necesaria en todos los procedimientos, incluidos los que se tramitan ante los órganos colegiados de gobierno. Es preciso avanzar en la simplificación del funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno para lograr que las decisiones que se pretenden adoptar sean efectivas en el menor tiempo posible.

Para ello, es preciso aprobar una nueva regulación de la organización y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno para lograr un procedimiento de tramitación de los asuntos que sea más ágil y sencillo, reduciendo tiempos y burocracia.

  • – Medida: Aprobar una nueva regulación de la organización y funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Decreto 1/2004, de 8 de enero, por el que se regula el funcionamiento y las competencias de la Comisión de Secretarios Generales.
    • • Acuerdo 12/2004, de 5 de febrero, de la Junta de Castilla y León, para la tramitación de asuntos ante los Órganos Colegiados de Gobierno.

I.B.3.– Desarrollo de la transparencia.

En los dos últimos años se han dado pasos importantes en materia de transparencia en el ámbito de la Administración de la Comunidad, y en estos momentos, una vez aprobada la Ley de Transparencia del Estado, se considera necesario seguir avanzando en esta materia.

  • – Medida: Aprobar un anteproyecto de ley de transparencia y gobierno abierto.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

I.C.– ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

I.C.1.– Reforzar los órganos de participación.

En la actualidad existen 95 órganos de participación de la sociedad en la Administración de la Comunidad. Este elevado número de órganos dificulta la tramitación de asuntos que se quieren someter a la participación de los ciudadanos y diluye la fuerza de esa intervención ciudadana a través de una multitud de pequeños órganos sectoriales.

Se considera necesario agilizar la tramitación de asuntos sometidos a participación y reforzar la participación de la sociedad civil, mediante la racionalización y reducción de los órganos de participación.

  • – Medida:
    • • Racionalizar y reducir los órganos de participación sectoriales en al menos un 50% sobre el total de los existentes en la actualidad.
    • • Mantener actualizada una relación de todos los órganos de participación y colaboración existentes con indicación de su regulación y composición.
  • – Órgano impulsor: Todas las consejerías.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Normas reguladoras de órganos.

I.C.2.– Racionalizar los órganos de colaboración con las entidades locales.

El Consejo de Cooperación Local es el órgano de colaboración y comunicación con las entidades locales. Pero además de este Consejo existen una serie de órganos que tienen por finalidad la colaboración con las entidades locales en diferentes sectores.

Es conveniente que sea un único órgano, el Consejo de Cooperación Local, el que actúe como medio de colaboración, comunicación y coordinación con las entidades locales aunque pueda mantenerse alguno por su especificidad sectorial.

Por ello, se propone simplificar la composición y funciones del Consejo de Cooperación Local y configurarlo como único órgano de comunicación entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las entidades locales.

  • – Medida: Modificar la regulación del Consejo de Cooperación Local para simplificar su composición, estructura y funcionamiento y convertirlo en el principal órgano de coordinación, comunicación y cooperación con las entidades locales.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.
    • • Decreto 21/2012, de 21 de junio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León.

I.D.– OBSERVATORIOS

I.D.1.– Ordenación y racionalización de observatorios.

En la actualidad existe una pluralidad de órganos a los que se denomina Observatorios, si bien su naturaleza, composición y funciones son diferentes. En concreto, existen 16 observatorios.

Sin embargo, esos 16 observatorios tienen una naturaleza jurídica y unas finalidades diferentes. Así, algunos de ellos son órganos administrativos integrados en la estructura orgánica de la administración, otros se configuran como órganos de participación y, por último, otros se configuran como órganos de análisis, estudio y seguimiento de diversas materias.

Por ello, se considera conveniente clarificar el concepto de observatorio y racionalizar su número y funciones.

  • – Medida:
    • • Atribuir la denominación de observatorio, únicamente, a aquél órgano colegiado que tenga como finalidad el estudio, análisis y seguimiento de realidades de la sociedad de Castilla y León.
    • • Suprimir la denominación de observatorio a aquellos órganos administrativos que no tengan las características anteriores.
    • • Crear un único observatorio de Castilla y León que desarrolle las funciones de estudio, análisis y seguimiento en materia de violencia de género, convivencia escolar y agresiones al personal sanitario, así como sobre cualquier otra materia que se le pueda encomendar.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
    • • Decreto 110/2003, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Organismo Autónomo, Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
    • • Decreto 114/2004, de 21 de octubre, por el que se crea el Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León y los Consejos Provinciales de Trabajo.
    • • Decreto 157/2003, de 26 de diciembre, de Creación del Observatorio Regional de la Sociedad de la Información.
    • • Decreto 30/2005, de 21 de abril, por el que se crea y regula el Observatorio de Género de Castilla y León.
    • • Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.
    • • Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.
    • • Decreto 8/2006, de 16 de febrero, por el que se crea el Observatorio para la convivencia escolar de Castilla y León.
    • • Decreto 48/2009, de 16 de julio, por el que se crea y regula el Observatorio de Agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
    • • Acuerdo 53/2009, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Director de Lucha contra Plagas Agrícolas en Castilla y León.

I.E.– ÓRGANOS INTERCONSEJERÍAS.

I.E.1.– Unificar los órganos colegiados de coordinación interna.

Existen varios órganos colegiados que tienen como finalidad fundamental la coordinación entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad.

Para lograr una coordinación más ágil y eficaz, es conveniente atribuirla a un único órgano de la Administración.

  • – Medida: Atribuir a la Comisión de Secretarios Generales todas las funciones de coordinación interconsejerías.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León.
    • • Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica ( I+D+i) en Castilla y León y Decreto 56/2011, de 15 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 113/2003, de 2 de octubre, por el que se regula la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología.
    • • Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y León.
    • • Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de Castilla y León.
    • • Ley 4/2009, de 28 de mayo, de Publicidad Institucional de Castilla y León.
    • • Decreto 18/2003, de 6 de febrero, por el que se crea la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.
    • • Decreto 27/2006, de 27 de abril, por el que se crea la Comisión Regional para la Promoción de la Salud en los Centros Escolares.
    • • Decreto 85/2007, de 23 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Delegada de Política Territorial y Desarrollo Rural.
    • • Decreto 53/2010, de 2 de diciembre, por el que se regula la coordinación interadministrativa en la Atención Temprana en Castilla y León.

I.F.– OTRAS MEDIDAS.

I.F.1.– Comunicaciones con el Consejo Consultivo.

Las relaciones de la Administración de la Comunidad con el Consejo Consultivo se canalizan a través de la Consejería de la Presidencia.

Anualmente, entre la Administración de la Comunidad y el Consejo Consultivo se intercambian cerca de 2.000 documentos. Ese intercambio se efectúa por medios tradicionales, por correo ordinario, transcurriendo varios días entre la remisión y la recepción de documentos.

Por ello, es necesario establecer un sistema de intercambio de documentación de forma que se logre reducir los tiempos entre la remisión y la recepción de documentación entre la Administración y el Consejo Consultivo.

  • – Medida: Establecer un medio electrónico de intercambio de documentos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.

I.F.2.– Comunicaciones con el Procurador del Común.

Las relaciones entre la Administración de la Comunidad y el Procurador del Común están centralizadas a través de la Consejería de la Presidencia.

Anualmente, con el Procurador del Común se intercambian cerca de 3.000 documentos. Ese intercambio se efectúa por medios tradicionales, por correo ordinario, transcurriendo varios días entre la remisión y la recepción de documentos.

Por ello, es necesario establecer un sistema de intercambio de documentación de forma que se logre reducir los tiempos entre la remisión y la recepción de documentación entre la Administración y el Procurador del Común.

  • – Medida: Establecer un medio electrónico de intercambio de documentos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.

I.F.3.– Recopilación de acuerdos de órganos colegiados de gobierno.

Existe un conjunto de acuerdos de los órganos colegiados de gobierno que producen efectos a lo largo de un periodo de tiempo amplio, o incluso de forma indefinida. Al no tener naturaleza jurídica de norma, no se incluyen en las recopilaciones normativas, si bien es necesario conocer su existencia y su ámbito de aplicación.

De esta manera, es oportuno mantener una recopilación actualizada y sistematizada de todos los Acuerdos de órganos colegiados de gobierno de eficacia ilimitada y con una pluralidad de destinatarios con la finalidad de facilitar su conocimiento a éstos.

  • – Medida: Recopilar y analizar todos los Acuerdos de órganos colegiados de gobierno que con una pluralidad de destinatarios tengan una eficacia ilimitada. Esta recopilación se mantendrá actualizada en el Portal de Gobierno Abierto.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.

I.F.4.– Imagen institucional unificada.

Con la finalidad de clarificar la acción de la Junta de Castilla y León, de contribuir a la transparencia y de facilitar al ciudadano conocer cuándo está ante un servicio o actividad del Gobierno de Castilla y León, se considera necesario contar con una identidad institucional única para toda la Administración y todos sus entes adscritos.

Se han identificado 162 marcas y logos de entidades, órganos administrativos, unidades y portales web de la Administración de la Comunidad.

Para ordenar esta situación es necesario aprobar una nueva regulación de la identidad institucional de manera que siempre aparezca el identificador de la Junta de Castilla y León, salvo las excepciones que se prevean, y procurando que se acompañe de la Marca Territorio.

  • – Medida: Aprobar una nueva normativa de identidad institucional que unifique la imagen de la Junta de Castilla y León aplicable a todos los entes, órganos, unidades y actividades de la Administración de la Comunidad de manera que tengan una imagen en la que esté presente su adscripción a la Junta de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.
  • – Normativa afectada: Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León.

II.– MEDIDAS DE COORDINACIÓN Y REDUCCIÓN DE DUPLICIDADES.

El desarrollo y evolución de las Administraciones, con el incremento de funciones y competencias que han ido asumiendo y el crecimiento de los servicios que prestan, ha llevado aparejada la necesidad de crear diferentes entes y órganos.

La existencia de numerosos órganos exige la necesidad de contar con los necesarios mecanismos de coordinación entre órganos administrativos y también entre administraciones para lograr que la acción pública sea más efectiva y responda más eficientemente a las necesidades de los ciudadanos. Y ello, porque sólo desde una acción de conjunto y coordinada de todos los recursos públicos se puede cumplir con la finalidad última del conjunto de las Administraciones que no es otra sino la de facilitar la relación de los ciudadanos con las administraciones.

Además, igual de importante que la coordinación entre las administraciones y sus órganos, es optimizar el funcionamiento de los órganos administrativos existentes, aprovechando su experiencia, su conocimiento y sus recursos humanos y materiales.

Con esta finalidad, se constituyó la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado prevista en el Estatuto de Autonomía como órgano permanente de cooperación de ámbito general. Y como consecuencia de esa cooperación se han celebrado diversos convenios entre la Administración del Estado y la de la Comunidad de Castilla y León que han contribuido a una mejor coordinación para facilitar la prestación de servicios públicos. En concreto, desde 2011 y hasta la fecha se han celebrado 38 convenios con la Administración del Estado en diversas materias.

Y en el seno de la Comisión de Cooperación, se constituyó un Grupo de Trabajo con la finalidad de prevenir, evitar y resolver extraprocesalmente los posibles conflictos de competencias que pudieran surgir entre ambas administraciones. Desde su constitución, se han tratado doce posibles conflictos sobre otras tantas normas de los cuales diez se han resuelto en el seno de esta Comisión sin tener que acudir al Tribunal Constitucional. De esta forma, se ha contribuido a reducir de manera importante la litigiosidad entre ambas administraciones, y al mismo tiempo se ha incrementado la seguridad jurídica evitando posibles suspensiones de eficacia o derogaciones de normas aprobadas.

La Junta de Castilla y León, en los últimos años, también ha impulsado la colaboración con otras Comunidades Autónomas firmándose protocolos de colaboración con trece Comunidades en diversas materias, entre otras, para la prestación mutua de servicios esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.

En relación con la Administración Local también se han desarrollado acciones para contribuir a la coordinación entre ambas administraciones, así como para facilitar el ejercicio de sus competencias. En este sentido, cabe destacar la constitución del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León como órgano de diálogo y cooperación institucional entre la Comunidad y las corporaciones locales. El funcionamiento de este órgano está siendo positivo, si bien, como ya se ha indicado, es preciso potenciarlo como vía principal de comunicación entre ambas administraciones, así como simplificar su funcionamiento.

Además, en el año 2013, la Administración de la Comunidad dio un paso importante para facilitar el ejercicio de las competencias municipales a través de la financiación incondicionada de la cooperación económica general a los municipios. Este nuevo sistema es consecuencia del acuerdo firmado el 10 octubre de 2012 entre el Presidente de la Junta de Castilla y León y el Secretario General del Partido Socialista de Castilla y León y ha facilitado a los municipios el ejercicio de sus funciones al poder destinar los fondos económicos a las actividades que consideren más necesarias.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera oportuno seguir avanzando en la colaboración y coordinación, tanto entre administraciones, como entre órganos de la Administración de la Comunidad. Y por ello, se incluyen medidas que tienen por objeto sacar provecho al conjunto de órganos administrativos existentes y potenciar la colaboración entre administraciones con la finalidad última de reducir posibles duplicidades y mejorar la eficacia de la actividad pública.

II.A.– MEDIDAS EN LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA.

II.A.1.– Organización administrativa.

Existen una serie de órganos administrativos que realizan funciones similares en el ámbito de una misma Consejería y su unificación contribuiría a fortalecer el resultado de su actuación.

Por ello, es necesario regular de forma expresa que órganos de una Consejería puedan desarrollar sus funciones para el conjunto de entes adscritos a ella con la finalidad de reducir posibles duplicidades de unidades con funciones similares.

  • – Medida: Establecer de forma expresa que los órganos de una Consejería puedan desarrollar sus funciones tanto para la Consejería como para el conjunto de los entes adscritos a ella.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad.

II.A.2.– Racionalizar la organización de la Gerencia Regional de Salud.

La gestión de la asistencia sanitaria en Castilla y León, como en el resto de España, es cada vez más compleja por las necesidades y demandas de los ciudadanos. Esa complejidad en Castilla y León se incrementa debido a su extensión territorial y a la dispersión de la población.

Estos hechos implican que sea preciso optimizar al máximo el conjunto de recursos humanos y materiales de los que se dispone, racionalizando sus estructuras organizativas; y todo ello para reducir posibles duplicidades y mejorar la atención a los ciudadanos.

Por ello, se considera necesario que la Gerencia Regional de Salud aborde una modernización organizativa y funcional para eliminar duplicidades organizativas, mejorar la calidad del servicio y contener el gasto como garantía de la sostenibilidad financiera del sistema público de salud de Castilla y León.

  • – Medidas:
    • • Reducir y simplificar las estructuras administrativas sanitarias para lograr una mayor integración entre ellas y reducir duplicidades organizativas.
    • • Agilizar y simplificar los procedimientos de gestión de personal e introducir nuevas fórmulas de gestión clínica que permitan optimizar el funcionamiento del servicio sanitario público.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Sanidad.
  • – Plazo de ejecución: antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
    • • Decreto y orden por los que se desarrolla la estructura orgánica de la Gerencia Regional de Salud.
    • • Orden por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad.

II.A.3.– Racionalización de la organización de la Gerencia de Servicios Sociales.

El ámbito de actuación de los servicios sociales se viene ampliando en los últimos años al incrementarse el número de personas que los necesitan y las situaciones que se atienden.

Esta situación hace necesario reordenar los servicios administrativos vinculados a la Gerencia de Servicios Sociales y a la Consejería a la que está adscrita con los siguientes objetivos:

  • – Optimizar los servicios de la administración general en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
  • – Reducir duplicidades organizativas.
  • – Mejorar la interrelación de competencias internas.
  • – Concentrar servicios horizontales.
  • – Reforzar la gestión dirigida a la atención de las personas especialmente en las unidades de atención directa territoriales.

Por ello, se considera necesario incorporar a la Gerencia de Servicios Sociales políticas que desarrolla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades relacionadas con la igualdad y los servicios sociales, concentrar servicios administrativos horizontales y reordenar las Gerencias Territoriales, todo ello para reducir duplicidades y mejorar la atención a las necesidades de los ciudadanos.

  • – Medidas:
    • • Incorporar a la Gerencia de Servicios Sociales las políticas que desarrolla la Consejería que tienen una estrecha relación con las competencias de los servicios sociales y la igualdad, con la finalidad de mejorar la interrelación de las actuaciones y reforzar los medios destinados a los servicios públicos de atención a las personas.
    • • Concentrar en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades servicios administrativos horizontales que se prestan en la Consejería y en la Gerencia de Servicios Sociales para evitar duplicidades y mejorar su gestión.
    • • Reordenar las Gerencias Territoriales reforzando sus competencias para mejorar la atención a las personas, concentrando en ellas prácticamente la totalidad de la actividad social que desarrolla la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar abril de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Decreto y orden por los que se desarrolla la estructura orgánica de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
    • • Decreto y orden por los que se desarrolla la estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Sociales.
    • • Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.
    • • Decreto 85/2005, de 17 de noviembre, por el que se crea el Departamento Territorial de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

II.A.4.– Ampliar las funciones de los servicios jurídicos.

Los servicios jurídicos de la Administración de la Comunidad tienen la experiencia y conocimiento de la defensa y representación jurídica de la Administración en todas las materias de su competencia.

En la actualidad existe un conjunto de entes, empresas y fundaciones públicas a los que los servicios jurídicos no asisten. Esto supone que dichas entidades tengan que contar con sus propios servicios jurídicos o que tengan que recurrir a contratar externamente dichos servicios.

Por ello, es necesario posibilitar que los servicios jurídicos de la administración puedan asumir la defensa y representación de todos los entes, empresas y fundaciones públicas optimizando los medios de los servicios jurídicos, incrementando su eficacia y reduciendo su coste.

  • – Medida:
    • • Regular el ejercicio por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos del asesoramiento, defensa y representación de los entes públicos de derecho privado, las empresas públicas y las fundaciones públicas integrantes del sector público autonómico de Castilla y León.
    • • Posibilitar a la Dirección de los Servicios Jurídicos la función de asesoramiento, defensa y representación del resto de las entidades del sector público autonómico de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León.

II.B.– MEDIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL,

II.B.1.– Impulso de la Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en Castilla y León.

Se ha firmado un convenio entre la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León.

El desarrollo de lo previsto en este Convenio permitirá que los ciudadanos puedan presentar en un Ayuntamiento cualquier solicitud, escrito o comunicación que necesite remitir a la Administración General del Estado, a la Administración de la Comunidad de Castilla y León y, como novedad, también a otras entidades locales que se encuentren adheridas al convenio en nuestro ámbito territorial. En la actualidad están adheridas al Convenio 142 entidades locales.

Este servicio, con la adhesión de nuevas entidades locales, facilitará a los ciudadanos las gestiones ante las administraciones.

  • – Medida: Potenciar la adhesión de entidades locales al convenio suscrito entre la Administración del Estado y la de la Comunidad de Castilla y León con el objetivo de adherir el máximo número de entidades.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.

II.C.– MEDIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

II.C.1.– Coordinación general con la Administración del Estado:

Como ya se ha indicado, es necesario mantener una colaboración con la Administración del Estado para lograr la mayor eficiencia y eficacia en aquellas funciones sobre las que ambas administraciones tienen competencias.

El pasado año la Administración del Estado creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) la cual ha elaborado un informe en el que se recogen un conjunto de medidas destinadas a la Administración del Estado y recomendaciones al resto de administraciones públicas.

En concreto, el Informe de la CORA dedica un apartado a las posibles duplicidades entre la Administración del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas señalando una serie de materias y áreas sobre las que se debería actuar. El planteamiento del Informe de la CORA consiste en identificar un conjunto de servicios y medios de la Administración del Estado que pueden ser utilizados por las Comunidades Autónomas lo que conllevaría un ahorro para las administraciones autonómicas.

Se ha llevado a cabo un análisis de las actuaciones propuestas y se considera que es preciso efectuar un estudio conjunto de todas estas actuaciones, algunas de las cuales pueden ser beneficiosas y eficaces para nuestra Administración. Sin embargo, para poder asumir las cuestiones propuestas es preciso conocer y concretar detalles relativos a la forma en que se llevarían a cabo y el coste que podrían suponer para la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Por ello, es preciso analizar de manera conjunta con la Administración del Estado la eficacia para nuestra Administración de las medidas propuestas en el Informe de la CORA para reducir las duplicidades entre ambas Administraciones y para ello se ha solicitado al Gobierno de la Nación la convocatoria de una reunión bilateral.

  • – Medida: Analizar en una reunión bilateral con la Vicepresidenta del Gobierno de la Nación la viabilidad técnica y presupuestaria de las medidas propuestas en el Informe de la CORA para reducir posibles duplicidades entre ambas administraciones.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo: Antes de fin de junio de 2014.

II.C.2.– Coordinación sectorial:

En concreto, en el seno de la reunión bilateral indicada en la medida anterior, la Administración de Castilla y León propondrá a la Administración del Estado el análisis de medidas concretas en las siguientes materias:

  • a) Cooperación al desarrollo:
  • Todas las administraciones públicas cuentan con políticas de cooperación al desarrollo. Esta circunstancia puede producir duplicidades entre varias administraciones ya que podrían actuar de forma paralela en proyectos similares. El conjunto de acciones que se ejecutan por los distintos agentes de cooperación al desarrollo podrían ser más efectivos si se coordinaran todas esas acciones. Una coordinación y colaboración permanente y detallada permitiría alcanzar un resultado más eficiente, llegando a más países de destino o reforzando la cooperación en un lugar determinado.
  • Esta misma situación se produce ante los llamamientos internacionales de ayudas de emergencia y acción humanitaria; para evitar duplicidades entre la ayuda que envía cada administración, es preciso que exista un cauce de diálogo ágil para que cuando surjan esas situaciones se puede concretar el tipo de ayuda de cada una de ellas.
  • Por ello, es necesario que todas las acciones de cooperación al desarrollo, así como las de ayuda de emergencia y acción humanitaria, que desarrollan el Estado y las Comunidades Autónomas se coordinen de forma permanente en el seno de la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo.
  • – Medidas:
    • • Coordinar con la Administración del Estado las líneas de acción en los proyectos de cooperación al desarrollo.
    • • Establecer un mecanismo de diálogo ágil para coordinar las acciones y proyectos de ayuda de emergencia y acción humanitaria.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • b) Integración de los inmigrantes.
  • En materia de integración de inmigrantes han desarrollado competencias todas las Administraciones Públicas. Para lograr una actuación unificada y garantizar de forma efectiva la igualdad de trato y de derechos es necesaria una coordinación interadministrativa en materia de atención a los inmigrantes.
  • Además, mediante Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, se atribuyó a las Comunidades Autónomas la competencia para hacer el informe de esfuerzo de integración necesario para que los inmigrantes puedan adquirir la renovación del permiso de residencia en nuestro país.
  • En este contexto, es necesario lograr una unidad de acción entre todas las Administraciones en la atención a los inmigrantes y que se coordine el establecimiento de unos criterios comunes para la elaboración por las Comunidades Autónomas de los informes de esfuerzo de integración.
  • Por ello, parece oportuno poner en marcha mecanismos de coordinación en la acción de todas las administraciones en la atención a los inmigrantes y el establecimiento de criterios comunes para la elaboración de los informes de esfuerzo de integración en los procedimientos de renovación de permisos de residencia.
  • – Medidas:
    • • Establecer un mecanismo de coordinación para fijar la acción de cada una de las Administraciones en materia de integración de los inmigrantes.
    • • Proponer criterios para la elaboración de los informes de esfuerzo de integración.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • c) Asistencia a víctimas del terrorismo.
  • Todas las administraciones han desarrollado instrumentos de ayudas a víctimas del terrorismo. En algunos casos a través de ayudas y convenios con asociaciones o entidades que atienden a las víctimas y en otros casos mediante subvenciones dirigidas directamente a las víctimas.
  • Con ese sistema se han detectado duplicidades entre varias administraciones, ineficiencias y un tratamiento desigual de cobertura a las víctimas. En este contexto, la Administración del Estado pretende aprobar un instrumento de planificación conjunta Estado y Comunidades Autónomas en materia de asistencia a las víctimas del terrorismo para evaluar los diferentes programas de subvenciones y los convenios con asociaciones y entidades con la finalidad de optimizar los recursos existentes.
  • En Castilla y León, si bien no contamos con una norma en materia de víctimas del terrorismo, sí existen previsiones a su favor y se atienden diferentes solicitudes de apoyo a asociaciones y entidades que asisten a víctimas del terrorismo.
  • Por ello, con la finalidad de optimizar los recursos públicos destinados a asociaciones y entidades que asisten a víctimas del terrorismo y lograr un mejor y más amplio apoyo a estas organizaciones, es adecuada la adhesión al órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para una planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas del terrorismo.
  • – Medida: Adhesión al órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para una planificación conjunta en materia de asistencia a víctimas del terrorismo.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • d) Publicidad de licitaciones.
  • En todas las Administraciones, en cumplimiento de la normativa, se mantienen sistemas de publicidad respecto a las licitaciones en materia de contratos. En la Administración de la Comunidad de Castilla y León las licitaciones de contratos se publicitan a través del perfil del contratante.
  • La Administración del Estado propone firmar convenios con las Comunidades Autónomas para que las publicaciones de todas las licitaciones se realicen en una única plataforma. Esta publicación en un mismo sitio facilita la información a los posibles licitadores y permite unas mejores ofertas al posibilitar que se presenten un mayor número de ofertas.
  • – Medida: Firmar un convenio con la Administración del Estado para que las licitaciones de los contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se publiciten en una plataforma única.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • e) Políticas pasivas de empleo.
  • En materia de empleo desarrollan competencias tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas. Para el reconocimiento de prestaciones por desempleo, ante la Administración del Estado, el solicitante debe acreditar la necesaria inscripción como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo autonómico.
  • Esta situación hace aconsejable que se coordinen los sistemas de cita previa gestionados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León para facilitar y agilizar las gestiones al interesado.
  • – Medida: Iniciar las actuaciones necesarias para coordinar el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo de Castilla y León con el del Servicio Público de Empleo Estatal.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Economía y Empleo.
  • f) Comercio Exterior.
  • La Administración del Estado y las Administraciones Autonómicas desarrollan labores de promoción exterior de sus empresas y productos.
  • Para lograr una verdadera eficacia en esta acción de promoción es necesario lograr una coordinación entre todos los agentes dedicados a esta actividad para potenciar sus resultados y evitar posibles duplicidades.
  • Por ello, parece conveniente participar en los mecanismos de coordinación que en materia de promoción exterior ponga en marcha la Administración del Estado.
  • – Medida: Participar en los mecanismos de coordinación de promoción exterior de la Administración del Estado.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Economía y Empleo.
  • g) Colaboración en gestión de emergencias.
  • Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas tienen competencia en materia de protección civil, atendiéndose por ambas administraciones las situaciones de emergencia que se producen.
  • El desarrollo de estas competencias ha puesto de manifiesto que es necesario mejorar la coordinación y colaboración en la gestión de emergencias no sólo con el Estado sino también con el resto de Comunidades Autónomas. Esta colaboración y coordinación permitirá una acción más eficaz y eficiente por parte de las Administraciones, así como una optimización de los recursos personales y materiales disponibles para atender las situaciones de emergencia.
  • Por ello, es conveniente firmar un Convenio de colaboración para la gestión de emergencias entre la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas.
  • – Medida: Firmar un convenio de colaboración para la gestión de emergencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
  • h) Coordinación en acciones de conservación de la naturaleza.
  • En las acciones de protección y defensa de la naturaleza y el medio ambiente actúan tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas. El ámbito y alcance de las actuaciones de las Administraciones es diferente en función de sus competencias y sus medios materiales. Además, son también muy diferentes las características y potestades de cada uno de los colectivos profesionales de las diferentes Administraciones que actúan en la protección de la naturaleza. Esta diversidad de características puede producir que en ocasiones se produzcan duplicidades o que no se obtenga la máxima optimización de todos los recursos existentes.
  • Por ello, es necesario coordinar las acciones de todos los colectivos dedicados a la protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente.
  • – Medida: Coordinar y fijar criterios de actuación entre los colectivos profesionales de la Administración de la Comunidad y los de la Administración del Estado que tienen por finalidad la protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
  • i) Reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca.
  • Actualmente, sin perjuicio de la existencia de protocolos con determinadas Comunidades Autónomas, las licencias de caza y pesca son específicas para cada Comunidad.
  • Para facilitar las gestiones a los ciudadanos, parece necesario lograr que la licencia obtenida en la Comunidad de residencia tenga validez en cualquiera de ellas.
  • Por ello, es oportuno participar en el proceso de implantación de un sistema de reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca entre Comunidades Autónomas.
  • – Medida: Participar en el sistema de reconocimiento mutuo de licencias de caza y pesca entre Comunidades Autónomas.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
  • j) Cartografía.
  • En materia de cartografía desarrollan funciones tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España y el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional. Asimismo, y para la coordinación de la actividad de las Administraciones en esta materia existe la Comisión Territorial del Consejo Superior Geográfico.
  • En materia cartográfica, la Administración del Estado propone que el Instituto Geográfico Nacional asuma las funciones relacionadas con la actividad cartográfica que realizan las Comunidades Autónomas.
  • En la Administración de la Comunidad de Castilla y León, realizan determinadas acciones en materia de cartografía tanto la Consejería de Fomento y Medio Ambiente como la Consejería de Agricultura y Ganadería en el ejercicio de sus competencias. Dejar de realizar estas actividades de cartografía sólo sería posible si la Administración del Estado ofreciese realizar las mismas acciones que ahora se desarrollan por las Consejerías y sin incremento de coste. En cualquier caso, sí parece oportuno mantener la coordinación y colaboración con el Estado en esta materia.
  • Asimismo, es necesario analizar las posibilidades de colaboración entre los órganos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de la Consejería de Agricultura y Ganadería con la finalidad de obtener mejores resultados y aprovechar las respectivas acciones en materia de cartografía.
  • – Medidas:
    • • Utilizar todos los servicios que en materia de cartografía ofrece el Instituto Geográfico Nacional y mantener la colaboración con el Estado.
    • • Establecer un medio de colaboración entre las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería en materia de cartografía para aprovechar los medios y trabajos de cada uno de sus órganos en materia de cartografía.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y Ganadería.
  • k) Meteorología.
  • La Administración del Estado a través de la Agencia Estatal de Meteorología desarrolla servicios de meteorología en función de una extensa red de instalaciones que cubre todo el territorio nacional.
  • En Castilla y León se tienen contratados servicios de meteorología para dos líneas de acción: la prevención de incendios forestales y la gestión de emergencias. La mayoría de los servicios contratados, salvo algún aspecto que coincide con los servicios prestados por la AEMET, consisten en la obtención de datos y tratamiento de variables que en principio no ofrece la AEMET.
  • La Administración del Estado propone que los servicios de meteorología se presten por la AEMET para todas las Administraciones. Esto sólo sería posible siempre que se presten los mismos servicios y en las mismas condiciones que hasta ahora está recibiendo la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  • En cualquier caso, sí parece conveniente analizar los servicios meteorológicos contratados por la Administración de la Comunidad para unificarlos y valorar los posibles servicios que puede prestar la AEMET a la Administración de la Comunidad sin incrementar los costes existentes hasta ahora.
  • – Medidas:
    • • Unificar todos los contratos de servicios en materia de meteorología con los que cuenta la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
    • • Utilizar todos los servicios de meteorología que presta la AEMET a la Administración de la Comunidad de Castilla y León para reducir los servicios que se contratan.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
  • l) Centros de vacunación internacional.
  • Existen centros de vacunación internacional dependientes del Estado y de Comunidades Autónomas. La gestión de centros de vacunación internacional por las Comunidades Autónomas permite una mayor cercanía a los ciudadanos al situarlos en los puntos geográficos más necesarios o con mayor demanda.
  • La Administración del Estado propone atribuir a las Comunidades Autónomas que lo soliciten la realización de las actividades de vacunación internacional en su ámbito territorial.
  • En Castilla y León, la administración sanitaria tiene capacidad para prestar el servicio de vacunación internacional en cada una de sus provincias y así lo lleva realizando mediante encomienda de gestión desde el año 2008.
  • Por ello, es adecuado mantener los centros de vacunación internacional que la Administración de la Comunidad de Castilla y León mantiene en todas las provincias y analizar la posible actualización de los términos de la encomienda de gestión.
  • – Medida: Mantener la realización de actividades de vacunación internacional y analizar la posible actualización de la encomienda de gestión.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Sanidad.
  • m) Violencia de género.
  • Las funciones relativas a la lucha contra la violencia de género se desarrollan por todas las Administraciones lo que hace necesario que existan mecanismos de planificación y actuación conjunta así como la puesta en red de todos los recursos y servicios existentes.
  • La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el desarrollo de su actividad frente a este tipo de violencia, viene actuando de forma coordinada con el resto de Administraciones y agentes comprometidos en esta actividad. Esta coordinación se considera necesaria para lograr una acción eficaz de prevención y una atención personalizada a las víctimas de la violencia de género.
  • La Administración del Estado propone en las políticas contra la violencia de género una coordinación institucional, la elaboración conjunta de un mapa de recursos y servicios para la atención a las víctimas, el establecimiento de sistemas de información compartidos y el avance hacia la ventanilla única a nivel autonómico.
  • Por ello, hay que seguir actuando de forma coordinada con el resto de los agentes y colaborando con las Administraciones en la planificación conjunta de actuaciones en las políticas de violencia de género.
  • – Medidas:
    • • Actuar de forma coordinada con el resto de agentes en la lucha contra la violencia de género y comunicar a la Administración del Estado la intención de participar en la planificación conjunta de estas políticas.
    • • Concentrar la información para que sea compartida por los profesionales que trabajan con las víctimas de violencia de género en los sistemas públicos para evitar que éstas tengan que pasar por diferentes sistemas de atención.
    • • Poner en marcha el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León, en el que se compartirá información por la Administración del Estado, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y el resto de administraciones que trabajen en este campo.
  • – Órgano impulsor: Consejería Familia e Igualdad de Oportunidades.
  • n) Plataforma de gestión de centros.
  • Existen tantas plataformas de gestión de centros educativos como Comunidades Autónomas. Partiendo de este hecho y para lograr una mayor eficiencia y aprovechar la economía de escala, la Administración del Estado propone compartir las plataformas existentes lo que permitirá su análisis pormenorizado, así como su viabilidad.
  • Por ello, parece oportuno la puesta en común de las plataformas de gestión de centros existentes en España para su análisis.
  • – Medida: Poner en común con el Estado la plataforma de gestión de centros con la finalidad de su análisis pormenorizado.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Educación.
  • o) Registros de centros y titulaciones.
  • En la actualidad existen registros de centros y de titulaciones además de en el Estado en todas las Comunidades Autónomas. Con la finalidad de tener una información completa en un registro único, la Administración del Estado propone crear un registro único en el que se inscriban los datos de todos los centros, universidades y titulaciones.
  • Por ello, para evitar posibles duplicidades y contribuir a tener una información completa, es adecuado aceptar la creación de un registro único gestionado por cada Administración, según sus competencias, en el que se inscriban los centros docentes no universitarios, las universidades, los centros universitarios y los títulos.
  • – Medida: Participar en la creación de un registro único de centros docentes universitarios, universidades, centros y títulos sin perjuicio de su gestión por cada Administración en función de sus competencias.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Educación.
  • p) Integración de los registros de bienes de interés cultural.
  • El desarrollo de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de bienes de interés cultural ha dado lugar a que se multipliquen las figuras de protección de bienes culturales, así como a que existan una pluralidad de registros de bienes de interés cultural.
  • Con la finalidad de que se conozcan todos los bienes de interés cultural y sus regímenes de protección es necesario que todos los registros de bienes de interés cultural existentes estén interconectados.
  • Por ello, se considera necesario colaborar en la posibilidad de formar un registro interconectado de todos los bienes de interés cultural.
  • – Medida: Participar en la formación de un registro interconectado de todos los bienes de interés cultural.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Cultura y Turismo.
  • q) Procedimientos en materia de aguas.
  • Existe un gran número de procedimientos administrativos en los que participan la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero. Por ello, es necesaria la colaboración entre ambas administraciones con la finalidad de garantizar la prestación de unos servicios públicos de calidad y contribuir a dinamizar la actividad económica.
  • Con esa finalidad, el pasado 2 de diciembre de 2013, se firmó un Protocolo entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero con la finalidad de simplificar la tramitación de dos mil expedientes.
  • – Medida: Impulsar el desarrollo del Protocolo firmado entra la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Duero para simplificar trámites en dos mil procedimientos administrativos en los que participan ambas administraciones.
  • – Órgano impulsor: Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería.
  • r) Seguridad de embalses y presas.
  • El Real Decreto 9/2008, de 9 de enero, modificó el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, atribuyendo a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de seguridad en relación a las presas, embalses y balsas situadas en su territorio y ubicados fuera del dominio público hidráulico.
  • Asimismo, esta norma prevé que la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración en materia de seguridad de presas, balsas y embalses.
  • Teniendo en cuenta dicha previsión, y que la competencia de seguridad de presas, embalses y balsas está compartida entre la Administración del Estado y la Comunidad parece oportuno coordinar el ejercicio de esta competencia a través de un convenio.
  • – Medida: Firmar un Convenio de Colaboración con la Administración del Estado para la gestión de las competencias en materia de seguridad de presas, balsas y embalses situadas fuera del dominio público hidráulico.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Consejería de Agricultura y Ganadería.
  • Y además de todas las medidas anteriores, que propondrá la Administración de la Comunidad, en la reunión bilateral también se tratarán el resto de cuestiones previstas en el apartado de duplicidades del Informe de la CORA, así como cualquier otra que plantee la Administración del Estado.

III.– MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

En el marco de la legislación básica del Estado, la Comunidad de Castilla y León ha adoptado diversas medidas destinadas a modernizar su administración y a hacer más fácil a los ciudadanos su relación con ésta. Entre ellas, ha de destacarse la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública.

Para lograr la modernización de la administración hay que contar con el principal activo de la Administración, sus recursos humanos, es decir el conjunto de empleados públicos. En este ámbito, en los últimos años se han llevado a cabo algunas acciones relevantes, entre las que pueden destacarse la puesta en marcha del programa del teletrabajo regulado en el Decreto 9/2011, de 17 de marzo, que posibilita desempeñar el trabajo de manera no presencial, contribuyendo a la conciliación de la vida personal y laboral. Asimismo, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) ha desarrollado planes de formación «on line» y un programa de formación para directivos públicos dirigido a los funcionarios de la Administración, que es pionero en España.

Por otro lado, también se han implantado importantes medidas de administración electrónica que han contribuido a facilitar a los ciudadanos el acceso a servicios y que han permitido importantes ahorros. Así, hay que destacar la existencia de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección www.tramitacastillayleon.jcyl.es, en el que se recogen todos los trámites y servicios electrónicos que se ofrecen a los ciudadanos, así como el impulso a la tramitación electrónica que se ha efectuado con el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos de la Administración de la Comunidad.

E igualmente relevante ha sido la puesta en marcha del «Boletín Oficial de Castilla y León» en formato únicamente electrónico, con plena validez jurídica, de acceso universal y gratuito y accesible a personas con discapacidad.

De esta manera, con el desarrollo que se ha efectuado en los últimos años de la teletramitación de procedimientos, en la actualidad, del total de 1.274 procedimientos en 482 de ellos es posible el registro de la solicitud y de la notificación de la resolución.

Y junto a la administración electrónica, otro eje fundamental en la modernización de la administración es la simplificación de los procedimientos. En los últimos años se han producido importantes avances en este aspecto impulsados por el Decreto 23/2009, de 26 de marzo, de medidas relativas a la simplificación documental de los procedimientos. Y a partir de ahí, se han llevado a cabo acciones de simplificación procedimental y de reducción documental en todos los ámbitos y sectores.

Además, por su especial incidencia, hay que hacer hincapié en la reciente Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León, aprobada en 2013, que simplifica los trámites y documentos necesarios para la puesta en marcha de una empresa en nuestra Comunidad.

Finalmente, en la modernización de la Administración hay que tener en cuenta a la Administración Periférica de la Comunidad, la más próxima y cercana al ciudadano. Todas las actuaciones de modernización que se han ido desarrollando en la Administración de la Comunidad se han aplicado de la misma manera a la Administración Periférica pero es cierto que presenta unas peculiaridades que exigen una atención especial y unas medidas específicas. En lo que se refiere a las actuaciones realizadas, es destacable la creación, constitución e impulso de la Comisión General de Coordinación Territorial que ha contribuido a mejorar la comunicación y coordinación entre órganos centrales y periféricos.

Es necesario seguir trabajando en la modernización administrativa, adoptando nuevas medidas en las áreas que sin duda contribuyen a ello: los recursos humanos, la administración electrónica, la simplificación y la administración periférica.

III.A.– MEDIDAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

III.A.1.– Flexibilizar los instrumentos de ordenación y gestión de personal.

Es preciso desarrollar mecanismos que permitan una gestión de personal más ágil, así como establecer los medios que permitan optimizar los recursos personales con los que cuenta la Administración de manera que puedan destinarse y distribuirse los efectivos a los servicios públicos que los precisen según las necesidades de cada unidad administrativa.

  • – Medidas:
    • • Fijar criterios homogéneos para la creación de unidades administrativas con la finalidad de evitar la excesiva atomización en unidades administrativas de las estructuras orgánicas.
    • • Realizar un estudio detallado de los puestos de trabajo para su homogeneización y fijar puestos-tipo.
    • • Agilizar y simplificar el procedimiento de elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT).
    • • Establecer medios que permitan atender las necesidades temporales de recursos humanos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León.

III.A.2.– Simplificar la tramitación de los procedimientos disciplinarios.

El régimen disciplinario de los funcionarios públicos que prestan servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León se regula en la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de Función Pública de Castilla y León, en concreto en sus artículos 80 y siguientes.

El régimen disciplinario tiene como objetivo principal contribuir a que el servicio que se presta a los ciudadanos sea de calidad y ajustado al ordenamiento jurídico. Y el procedimiento previsto para exigir responsabilidad disciplinaria tiene que ser ágil, para garantizar esa calidad a los ciudadanos y también para contribuir a la seguridad jurídica de los empleados públicos.

Con esos objetivos, se considera preciso unificar la actuación de la Administración en el control del cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios para que sea un único órgano el competente para la tramitación de los procedimientos disciplinarios ante la comisión de las infracciones graves y muy graves.

En atención a las funciones que desarrolla la Inspección General de Servicios, resulta ser el órgano administrativo más adecuado en el que residir la tramitación de los procedimientos disciplinarios por la comisión de infracciones graves y muy graves.

  • – Medida: Modificar las competencias de la Inspección General de Servicios para atribuirla la tramitación de determinados procedimientos disciplinarios.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.
  • – Normativa afectada: Decreto 13/2009, de 5 de febrero, por el que se regula la Organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

III.A.3.– Optimización de la jornada no presencial mediante teletrabajo.

En la Administración de Castilla y León se reguló la jornada de trabajo no presencial mediante el Decreto 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El tiempo transcurrido desde su puesta en marcha ha puesto de manifiesto la buena acogida de esta medida por los empleados públicos. No obstante, la experiencia acumulada en estos años pone de manifiesto la necesidad de revisar esta jornada de trabajo con la finalidad de avanzar en la coordinación de su aplicación y lograr una mayor eficacia del sistema al unificar los criterios para su desarrollo.

  • – Medida: Revisar la regulación del teletrabajo para avanzar en la homogeneización de su aplicación y desarrollo.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.
  • – Normativa afectada: Decreto 9/2011, de 17 de marzo, por el que se regula la jornada de trabajo no presencial mediante teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

III.A.4.– Agilizar los concursos del personal funcionario.

Con la finalidad de contribuir a una distribución eficaz de los recursos personales, así como a la carrera administrativa de los empleados públicos, se considera necesario agilizar las convocatorias de concursos del personal funcionario.

  • – Medida: Mantener una periodicidad anual en la convocatoria de los concursos y estudiar la posibilidad de implantar el concurso abierto y permanente para personal funcionario.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.

III.B.– MEDIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

III.B.1.– Actualización y consolidación de infraestructuras TIC.

La prestación de los servicios públicos electrónicos que demanda la sociedad con una disponibilidad de veinticuatro horas los siete días de la semana requiere unas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) dotadas con unas infraestructuras optimizadas, eficientes, con mayor capacidad de proceso y almacenamiento y que estén instaladas físicamente en un único centro de proceso de datos (CPD) energéticamente eficiente. Una mejor utilización y aprovechamiento por los ciudadanos de los servicios de la administración electrónica depende de la optimización de las infraestructuras TIC.

La centralización de las infraestructuras TIC en un único CPD reporta una serie de beneficios directos para la Administración; se logra una reducción en los gastos de mantenimiento y de licencias, así como una reducción de espacios físicos, más seguridad y un aumento de la capacidad de teletramitación de todos los procedimientos administrativos.

  • – Medida: Construir y poner en funcionamiento un CPD único para la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar 2014.

III.B.2.– Creación del tablón de anuncios electrónico.

En los términos previstos en el Decreto 7/2013, de 14 de febrero, el tablón de anuncios electrónico posibilita la publicación, en la sede electrónica, de los anuncios destinados a ciudadanos y empresas que deben publicarse en boletines y tablones edictales. Con la utilización de este medio, se producirán ahorros derivados de la supresión de papel y se reducirán los plazos de tramitación.

La notificación a los ciudadanos a través del tablón de anuncios electrónico facilita a los interesados su consulta y el acceso integral en un solo punto de todos los anuncios que les afecten. El tablón de anuncios electrónico ofrece las mismas garantías que la notificación edictal de cara al ejercicio de los derechos que corresponde a los interesados al certificar la fecha y hora de publicación y, además, ofrece la confidencialidad de la información publicada.

Para la Administración supone un ahorro de recursos y una mayor celeridad en la tramitación de los procedimientos administrativos.

En un primer momento podrá utilizarse el tablón de anuncios electrónico para todos los procedimientos administrativos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León y para los procedimientos administrativos en materia de subvenciones, formación, evaluación ambiental de planes y programas y en materia de gestión de ingresos y pagos.

Posteriormente, se extenderá al resto de procedimientos administrativos en función de las integraciones que se vayan especificando por los departamentos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

  • – Medida: Establecer el tablón de anuncios electrónico en los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar 2014.
  • – Normativa: Aprobación de una orden de la Consejería de Hacienda.

III.B.3.– Potenciar la teletramitación de los procedimientos administrativos.

El sistema de teletramitación de los procedimientos administrativos distingue tres niveles en función de las actuaciones telemáticas que se puedan realizar por los ciudadanos. El nivel 2 ofrece información acerca del procedimiento a seguir y permite la descarga de formularios para su cumplimentación en papel y posterior presentación presencial en las oficinas administrativas. El nivel 3 permite la teletramitación mediante la presentación y registro de la solicitud vía electrónica. El nivel 4 admite las actuaciones electrónicas del nivel 3 y la práctica electrónica de la notificación de la resolución administrativa al interesado.

En la actualidad los procedimientos administrativos incluidos en los diferentes niveles del sistema de teletramitación son los siguientes: en el nivel 2, 317 procedimientos, en el nivel 3, 388 procedimientos y en el nivel 4, 94 procedimientos.

La incorporación de nuevos procedimientos administrativos a los distintos niveles del sistema de teletramitación va a ampliar las posibilidades de los ciudadanos de relacionarse con esta Administración desde cualquier punto, en cualquier momento y les va a evitar los correspondientes desplazamientos a las dependencias de la Administración.

  • – Medida: Incorporar 253 procedimientos al sistema de presentación y registro de la solicitud por vía telemática y 23 procedimientos a los que se puede admitir la práctica de la notificación electrónica, para superar el 50% de procedimientos administrativos que se tramitarán electrónicamente en los niveles superiores.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

III.B.4.– Generalización de las notificaciones electrónicas.

El Decreto 7/2013, de 14 de febrero, establece las notificaciones electrónicas a partir del buzón electrónico, que requiere certificado electrónico y la posibilidad de notificaciones electrónicas por comparecencia, que no requiere firma electrónica.

El objetivo es posibilitar la práctica de las notificaciones electrónicas a todos los procedimientos por los beneficios que comporta al ciudadano en el ahorro de tiempo, y con plenas garantías de una notificación inmediata y la seguridad de su recepción.

  • – Medida: Incorporar en los procedimientos de convocatoria de ayudas o subvenciones la posibilidad de la notificación electrónica.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.

III.B.5.– Comunicaciones electrónicas entre los órganos y unidades administrativas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El Decreto 7/2013, de 14 de febrero, impone la eliminación de comunicaciones interiores en papel entre órganos de la Administración de la Comunidad antes del 30 de marzo de 2014.

Con el objeto de que las relaciones internas entre los diferentes órganos y unidades administrativas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León sean más rápidas y eficientes, se establecerán sistemas de comunicación directos que garanticen la entrega inmediata de los documentos mediante la creación de un buzón electrónico específico.

  • – Medida: Establecer las comunicaciones electrónicas como único medio de comunicación entre órganos y unidades de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

III.B.6.– Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos.

La implantación de la Oficina Virtual de la Caja General de Depósitos ofrece las siguientes ventajas:

  • a) Evita el desplazamiento del interesado a las oficinas administrativas para constituir la garantía en efectivo, permitiendo la constitución desde cualquier punto con un acceso Web con certificado electrónico.
  • b) Una mayor flexibilidad y agilidad del procedimiento.
  • c) Un ahorro de costes para la Administración.
  • – Medida: Puesta en funcionamiento de una Oficina Virtual para la constitución en efectivo, y consulta posterior, de las garantías que los terceros deben constituir ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar 2014.

III.B.7.– Contratación pública electrónica.

Una plataforma integral de contratación electrónica constituye una herramienta eficaz para un cumplimiento eficiente de los objetivos administrativos, reduciendo las cargas administrativas y permitiendo una mejor optimización de los recursos humanos.

La plataforma de contratación mediante el sistema de información permite un mejor seguimiento y control de todo el proceso de compra y será la herramienta idónea para implantar sistemas de agregación de compras.

  • – Medida: Puesta en marcha de una plataforma integral de contratación electrónica.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.

III.B.8.– Tramitación de solicitudes de publicación en el «B.O.C. y L.».

Actualmente se reciben cerca de 17.000 solicitudes de publicación en el Boletín procedentes, únicamente, de órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Estas solicitudes se tramitan en papel y a la vez se remite dicha solicitud por vía telemática.

Con la finalidad de eliminar esa duplicidad de trámites en papel y telemáticos, se ve necesario modificar el sistema de envío de las solicitudes de publicación al «Boletín Oficial de Castilla y León» por órganos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo se considera necesario facilitar la solicitud de publicación mediante firma electrónica a cualquier persona que quiera solicitarlo.

  • – Medida: Establecer un sistema de solicitud de publicación en el Boletín a través de medios telemáticos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar junio de 2014.
  • – Normativa afectada: Orden PRE/2197/2009, de 25 de noviembre, por la que se establece el procedimiento para solicitar la publicación de documentos en el «B.O.C. y L.».

III.C.– MEDIDAS EN MATERIA DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

III.C.1.– Supresión de la obligación de aportar determinados documentos por los ciudadanos.

La supresión de la obligación del ciudadano de aportar documentos que obren en alguna Administración se debe aplicar a todos los procedimientos que incluyan documentos incorporados en el catálogo de simplificación documental que se encuentra en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad.

En esos casos, los empleados públicos, tras las debidas autorizaciones pueden consultar los documentos incluidos en el catálogo a través una plataforma específica para esta finalidad.

Incrementar el número de documentos incluido en el catálogo de simplificación documental reduce la carga de los ciudadanos de tener que presentar determinados documentos que obran en poder de otras administraciones.

  • – Medidas:
    • • Ampliar el catálogo de documentos intercambiables con el objetivo de incrementarlos en un 10%.
    • • Establecer con carácter obligatorio ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de no aportar documentos incluidos en el catálogo de simplificación documental para que se consulten directamente por los empleados públicos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.

III.C.2.– Simplificación de procedimientos administrativos que afecten al ciudadano y reducción de cargas y trabas administrativas para empresas.

Una de las medidas para contribuir a agilizar la actividad de la Administración consiste en reducir trámites y documentos necesarios en el procedimiento administrativo.

Por ello, se van a llevar a cabo actuaciones de este tipo en un conjunto de procedimientos que suponen el 20% de todos los que se gestionan por la Administración de la Comunidad.

Entre estas actuaciones están: desarrollo de la teletramitación, autorizaciones provisionales, reducción del número de documentos a aportar, sustitución de inscripciones registrales por declaraciones responsables y supresión de trámites.

  • – Medidas:
    • • Incorporar la autorización provisional en 5 procedimientos.
    • • Suprimir la obligación de presentar copias compulsadas en 39 procedimientos.
    • • Sustituir la resolución administrativa por una declaración responsable o comunicación previa del ciudadano en 19 procedimientos
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Normas reguladoras de los procedimientos.

III.C.3.– Reducción y simplificación de la normativa.

Con la finalidad de contribuir a la seguridad jurídica y evitar la dispersión normativa, es preciso llevar a cabo un plan de reducción y simplificación de la normativa de la Comunidad de Castilla y León.

Ese plan deberá contener, entre otras, las siguientes medidas de carácter general: manual de diseño normativo, guía para la calidad del lenguaje y la red interna para «legislar mejor» como entorno colaborativo donde los servicios encargados de la elaboración de la normativa depositan informes y buenas prácticas para su reutilización, y sirva de cauce de participación de las consejerías en los procedimientos de elaboración de las normas.

  • – Medidas:
    • • Aprobar un Plan de reducción y simplificación de la normativa.
    • • Exigir que en que cada norma que se dicte contenga una tabla de derogaciones.
    • • Exigir que cuando una parte importante del articulado de una norma resulte derogado, se suprima dicha norma, dictando una norma nueva.
    • • Impulsar el uso de los textos refundidos.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar febrero de 2014.

III.C.4.– Simplificación de la tramitación de las normas.

El procedimiento para la aprobación de normas exige una serie de trámites, que si bien son necesarios, es preciso reducir y agilizar para lograr que las normas puedan producir sus efectos en el menor plazo de tiempo posible.

Para ello, se considera necesario abordar las siguientes cuestiones:

  • a) Unificación temporal de las audiencias e informaciones públicas que resulten preceptivas: se realizarán simultáneamente y preferentemente a través de las plataformas de Gobierno Abierto, por un plazo general mínimo de diez días naturales, salvo disposición legal en contrario.
  • b) Unificación temporal de los informes de las Consejerías: Una vez elaborada la memoria se solicitará de forma simultánea, por una sola vez y por un mismo plazo, no superior a 10 días, informe a cada una de las Consejerías sobre todos los aspectos que afecten a las competencias de las mismas. Se exceptúa de lo anterior el informe de legalidad de los Servicios Jurídicos, que será el último en ser solicitado antes que el proyecto sea sometido a la Junta de Castilla y León, o en su caso, al Consejo Consultivo de Castilla y León.
  • c) Delimitación del contenido de informes: Los informes se limitarán exclusivamente al análisis de las cuestiones objeto de la competencia de quien los emite, sin que pueden extenderse a valoraciones de oportunidad o conveniencia o a formular propuestas alternativas, salvo que así les sea expresamente solicitado por la autoridad consultante.
  • d) Efectos de la no emisión en plazo de los informes preceptivos: de no emitirse el informe en plazo, la tramitación de la norma podrá continuar, salvo que los informes sean vinculantes.
  • – Medida: Regular un nuevo procedimiento de tramitación los proyectos de ley y de disposiciones de carácter general con la finalidad de reducir y simplificar los trámites en la tramitación de los proyectos de ley y de disposiciones de carácter general.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

III.C.5.– Simplificación del procedimiento sancionador y de pago.

El procedimiento sancionador y el de pago de las sanciones impuestas implican una serie de trámites necesarios, que en alguna ocasión pueden llegar a ser una carga para el ciudadano.

En la actualidad, se tramitan casi treinta mil expedientes sancionadores. Por ello, se considera necesario agilizar y simplificar el procedimiento sancionador y de pago. En concreto, se considera necesario suprimir el pliego de cargos, incluyéndolo en el acuerdo de inicio, considerar en determinados supuestos, el acuerdo de incoación como propuesta de resolución y prever posibles aplazamientos, fraccionamientos o reducciones en el pago de la sanción.

  • – Medidas:
    • • Regular un nuevo procedimiento sancionador simplificado.
    • • Reducir algunas sanciones por infracciones no muy graves en un 50% en caso de pago voluntario en el plazo de 30 días desde la notificación del acuerdo de incoación.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar abril de 2014.
  • – Normativa afectada:
    • • Leyes sectoriales que regulen sanciones.
    • • Decreto 189/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

III.C.6.– Simplificación del procedimiento de gestión presupuestaria.

La gestión presupuestaria está presente en toda la actividad administrativa y por ello es conveniente adoptar todas las posibles medidas que contribuyan a su simplificación.

  • – Medidas:
    • • Las transferencias de créditos que corresponden al titular de cada consejería estarán disponibles en el plazo de tres días desde que se notifiquen a la Consejería de Hacienda.
    • • El informe previo que la Consejería de la Presidencia debe emitir en las modificaciones presupuestarias que afectan al Plan de Cooperación Local se sustituirá por una comunicación posterior de la Consejería de Hacienda.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

III.C.7.– Simplificación de los archivos.

Los archivos documentales son una herramienta fundamental en la actividad administrativa por ello es preciso tener determinado y detallado el periodo y la forma de conservación de los documentos administrativos.

  • – Medida: Impulsar la aprobación de calendarios de series documentales y en concreto aprobar el calendario de conservación de los expedientes de contratación administrativa y de concesión de subvenciones.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Cultura y Turismo.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar mayo de 2014.

III.D.– MEDIDAS ESPECÍFICAS EN LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA.

III.D.1.– Flexibilización de la gestión de personal.

La eficacia de la administración periférica requiere que los medios personales con los que cuenta puedan destinarse en cada momento a atender los asuntos que lo requieran. Esto permitirá que los empleados públicos puedan dedicarse a los asuntos que en cada circunstancia requieren mayor atención de la Administración optimizando la experiencia de los recursos humanos.

Para ello, es necesario que exista en la Administración Periférica una dirección única de determinados cuerpos generales, de tal manera que según las necesidades que surjan puedan destinarse al conocimiento de los diferentes asuntos que son competencia de los órganos periféricos.

  • – Medida: Identificar los puestos de trabajo de cuerpos generales con destino en la administración periférica que pueden depender directamente del Delegado Territorial.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

III.D.2.– Coordinación de medios materiales.

Para una optimización de los recursos materiales con los que cuenta la Administración Periférica es preciso facilitar que exista una dirección única de esos medios. Se trata de que el conjunto de medios materiales esté en cada momento destinado a la función más necesaria.

En general, y especialmente en los últimos años, ya se produce esa optimización de medios materiales entre todos los órganos de la Administración Periférica. No obstante, se ha detectado la necesidad de que exista una coordinación general en cada Delegación Territorial de la gestión de todos los vehículos de uso administrativo.

  • – Medida: Atribuir al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en cada provincia la coordinación de la utilización de los vehículos de uso administrativo independientemente del órgano administrativo al que esté adscrito.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

III.D.3.– Potenciar la coordinación de la gestión periférica de las competencias de la Administración de la Comunidad.

La Comisión General de Coordinación Territorial se creó mediante Decreto 101/2007, de 18 de octubre, con la función principal de coordinar la gestión periférica de las competencias de la Administración de la Comunidad.

El resultado de la función de la Comisión desde su creación ha sido positivo, reuniéndose periódicamente, de manera ordinaria, una vez al mes. La existencia de la Comisión ha contribuido a una acción coordinada y eficaz de la gestión periférica de las competencias de la Administración.

Para aprovechar su potencial es necesario reforzar su función de coordinación y comunicación general entre los órganos centrales y periféricos de la Administración de la Comunidad.

  • – Medidas:
    • • Potenciar el funcionamiento de la Comisión General de Coordinación Territorial favoreciendo la presencia de altos cargos de todas las Consejerías.
    • • Potenciar a través de videoconferencias la comunicación entre órganos centrales y periféricos optimizando los tiempos y traslados.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: A partir de febrero de 2014.

III.D.4.– Potenciar la coordinación y comunicación de los órganos de la Administración Periférica.

Es preciso que exista una coordinación entre los órganos de la Administración Periférica de la Comunidad.

  • – Medida: Potenciar la coordinación de todos los servicios periféricos que presta la Administración de la Comunidad a través del Delegado Territorial.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa afectada: Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

III.D.5.– Potenciar la información a los ciudadanos sobre los servicios periféricos.

El primer contacto de los ciudadanos con la Administración de la Comunidad es, la mayoría de las veces, a través de los órganos administrativos periféricos.

Por ello, es importante que toda la información sobre los órganos que prestan los servicios periféricos sea lo más completa y accesible posible para los ciudadanos.

  • – Medida: Potenciar la información que la página web de la Junta de Castilla y León ofrece sobre las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de la Presidencia.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar abril 2014.

IV.– MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

La Junta de Castilla y León inició en 2011 un plan de reducción del número de las empresas y fundaciones públicas titularidad de la Comunidad que conformaban el sector público de Castilla y León que se ha desarrollado en los últimos años mediante la realización de acciones con la finalidad de reducir y optimizar los entes públicos.

Ese plan ha culminado el 31 de diciembre de 2013, al haberse adoptado las decisiones necesarias para reducir de manera importante el número de entes, pasando de 36 a 18 los entes sobre los que la Administración de la Comunidad de Castilla y León tiene capacidad de decisión.

De esa manera, se cumplía el compromiso del Presidente de la Junta de Castilla y León de reducir a la mitad los entes sobre los que se tiene capacidad de decisión. Sin perjuicio de ello, se continuará trabajando en el análisis de todas las entidades públicas, así como de las privadas de las que forma parte la Administración de la Comunidad, con o sin aportación económica, para considerar la conveniencia de continuar con esa participación.

Y además, para contribuir a la transparencia, así como a racionalizar la participación de la Administración en entidades públicas y privadas, se considera oportuno adoptar una serie de medidas.

IV.A.– REDUCCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

Entre los entes sobre los que la Administración de la Comunidad tiene capacidad de decisión, se va a proceder a analizar si alguno de ellos puede fusionarse.

  • – Medida: Analizar las posibilidades de que la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León y Fundación Provincial de Servicios Sociales de Burgos puedan fusionarse a otros entes dependientes de la Administración de la Comunidad.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar 2014.

IV.B.– MEDIDAS DE GESTIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES.

IV.B.1.– Limitar la posibilidad de crear entes del sector público.

En caso de previsión de creación de una entidad o de modificación de alguna ya existente, que origine que la misma cumpla alguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, se considera necesario establecer un control previo.

  • – Medida: La creación de una entidad, la modificación de alguna ya existente o la realización de una actividad que origine que una entidad cumpla alguno de los supuestos previstos en el artículo 11 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, exigirá informe previo de la Consejería de Hacienda.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.
  • – Normativa: Se aprobará un Acuerdo de la Junta de Castilla y León.

IV.B.2.– Limitar el destino de las cantidades aportadas a entidades privadas.

La Administración ha realizado un plan de reducción en el sector público, por lo que parece oportuno condicionar las aportaciones que se efectúan a entidades privadas.

  • – Medida: Las subvenciones o aportaciones que se efectúen a entidades privadas sin ánimo de lucro podrán destinarse a gastos de personal para su funcionamiento ordinario no ligados a proyectos concretos, únicamente, en los siguientes casos:
    • • cuando las entidades beneficiarias sean centros especiales de empleo.
    • • cuando las entidades beneficiarias presten servicios esenciales a los ciudadanos.
    • • cuando estén destinadas a actuaciones de I+D+i,
    • • o previa autorización de la Junta de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.

IV.C.– INVENTARIO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

Para un seguimiento más óptimo y transparente del sector público, se remitirá a las Cortes de Castilla y León un inventario actualizado de entes del sector público.

  • – Medida: Remitir a las Cortes de Castilla y León una relación completa de los entes adscritos a la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
  • – Órgano impulsor: Consejería de Hacienda.
  • – Plazo de ejecución: Antes de finalizar marzo de 2014.