Boletín Oficial de Castilla y León

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

A. DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

ORDEN EYE/731/2012, de 21 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la difusión, sensibilización e intercambio de experiencias en materia de prevención de riesgos laborales.

La extensión a toda la sociedad de la cultura preventiva es uno de los objetivos prioritarios para la Junta de Castilla y León en materia de riesgos laborales. En virtud de ello, el eje 1 del IV Acuerdo de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León incluido en la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, aprobada por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, de 7 de marzo de 2012, suscrito por los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad de Castilla y León y la Junta de Castilla y León, se refiere íntegramente a medidas orientadas a la concienciación, sensibilización y difusión de la prevención de riesgos laborales.

En consecuencia con ello se establecen en estas bases un conjunto de actuaciones destinadas a fomentar la extensión de esa cultura preventiva a través de la incentivación de acciones concretas a desarrollar por entidades tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro y asociaciones de servicios de prevención.

Las presentes ayudas son compatibles con el mercado común y no se encuadran en el ámbito de aplicación del artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, por cuanto la formación que en ellas se subvenciona no concede ventajas a determinadas empresas o sectores de actividad económica, beneficiando por igual a todas las personas, físicas o jurídicas, que las soliciten en aplicación de los criterios de valoración preestablecidos.

Finalmente, indicar que la presente orden se ajusta a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

En su virtud y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,

DISPONGO

Artículo Único.

Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas dirigidas a la difusión, sensibilización y al intercambio de experiencias en materia de prevención de riesgos laborales, las cuales se incorporan como Anexo a la presente disposición.

Disposición Final.

La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 21 de agosto de 2012.

El Consejero de Economía y Empleo, Fdo.: Tomás Villanueva Rodríguez

ANEXO

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS A LA DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Base 1.ª– Objeto.

El objeto de la subvención es fomentar la difusión, sensibilización y el intercambio de experiencias en materia de prevención de riesgos laborales.

Base 2.ª– Beneficiarios y requisitos.

1.– Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones:

• a) empresas privadas entre cuyas actividades se encuentre expresamente la formación en materia de promoción y mejora de las condiciones laborales, lo que se acreditará por su objeto social.
• b) entidades sin ánimo de lucro, entre cuyas actividades se encuentre expresamente la formación en materia de promoción y mejora de las condiciones laborales, lo que se acreditará por su objeto social.
• c) las asociaciones de servicios de prevención ajenos, asociaciones de sociedades de prevención de mutuas de accidentes de trabajo y asociaciones de entidades preventivas, todas ellas con domicilio social o delegación en la Comunidad de Castilla y León.
• d) las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención.

No podrán ser beneficiarias las Organizaciones empresariales y sindicales firmantes del Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, así como sus fundaciones o instituciones.

2.– Todos los beneficiarios o, en su caso, solicitantes, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• a. Deberán contar con centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las acciones formativas deberán desarrollarse en el ámbito de esta Comunidad.
• b. Los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con lo previsto en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en materia de subvenciones. Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, bastará una declaración responsable.
• En el caso de empresas privadas, el solicitante podrá autorizar al órgano gestor para recabar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, debiendo aportar, en caso contrario, las mencionadas certificaciones. No será necesario aportar nueva certificación previamente a la propuesta de pago si la aportada en la solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de validez (6 meses).
• c. No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades en las que concurra alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
• d. Será requisito inexcusable para la obtención de la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, la acreditación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad o de la no sujeción a la misma, o, en su caso, de la exención de dicha obligación, en los términos previstos en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
• e. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.

Base 3.ª– Actividades y gastos subvencionables.

1.– Actividades subvencionables y requisitos de las mismas:

• 1.1.– Actividades subvencionables: Seminarios, Jornadas, Conferencias, Mesas Redondas y Encuentros.
• 1.2.– Número de participantes: Deberán tener un mínimo de 15 participantes.
• 1.3.– Duración: Deberán tener un mínimo de 4 y un máximo de 16 horas.
• 1.4.– Plazo de ejecución: La actividad subvencionable deberá ser ejecutada íntegramente en el plazo que fije la convocatoria.

2.– Gastos subvencionables.

• 2.1.– Serán subvencionables los siguientes gastos:
• 2.1.1.– Gastos de personal técnico/ponente que participe directamente en la ejecución de la acción (salarios y honorarios profesionales), cuyo importe no podrá ser superior al 70% de la cantidad total subvencionada.
• 2.1.2.– Material didáctico y edificios:
  • – Material didáctico.
  • – Arrendamientos de locales correspondientes al período de realización de la acción formativa.
• 2.1.3.– Otros gastos:
  • – Material de oficina.
  • – Seguro de responsabilidad civil, siempre y cuando quede garantizada la cobertura total de la actividad subvencionada.
• 2.2.– Criterios de aplicación:
  • a) Todos los gastos previstos en los apartados inmediatamente anteriores se han de referir a la actividad subvencionable.
  • b) Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
  • c) En todos los casos, los gastos subvencionables lo serán en su importe neto, excluidos impuestos (directos e indirectos) y cargas sociales.

Base 4.ª– Destinatarios de las acciones subvencionables: Toda aquella persona interesada en la materia objeto de esta subvención.

Base 5.ª– Cuantía de la subvención.

1.– La cuantía máxima subvencionable para estas acciones será:

• • Acciones de 4 horas de duración: hasta 2.700 euros.
• • Por cada hora adicional superior a 4 se incrementará el tope máximo en 170 €/hora, hasta llegar a un tope máximo general de 4.740 euros, para acciones de 16 horas.

2.– Criterios de aplicación:

• a) La cuantía de la subvención podrá alcanzar el 100% del coste elegible de las acciones.
• b) El importe de las subvenciones, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad subvencionada.

Base 6.ª– Criterios de valoración.

Cada una de las solicitudes se valorará con respecto a aquellas presentadas por solicitantes de igual naturaleza, a los efectos de establecer un orden de prelación entre las mismas y de acuerdo con los siguientes criterios:

1.– Criterios aplicables:

• a.– Atención preferente y razonada a los sectores de población y grupos de trabajadores especialmente sensibles:
  • – Grupos de población: mujeres, jóvenes (hasta 30 años), personas con discapacidad, autónomos y mayores de 55 años.
  • Se valorará con 3 puntos cuando el contenido de la acción esté directa y específicamente relacionado con alguno o algunos de estos sectores de población.
• b.– Atención especial y razonada a los principales riesgos causantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
  • – Riesgos valorables: accidentes laborales de tráfico, riesgos músculo esqueléticos, riesgos psicosociales, agentes químicos cancerígenos o mutágenos.
  • Se valorará con 3 puntos cuando el contenido de la acción esté directa y específicamente relacionado con alguno o algunos de estos riesgos.
• c.– Participación de la entidad solicitante en la financiación de la acción formativa (de 0 a 3 puntos):
  • • No participación: 0 puntos.
  • • Igual o superior al 3%: 0,5 puntos.
  • • Igual o superior al 5%: 1 punto.
  • • Igual o superior al 15%: 2 puntos.
  • • Igual o superior al 25%: 3 puntos.
• d.– Ejecución de acciones formativas en determinadas provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (de 0,25 a 1,25 puntos), obteniendo mayor puntuación aquellas que se ejecuten en provincias en las que se realicen menor número de ellas con respecto al total de las admitidas a trámite y según distribución proporcional; por ello, no cabrá la posibilidad de trasladar la ejecución de la acción a otra provincia. Así se adjudicarán:
  • • Provincias con el 20% o más sobre el total de las solicitudes admitidas a trámite: 0,25 puntos.
  • • Provincias con entre el 15% y el 19,99% sobre el total de las solicitudes admitidas a trámite: 0,50 puntos.
  • • Provincias con entre el 10% y el 14,99% sobre el total de las solicitudes admitidas a trámite: 0,75 puntos.
  • • Provincias con entre el 5% y el 9,99% sobre el total de las solicitudes admitidas a trámite: 1 punto.
  • • Provincias con menos del 5% sobre el total de las solicitudes admitidas a trámite: 1,25 puntos.
• e. Se valorará con 1 punto el que las personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes solicitantes, que tengan a su cargo trabajadores por cuenta ajena, se hallen en alguna de estas circunstancias:
  • • Que contando con menos de cincuenta trabajadores y no teniendo obligación legal, acrediten tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.
  • • Que contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación legal de que, al menos, el 2% sean trabajadores discapacitados, acrediten tener un mayor porcentaje en plantilla.
  • • Que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral y manifiesten su compromiso de realizar contrataciones para alcanzar alguna de las situaciones anteriores, durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de la subvención.
  • • En el supuesto de que concurran solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena, se les atribuirá la misma puntuación que a las que cumplan este criterio.
• f.– Corrector de la concentración de subvenciones en una misma entidad solicitante: se valorará con - 0,20 puntos la segunda solicitud presentada y con -1 punto la tercera solicitud presentada. Para los solicitantes descritos en el apartado c de la Base 2.ª, apartado 1, se aplicará una minoración de -2 a la cuarta solicitud, de -3 a la quinta, y así sucesivamente.

2.– Las subvenciones se concederán en función de la puntuación obtenida, de mayor a menor hasta agotar el presupuesto consignado en las partidas presupuestarias. En caso de empate en la puntuación, tendrán preferencia:

• • En primer lugar, los solicitantes que acrediten ocupar mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, o bien que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración, se comprometan a contratar un porcentaje mayor durante el plazo de ejecución. Este criterio no operará frente a los solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena.
• • En segundo lugar, los solicitantes que hayan obtenido puntuación en el criterio a. del apartado 1 de esta base.
• • En tercer lugar, los solicitantes que hayan obtenido puntuación en el criterio b. del apartado 1 de esta base.
• • En cuarto lugar, los solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación en el criterio c. apartado 1 de esta base.
• • En quinto lugar, las solicitudes presentadas con anterioridad en el registro.

No obstante lo anterior, se exceptúa del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas dentro del plazo que reúnan los requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado sea suficiente, atendiendo al número de solicitudes, una vez finalizado el plazo de presentación de las mismas.

Base 7.ª– Compatibilidad.

Estas subvenciones serán compatibles con la percepción de otras ayudas, subvenciones o recursos que el beneficiario pueda obtener para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente publico o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de que el importe total subvencionado, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras, llegue a superar el coste de la actividad subvencionada.

Base 8.ª– Subcontratación: No podrá subcontratarse la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

CAPÍTULO II

Procedimiento de concesión

Base 9.ª– Iniciación del Procedimiento.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará mediante convocatoria aprobada por el titular de la Consejería de Economía y Empleo, que será publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León.

Base 10.ª– Solicitudes.

1.– Las solicitudes de subvención, que se formalizarán en el impreso oficial que figure como Anexo en la correspondiente convocatoria, acompañadas de la documentación e información que en la misma se indique, se presentarán en el plazo máximo de diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

2.– Las solicitudes, anexos y documentación que se deberá acompañar a las mismas serán dirigidas a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y podrán presentarse en cualquiera de los registros u oficinas enumerados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

3.– Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de forma telemática. Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de un certificado digital de clase 2CA de firma electrónica emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como aquellos otros certificados electrónicos que hayan sido previamente reconocidos por esta Administración y sean compatibles con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior, reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro telemático de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Al citado registro telemático así como a los modelos normalizados para la presentación de solicitudes se podrá acceder a través de la página web http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.

4.– Dada la naturaleza de la documentación a presentar junto con la solicitud, se excluye la posibilidad de su presentación por telefax, conforme se establece en el Decreto 118/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan las transmisiones por telefax para la presentación de documentos en los registros administrativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se declaran los números telefónicos oficiales.

5.– Si el solicitante no acompañase toda la documentación exigida o la presentada no reuniera todos los datos exigidos, se le requerirá para que, en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

Base 11.ª– Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.

1.– La ordenación e instrucción del procedimiento corresponde a la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, la cual podrá solicitar toda la información complementaria que considere oportuna para la realización de sus funciones.

Este órgano instructor, a la vista del expediente y previo informe vinculante de la Comisión de Valoración, formulará propuesta de resolución que, debidamente motivada, se elevará al órgano competente para resolver.

2.– Comisión de Valoración: Para el estudio y evaluación de las solicitudes se crea una Comisión de Valoración, integrada por tres miembros: el Jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, que será el presidente, el Técnico Superior del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el Jefe de sección de ayudas del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que actuará como secretario. Se podrán nombrar suplentes mediante Resolución del titular de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Esta Comisión de Valoración se ajustará, en su funcionamiento, a lo previsto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992 citada, así como al Capítulo IV del Título V de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Una vez analizadas las solicitudes admitidas a trámite, emitirá informe con el resultado de la evaluación practicada.

Base 12.ª– Resolución.

1.– La competencia para resolver las solicitudes corresponde al titular de la Consejería de Economía y Empleo, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan efectuarse.

2.– El plazo para resolver la solicitud y notificar la resolución será de seis meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución expresa se entenderá desestimada.

3.– La resolución de concesión de la subvención especificará la cuantía de la misma y la actividad que se subvenciona.

4.– Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, ante el mismo órgano que la hubiere dictado, conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, directamente, ser impugnada ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Base 13.ª– Modificación de la resolución.

1.– Podrá dar lugar a la modificación de la resolución las siguientes circunstancias, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria:

• a. La obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas concedidas por cualesquiera otras administraciones o entidades públicas o privadas cuando la suma del importe de todas ellas supere el coste de la actividad subvencionada.
• b. La comunicación por la entidad beneficiaria de una distribución del presupuesto de gastos en partidas o conceptos diferentes a los indicados en la Orden de concesión, siempre que se ajusten a los límites establecidos en el apartado de gastos subvencionables de la Base 3.ª.

2.– Consecuentemente, serán susceptibles de modificación los siguientes aspectos de la resolución:

• a. Importe de la subvención concedida, pudiéndose reducir la misma.
• b. La redistribución por partidas y conceptos del presupuesto de gastos.

3.– Las modificaciones no supondrán un incremento de la cuantía de la subvención concedida ni alterarán la finalidad de la misma.

Base 14.ª– Renuncia.

Si alguno de los beneficiarios renunciara a la subvención, el órgano instructor formulará propuesta de resolución a favor del siguiente o siguientes solicitantes con mayor puntuación que no hayan obtenido subvención, siempre que con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, a una de las solicitudes denegadas.

En este supuesto, el órgano instructor comunicará esta propuesta a los interesados para que la acepten en el plazo improrrogable de cinco días. En el caso de no aceptar expresamente la subvención en el plazo indicado, se entenderá que el beneficiario propuesto desiste de la solicitud.

Aceptada la propuesta, el órgano competente dictará y notificará la resolución de concesión.

Base 15.ª– Obligaciones de los beneficiarios.

Además de las contenidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se indican las siguientes:

• 1. Destinar la subvención concedida a la actividad y finalidad para la que expresamente se solicitó y concedió.
• 2. Realizar la actividad subvencionada dentro de los plazos previstos en la convocatoria.
• 3. Suscribir un seguro de responsabilidad civil, que podrá ser general, que cubra los riesgos que pudieran generarse por la asistencia a la acción subvencionada.
• 4. Comunicar al órgano instructor la obtención de ayudas, subvenciones y otros ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros.
• 5. Comunicar al órgano instructor cualquier variación que se produzca respecto a la solicitud, documentación anexa, o en la información aportada en la Memoria.
• 6. Acreditar ante la Consejería de Economía y Empleo la realización de la actividad subvencionada así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión o disfrute de la subvención, mediante la entrega de una memoria final de la acción.
• 7. Hacer figurar a la Consejería de Economía y Empleo en los documentos que se deriven de las actividades subvencionadas así como en lo referente a su publicidad, con mención expresa de su condición de «entidad colaboradora en la financiación».
• Si por haberse desarrollado la actividad ya no resultare posible el cumplimiento de estas medidas de publicidad, el órgano instructor establecerá las medidas alternativas para la difusión de la financiación pública recibida en la resolución de concesión de la subvención.
• 8. La entidad beneficiaria deberá tener a disposición de la Consejería de Economía y Empleo, durante cuatro años contados a partir de la liquidación de la subvención, todos los documentos contables y administrativos justificativos de la acción subvencionada, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia pudieran corresponder a la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• 9. Facilitar toda la información que sea requerida por el órgano instructor de la subvención y por el de control financiero correspondiente.

Base 16.ª– Justificación.

1.– Lugar y plazo:

• La documentación justificativa, en original o copia compulsada, de la realización del hecho subvencionable deberá presentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, inexcusablemente en el plazo de diez días hábiles siguientes a la finalización de la acción, sin que se pueda rebasar el día 15 de octubre del año para el que se convoquen las subvenciones objeto de estas bases. Si la resolución de concesión se notificase cuando ya hubiera finalizado la acción subvencionada, podrá presentarse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicha resolución.

2.– Forma:

• • La justificación del cumplimiento efectivo de lo declarado respecto de las obligaciones en materia de integración laboral de personas con discapacidad se efectuará en el plazo previsto para justificar la subvención, mediante la documentación que, en su caso, se establezca en la convocatoria. Por otra parte, la Administración, sin perjuicio de las declaraciones responsables, podrá efectuar las actuaciones de comprobación de la validez de dichas declaraciones, en cualquier momento.
• • La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará en forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
  • 1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, con el detalle que se establezca en la convocatoria.
  • 2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
  • a. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
  • b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
  • c. Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a que se hace referencia en el apartado a.
  • d. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

3.– Documentación con valor justificativo de los gastos y pagos, para las diferentes partidas:

3.1.– Gastos de personal técnico/ponente:

• • Si existiera relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención: nóminas y documentos de la entidad financiera que acrediten el pago efectivo.
• • Si no existiera relación laboral con la entidad beneficiaria de la subvención: facturas ajustadas a la normativa legal, en las cuales deberán constar el concepto y el importe de los servicios prestados, los documentos de la entidad financiera que acrediten el pago efectivo. Si la factura es emitida por un servicio docente externo, se adjuntará documento justificativo de tal circunstancia (contrato, convenio o acuerdo). Además, se deberá aportar cualquier documento que acredite la relación del ponente con el servicio externo docente (copia del contrato de trabajo, documento de cotización a la seguridad social o cualquier otro acreditativo de tal circunstancia).
• • En el caso excepcional en que no fuera de aplicación ninguna de las situaciones precedentes respecto al personal técnico/ponente, la entidad beneficiaria justificará tal excepcionalidad y el gasto se justificará mediante recibí en el que conste el concepto y el importe de los servicios prestados, documento de entidad financiera que acredite el pago efectivo.

En el caso de que el personal técnico/ponente sea la persona física titular de la subvención, se acreditará, además, mediante los recibos justificativos del pago de las cuotas en el RETA correspondiente al período de duración de la acción.

3.2.– Material didáctico y material de oficina: facturas ajustadas a la normativa legal que justifiquen su destino para la acción subvencionada y documento que acredite el pago efectivo.

3.3.– Alquiler de locales: facturas ajustadas a la normativa legal y documento de la entidad financiera que acredite el pago efectivo.

3.4.– Seguro de responsabilidad civil: recibo, acompañado de la póliza, correspondiente a la acción subvencionada.

4.– Otros requisitos de los gastos y de sus justificantes:

4.1.– Período de elegibilidad:

Con carácter general, el período de elegibilidad de los gastos señalados se computará desde treinta días naturales anteriores al inicio de la acción, hasta cinco días naturales posteriores a su conclusión, siempre que se justifique claramente su destino para la acción subvencionada. Como excepción a esta norma general, el período de elegibilidad de los gastos del seguro de responsabilidad civil, se ajustará exclusivamente al período de realización. Asimismo, en el caso de gastos comunes referidos a varias actividades de una misma entidad, el periodo de elegibilidad deberá entenderse comprendido desde treinta días naturales anteriores al inicio de la primera actividad hasta cinco días posteriores a la conclusión de la última de ellas.

No obstante lo anterior, la resolución de concesión de la subvención podrá indicar otro período de elegibilidad de los gastos distinto del anterior, en virtud de petición razonada de la entidad beneficiaria, en consideración a la posible vinculación existente entre varias acciones a realizar por la misma entidad.

4.2.– Justificación de gastos comunes:

Las Entidades beneficiarias podrán justificar los gastos comunes a varias acciones mediante la aportación de copia de la documentación justificativa del gasto común, acompañando para cada acción documento debidamente firmado por el responsable de la misma y con sello de la Entidad, en el que se indique el desglose de gastos imputables a cada acción.

4.3.– Contratación de suministros o servicios:

En el caso de contratación de suministros o servicios, se adjuntará la documentación justificativa de tal circunstancia. Los recibos que acrediten los gastos correspondientes a servicios prestados por personas físicas o jurídicas, de manera ocasional o no continuada en el tiempo, deberán contener los siguientes requisitos formales:

• • Identificación de nombre y NIF/CIF del emisor y receptor.
• • Denominación de la acción a la que se refiere.
• • Fecha y concepto detallado de la prestación.
• • Especificación de la retención obligatoria en concepto de I.R.P.F., que debe de realizar el emisor.
• • Firma del receptor.

4.4.– Leyenda obligatoria:

En los documentos que justifiquen los gastos deberá figurar que la acción formativa está subvencionada por la Consejería de Economía y Empleo, haciendo constar el número de expediente que identifica la subvención y el importe imputado.

Base 17.ª– Pago.

La subvención se hará efectiva previa justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas.

Base 18.ª– Incumplimientos.

El incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones exigidas para el otorgamiento de la subvención ocasionará la cancelación de la subvención y, según los casos, la no procedencia del pago de aquella o su reducción en la parte correspondiente o el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, con el interés de demora correspondiente.

Los criterios para graduar los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo de la concesión, a fin de determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, serán:

• A. Dará lugar al reintegro total de la cantidad concedida, así como la exigencia del interés de demora correspondiente y/o a la pérdida del derecho al cobro si no hubiera percibido cantidad alguna, los siguientes incumplimientos:
  • 1. El incumplimiento de la obligación de realizar la actividad que fundamenta la concesión o la alteración de su finalidad.
  • 2. El incumplimiento de la obligación de realizar la actividad formativa ajustada a los requisitos mínimos establecidos para cada tipo de acción: en concreto, número mínimo de horas o plazo de ejecución.
  • 3. El incumplimiento de los compromisos asumidos en su solicitud por los que obtuvo una puntuación suficiente para ser beneficiaria en la concurrencia competitiva y sin los cuales no lo hubiera sido.
  • 4. La no suscripción de los seguros de responsabilidad civil exigidos en la base 16.3 de la presente orden.
  • 5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas a los beneficiarios en los apartados b), c), d), f), g) y h) del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• B. Dará lugar al reintegro parcial de la cantidad concedida, así como la exigencia del interés de demora correspondiente y/o a la pérdida parcial del derecho al cobro si no hubiera percibido cantidad alguna, los siguientes incumplimientos:
  • 1. La justificación insuficiente de los gastos, en cuyo caso la cantidad a reintegrar o a no abonar coincidirá, con arreglo al criterio de proporcionalidad, con el importe de la parte no justificada, considerando las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
  • 2. La asistencia a la actividad subvencionable en un número inferior a 15 y superior o igual a 10 asistentes. En este caso el importe de la cantidad a reintegrar o a no abonar se determinará de acuerdo con la siguiente proporción: se reducirá el importe a liquidar en proporción doble al porcentaje de disminución de alumnos respecto del número mínimo exigido (ej.: número de alumnos: 12, porcentaje de participación inferior al mínimo: 20%, porcentaje de reducción: 40%).
  • En el caso de que el número de asistentes fuera inferior a 10, el reintegro o no abono lo sería por el importe total de la subvención.
• C. En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente o la pérdida del derecho al cobro de esa cantidad, en su caso, tal como se indica en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006.

Base 19.ª– Control y seguimiento.

La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales podrá realizar el control y seguimiento de las acciones subvencionadas a través de los técnicos de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León.

Base 20.ª– Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como el Título V de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.

Asimismo quedarán sometidos a lo dispuesto en el Reglamento de procedimiento administrativo sancionador de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto, en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.