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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 11/2018, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se garantiza en el ámbito de sus competencias, el mantenimiento de servicios esenciales para la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que se prestan por empresas.

Distintas organizaciones sindicales han convocado huelga para todos los trabajadores de España, tanto funcionarios como laborales de todos los sectores productivos y todos los centros de trabajo, para el día 8 de marzo de 2018. En concreto, podemos distinguir las siguientes convocatorias:

  • Las huelgas convocadas por las centrales sindicales CCOO y UGT, lo serán para los trabajadores y empleados públicos, de dos horas en cada uno de los turnos de trabajo del día 8 de marzo del año en curso.
  • En concreto para las jornadas partidas y jornadas continuadas en turno de mañana, la huelga será de 11:30 a 13:30 horas; para las jornadas continuadas en el turno de tarde será de 16:00 a 18:00 horas y para las jornadas continuadas en turno de noche, la huelga se hará durante las dos primeras horas del turno nocturno que comience en la jornada del día 8, salvo en aquellos ámbitos, sectores o empresas, que se notifique expresamente un horario distinto.
  • La huelga convocada por la central sindical USO, tendrá lugar durante la jornada del día 8 de marzo de 2018, comenzando a las 12:00 horas y terminando a las 16:00 horas del citado día 8. (4 horas).
  • Las convocatorias de huelga general por las Centrales sindicales CGT, CNT, Confederación Intersindical, Co.bas y AST, lo serán para todos los trabajadores y empleados públicos de España, su duración prevista es de 24 horas, que se iniciará el día 8 de marzo de 2018 a las 00 horas, finalizará a las 24 horas de ese día.

El derecho a la huelga no es un derecho absoluto, sino que puede experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio, y debe ser conjugado con la garantía de que se atienda a los intereses generales y se mantengan los servicios públicos de reconocida e inaplazable necesidad, de forma tal que se evite la producción de situaciones de desamparo.

El artículo 28.2 de la Constitución establece la posibilidad de acordar medidas cuya finalidad sea garantizar el funcionamiento de los citados servicios esenciales de la comunidad.

En consecuencia, ante el anuncio de huelga para el día 8 de marzo de 2018, es imprescindible adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, de modo que sin coartar los derechos individuales se atienda al interés general.

De conformidad con dichas premisas y visto que la convocatoria de huelga general 24 horas no ha sido suscrita por otras organizaciones sindicales que disponen de una mayor representatividad en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, hay que prever un desarrollo o incidencia menor, y en este sentido conviene dictar unos servicios mínimos que garanticen la libre decisión de los empleados públicos de sumarse a la huelga, y también el derecho de la ciudadanía a disponer de los servicios esenciales, sin que ello suponga la necesidad de dictar servicios mínimos adicionales para el caso de ejercitar el derecho de huelga mediante paros parciales, los servicios mínimos establecidos afectan:

  • 1.º El derecho a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución Española, la necesidad de evitar riesgos para la salud y la vida de los ciudadanos hace imprescindible garantizar el servicio público sanitario. Es necesario el mantenimiento de los servicios de urgencia así como la atención en los hospitales, de manera que quede garantizada la atención a los pacientes, así como la higiene y la alimentación precisa de los pacientes.
  • 2.º El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza recogido en el artículo 27 de la Constitución Española, en ningún caso, el derecho de huelga deberá impedir u obstaculizar el ejercicio de los mismos.
  • Es obligación de la Administración, garantizar la apertura y el mantenimiento de los servicios esenciales de los distintos Centros Docentes.
  • De los servicios públicos prestados en los Centros Docentes, se deriva la garantía en el ejercicio del derecho a la conciliación personal y laboral de los responsables de los menores, así como del derecho a la seguridad de los alumnos menores que acceden a los mismos, mediante la garantía del servicio de vigilancia y atención
  • 3.º El derecho a garantizar un sistema de servicios sociales recogido en el artículo 50 de la Constitución Española, así como la garantía de asistencia a través de atención especial a determinados grupos sociales, como es el caso de personas con discapacidad, menores, personas mayores, etc... constituyen un servicio esencial para la comunidad.
  • Los servicios sociales, constituyen un conjunto de medidas protectoras que garantizan un mínimo de condiciones de vida digna y de calidad a las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad. Así, la atención residencial, en residencias, en centros de día debe considerarse de carácter esencial para los intereses de la comunidad porque afecta a un colectivo especialmente vulnerable, que depende de la asistencia de terceras personas para realizar sus funciones vitales imprescindibles.
  • 4.º La garantía de la seguridad y protección de las personas (la asistencia a personas mayores, a personas con discapacidad, a mujeres víctimas de violencia de género y a menores maltratados), bienes y patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, pasa por la necesidad de asegurar la prestación de servicios de información asistencial telefónica, así como el servicio de averías de emergencias (energía eléctrica, gas y suministro de agua) también prestado por el 112 en Castilla y León.

Resulta imprescindible garantizar el mantenimiento de las instalaciones y edificios en los que se desenvuelve la gestión de los servicios públicos, en condiciones de higiene, seguridad y operatividad que permitan, tanto al propio personal que en el día fijado ejerce su derecho al trabajo, como a los administrados que en dicha fecha acudan a las oficinas públicas, para el ejercicio y defensa de sus derechos como ciudadanos; ponderándose para la cuantificación del personal que integrará los servicios mínimos, en los servicios de limpieza, la extensión de las dependencias administrativas y, en el servicio de seguridad, la importancia del servicio que se pretende garantizar, así como la amplitud de las dependencias en las que debe prestarse.

En su virtud, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 2.º del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, en el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León por los artículos 69 y siguientes del Estatuto de Autonomía, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Junta de Castilla y León por los artículos 28.1 y 30.º1 del precitado Estatuto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas, a propuesta del Consejero de la Presidencia y a iniciativa de la Consejería de Educación y de Fomento y Medio Ambiente, así como de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Gerencia Regional de la Salud, previa negociación con los Comités de Huelga, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de marzo de 2018 adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero.– El ejercicio del derecho de huelga del personal de empresas privadas que presta servicios en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, se entenderá condicionado al mantenimiento de los servicios esenciales, entendiendo por tales los prestados en esta Administración de entre los descritos en la Exposición de Motivos.

Segundo.

  • a) En el Anexo de este Acuerdo se determina el personal y servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar lo dispuesto en el apartado primero.
  • b) Las empresas directamente afectadas deberán adoptar, de acuerdo con lo señalado en el párrafo a) de este punto, las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Administración.

Tercero.– Los servicios esenciales fijados no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación. Caso de producirse serán considerados ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Cuarto.– Lo dispuesto en los artículos precedentes no significa limitación alguna de los derechos que los trabajadores tienen reconocidos por las normas reguladoras del derecho de huelga.

Este acuerdo producirá efectos desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Castilla y León, según lo establecido en los artículos 123.1 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, en virtud de lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Ambos plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 1 de marzo de 2018.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León, Fdo.: Juan Vicente Herrera Campo

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: José Antonio de Santiago-Juárez López