I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. SUBVENCIONES

C.1. Bases Reguladoras

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

ORDEN AYG/660/2019, de 20 de junio, por la que se establecen las condiciones para la tramitación de las ayudas a los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, regulados a través del Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre.

El Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, establece la normativa básica del Estado que regula el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas y de sus asociaciones, establecidas por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.

El Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, establece la normativa básica del Estado en dicha materia para la aplicación en el Reino de España, de la normativa comunitaria relativa a gestión de las ayudas a los fondos operativos que constituyan las organizaciones de productores del sector reconocidas y sus asociaciones, para la ejecución de sus programas operativos elaborados y presentados ante las autoridades competentes como estrategia empresarial de un determinado período temporal.

El Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, en su artículo 1, entiende como órgano competente en la gestión del presente régimen de ayudas, al órgano designado por la comunidad autónoma donde radique la sede social de la organización de productores o de la asociación de las organizaciones de productores.

Por otra parte, el capítulo III del Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre determina como han de constituirse y gestionarse los fondos operativos anuales de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.

También el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, en su capítulo IV, establece el contenido, los requisitos, obligaciones y condiciones que deben cumplir los programas operativos y sus modificaciones, presentados por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones para su aprobación ante la autoridad competente de la comunidad autónoma.

En los artículos 8, 15 y 16 del Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, se determina respectivamente que si el órgano competente de la comunidad autónoma lo establece, la presentación de los programas operativos, sus modificaciones relativas a anualidades no comenzadas y sus modificaciones durante la anualidad en curso, deberán realizarse a través de la aplicación informática «Gestión de Programas Operativos (GESPRO)», desarrollada por el Fondo Español de Garantía Agraria.

Asimismo, el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, en su capítulo VI, regula las condiciones de presentación y gestión de las solicitudes de ayuda que podrán presentar las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones, ante la autoridad competente de la comunidad autónoma, referidas a un fondo operativo concreto, por la ejecución del programa operativo en un determinado periodo temporal, y el contenido y las condiciones de justificación de los gastos solicitados, para acceder al pago posterior de dichas ayudas.

Se determina igualmente, que si el órgano competente de la comunidad autónoma lo establece, la presentación de las solicitudes de ayuda a los fondos operativos, deberán realizarse a través de la aplicación informática «Gestión de Programas Operativos» del Fondo Español de Garantía Agraria.

En los distintos Anexos del Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, se detallan entre otros requerimientos, los contenidos de los proyectos de los programas operativos presentados para su aprobación, así como la información y documentación que deben acompañar a las diferentes solicitudes de modificación de dichos programas, y también figura el listado de medidas, acciones, actuaciones, inversiones y conceptos de gasto subvencionables en el marco de los programas operativos, y los requisitos y condiciones de subvencionabilidad relativos a las mismas.

Todos los posibles beneficiarios del presente régimen de ayudas serán personas jurídicas, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

El cauce para la gestión en esta comunidad autónoma, de las actuaciones vinculadas a la Política Agraria Común, entre las que se encuentra el presente régimen de ayudas a los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, viene determinado por el Decreto 86/2006, de 7 de diciembre, por el que se designa al Organismo Pagador y al Organismo de Certificación de los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En desarrollo de dicho decreto fue aprobada la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El artículo 2 de la citada Orden PAT/163/2007, contempla la necesidad de disponer de procedimientos de actuación aprobados por el Director del Organismo Pagador, responsabilidad ésta, que recae en la persona titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

En virtud de lo anteriormente expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.1.f) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

RESUELVO

Primero.– Objeto.

1. La presente orden tiene por objeto establecer, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León:

  • a) El procedimiento para la presentación de las solicitudes de aprobación de los programas operativos elaborados por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones, así como de las solicitudes de modificación de dichos programas.
  • b) El procedimiento para la presentación de las solicitudes de aprobación del importe de los fondos operativos constituidos por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y de los fondos económicos constituidos por las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
  • c) El procedimiento de presentación de las solicitudes de ayuda financiera de la Unión Europea referidas a un fondo operativo concreto, por la ejecución del programa operativo en un determinado periodo temporal.

2. Asimismo, se determinan los órganos competentes para la instrucción y resolución de los procedimientos señalados en el apartado anterior y la información y documentación que los solicitantes deberán adjuntar con la presentación de cada una de las solicitudes mencionadas.

Segundo.– Bases reguladoras y convocatorias.

Las bases reguladoras del presente régimen de ayudas y su convocatoria se recogen en el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. (B.O.E. n.º 230 de 22 de septiembre de 2018).

En adelante, en la presente orden, se hará referencia a este real decreto como «bases reguladoras».

Tercero.– Identificación de la línea de ayuda.

De acuerdo con los términos del Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, a la línea de ayuda se le denominará «Ayudas a los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas».

Cuarto.– Solicitudes y uso de medios electrónicos.

1. La presentación de las solicitudes de aprobación de sus programas operativos, de sus modificaciones y del importe de los fondos operativos, así como de las solicitudes de ayuda a dichos fondos, y todas las comunicaciones, escritos y aportaciones de la información y documentación propia para la tramitación del presente régimen de ayudas, incluida la relativa al pago de las mismas, se realizarán única y exclusivamente por medios electrónicos.

En todo caso, con carácter previo a la presentación de las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior, las entidades interesadas deberán incorporar de manera telemática los datos e información correspondiente a dichas solicitudes, con su documentación adjunta, a través de la aplicación informática «Gestión de Programas Operativos», en adelante GESPRO, desarrollada por el Fondo Español de Garantía Agraria y accesible a través de la propia web corporativa de FEGA O.A. Cumplimentado este trámite, la aplicación GESPRO generará un documento electrónico de solicitud (reporte GESPRO) en formato pdf, que incluirá un resumen del contenido de la solicitud que la entidad presentará para su tramitación por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Los usuarios designados por las organizaciones de productores y asociaciones interesadas podrán acceder a GESPRO mediante un sistema de claves de seguridad, que deberán ser previamente solicitadas por parte de las citadas entidades, a través del correo electrónico corporativo del Servicio de Planificación Industrial y Asociacionismo, spia.cag@jcyl.es

La aplicación GESPRO dispone de los correspondientes manuales de usuario para todos los módulos que integran la aplicación, donde se detallan las instrucciones para la apertura, presentación e incorporación de los diferentes ficheros y archivos digitalizados que contengan la información y documentación que deba ser aportada.

2. Las entidades interesadas presentarán la solicitud generada electrónicamente en formato pdf (reporte GESPRO), de manera telemática a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León al que se accede desde la sede electrónica «https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es» haciendo uso de la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayudas y otros procedimientos no específicos (SCAG)». Además del reporte GESPRO se podrá aportar otra documentación adjunta que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración pueda requerir al particular la exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para esta presentación se deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico expedido por entidad prestadora del servicio de certificación reconocida por la Junta de Castilla y León, y que sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. La relación de entidades prestadoras de servicios de certificación se encuentra publicada en la citada sede electrónica.

El registro electrónico de la aplicación SCAG emitirá un recibo de confirmación de la recepción de la documentación presentada, consistente en una copia auténtica de la solicitud, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por la organización de productores interesada, garantizando la identidad del registro, la integridad y no repudio, y teniendo valor de recibo de presentación.

La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento.

3. Las solicitudes deberán ser firmadas electrónicamente por el representante legal de la entidad solicitante o persona con el apoderamiento suficiente, pudiendo la organización de productores autorizar a otra entidad para la firma electrónica de las mismas, debiendo aportarse en este caso junto a la solicitud, la autorización para la realización de trámites electrónicos, según el modelo que está disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

Las entidades autorizadas, notificarán previamente su habilitación como tales, a través de la aplicación informática «Gestión de usuarios externos del servicio de información» aprobada mediante Orden AYG/1447/2010, de 6 de octubre, por la que se regula el procedimiento de habilitación de sujetos de intermediación para el acceso a aplicaciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, la presentación telemática de las solicitudes para la citada habilitación y se aprueba la aplicación electrónica citada.

4. La presentación de las solicitudes a que se refiere el apartado primero de este punto conllevará la autorización del solicitante para que la Consejería de Agricultura y Ganadería obtenga de forma directa aquellos documentos que puedan ser recabados de oficio por la administración, en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que deniegue expresamente su consentimiento en el apartado correspondiente de la solicitud.

Todas las notificaciones y comunicaciones que los órganos competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería dirijan a las organizaciones de productores interesadas en los procedimientos señalados en esta orden, se realizarán por medios electrónicos, utilizando para ello la aplicación corporativa denominada «Buzón electrónico del ciudadano», para lo cual los interesados deberán acogerse a dicho servicio disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la dirección https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es en la «ventanilla del ciudadano», y suscribirse obligatoriamente al procedimiento denominado «Ayudas a los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas».

Quinto.– Instrucción y gestión de las ayudas a los programas operativos.

1. El órgano competente para la instrucción y gestión del presente régimen de ayudas será el Servicio de Planificación Industrial y Asociacionismo, de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria.

2. Para el desarrollo de estas funciones contará con la participación de las Unidades gestoras pertinentes de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de cada provincia.

3. El órgano instructor podrá recabar de la entidad solicitante cuanta documentación e información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución de su expediente, atendiendo, en todo caso, a los criterios de simplificación documental.

Sexto.– Contenido de los programas operativos y sus modificaciones.

1. Coherencia de los programas operativos.

A tenor de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, uno de los elementos que deberán contener los programas operativos son los objetivos del programa, teniendo en cuenta las perspectivas de producción y salidas comerciales, con la explicación de cómo el programa pretende contribuir a la estrategia nacional y concuerda con los objetivos de dicha estrategia, incluido el equilibrio entre actividades.

En este sentido, las medidas, acciones, actuaciones e inversiones que integren los programas operativos presentados por las organizaciones de productores deberán ser coherentes con los objetivos previamente establecidos. Los objetivos de los programas operativos habrán de ser medibles y alcanzables a través de las medidas propuestas y estar en concordancia con la «Estrategia nacional de los programas operativos sostenibles a desarrollar por las organizaciones de productores de frutas y hortalizas» en vigor.

Esta coherencia deberá poder ser comprobada por el órgano gestor en dos vertientes:

  • a) Coherencia interna: Las organizaciones de productores deberán exponer para ser valoradas, las relaciones existentes entre los objetivos del programa operativo que se manifiesta se pretenden conseguir, con la realización de las medidas, acciones, actuaciones e inversiones o gastos recogidas en el mismo, expresando cómo las distintas inversiones y gastos contribuyen a lograr los objetivos del programa operativo presentado.
  • b) Coherencia externa: De forma análoga, las organizaciones deberán expresar las relaciones existentes entre los objetivos que persigue el programa presentado con la Estrategia nacional en vigor y sus contribuciones a las prioridades de la misma y la compatibilidad con la normativa de la Unión Europea.

2. Calidad técnica de los programas operativos.

A tenor de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, el órgano gestor deberá poder evaluar la calidad técnica del proyecto de programa operativo presentado.

Para ello las organizaciones de productores deberán fundamentar en el proyecto de programa operativo que presenten, la necesidad, oportunidad y dimensionamiento de las inversiones y gastos a financiar.

En relación con las inversiones, se deberá realizar un análisis y comparación con otras posibles inversiones con funciones y características similares de las que ya disponga la organización de productores. Asimismo se deberán presentar los correspondientes estudios de rentabilidad de las inversiones, considerando su viabilidad económica y su adecuación a la consecución de los objetivos pretendidos, así como valorar la existencia de posibles alternativas.

3. Fundamento de las previsiones de gasto de los programas operativos y sus modificaciones. Moderación de costes.

A tenor de lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, los gastos subvencionables imputados a los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas deben restringirse a los costes reales contraídos, aunque pueden también determinarse cantidades fijas a tanto alzado o baremos de costes unitarios en determinados casos, e incluso adaptados a las particularidades regionales.

La moderación de costes contribuye a una mejor economía y eficiencia en las subvenciones, y por tanto, los sistemas de control que se implementen han de ser eficaces, diseñados para ahorrar, y ser eficientes, entendiendo por ello su adecuación al nivel de riesgo.

Por ello que el órgano gestor debe controlar que los gastos que se aprueben, imputados a los programas operativos, se basen en costes moderados.

En este sentido, las organizaciones de productores al presentar tanto sus programas operativos iniciales como las modificaciones de los mismos, deberán aportar, con carácter general, para todos y cada uno de los gastos imputados, tres ofertas comparables de diferentes proveedores, salvo que por las especiales características de los gastos no exista en el mercado suficiente número de entidades que los suministren, con las siguientes características:

  • Que sean auténticas, es decir, fechadas y firmadas, o al menos, selladas por el proveedor del bien o del servicio.
  • Que sean de proveedores reales, diferentes e independientes, evitando cualquier posible indicio de riesgo como la compartición de órganos directivos, domicilios sociales, accionariado de las empresas proveedoras o vinculaciones entre ellas.
  • Que estén lo suficientemente detalladas e incluyan los mismos o similares elementos para poder ser comparables.

Séptimo.– Resolución del procedimiento de aprobación de programas operativos y concesión de la ayuda financiera comunitaria.

1. El órgano competente para resolver sobre la aprobación de los programas operativos presentados por las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas y sus modificaciones, y de la concesión de la ayuda financiera comunitaria a los fondos operativos constituidos por dichas organizaciones, con el objeto de financiar la ejecución anual de sus programas operativos, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras, será la persona titular de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, de acuerdo con el Decreto 44/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura y Ganadería y el Decreto 87/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas sobre la gestión presupuestaria de los créditos gestionados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Castilla y León correspondientes a gastos financiados por el FEAGA y FEADER y se desconcentran competencias en esta materia.

2. La notificación de la resolución del procedimiento, así como de otras comunicaciones que se dirijan a las organizaciones de productores interesadas, se llevarán exclusivamente a cabo por procedimientos telemáticos, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del punto cuarto.

Octavo.– Pago de las ayudas.

1. La presentación de las solicitudes de ayuda, junto con la documentación justificativa correspondiente, según lo establecido en las bases reguladoras y en la presente orden, instrucciones de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria y circulares y normas de procedimiento, será condición indispensable para que pueda disponerse la autorización y control del pago de la ayuda financiera comunitaria a los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.

2. El órgano gestor comprobará la adecuada justificación de las ayudas solicitadas, así como la realización de las actividades incluidas en los programas operativos de las organizaciones y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de las ayudas.

3. No podrá realizarse el pago de las ayudas en tanto que la entidad solicitante no se halle al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan, o mientras sea deudor de reintegro.

Noveno.– Incumplimiento y reintegro.

1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta de justificación, justificación fuera de plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agraria Común en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en las bases reguladoras o en la presente orden.

2. Sin perjuicio de las causas de reintegro legalmente establecidas, el incumplimiento por la entidad solicitante de cualquiera de las condiciones o requisitos establecidos en la presente orden y en el resto de normativa reguladora dará lugar a la pérdida del derecho a la ayuda y a la devolución en su caso de las cantidades indebidamente percibidas incrementada con el interés de demora legalmente establecido, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar.

3. El procedimiento para determinar el incumplimiento, y en su caso el reintegro, se regirá por lo dispuesto en la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, debiendo garantizarse a los interesados el derecho a la audiencia, en los supuestos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los interesados.

Décimo.– Fin de la vía administrativa.

1. Las resoluciones de los procedimientos de concesión de la ayuda financiera comunitaria, de los procedimientos de gestión y justificación de las ayudas y de los procedimientos para determinar el incumplimiento, así como los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión, pondrán fin a la vía administrativa.

2. Contra las resoluciones y actos previstos en el apartado anterior podrán interponer las organizaciones interesadas, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que los dictó en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar, en ambos casos, desde el día siguiente al de su publicación o notificación a los interesados.

Undécimo.– Penalizaciones.

En relación a las ayudas reguladas en la presente orden, será de aplicación lo establecido en la sección 3 del capítulo V del título II del Reglamento Delegado (UE) 2017/891, de la Comisión, de 13 de marzo de 2017.

Duodécimo.– Régimen de impugnación

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente a la publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Decimotercero.– Desarrollo y ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria para dictar las resoluciones e instrucciones que requiera la aplicación de esta orden.

Decimocuarto.– Eficacia.

La presente orden tendrá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 20 de junio de 2019.

El Titular de la Consejería
de Agricultura y Ganadería, P.S. (Acuerdo 2/2019, de 21 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León) El Consejero de Fomento y Medio Ambiente Fdo.: Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández