I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO 55/2020, de 17 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19, en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, marcó un conjunto de medidas y recomendaciones a aplicar en todo el territorio nacional una vez finalizada la vigencia del estado alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas.

A su amparo, la Junta de Castilla y León aprobó el «Acuerdo 32/2020, de 2 de julio sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19, en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León» (B.O.C. y L. núm. 133, de 3 de julio), a fin de garantizar la reincorporación de los empleados públicos a la vida cotidiana de manera planificada con plenas garantías de prevención de riesgos laborales y protección de la salud. Unido a este fin se trata de mantener un sistema en el que prime una organización del trabajo que apueste por la conciliación de la vida familiar y laboral sumada a la recuperación progresiva de la prestación normal de los servicios públicos tras una situación de estado de alarma y suspensión de la actividad ordinaria.

De este modo el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, ha garantizado durante el período estival la compatibilidad de la prestación de servicios públicos esenciales con la protección de la salud y la conciliación de la vida familiar y laboral.

El fin del período estival, aunado con la recuperación presencial de la actividad en los Centros Educativos, nos dirige necesariamente a replantearnos una adecuación de alguna de las Clausulas de este acuerdo, permitiendo así mantener la compatibilidad de la actividad de servicio público con la conciliación, al amparo de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para Centros Educativos durante el Curso 2020-21.

Tratando de mantener un equilibrio en la prestación del servicio público, conjugando los factores de la prevención y protección de la salud con la conciliación de la vida familiar y laboral, se mantiene el reconocimiento de la modalidad de prestación del servicio no presencial, tanto en aquellos supuestos en que surja la necesidad de acuerdo con las situaciones que se pudieran ocasionar y previstas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, así como en aquellos supuestos en los que previa planificación de la organización interna sea preciso para minimizar el riesgo de contagio en los centros de trabajo.

Por ello se propone así mismo dar un paso más en la planificación de la organización del personal que presta servicio en las Consejerías de la Junta de Castilla y León, a fin de reducir en la medida de lo posible los contactos entre el personal y el riesgo de propagación de la enfermedad provocada por COVID-19.

Consecuentemente se continúa apostando y reforzando fórmulas de prestación de la actividad presenciales y no presenciales que minimicen el riesgo de una eventual descapitalización de los servicios.

Teniendo en cuenta dicha declaración, considerando los compromisos alcanzados en el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León, tales como la garantía de la reincorporación de los empleados públicos a la vida cotidiana de manera planificada, valorando las normas sanitarias y la prevención de riesgos laborales, especialmente la protección de aquellas personas con más riesgo de contraer la enfermedad, la conciliación de la vida familiar, el mantenimiento de los servicios esenciales y la recuperación progresiva de los servicios ordinarios y la compatibilidad del trabajo presencial y no presencial, desde un punto de vista organizativo la Administración de la Comunidad de Castilla y León debe continuar adaptándose a esta nueva realidad y marco normativo.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 17 de septiembre de 2020 adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Modificar puntualmente el Punto Cuarto del Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, letra a) en su Caso 1 en los siguientes términos.

1.1. «El personal que tenga a su cargo menores de 14 años podrá trabajar mediante la modalidad de trabajo no presencial, previa autorización de los Secretarios Generales de las Consejerías, y Gerentes de Organismos Autónomos, en su caso, en los Servicios Centrales y en el ámbito territorial de los Delegados Territoriales en los siguientes casos:

  • Ante la suspensión de la actividad lectiva presencial acordada por la Comunidad Autónoma de manera excepcional.
  • En aquellos supuestos que se determine documentalmente la no asistencia del menor al Centro Educativo por encontrarse en situación definida por la norma de salud pública como «sintomática» compatible con COVID-19, por aislamiento precoz.
  • Cuando se determine documentalmente la cuarentena de los contactos estrechos ante la aparición de casos de COVID-19 en el Centro Educativo».

1.2. El personal que tenga a su cargo mayores dependientes y/o otra persona dependiente y se vea afectado por el cierre de centros de personas mayores o/y otros centros, y no sea compatible su situación personal con medidas especiales de flexibilidad de la jornada laboral.

1.3. Este régimen especial de trabajo no presencial, cuando hubiere dos o más empleados públicos convivientes en que se dé la misma circunstancia, solo podrá concederse a uno de ellos, o bien, de manera parcial a ambos de forma no solapada. Si afectara a un empleado público que convive con otra persona fuera del ámbito público, se acreditará la imposibilidad de la conciliación.

Esta misma previsión les será de aplicación a las empleadas públicas durante el primer año de lactancia.

Las situaciones no contempladas en este apartado se someterán a las previsiones establecidas para conciliación en el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Segundo.– Se incluye un nuevo apartado en el punto Cuarto en los siguientes términos.

Las Consejerías establecerán, para sus servicios centrales y territoriales, en el plazo máximo de quince días desde la publicación de la presente modificación, un sistema de organización del personal, Plan de Ordenación y Reducción del Riesgo por Salud Pública, con el objetivo de poder llevar a efecto una eficiente gestión de los casos de COVID-19 y de sus contactos.

Este Plan deberá concretarse tras un análisis de las características de las funciones que se desarrollan por puestos de trabajo y su disposición física, de manera que ante una cadena de transmisiones se pueda garantizar la continuidad en la prestación del servicio público. Para ello, el Plan procurará establecer grupos estancos que alternen el trabajo presencial y no presencial, sin contacto físico entre los miembros de los distintos grupos.

Valladolid, 17 de septiembre de 2020.

El Presidente de la Junta
de Castilla y León, Fdo.: Alfonso Fernández Mañueco

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: Ángel Ibáñez Hernando