III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS

ANUNCIO de la Diputación Provincial de Burgos, relativo al Acuerdo de 3 de junio de 2022, de aceptación de la delegación de gestión y recaudación de recursos de otros entes.

El Pleno de esta Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de Junio de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«13.– ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE RECURSOS DE OTROS ENTES.

Dada cuenta del dictamen de la Comisión de Hacienda, de fecha 25 de Mayo de 2022, y vistos los informes emitidos por la Jefa del Servicio de Gestión tributaria y Recaudación de fechas 11 de Mayo de 2022, referidos a la delegación de funciones de gestión y recaudación aprobadas por varias Entidades.

Sometido el asunto a votación, la Corporación Provincial, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación conferidas por las siguientes Entidades Locales, al amparo del artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:

  • – La JUNTA VECINAL de MONTOTO, mediante acuerdo de 25 de Marzo de 2022 delega las facultades de recaudación de la tasa de agua; y la recaudación ejecutiva, de las deudas impagadas en periodo voluntario cuyo vencimiento no sea periódico, tributarias y no tributarias.
  • – La JUNTA VECINAL de SANTOVENIA DE OCA, mediante acuerdo de 8 de Abril de 2022 delega las facultades de recaudación de la tasa de agua; y la recaudación ejecutiva de las deudas impagadas en periodo voluntario cuyo vencimiento no sea periódico, tributarias y no tributarias.
  • – El Ayuntamiento de ALTABLE, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 11 de Diciembre de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de MEDINA DE POMAR, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 1 de Diciembre de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de PANCORBO, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 22 de Diciembre de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de SALAS DE LOS INFANTES, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 28 de Mayo de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de VALLE DE MENA, mediante acuerdo de Pleno de 4 de Diciembre de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de VALLUÉRCANES, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 10 de Diciembre de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
  • – El Ayuntamiento de VILLARCAYO, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 5 de Junio de 2020, en relación con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.»

Burgos, 9 de junio de 2022.

La Jefa del Servicio,

Fdo.: Isabel Galindo Mateo

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS

  • A) DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS.

El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, (en adelante TRLHL) atribuye a los municipios las facultades de gestión, liquidación y recaudación de los tributos cuya titularidad les corresponde.

La complejidad que la realización de estas funciones comporta, y también su relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local aconseja la utilización de fórmulas que permitan una eficaz y adecuada ejecución y ejercicio de las potestades de gestión y recaudación citadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local aplicable.

Teniendo en cuenta el interés que representa para los Ayuntamientos que así lo han decidido, que la gestión y realización de las funciones atribuidas se realicen debidamente; y considerando conforme a Derecho proceder a la delegación o encomienda de éstas al amparo de lo previsto en los artículos 7.1 y 8.4 del TRLHL; artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora las bases del Régimen Local y artículo 8.b) del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, diversas Entidades Locales han acordado la delegación de funciones de gestión tributaria y/o recaudatoria, en los términos y con la extensión que se declaran a continuación.

LAS SIGUIENTES JUNTAS VECINALES DELEGAN LAS FUNCIONES DE RECAUDACIÓN DE LA TASA DE SUMINISTRO DE AGUA.

• MONTOTO, mediante acuerdo de 25 de marzo de 2022.

• SANTOVENIA DE OCA, mediante acuerdo de 8 de abril de 2022.

DISPOSICIONES COMUNES

ACUERDO DE DELEGACIÓN

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula Primera.– Objeto de la delegación.

1.– La JUNTA VECINAL delega en la Diputación Provincial de Burgos las competencias para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de titularidad municipal, en los términos que se especifican en las cláusulas siguientes.

2.– La delegación comporta la cesión de la titularidad de la competencia y de su ejercicio en la Diputación Provincial de Burgos.

Cláusula Segunda.– Ámbito material de la delegación.

1.– La aplicación de los tributos se limitará a las actividades dirigidas a la recaudación, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con los siguientes conceptos:

Tasa por suministro de agua.

2.– La aplicación de los tributos se limitará exclusivamente a las actividades dirigidas a la recaudación ejecutiva, y revisión administrativa de dicha actividad, en relación con las siguientes deudas impagadas en periodo voluntario:

  • a) Deudas tributarias cuyo vencimiento no sea periódico.
  • b) Recursos de naturaleza pública no tributarios, cuyo vencimiento no sea periódico.

En tales casos, la delegación se hará efectiva tras la adopción de una resolución o acuerdo de la Junta Vecinal, que detallen lo conceptos o débitos específicos cuyo cobro en ejecutiva se solicita de la Diputación.

3.– No se realizará la gestión recaudatoria de aquellas deudas cuya cuantía no supere los tres euros.

Cláusula Tercera.– Competencias no delegadas.

En el ámbito de la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público de su titularidad, la Junta Vecinal se reserva las competencias no recogidas expresamente en la cláusula segunda.

Cláusula Cuarta.– Ambito personal, territorial y temporal de la delegación.

1.– La delegación conferida se refiere expresamente a todas y cada una de las facultades anteriormente enumeradas, y a todos los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho público no tributario.

2.– La Diputación Provincial de Burgos podrá ejercer las facultades delegadas en todo su ámbito territorial, e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades.

3.– La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del inicial. La revocación, que deberá realizarse mediante comunicación fehaciente con al menos dos meses de antelación a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.

4.– La Diputación Provincial de Burgos, podrá rechazar aquellas liquidaciones o débitos pendientes que no reúnan los requisitos legalmente exigibles, así como establecer un importe mínimo para su aceptación.

Cláusula Quinta.– Normativa reguladora.

1. La aplicación de los tributos e ingresos de derecho público delegados en la Diputación Provincial de Burgos, se ajustarán a lo previsto:

  • a) En la Constitución.
  • b) En el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004.
  • c) En la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre.
  • d) Por las leyes que contengan disposiciones en materia tributaria local; y por las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo de las normas anteriores.
  • e) Por las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Junta Vecinal.
  • f) Por el presente Acuerdo de Delegación.
  • g) Por la Ordenanza General de Gestión, Liquidación Inspección y Recaudación que pudiere aprobar la Diputación, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15.3 del TRLHL.
  • h) Tendrán carácter supletorio las disposiciones generales de derecho administrativo y los preceptos de derecho común.

Cláusula Sexta.– Régimen Jurídico.

1.– El presente acuerdo de delegación se adopta al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 7 del TRLHL.

2.– Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre su interpretación, y cumplimiento, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

3.– Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios servicios, la Diputación Provincial deberá ejercer dichas funciones con estricto cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en ningún caso podrá delegar competencias que ejerza por delegación.

Cláusula Séptima.– Administración Electrónica.

1.– Para la aplicación de los tributos e ingresos de derecho público, la Diputación Provincial de Burgos hará uso de tecnologías de la información y la comunicación, en particular internet, para lograr la plena implantación de la Administración Electrónica.

2.–En el ámbito de las funciones delegadas, se garantizará a los ciudadanos los derechos recogidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y, en particular, el derecho a relacionarse con la Diputación utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

Cláusula Octava.– Protección de datos de carácter personal.

1.– En el ejercicio de las funciones previstas en el presente Acuerdo, la Diputación Provincial:

  • a) Adecuará sus actuaciones a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normas de desarrollo.
  • b) Aprobará por acuerdo de Pleno el fichero denominado «Gestión y Recaudación Tributaria», y lo publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.).
  • c) Como responsable del fichero, lo notificará a la Agencia de Protección de Datos para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación el B.O.P.
  • d) Adoptará todas aquellas medidas de carácter técnico y organizativo que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
  • e) La denuncia del Acuerdo de Delegación por alguna de las partes implica que la Diputación deberá proceder a la devolución a la Junta Vecinal de todos los documentos o soportes informáticos en los que pudiera constar algún dato de carácter personal, y ulteriormente a bloquear y destruir estos datos.

2.– Para las comunicaciones e intercambios de información que sea preciso realizar entre la Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos en ejecución de este Convenio, ambas partes se obligan a cumplir con un protocolo de seguridad que garantice que la comunicación de los datos se realice de forma segura, y a asumir las funciones y obligaciones generadas al respecto como responsables de los ficheros que cada parte custodia. En particular, se comprometen a:

  • a) No utilizar esta información con otra finalidad que la expuesta con anterioridad.
  • b) A cumplir con los requerimientos estipulados para la transferencia de dicha información.
  • c) A cumplir la normativa en vigor en materia de protección de datos.
  • d) A adoptar las medidas de índole técnica y organizativa que se precisen para garantizar la seguridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
  • e) A cumplir con el principio de calidad de los datos (Art. 4 de la LOPD).

3.– La Junta Vecinal asume el compromiso de mantener activas las comunicaciones con la Diputación Provincial de Burgos utilizando los procedimientos y mecanismos definidos para cada caso.

4.– La Diputación de Burgos se compromete a comunicar a la Junta Vecinal la información que sea relevante para el mismo en función de lo estipulado en el presente acuerdo.

CAPÍTULO II

FUNCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Cláusula Novena.– Actividades que integran la delegación.

1.– En el ámbito material de la delegación recogido en la cláusula segunda de este acuerdo, la Diputación desarrollará las actividades de:

  • a) Gestión recaudatoria
  • b) Revisión administrativa de la gestión recaudatoria.

2.– El contenido específico de cada una de estas actividades se describe en las cláusulas siguientes.

Cláusula Décima.– La recaudación tributaria.

1.– La gestión recaudatoria desarrollada por Diputación consistirá en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.

2.– Se realiza en dos períodos: voluntario y ejecutivo.

3.– La recaudación en período voluntario incluye las siguientes funciones:

  • a) Emisión de los documentos cobratorios y práctica de notificaciones colectivas en valores-recibo en relación con las cuotas que hayan sido aprobadas en el Padrón correspondiente.
  • b) Determinación de periodos voluntarios de cobranza en el caso de tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva.
  • c) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
  • d) Actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes.
  • e) Cualquier otro acto necesario para la efectividad de los anteriores.

4.– La recaudación en período ejecutivo incluye las siguientes funciones:

  • a) Expedición de los documentos que acrediten el impago de las deudas, individuales o colectivas.
  • b) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos de reposición interpuestos contra la misma y contra el procedimiento ejecutivo en general.
  • c) Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses de demora.
  • d) Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
  • e) Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento General de Recaudación.
  • f) Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos contra las mismas.
  • g) Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda.
  • h) Valoración previa a la enajenación de bienes embargados.
  • i) Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes.
  • j) Enajenación de bienes embargados.
  • k) Adjudicación de bienes a la Junta Vecinal. Cuando en el procedimiento de enajenación, alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá la Entidad Menor adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.
  • l) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.
  • m) Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria, cuando la Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
  • n) Dar de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la legislación vigente o en este convenio.
  • La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. La Junta Vecinal podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.
  • ñ) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

5.– La Junta Vecinal podrá convenir con la Diputación Provincial de Burgos la realización de actuaciones de recaudación procedentes, respecto a otros conceptos diferentes de los señalados con sujeción a los criterios que se establezcan.

CAPÍTULO III

RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cláusula Undécima.– Colaboración entre las Administraciones implicadas en la delegación.

La Junta Vecinal y la Diputación Provincial de Burgos actuarán y se relacionarán en todo cuanto concierne a la delegación de funciones de acuerdo con el principio de lealtad institucional, y, en consecuencia deberán:

  • a) Respetar el ejercicio de las competencias por la Administración que la tenga atribuida de conformidad con la distribución realizada en las cláusulas 2ª y 3ª de este documento.
  • b) Facilitar a la otra Administración la información que precise sobre las actividades que desarrollen en el ejercicio de sus competencias. En particular, se facilitarán cuantos datos personales se recaben en relación con los interesados en los procedimientos que se estén tramitando.
  • c) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y la asistencia activas que la otra Administración pudiera recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

Cláusula Duodécima.– Procedimiento de cargo y gestión de valores.

1.– Trámites previos al inicio de la actividad delegada.

1.1. La Junta Vecinal delegante deberá entregar, con antelación suficiente, toda la información de que disponga con transcendencia tributaria para facilitar a la Diputación Provincial el ejercicio de las competencias asumidas. En particular, debe proporcionar:

  • a) Información completa y actualizada de los padrones cobratorios de los tributos delegados.
  • b) Las domiciliaciones de pago en entidades de depósito de los obligados al pago incluidos en los padrones.
  • c) Texto integro de las Ordenanzas Fiscales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de los tributos cuya aplicación haya delegado en la Diputación.

1.2. La información relativa a los obligados al pago deberá contener en todo caso:

  • a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa.
  • b) Número del Documento Nacional de Identidad.
  • c) Domicilio del deudor.
  • d) En su caso, domicilio en el extranjero, código de identificación fiscal del Estado de residencia o número de pasaporte.

1.3. Si la información remitida no reúne los requisitos que señala el apartado anterior, se requerirá a la Entidad Local Menor para que, en un plazo de diez días, complete los datos omitidos, con advertencia de que si así no lo hiciera la Diputación se abstendrá de iniciar la gestión delegada en relación con los obligados afectados.

Cláusula Decimotercera.– Gestión de Padrones.

1. Se entiende por padrones de gestión exclusiva de la Junta Vecinal los correspondientes a las tasas de vencimiento periódico exaccionadas mediante la emisión de valores recibo.

2. Elaborado el primer padrón cobratorio en base a la información facilitada por la Junta Vecinal, para ejercicios sucesivos se seguirá el siguiente proceso previo al inicio del período voluntario de cobro:

  • – El Servicio Provincial de Recaudación remitirá a la Junta Vecinal el Padrón definitivo del ejercicio precedente.
  • – Teniendo en cuenta este padrón, la Entidad Local Menor comunicará a Diputación las altas, bajas y modificaciones que se hayan producido y que deban surtir efecto para el ejercicio en curso.
  • – Recibida la susodicha comunicación, Diputación incorporará todas las alteraciones que la Junta Vecinal le traslade, emitirá el padrón definitivo y lo remitirá de nuevo a la Junta Vecinal para su aprobación por el órgano competente y lo expondrá al público a efectos de reclamaciones.
  • – Ulteriormente, la Junta Vecinal remitirá a Diputación certificado de la aprobación y exposición pública del padrón.

3. Cualquier incidencia que surja con posterioridad a la aprobación del respectivo Padrón que suponga una regularización tributaria, determinará la realización por la Junta Vecinal de las actuaciones encaminadas a la liquidación y cobro de las deudas.

Cláusula Decimocuarta.– Recaudación ejecutiva de deudas de vencimiento no periódico.

En relación con deudas no periódicas, y una vez agotado el periodo voluntario de cobro sin que la deuda haya sido abonada, la Junta Vecinal, tras adoptar una resolución en los términos del punto 3 de la Cláusula Segunda, deberá formalizar los siguientes documentos:

  • Copia de la notificación cursada al deudor, que deberá haberse practicado en los términos del Art. 62.2 de la Ley General Tributaria.
  • Certificado del Secretario/a que acredite:
    • – La firmeza de la deuda, por no haber sido recurrida en tiempo y forma, o por haberse resuelto las reclamaciones que se hayan presentado.
    • – En el caso de que la deuda haya sido impugnada por el deudor, que no se ha prestado la garantía prescrita legalmente en el caso de que haya interpuesto el recurso correspondiente.
    • – Formalización de otros documentos que requiera el Servicio Provincial de Recaudación, en los cuales se acrediten el transcurso del periodo voluntario de pago, los datos personales y fiscales del deudor y la cantidad principal adeudada.
  • Acreditados estos requisitos, tales deudas podrán ser cargadas en cualquier época del año.

Cláusula Decimoquinta.– Comunicaciones entre las Administraciones.

1.– En relación con aquellos tributos o ingresos de derecho público en los que la Junta Vecinal se haya reservado las competencias sobre gestión tributaria cediendo la gestión recaudatoria a la Diputación Provincial, aquella Administración deberá comunicar por escrito a ésta cualquier hecho, acto o resolución que tenga incidencia en el procedimiento recaudatorio. En particular:

  • a) La modificación de datos personales de los obligados al pago.
  • b) La anulación de derechos que haya acordado.
  • c) La suspensión del procedimiento recaudatorio

Tales comunicaciones o variaciones podrán ser realizadas a través de la Oficina Virtual Tributaria.

Además, la Junta Vecinal está obligada a:

  • – Adoptar las resoluciones expresas que proceda en relación con los recursos que hayan sido interpuestos en el ámbito de sus competencias.
  • – Emitir los informes que al efecto requiera el Servicio Provincial de Recaudación.

Transcurridos tres meses sin que se haya acreditado el cumplimiento de las citadas actuaciones, el Servicio Provincial de Recaudación anulará de oficio los valores afectados, dando traslado de los expedientes al Ayuntamiento.

2.– Caso de que el deudor intente realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal, éste advertirá al interesado la imposibilidad de efectuarlo, y de la obligación de realizar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial.

Si, no obstante, el deudor llega a realizar el pago de la deuda a la Junta Vecinal, éste deberá efectuar el ingreso en las cuentas de la Diputación Provincial, quien proseguirá el procedimiento si el importe ingresado no cubre la totalidad de la deuda exigida.

3.– Cuando en el curso del procedimiento recaudatorio se ponga de manifiesto la existencia de un error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda o que ésta ha sido ingresada, condonada, aplazada, suspendida o prescrita, Diputación suspenderá las actuaciones y dará traslado a la Junta Vecinal con objeto de que resuelva lo que estime pertinente.

4.– Cuando la Diputación aprecie que no es competente para resolver un asunto que afecte a la gestión tributaria, no asumida por delegación, lo remitirá a la Junta Vecinal con el fin de que dicte la resolución pertinente, sin perjuicio de evacuar los informes que al respecto se le soliciten.

Cláusula Decimosexta.– Convenios con otras Administraciones.

Cuando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines propios de la gestión delegada, la Diputación Provincial podrá firmar Convenios de Colaboración con Administraciones, Organismos Públicos y Entidades Privadas, especialmente con aquellas que participan en la gestión de los tributos locales: Dirección General del Catastro, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jefatura Provincial de Tráfico, Colegio General del Notariado.

CAPÍTULO IV

ASPECTOS ECONÓMICOS

Cláusula Decimoséptima.– Sistema de financiación.

1.– El Sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que implica la asunción de las competencias delegadas.

2.– La Diputación Provincial percibirá una tasa por la prestación del servicio de cobro de las exacciones periódicas o aperiódicas de la Junta Vecinal.

3.– Dicha tasa se regula en el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal n.º I.1.5, reguladora de la tasa por prestación del servicio de recaudación a las Entidades Locales de la Provincia, aprobada por Acuerdo del Pleno de la Diputación con fecha 27 de Diciembre de 2013, que establece:

  • • Por la gestión recaudatoria en voluntaria.
  • La cuota de la tasa se obtendrá por la aplicación de un porcentaje sobre el importe íntegro recaudado. Este porcentaje se determinará en función de la suma del importe total de los padrones tributarios y de las remesas de liquidaciones de ingreso directo, puestos al cobro en periodo voluntario, según la siguiente tarifa:

Hasta 1.000.000 € 4 %

De 1.000.001 € a 2.000.000 € 3 %

De 2.000.001 € a 4.000.000 € 2,50 %

De 4.000.001 € a 5.000.000 € 2,25 %

De 5.000.001 € a 7.000.000 € 2,00 %

Más de 7.000.000 € 1,75 %

  • • El porcentaje determinado para la gestión recaudatoria en voluntaria se aplicará a los intereses de demora, ya se deriven de aplazamientos o fraccionamientos o de actuaciones de embargo.
  • • Por la gestión recaudatoria en ejecutiva, la totalidad de los recargos del período ejecutivo ingresados.
  • La liquidación de la tasa, conforme a las tarifas indicadas, se realizará por el Servicio de Recaudación en el momento de realizar la liquidación al Ayuntamiento, quedando facultada la Diputación para retener el importe de la tasa en las entregas a cuenta de la recaudación que realice.»

Cláusula Decimoctava.– Anticipos a cuenta de la recaudación.

1.– La participación de la Junta Vecinal en el producto de la gestión recaudatoria desarrollada por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de Burgos, se hará efectiva mediante entregas a cuenta de la liquidación definitiva que se practique en el mes de diciembre del ejercicio en curso, con la periodicidad que se determine y cuantía equivalente a la parte del importe total que resulte de la aplicación de lo establecido en el apartado siguiente.

El importe que servirá de base para fijar la cuantía de las entregas a cuenta será el resultado de aplicar el porcentaje del 90 por 100 sobre el importe recaudado en el ejercicio anterior por deudas incluidas en los padrones cobratorios de dicho año.

2.– Los padrones cobratorios son los correspondientes a alguno o todos de los conceptos siguientes (según hayan sido o no delegados):

  • • Tasa por Suministro de Agua.
  • • Tasa por Recogida de Basuras.
  • • Otros tributos municipales de devengo periódico y notificación colectiva.

3.– Se realizarán once entregas a cuenta, que se harán efectivas en cada uno de los meses comprendidos entre enero y noviembre, ambos incluidos.

Cláusula Decimonovena.– Liquidación de ingresos.

1.– La liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios.

Del total computado como ingresos se descontarán:

  • – Los anticipos a cuenta de la recaudación.
  • – Las devoluciones de ingresos indebidos.
  • – La tasa por prestación del servicio.
  • – Las costas devengadas.

2.– Los saldos acreedores a favor de las entidades locales que resulten de las liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin haya designado la Junta Vecinal.

3.– Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.

Cláusula Vigésima.– La Cuenta de Recaudación.

La Diputación Provincial rendirá la cuenta anual de la gestión recaudatoria, dentro del mes de enero y referida al ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios, el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las anulaciones aprobadas y de las deudas pendientes de cobro.

Como documentación adjunta, se acompañará: relación nominal, por motivos, de las anulaciones de derechos acordadas (separando las anulaciones por insolvencias, para su contabilización independiente) y la relación nominal de deudores.

CAPÍTULO V

EFICACIA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO

Cláusula Vigesimoprimera.– Plazo de vigencia.

El presente acuerdo entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y tendrá una duración de cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

Antes de la finalización del plazo anterior, las partes podrán acordar unánimemente la prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

Cláusula Vigesimosegunda.– Otras causas de extinción.

1.–Serán causas de extinción del presente acuerdo de delegación, además de la referida en la cláusula anterior, las siguientes:

  • a) La revocación de la delegación por acuerdo de órgano decisorio de la Junta Vecinal, en los términos de los arts. 9 y 10 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • La revocación deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.
  • b) Renuncia, acordada por Pleno de la Diputación Provincial como consecuencia de que la Junta Vecinal incumpla reiteradamente las obligaciones esenciales establecidas en este Convenio, desatienda sistemáticamente los requerimientos formulados o la colaboración solicitada por la Diputación, cuando éstas resulten imprescindible para el desarrollo de las funciones delegadas.
  • La renuncia deberá comunicarse con al menos dos meses de antelación a la fecha en que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de enero del año siguiente al de la comunicación.
  • c) Cualesquiera de las determinadas en la legislación vigente.

2. Extinguida la delegación de funciones, la Diputación Provincial se abstendrá de continuar realizando las funciones delegadas, remitiendo a la mayor urgencia la documentación que tenga en su poder a la Junta Vecinal.

Vigesimotercera.– Suspensión.

1.– Los respectivos órganos de la Junta Vecinal y de la Diputación podrán acordar la suspensión unilateral del acuerdo cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el mismo por la otra parte.

2.– La Administración que inicie el procedimiento de suspensión del acuerdo deberá recordar a la otra parte el cumplimiento de sus obligaciones, expresando de forma concreta y precisa el incumplimiento observado, y concediéndole al efecto un plazo mínimo de un mes. Si transcurrido dicho plazo el incumplimiento persistiera, se podrá acordar la suspensión.

Vigesimocuarta.– Avocación.

La Junta Vecinal podrá avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda por delegación a la Diputación Provincial, en los términos de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

Vigesimoquinta.– Publicación del Convenio y de su suspensión y resolución.

1. El Acuerdo de delegación tendrá efectos a partir de su publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia y en el boletín oficial de la comunidad autónoma de Castilla y León.

2. La suspensión y extinción de la delegación tendrán efectos a partir del día siguiente a la publicación del acuerdo de Pleno del que traigan causa en el boletín oficial de la provincia.

  • B) DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE SANCIONES DE TRÁFICO.

Los Ayuntamientos enumerados a continuación, delegan funciones relacionadas con la tramitación y recaudación de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial:

1.– El Ayuntamiento de ALTABLE, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 11 de diciembre de 2020.

2.– El Ayuntamiento de MEDINA DE POMAR, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 1 de diciembre de 2020.

3.– El Ayuntamiento de PANCORBO, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 22 de diciembre de 2020.

4.– El Ayuntamiento de SALAS DE LOS INFANTES, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 28 de mayo de 2020.

5.– El Ayuntamiento de VALLE DE MENA, mediante acuerdo de Pleno de 4 de diciembre de 2020.

6.– El Ayuntamiento de VALLUÉRCANES, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 10 de diciembre de 2020.

7.– El Ayuntamiento de VILLARCAYO, mediante acuerdo de Pleno celebrado el 5 de junio de 2020.

Las delegaciones así conferidas entrarán en vigor una vez aceptadas por el Pleno de la Diputación Provincial de Burgos, y efectuados el resto de trámites exigidos por la normativa vigente.

Sin perjuicio de ello, los Ayuntamientos delegantes dispondrán de un plazo de quince días a contar de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para manifestar su disconformidad con el Clausulado definitivo, entendiendo su conformidad tácita en caso contrario.

acuerdo de delegaciÓn

Primera.– Objeto.

En virtud de este Acuerdo, el Ayuntamiento delega en la Diputación Provincial de Burgos, las siguientes competencias:

  • 1. La tramitación de expediente sancionadores incoados por la comisión de infracciones de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial cometidas en sus vías urbanas.
  • 2. La gestión recaudatoria, en período voluntario y ejecutivo, de las sanciones impuesta en el curso de la tramitación del procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Segunda.– Régimen Jurídico.

El ejercicio de las competencias recogidas se regirán en primer término por las determinaciones de este acuerdo y además, entre otras, por las siguientes normas:

  • a) Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
  • b) Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
  • c) Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
  • d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • e) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
  • f) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • g) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
  • h) Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba el Reglamento General de Recaudación.
  • i) Las normas que desarrollen, complementen o modifiquen a las anteriores, que sean de obligada aplicación en la materia.
  • j) Las ordenanzas municipales sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

CAPÍTULO II

DELEGACIÓN DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Tercera.– Ámbito de aplicación.

El ejercicio de la potestad sancionadora recaerá en titulares y usuarios de las vías urbanas de titularidad del Ayuntamiento que realicen actos u omisiones tipificadas como infracciones por las normas que regulan el tráfico, la circulación de vehículos y la seguridad vial.

Cuarta.– Infraestructura informática.

En la tramitación del procedimiento sancionador, la Diputación Provincial de Burgos dispondrá de la tecnología informática necesaria para el desarrollo de la tramitación completa de los expedientes adaptada a la Administración electrónica, en particular:

  • 1. El software necesario para la implantación del sistema que permita la tramitación integral de los expedientes de multas según la legislación vigente.
    • • Esta aplicación, entre otras funcionalidades: crea un expediente sancionador a cada infractor, que permite la acumulación de sanciones en los que se aprecie identidad subjetiva y el registro de todas las actuaciones que se realicen en el curso del procedimiento; forma una base de datos de infractores y vehículos.
    • • Dicha aplicación garantizará la Integración automática del procedimiento sancionador con la gestión económica.
  • 2. Asimismo, pondrá a disposición del Ayuntamiento, el software necesario para la comunicación entre los servidores de la Diputación y los Dispositivos Móviles (en adelante PDA), y las infraestructuras necesarias para lograr una comunicación rápida, fiable y segura.

Quinta.– Funciones de la Diputación Provincial de Burgos.

La Diputación Provincial de Burgos se constituye, en virtud de esta delegación de competencias, en la única entidad gestora, administradora y ejecutora del procedimiento sancionador de tráfico.

En la tramitación del procedimiento sancionador, corresponde a la Diputación Provincial de Burgos:

  • 1. La competencia para resolver el expediente.
  • 2. El nombramiento del órgano instructor y la competencia para instruir.
  • 3. La resolución de recursos y alegaciones.
  • 4. La incoación del procedimiento.
  • 5. Las notificaciones a los interesados.
  • 6. Garantizar el ejercicio de los derechos de los denunciados. En particular, los siguientes: derecho a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que se les pudieran imponer, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, derecho a formular alegaciones y a utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico.
  • 7. Decidir sobre la apertura del período de prueba y sobre la aceptación de las pruebas propuestas.
  • 8. Cuando resulte procedente, la remisión de expedientes a la autoridad competente de la Administración General del Estado.
  • 9. La anotación de la imposición de sanciones por infracciones graves y muy graves, así como de la detracción de puntos, en los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico.
  • 10. La declaración de caducidad del procedimiento.
  • 11. Declaración de la prescripción de las infracciones y sanciones.
  • 12. El archivo de los expedientes.

Sexta.– Funciones del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento delegante colaborará en la instrucción de los expedientes sancionadores por infracción de normas de tráfico En particular, corresponde al Ayuntamiento:

  • 1. La denuncia de infracciones a través de agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico.
  • 2. Dejar constancia documental de que la denuncia se ha notificado en el acto al infractor por los Agentes de la autoridad, la fecha de entrega, la firma del receptor y, si fuera diferente al titular, identidad del mismo.
  • 3. La incorporación de la denuncia al software del SGTR, lo que puede realizarse:
    • a) Mediante la comunicación entre los servidores de la Diputación y los Dispositivos Móviles (en adelante PDA),
    • b) Grabando los boletines de denuncia en la aplicación informática del SGTR, y procediendo a su digitalización e incorporación al expediente sancionador.
  • 4. Trasladará al SGTR., en un plazo no superior a quince días naturales, a través de los medios telemáticos que se implementen, los informes de ratificación que se requieran a los Agentes denunciantes por parte del Instructor de los expedientes sancionadores.
  • 5. Colaborará con el SGTR. en la realización de pruebas “sobre el terreno”, necesarias para la instrucción del procedimiento.
  • 6. Los documentos presentados por los interesados en el Ayuntamiento en relación con el expediente sancionador: alegaciones, solicitud de pruebas, recursos, etc. deberán remitirse al SGTR a través de Registro electrónico.

CAPÍTULO III

DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

Séptima.– Ámbito de aplicación.

1. La gestión recaudatoria de las sanciones se desarrollará en todo el ámbito territorial de la Diputación Provincial.

2. La Diputación Provincial, en caso de resultar conveniente para la efectividad de las deudas, firmará un convenio de colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la realización de actuaciones en materia de recaudación ejecutiva que hayan de realizarse fuera del territorio provincial.

Octava.– Funciones del Ayuntamiento.

En la delegación de la gestión recaudatoria para la efectividad de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador por infracciones de tráfico, corresponden al Ayuntamiento las siguientes funciones:

  • 1. Ejecutar órdenes de localización y precinto de vehículos embargados por el órgano de recaudación.
  • 2. Si fuese preciso en el curso del procedimiento de apremio, poner a disposición del órgano de recaudación provincial, con carácter gratuito, locales municipales para el depósito de los vehículos embargados.

Novena.– Funciones de la Diputación Provincial de Burgos.

1. El cobro de las deudas objeto del presente Convenio, sólo podrá realizarse por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial, que lo realizará a través de las entidades financieras colaboradoras.

Si se produjese el cobro por parte del Ayuntamiento de alguna deuda objeto de este Convenio, deberá comunicarse al órgano de recaudación de la Diputación a efectos de su anulación y baja en cuentas. Si el cobro fuese parcial, continuará el procedimiento para la efectividad del saldo pendiente.

2. En la delegación de la gestión recaudatoria para la efectividad de las sanciones impuestas en el procedimiento sancionador por infracciones de tráfico, la Diputación Provincial de Burgos asume las siguientes funciones:

  • a) Expedir providencias de apremio y resolver los recursos de reposición interpuestos contra las mismas.
  • b) Liquidar y recaudar los intereses de demora y las costas del procedimiento de apremio.
  • c) Notificar a los interesados las providencia de apremios, las diligencias de embargo, y los actos y resoluciones que se dicten en el curso del procedimiento de apremio.
  • d) La devolución de los ingresos indebidos que sean consecuencia de incidencias en el proceso de recaudación.
  • e) Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda.
  • f) Resolver las solicitudes de suspensión que traigan su causa de la impugnación del procedimiento recaudatorio.
  • g) Ejecutar las garantías conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento General de Recaudación.
  • h) Dictar diligencias de embargo y resolver los recursos de reposición interpuestos contra las mismas.
  • i) Practicar el embargo de bienes del deudor para la efectividad de la deuda.
  • j) Valoración previa a la enajenación de bienes embargados.
  • k) Adopción de medidas para asegurar el embargo de bienes.
  • l) Enajenación de bienes embargados.
  • m) Adjudicación de bienes al Ayuntamiento: cuando en el procedimiento de enajenación alguno de los bienes embargados no se hubiera adjudicado, podrá el Ayuntamiento adjudicarse dichos bienes en los términos establecidos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.
  • n) Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.
  • o) Dictar el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria, cuando Diputación Provincial, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de responsabilidad.
  • p) El órgano de recaudación dará de baja las deudas apremiadas por alguno de los motivos establecidos en la legislación vigente, así como por lo dispuesto en este convenio.
  • q) La justificación de las bajas por insolvencia se realizará según lo previsto en el artículo 76 de la Ley General Tributaria y artículos 61 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. El ayuntamiento podrá solicitar aclaración si, a su juicio, no estuvieran realizados todos los trámites.

CAPÍTULO IV

NORMAS COMUNES

Décima.– Sistema de financiación.

1. El sistema de financiación arbitrado obedece a la cobertura del coste que implica la colaboración en la tramitación de los expedientes sancionadores, a la realización de la gestión recaudatoria de las sanciones que se impongan, así como de los equipos, sistemas y comunicaciones informáticas que la Diputación Provincial deberá acometer para dar efectividad al presente Convenio.

Se fija el coste del servicio a abonar por el Ayuntamiento a la Diputación Provincial de Burgos de la siguiente forma, que estará formado por la suma de los siguientes conceptos (lo detallaría más):

  • a) El 20 por 100 del importe ingresado.
  • b) El 20 por 100 de las bajas por insolvencia.
  • c) El 15 por 100 de las bajas contabilizadaspor otras causas.
  • d) El importe de los recargos de apremio del período ejecutivo, intereses y costas.

2. El coste global convenido en los apartados anteriores podrá ser revisado anualmente de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la Comisión mixta de Coordinación y Seguimiento regulada en la cláusula 13ª. En cualquier caso, el coste de prestación del servicio no podrá ser superior al importe liquido recaudado con carácter anual.

Undécima.– Liquidación y transferencias de fondos.

1.– La liquidación definitiva de los ingresos obtenidos en el desarrollo de la gestión recaudatoria se practicará en el mes de diciembre del mismo ejercicio, acompañando detalle de las deudas, por tipos de ingresos, conceptos y ejercicios.

Del total computado como ingresos se descontarán:

  • – Los anticipos a cuenta de la recaudación.
  • – Las devoluciones de ingresos indebidos.
  • – La tasa por prestación del servicio.
  • – Las costas devengadas.

2.– Los saldos acreedores a favor de las Entidades Locales que resulten de las liquidaciones definitivas se harán efectivos en su totalidad en el mes de diciembre del ejercicio en curso, mediante orden de transferencia a la cuenta bancaria que con este fin haya designado el Ayuntamiento.

3.– Los saldos deudores resultantes de dichas liquidaciones, por excesos en las entregas a cuenta, deberán ser reintegrados mediante su compensación con cargo a las entregas a cuenta subsiguientes a la práctica de la liquidación definitiva correspondiente.

Duodécima.– Cuenta de recaudación.

En el primer trimestre de cada año, la Diputación Provincial rendirá la cuenta de recaudación del ejercicio anterior, especificando, por conceptos y ejercicios, el importe total de las deudas gestionadas, de los ingresos realizados, de las bajas aprobadas y de las deudas pendientes de cobro. Se adjuntaría como documentación complementaria: relación de datas, (con separación de créditos datados por insolvencia para su contabilización independiente) y relación individualizada de deudas pendientes.

Decimotercera.– Plazo de vigencia.

1. El presente Convenio tendrá vigencia inicial hasta el 31 de diciembre del año en curso, renovándose de manera automática anualmente salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes. Dicha denuncia deberá realizarse, al menos, con un mes de antelación a la finalización del plazo de vigencia.

2. El Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Burgos podrán acordar la suspensión unilateral del Convenio cuando adviertan incumplimientos de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio por la otra parte. Una vez adoptado el acuerdo de suspensión se dará cuenta inmediatamente a la Comisión mixta de Coordinación y Seguimiento, siendo oída esta en orden a la revocación o mantenimiento del acuerdo.

Decimocuarta.– Naturaleza administrativa.

El presente Acuerdo de delegación es de carácter administrativo, considerándose incluido en el artículo 4.1 c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del mismo serán resueltas por la Comisión de Coordinación y Seguimiento.