I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Advertido error en el texto remitido para publicación de fecha 15 de marzo de 2020, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León número 53 Extraordinario, de fecha 15 de marzo de 2020, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

En la página 11866, donde dice:

Tercero.– Transporte urbano. En el marco de la atribución que Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 atribuye a las autoridades locales respecto al transporte urbano, se recomienda a dichas autoridades locales que procedan a la reducción de dicho transporte en el setenta y cinco por ciento, quedando en el veinticinco por ciento de servicios, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Así mismo, se recomienda a las autoridades locales procedan a adoptar medidas de regulación de las condiciones específicas de prestación del servicio al modo de las previstas en el punto Tercero anterior.

Debe decir:

Tercero.– Transporte urbano. En el marco de la atribución que Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 atribuye a las autoridades locales respecto al transporte urbano, se recomienda a dichas autoridades locales que procedan a la reducción de dicho transporte en el setenta y cinco por ciento, quedando en el veinticinco por ciento de servicios, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. Así mismo, se recomienda a las autoridades locales procedan a adoptar medidas de regulación de las condiciones específicas de prestación del servicio al modo de las previstas en el punto Segundo anterior.