ORDEN AYG/271/2011, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de cursos/jornadas de formación agraria y agroalimentaria.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, a partir del Real Decreto 3537/1981, de 29 de diciembre («B.O.E.» de 5 de marzo de 1982), de traspaso de funciones, competencias y servicios del Estado en materia de agricultura, ha venido apoyando todas las iniciativas de formación en el medio rural tendentes a la mejora de la capacitación profesional de la población rural y de los empresarios agrarios, atendiendo especialmente a los programas dirigidos a los jóvenes que en plazo más o menos corto vayan a incorporarse al sector, así como contribuyendo a la cualificación profesional de trabajadores, técnicos y personal vinculado al sector agroalimentario.
La formación agraria y agroalimentaria, orientada a la mejora del empleo, se ha convertido en una de las principales herramientas de actuación ante los procesos de cambio tecnológico, económico y social en que está inmerso el sector agrario, el sector industrial agroalimentario y el sector rural, por lo que en las correspondientes acciones de formación a desarrollar con este fin por la Consejería de Agricultura y Ganadería, figuran las ayudas objeto de la presente Orden.
El presente régimen de ayudas se acoge a la exención de notificación establecida en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1857/2006, sin que pueda llevarse a efecto antes de la fecha de publicación del número de registro de la comunicación de exención en la página Web de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión.
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece una serie de normas básicas aplicables a todas las Administraciones Públicas, disponiendo la necesidad de aprobar con carácter previo a la convocatoria de las subvenciones, las correspondientes bases reguladoras adaptadas a la citada norma.
Por su parte la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, regula en el ámbito de nuestra Comunidad el régimen aplicable a las subvenciones, partiendo de la normativa estatal básica, por lo que resulta necesario que las bases reguladoras se ajusten a este marco normativo.
La necesidad de clarificar determinados aspectos de la normativa reguladora de la ayuda, hacen necesario aprobar unas nuevas normas reguladoras.
En virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003 antes citada, en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y consultadas las Organizaciones Profesionales Agrarias más representativas y los sectores afectados,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.– Objeto y finalidad.
1.– La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas que lleve a cabo la Consejería de Agricultura y Ganadería, destinadas a actividades de formación, que tengan entre sus objetivos mejorar la cualificación de los profesionales del sector agrario, agroalimentario y del medio rural.
2.– Las ayudas contempladas en esta Orden tienen como finalidad:
Artículo 2.– Beneficiarios.
1.– Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades y asociaciones legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con el sector agrario, agroalimentario y el medio rural, cuyo ámbito de actuación, provincial o pluriprovincial, radique dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para los que además conste entre sus fines estatutarios el objetivo de mejorar la cualificación de los profesionales del sector agrario y del medio rural y de los trabajadores, técnicos y personal vinculado al sector industrial agroalimentario y que reúnan alguna de las siguientes características:
2.– Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la Comunidad de Castilla y León, y frente a la Seguridad Social.
3.– No podrán obtener la condición de beneficiarios, las entidades y asociaciones que incurran en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS).
4.– Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 14 de la LGS. Además, no podrán subcontratar la realización de las actividades formativas y será obligatoria la contratación de un seguro de accidentes del alumnado en el caso de cursos, no así en las jornadas.
5.– Si el solicitante tiene la consideración de empresa de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de los criterios de valoración y referencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad, o la no sujeción a la misma, o, en su caso, la exención de dicha obligación en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 el Decreto 75/2008. El solicitante deberá cumplimentar la declaración responsable prevista a tal efecto en la correspondiente convocatoria y, en el momento de la justificación para el pago, aportar la documentación que se especifique en la convocatoria.
Artículo 3.– Actividades subvencionables.
1.– Tendrán la consideración de actividades subvencionables las que a continuación se relacionan:
2.– Las entidades beneficiarias sólo podrán efectuar su programa formativo en su propio ámbito territorial de actuación, tal y como se defina en sus estatutos.
Artículo 4.– Requisitos.
1.– Para acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden, las actividades formativas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.1. Cursos/jornadas de formación agraria y agroalimentaria:
1.2. Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria.
Además de los indicados en las letras a, d y f del apartado anterior, los cursos de Incorporación a la Empresa Agraria deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.– Las entidades definidas en el apartado 1.b del artículo 2, desarrollarán las actividades subvencionables en el marco de un programa formativo que presentarán con la solicitud como relación priorizada de actividades a desarrollar por la entidad solicitante.
3.– Para que las actividades subvencionables puedan iniciarse con anterioridad a la concesión de la ayuda, los interesados deberán solicitar la autorización previa del Director General de Industrialización y Modernización Agraria, con veinte días de antelación al inicio de la actividad formativa, adjuntando el modelo de programación de la actividad que pretendan realizar.
Artículo 5.– Cuantía máxima de subvenciones.
En las respectivas convocatorias se indicará la cuantía total máxima de las subvenciones convocadas, así como, en su caso, la cuantía adicional en la que podrá incrementarse sin necesidad de nueva convocatoria, en los términos previstos en el artículo 16.3 de la Ley 5/2008, de 25 septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 6.– Gastos subvencionables y cuantía individual de las ayudas.
1.– Los gastos subvencionables son los recogidos en el Anexo I de la presente Orden, y podrán realizarse desde el 1 de noviembre del año inmediatamente anterior al del ejercicio presupuestario con cargo al cual se concederán las ayudas, hasta el 16 de octubre incluido del año en que se publique la convocatoria.
2.– Sólo podrá considerarse gasto realizado aquél que efectivamente ha sido pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
3.– La cuantía de las ayudas a conceder, dentro de las disponibilidades presupuestarias, podrá alcanzar hasta el 100% del presupuesto de los cursos/jornadas, sin superar en ningún caso las siguientes cantidades máximas por alumno y hora lectiva, expresados por conceptos:
a) Enseñanza: 7 € alumno y hora lectiva.
b) Funcionamiento: 3 € alumno y hora lectiva.
c) Asistencia alumnos: 4 € alumno y hora lectiva.
En el Anexo I de la presente Orden se establecen los máximos admisibles por cada uno de los componentes de los tres conceptos anteriores, sin superar conjuntamente 14 € por alumno y hora lectiva.
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
4.– Únicamente en casos excepcionales, previa autorización del Director General de Industrialización y Modernización Agraria, podrán superarse los topes establecidos en los apartados a.2 y a.3 del Anexo I.
5.– Los gastos de alojamiento y manutención de los alumnos sólo podrán subvencionarse cuando la actividad formativa se realice en internado o en jornadas de mañana y tarde o bien cuando se realice un viaje técnico relacionado con los temas del curso y siempre con las limitaciones máximas establecidas. Cuando la actividad formativa consista únicamente en la celebración de jornadas será subvencionables los gastos de manutención cuando estas sean de mañana y su duración sea igual o superior a 4 horas.
6.– En las jornadas, el importe subvencionable por actividad no superará los nueve mil euros (9.000 €), ni los límites establecidos en el Anexo I. Los beneficiarios del apartado 1.a del artículo 2, sólo podrán destinar a este tipo de actividad el 30% de la subvención total concedida. Para el concepto c) recogido en el Anexo I, de gastos auxiliables en alumnos, no podrán superarse los dos mil euros (2.000 €) por jornada.
7.– El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Artículo 7.– Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, previa convocatoria aprobada por Orden del titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería y se ajustará a lo establecido en la legislación básica de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y en esta Orden de bases.
En atención a la naturaleza de las ayudas reguladas en la presente Orden, no será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos establecidos, procediendo el prorrateo entre todos los beneficiarios, que se realizará distribuyendo el presupuesto correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 8.
Artículo 8.– Distribución.
1.– La distribución del presupuesto reflejado en la correspondiente Orden de convocatoria de ayudas, se realizará teniendo en cuenta los porcentajes y criterios que para los diferentes tipos de entidades beneficiarias se establezcan en la citada convocatoria.
2.– La cantidad que resulte de aplicar el porcentaje del presupuesto destinado a las entidades beneficiarias del artículo 2.1 apartado a), se repartirá de la siguiente forma:
3.– El resto del presupuesto, a repartir entre las entidades beneficiarias del artículo 2.1 apartado b) se distribuirá de la siguiente forma:
4.– Las actividades subvencionadas serán aquellas para las que alcance la cantidad asignada a cada peticionario, teniendo en cuenta para las entidades del apartado 1.b) del artículo 2 las prioridades fijadas en su solicitud.
5.– En el caso de que la cantidad que pudiera corresponder a una organización o entidad, por aplicación de los criterios anteriores, fuera superior a la resultante de la evaluación de su solicitud, esta diferencia podrá distribuirse entre el resto de las organizaciones o entidades.
Artículo 9.– Solicitudes de ayuda.
1.– Quienes pretendan acceder al régimen de ayudas reguladas en esta Orden deberán presentar una solicitud según el modelo que se establezca en la correspondiente convocatoria, acompañando a la misma la documentación que en su caso se exija.
2.– Las solicitudes, dirigidas al Director General de Industrialización y Modernización Agraria, se presentarán en los registros de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería o, cuando la organización o entidad solicitante tenga ámbito de actuación pluriprovincial, en el Registro Único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente, así como en los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.– Igualmente las solicitudes de ayuda podrán ser objeto de tramitación telemática. Para ello es imprescindible que los solicitantes utilicen la aplicación electrónica «Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)» aprobada mediante Orden AYG/837/2009, de 2 de abril.
Para acceder a esta aplicación los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de un certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Los interesados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación que se digitalizará y aportará como archivos Anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El modelo de solicitud estará disponible en la sede electrónica precitada.
Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con lo señalado en el apartado 2 de este artículo. El registro telemático emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente en una copia autenticada de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación.
4.– No se admitirá la presentación por telefax de las solicitudes ni de la documentación exigida en la convocatoria, dada la complejidad de aquella, de conformidad con el Decreto 118/2002 de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y se declaran los números telefónicos oficiales.
5.– Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo que se indique en la correspondiente convocatoria, sin que pueda exceder de dos meses desde su publicación.
6.– Las entidades solicitantes de ámbito pluriprovincial podrán nombrar un representante por cada provincia en la que se realice la actividad formativa, que les representará ante los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería en todos los trámites necesarios de realización y justificación de las actividades formativas.
No se atenderán solicitudes presentadas por entidades provinciales si éstas están integradas en otras de carácter pluriprovincial que concurran a las ayudas al amparo de la presente Orden. A estos efectos, se entenderá como integradas las que lo estén por asociación, afiliación u otras fórmulas recogidas estatutariamente.
7.– Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
8.– Cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse la propuesta de pago, con relación a los datos declarados en la solicitud y los contenidos en la documentación adjunta, deberá ser comunicada al Servicio de Formación Agraria e Iniciativas de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria.
Artículo 10.– Ordenación e instrucción del procedimiento.
1.– La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Formación Agraria e Iniciativas de la Dirección General de Industrialización y Modernización Agraria, que examinará las solicitudes y documentación recibidas.
2.– Comprobadas las solicitudes, se trasladarán a una comisión de valoración a fin de que ésta evalúe y emita informe en el que se concretará la distribución del presupuesto conforme a lo establecido en el artículo 8. La comisión de valoración es un órgano colegiado que tendrá la siguiente composición:
3.– El Jefe del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas, a la vista del informe vinculante de la comisión de valoración, formulará propuesta de resolución motivada, de la que se dará traslado al órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de la subvención.
Artículo 11.– Resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones.
1.– El titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León es el órgano competente para la concesión o denegación de las ayudas.
2.– Mediante la presente Orden se delega en el Director General de Industrialización y Modernización Agraria la competencia para la resolución de las solicitudes de ayuda.
3.– El plazo máximo para resolver las solicitudes de ayuda y notificar las resoluciones será de seis meses contados desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, entendiéndose, por tanto, desestimadas las no resueltas y expresamente notificadas en dicho plazo.
Artículo 12.– Publicidad de las subvenciones concedidas.
1.– Sin perjuicio de que se notifiquen a los interesados las correspondientes resoluciones con indicación, en su caso, del importe de ayuda concedido, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León», una relación de las ayudas concedidas en los términos establecidos en el artículo 18 de la LGS y en el resto de normativa aplicable.
2.– Asimismo, la resolución de concesión de las ayudas será objeto de publicidad a través de la página Web de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por tiempo no inferior a un mes desde la publicación de la citada resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
3.– Cuando la publicación de datos del beneficiario, en razón del objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, no será necesaria la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
4.– Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 del RGLS, el logotipo oficial y el nombre de la Consejería de Agricultura y Ganadería figurará en todos los documentos que se deriven de las actividades subvencionadas, incluyendo los referentes a información, promoción y publicidad, diplomas y certificados.
Artículo 13.– Modificación de la Resolución de concesión.
1.– Cuando por causas justificadas o ajenas a los organizadores, sea preciso modificar las resoluciones aprobadas (localidad, tema del curso, días de duración, número de alumnos), la entidades beneficiarias del apartado 1 b) del artículo 2, solicitarán la autorización de dicha modificación al Director General de Industrialización y Modernización Agraria, preferentemente a través del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería (Sección de Asistencia Técnica Agraria) de la provincia respectiva, así como en los demás lugares y forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 15 días antes del inicio del curso/jornada al que se refiera la modificación.
En todo caso, sólo se autorizará una modificación por actividad.
2.– No podrá iniciarse ninguna actividad sin autorización previa de la modificación solicitada, y en ningún caso deberá alterarse la finalidad de la ayuda, ni suponer un incremento de la subvención concedida.
Artículo 14.– Justificación.
1.– Los beneficiarios de las ayudas, o en su caso el representante provincial, presentarán la justificación de la realización de las actividades formativas mediante la aportación de la cuenta justificativa del gasto realizado, que contendrá los siguientes documentos:
2.– Las entidades beneficiarias de ámbito pluriprovincial que deleguen la justificación de gastos en sus representantes provinciales deberán conformar la certificación final de las cuentas presentadas en cada acción formativa.
3.– Si el órgano administrativo competente apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
4.– Transcurrido el plazo establecido para la justificación sin que ésta haya sido presentada ante el órgano competente, éste requerirá al beneficiario para que sea presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación de la justificación en ese plazo dará lugar a la iniciación del procedimiento para determinar el incumplimiento, y en su caso, el reintegro.
5.– Las actividades formativas deberán estar justificadas, mediante la entrega de los correspondientes documentos en los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería de la provincia en la que se haya llevado a cabo la actividad, o en los demás lugares y forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes plazos:
6.– Los beneficiarios a los que se refiere el apartado 1 b) del artículo 2, que a la fecha de finalización del plazo para realizar las actividades formativas no hubieran realizado alguna de ellas, deberán comunicar su anulación al Servicio Territorial de Agricultura de la provincia en la que se haya llevado a cabo la actividad o en los demás lugares y forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo máximo de justificación.
Artículo 15.– Pago de las ayudas.
1.– La presentación de la justificación de cada actividad realizada, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo precedente será condición indispensable para proceder al reconocimiento de la obligación a favor del beneficiario y al pago de dicha actividad.
2.– Podrán realizarse pagos a cuenta una vez finalizada cada actividad formativa, procediéndose al pago de la misma. Para ello, el Servicio Territorial de la provincia donde se realice, emitirá certificado en el que se acreditará que la actividad se ha realizado, de acuerdo con lo previsto en la resolución de concesión y la aplicación de los fondos para la finalidad motivo de la concesión de la misma, extremos anteriores que servirán de justificante para el pago de la ayuda.
3.– El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización del proyecto o de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
4.– No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan, mientras sea deudor de reintegro y si en el correspondiente expediente no consta el cumplimiento de la obligación del beneficiario de comunicar las subvenciones solicitadas y las obtenidas para el proyecto, la actividad o la adopción del comportamiento.
5.– Al expediente que se tramite para el pago total o parcial de la subvención deberá incorporarse una certificación expedida por el Jefe del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas, en la que quede de manifiesto:
6.– El pago de la ayuda se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el beneficiario en su solicitud de ayuda.
Artículo 16.– Incumplimiento y reintegros.
1.– Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar en todo o en parte lo cobrado, en los supuestos de falta de justificación, justificación fuera del plazo o concurrencia de cualesquiera otras causas previstas en el artículo 37 de la LGS, en otras normas básicas, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León o en las presentes bases reguladoras.
2.– En caso de incumplimientos parciales relativos a las actividades subvencionables, se procederá a la reducción proporcional de las subvenciones concedidas o abonadas.
3.– Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia de alumnos a los cursos por un periodo superior al 15% de los días de duración programada o la falta de aprovechamiento en los mismos, a criterio de sus responsables, será causa de pérdida de la ayuda económica correspondiente al alumno.
4.– Será competente para la iniciación y resolución del procedimiento de incumplimiento, y en su caso, reintegro, el órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación de las ayudas.
5.– En el procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro cuando proceda, se garantizará en todo caso el derecho a la audiencia del interesado.
6.– El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la iniciación del procedimiento, teniendo en cuenta las posibles interrupciones producidas por causas imputables a los interesados. Transcurrido el plazo máximo, se producirá la caducidad en los términos establecidos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
Artículo 17.– Compatibilidad de las ayudas.
1.– Las ayudas reguladas en esta Orden son incompatibles con cualquier otra que, para la misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2.– La obtención de ayudas incompatibles dará lugar a la pérdida del derecho al cobro total de la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar lo cobrado.
Artículo 18.– Controles.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, a través de los Servicios Territoriales, realizará los controles administrativos y financieros, así como las inspecciones que considere oportunas durante la realización de los programas a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, y el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar en dicha inspección, proporcionando los datos requeridos y facilitando el acceso a los locales e instalaciones en que se desarrollen las actividades.
Artículo 19.– Fin a la vía administrativa.
1.– Las resoluciones de los procedimientos de concesión de las subvenciones, de los procedimientos de gestión y justificación de subvenciones y de los procedimientos para determinar el incumplimiento, y los actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión ponen fin a la vía administrativa.
2.– Contra las resoluciones y actos recogidos en el apartado anterior podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a contar en ambos casos, desde el día siguiente a su notificación.
Artículo 20.– Régimen sancionador.
1.– Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Orden están sujetos al régimen de infracciones y sanciones que determina la LGS.
2.– Será órgano competente para la iniciación del procedimiento sancionador el Jefe del Servicio de Formación Agraria e Iniciativas.
3.– Será órgano competente para la imposición de las sanciones y para la resolución del procedimiento sancionador el titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería.
4.– No obstante, cuando la sanción consista en la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunidad, en la prohibición para celebrar contratos con la Comunidad u otros entes públicos o en la pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta Ley, la competencia corresponderá al titular de la consejería competente en materia de hacienda.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden AYG/187/2009, de 23 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de cursos/jornadas de formación agraria y agroalimentaria.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 28 de febrero de 2011.
La Consejera de Agricultura y Ganadería, Fdo.: Silvia Clemente Municio
ANEXO I
El gasto máximo auxiliable por curso será de 14 EUROS por alumno y hora lectiva. En ningún caso los gastos por conceptos y sus componentes podrán superar las cantidades expresadas en el siguiente cuadro:
CONCEPTO |
COMPONENTE |
IMPORTE MÁXIMO |
---|---|---|
a) Enseñanza |
7 €/h. lectiva/alumno |
|
a.1 Dirección a.2 Profesorado a.3 Desplazamiento. Estancia |
Coordinación y dirección del curso Impartición de clases Transporte público. Vehículo particular (1) |
25 €/h. lectiva 40 €/h lectiva 0,19 €/Km |
b)Funcionamiento |
3 €/h. lectiva/alumno |
|
b. Material didáctico y otros gastos |
Libros, apuntes, material fungible de apoyo a la enseñanza, alquiler de medios y locales, reproducción documentos, limpieza, luz, teléfono, fax, sellos, seguro accidentes, anuncios publicitarios varios. Viajes educativos y de prácticas |
3 €/h. lectiva/alumno |
c) Alumnos |
4 €/h. lectiva/alumno |
|
c.1 Estancia c.2 Manutención c.3 Locomoción |
Alojamiento Comida o cena (15 €) Transporte público. Vehículo particular (1) |
40 €/día/alumno 30 €/día/alumno 15 €/día/alumno |
(1) 0,19 €/km.